Primer expulsado por Aula Segura: “el movimiento secundario no ha hecho lo suficiente por oponerse”

Por Joaquín Riffo Burdiles

Seis estudiantes fueron expulsados del Liceo Enrique Molina Garmendia de Concepción, pero solo uno tiene los recursos para seguir con su defensa jurídica destinada a revertir la decisión de la dirección de ese establecimiento de excelencia, a la cual acusan de estar motivada políticamente. Ante la Corte de Apelaciones del Bío Bío, Rojas alegará aplicación desproporcionada y ausencia de protocolos en los procedimientos, si se compara la protesta que terminó en su expulsión con las recientes agresiones con bencina a funcionarios del Liceo Darío Salas en la cual se acusó a estudiantes del establecimiento, hechos que todavía no han sido comprobados. 

Seis alumnos del Liceo Enrique Molina Garmendia de Concepción -el más emblemático establecimiento educacional de la ciudad, fundado en 1823- fueron los primeros expulsados bajo la Ley Aula Segura a comienzos del mes pasado. La medida se tomó luego que un grupo de alumnos participara de una protesta que incluyó un corte de tránsito en calle Víctor Lamas, una de las principales vías del centro de la ciudad, el miércoles 3 de abril. Tras la jornada, los estudiantes fueron acusados por la dirección de agredir a dos profesionales del establecimiento: una profesora y una trabajadora social.

INTERFERENCIA conversó con Sebastián Rojas, el único alumno que continúa intentado revertir la sanción mediante la vía legal. Él y su madre, Linda Aqueveque, aseguran que llegarán hasta las últimas instancias para apelar la medida, ya que consideran que ha existido diversas circunstancias que hacen injusta la resolución.

En concreto, hablan de falta de parámetros ciertos y objetivos sobre la aplicación de la Ley; señalan que no hubo la notificación a tiempo a los apoderados debida, según indica la legislación, pues se les informó del cambio de normativa en la reunión de apoderados del 3 de abril, después que la protesta se había consumado.

También acusan intervencionismo político por parte de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), de quien dicen que ejerció diligencias personales para lograr la expulsión, como fue haber prestado sus abogados a la dirección del liceo para lograr las expulsiones. Esto sintoniza con la idea de que estas medidas tienen la clara intencionalidad por parte de la dirección del liceo de criminalizar a la dirigencia estudiantil, al ser cuatro de los seis inculpados miembros de la lista que pretendía la reelección del Centro de Estudiantes del establecimiento.  

VOLTERETA DEL TRIBUNAL

En los días siguientes tras la desvinculación de los seis estudiantes, dos de ellos aceptaron la expulsión, mientras que los cuatro restantes presentaron una orden de no innovar solicitada por sus apoderados ante la Corte de Apelaciones de Concepción. La resolución fue dictada el lunes 15 de abril por el tribunal de alzada, decretando que por la vía más rápida se notificara al establecimiento, de manera que los estudiantes pudiesen retomar su asistencia a clases, luego que desde el 4 de abril permanecieran suspendidos.

El martes 16 de abril, al momento de reintegrarse los alumnos al establecimiento, se provocó una protesta de brazos caídos de parte de distintos estamentos de funcionarios del Liceo, como rechazo a lo señalado por la Corte. Esto, aunque alumnos del liceo señalaron a INTERFERENCIA -fuera de micrófono- que no todos los docentes están de acuerdo respecto a esta situación.

Días después, el miércoles 24 de abril, el municipio penquista se querelló contra uno de los alumnos, el único acusado por supuestamente agredir a la asistente social del recinto, quien no es Sebastián Rojas. Tras esto, el 29 de abril, la Corte revocó la orden de no innovar, con lo que volvió a ser efectiva la expulsión de todos los alumnos implicados, sin distinción.

El jueves 2 de mayo el abogado que patrocina el recurso de protección informó que sólo uno de los cuatro estudiantes investigados seguiría con la medida presentada contra la Dirección de Educación Municipal (DAEM), la Municipalidad de Concepción y la Seremi de Educación para impugnar el proceso.

Los otros tres afectados no pudieron financiar el costo de la gestión legal, que implica viajes fuera de Concepción para presentar el caso en instancias como la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados e incluso en la Corte Suprema, de ser necesario.

Pese a esto, Sebastián Rojas es optimista y su entorno tiene la convicción de que el estudiante no cometió ningún ilícito que justifique su desvinculación del establecimiento, ya que tampoco fue sindicado como el autor de la supuesta agresión contra la asistente social.

Hasta la fecha, desde el DAEM no les han comunicado a qué institución educacional tendrá que ser derivado, tal como obliga Aula Segura.

APLICACIÓN DE LA LEY

Entre las características que se indican en la Ley 21.218, se exige que los establecimientos educacionales deberán actualizar sus reglamentos internos para adecuarlos a los preceptos de la presente Ley en un plazo de noventa días a partir de su publicación.

Según indica la defensa, este reglamento fue informado por escrito el 1° de abril a los alumnos, pero a los apoderados se les notificó el 3 de abril, mismo día en que se desarrolló la protesta y en reunión de apoderados, es decir, una vez consumados los hechos, algo que incluso reconoce el DAEM en el informe presentado a la Corte de Apelaciones.

Además, el relato de la eventual agresión a la asistente social difiere de lo expresado por la dirección del establecimiento, ya que según indicó Rojas, la acción tampoco se dio en los términos en que se ha relatado a la prensa local. “La trabajadora social forcejeó con la ayuda de dos paradocentes con un alumno que intentaba sacar una mesa del establecimiento para utilizarla como barricada. Es en este forcejeo que el alumno al soltar la mesa la profesora recibe un golpe. En ningún caso el alumno arrojó la mesa, que era un mueble de grandes dimensiones, por lo cual resulta imposible de levantar por sí solo”.

A juicio del abogado del afectado, se trata de un tema que por primera vez pone en entredicho la aplicación de la Ley, la cual “es escueta, por no decir nula, en cuanto a la aplicación de los procedimientos. No tenemos parámetros ciertos ni objetivos sobre esta aplicación, de parte de la Superintendencia ¿Quedará a criterio de cada una de las autoridades? Es ilógico y no resiste ningún tipo de análisis. Yo no voy a avalar la violencia de ningún tipo, pero cómo vamos a sancionar de la misma manera aplicando la misma Ley, a alguien que roció con bencina a personal del establecimiento -como se le acusa a algunos estudiantes del Liceo Darío Salas tras las protestas del viernes 19 de abril-  versus alguien que se limitó a gritar y hacer un poco de ruido, por lo que los docentes vieron amenazada su integridad”.

HABLA EL ESTUDIANTE EXPULSADO

¿Qué es lo que significa para ti el Liceo Enrique Molina? ¿Por qué te gustaría reintegrarte?

He estado más de 3 años en esta institución. Diría que prácticamente me ha forjado en mi forma de ser. Considero que más allá del cuerpo de profesores y la dirección de turno, el liceo es muy bueno.

¿Qué opinas de la Ley Aula Segura como política pública?

Creo que la Ley Aula Segura viene a pavimentar un camino para poder implementar con mayor facilidad la Ley NEP [Nueva Educación Pública, promulgada en 2017 por Michelle Bachelet] y una serie de nuevas políticas educativas que se vendrán durante estos años, debido a que la desmunicipalización es un sistema totalmente paupérrimo que va a provocar muchas movilizaciones en los secundarios. Aula Segura le otorga facultades al rector para expulsar a estudiantes sin las pruebas suficientes en su contra.

Creo que el movimiento secundario no ha hecho la presión necesaria para reclamar por esta ley y son los más afectados. Otra de las cosas que he visto es que las otras situaciones que contempla la Ley Aula Segura fuera de las movilizaciones -como el bullying, acoso sexual, porte de armas, entre otras- no han sido sancionadas ni en Santiago ni en Concepción desde que se implementó. Todas las sanciones parecen ser por levantar movilizaciones, por lo que hasta la fecha esto parece más una persecución política que busca criminalizar al movimiento estudiantil para deslegitimarlo.  

En tu calidad de dirigente secundario, ¿qué significa para ti el movimiento estudiantil?

En general, creo el movimiento estudiantil secundario históricamente ha llevado a cabo su lucha pero ésta ha terminado siendo cooptada por los partidos políticos tradicionales, en especial el Partido Comunista. Lo vemos en las distintas movilizaciones a lo largo de las últimas décadas, que han desembocado en distintas leyes paupérrimas que en ningún caso van a mejorar las condiciones en las que se estudian en los liceos públicos o municipales.

Rojas, el dirigente estudiantil

Uno de los puntos que menciona la defensa de Rojas, es la arista política que ha sido relevante dentro del caso. Este dirigente estudiantil, alumno de cuarto medio que fue incluido en el cuadro de honor durante sus dos primeros años en la enseñanza media, ocupó un cargo dirigencial en el Centro de Alumnos del Liceo Enrique Molina durante 2018, lo que le significó una pequeña merma en sus calificaciones.

Este año pretendía ir a la reelección, pero fue desvinculado al igual que el resto de sus tres compañeros, todos pertenecientes a la Lista A, la cual igualmente resultó ganadora en la elección interna con otros candidatos.

Consultado sobre si existe una intencionalidad política detrás de su expulsión tras la protesta, Rojas indicó que “realmente creo que es porque veían una cierta capacidad dirigencial dentro de los compañeros, pero más allá de eso sería especular. La función que tenía el liceo para aplicar la Ley Aula Segura era criminalizar al estudiantado. El rector Julio González viene con la función de limpiar la imagen del liceo y nosotros representamos eso”.

Por otra parte, el abogado defensor acusa que existe intervencionismo político que intenta aprovecharse de la situación, a propósito de las acciones que ha llevado a cabo la senadora Jacqueline Van Rysselberghe.

“Esto se ha politizado de una manera que no nos agrada, porque resulta que hubo intervencionismo desde la senadora a propósito de sus dichos y por facilitar su equipo de abogados a la dirección. Si a eso le sumamos algunos tweets del seremi de Educación Fernando Peña agradeciendo esa gestión de Van Rysselberghe, creemos que frente a un gobierno que pretendía tener a los niños primero, me parece que están haciendo una política que dista mucho de proteger a esos niños. Se les ha criminalizado”.

7 de mayo 2019.

Fuente: https://interferencia.cl/articulos/primer-expulsado-por-aula-segura-el-movimiento-secundario-no-ha-hecho-lo-suficiente-por