Chile Piñera: Se chingó postulación de Dobra Lusic como suprema.

La comparecencia de Dobra Lusic a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado en su intento por llegar a la Corte Suprema, se convirtió en un bochorno institucional para la República de Chile.

Más allá de la correcta conducción de la sesión por parte del presidente de la instancia, la ausencia de un cuestionario de calidad cívica a Lusic, derechamente desvirtuó el carácter inquisitivo que debe tener esa sesión, que está destinada a establecer si un candidato tiene o no los méritos para ascender al máximo tribunal del país.

La candidata pudo esquivar fácilmente los temas judiciales importantes que preocupaban a la opinión pública, incluso los casos de tráfico de influencias y, directamente, ocultó o tergiversó otros, sin que nadie la apremiara.

Un par de ejemplos pro Isapres

Se acostumbra a decir que los jueces hablan a través de sus fallos. Si de eso se trata, la magistrada Dobra Lusic ha dado muestras suficientes de inclinarse a favor de los intereses de las isapres cuando ha tenido que resolver temas vinculados con ellas.

No se trata solo de algunas sentencias individuales sobre casos particulares, respecto de los cuales –por cierto– no dio explicaciones suficientes, sino que de su participación notoria en bloques de poder para resolver criterios globales, siempre en pro de las isapres.

El 3 de agosto de 2015 –por 16 votos contra 11, con Lusic siendo parte relevante del voto de mayoría– el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la presentación de Consalud y Colmena para, en adelante, fijar como criterio permanente la rebaja de 130 mil a 50 mil pesos de las costas personales que debían pagar las aseguradoras de salud a los abogados de los afiliados, cuando estas pierdan un recurso de protección por alza unilateral del plan de salud. La rebaja, que finalmente favoreció a todas las isapres en el territorio de la Corte de Apelaciones de Santiago, admitió como argumento –paradójicamente– que las rentabilidades de estas aseguradoras habían caído en 41% debido a dicho pago. Es del caso recordar que Lusic, en su comparecencia ante el Senado, se limitó a señalar que lo hizo porque “el tema se había transformado en una industria del litigio”.

Ningún senador le preguntó nada más al respecto, ni le exigió que profundizara, pese a que en la propia Corte de Apelaciones, cuando se tomó este controvertido acuerdo, hubo una gran discusión con argumentos de enorme trascendencia pública.

Es más, los jueces del voto de minoría consideraron que las costas personales eran un mecanismo de equilibrio procesal favorable a los afiliados frente a la conducta contumaz de las isapres de subir el precio de los programas de salud de manera unilateral, obligando a los afectados a ir a los tribunales a defender sus derechos. Las costas, dijeron, ayudan a equilibrar el poder (de los afiliados) ante las isapres y sus enormes equipos jurídicos y no son un incentivo a la litigación, sino una justa retribución por el trabajo realizado y un juicio ganado.

Al apoyar activamente el voto de mayoría, de una plumada Lusic les regaló a las isapres varios millones de dólares anuales en su jurisdicción, como un verdadero incentivo al abuso.

Nadie en la comisión del Senado le preguntó a Dobra Lusic si estaría entre sus planes, de llegar a la Suprema, el impulsar este mismo criterio de orientación pro isapre. Porque otros tribunales de alzada no solo no han disminuido las costas personales de los abogados de los afiliados, sino que las han aumentado.

Otro caso que llama la atención es el relativo a la gratuidad del Plan Auge frente a las políticas de Banmédica, tema judicializado el año 2011. Esta isapre duplicó el año 2010 el valor mensual a sus 600 mil beneficiarios, de 0.12 UF a 0.24 UF. Con ello, pasó a recaudar ingentes ingresos adicionales, independientemente del domicilio de los afiliados. Pero en julio de ese año comenzó a otorgar el beneficio llamado “costo cero GES hospitalario”, que cubría el valor total de las hospitalizaciones y eximía cualquier copago legal en la red cerrada de la isapre para las 69 patologías GES-Auge, haciéndolo aplicable solo para afiliados que vivían en regiones, excluyendo a los de la Región Metropolitana. Usuarios del sistema lo consideraron discriminatorio y presentaron un recurso de protección.

En julio de ese año, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, con el voto de Dobra Lusic, rechazó el recurso de protección y validó la actuación de la isapre.

Los recurrentes apelaron a la Corte Suprema y esta, revocando la sentencia impugnada, acogió dicho recurso, estableciendo que “la tendencia legislativa actual en materia de Isapres y de las prestaciones de salud (…) está orientada a limitar progresivamente la libertad de estas instituciones para establecer las condiciones del contrato y del ajuste de su precio, libertad que les era reconocida prácticamente sin restricciones en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 3 de 1981 del Ministerio de Salud …”.

El máximo tribunal del país señaló que excluir a los beneficiarios de la Región Metropolitana es “ilegal y vulnera la garantía contemplada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental”, que consagra “la igualdad ante la ley” y la “prohibición de ‘establecer diferencias arbitrarias’”.

Tampoco mereció preguntas o comentarios de los senadores este caso, que tuvo enormes implicancias públicas y un gran volumen de ciudadanos involucrados: más de cuatrocientos mil afiliados de Banmédica. ¿Concurrirá la jueza Lusic a cambiar este actual criterio de la Corte Suprema de llegar ella a integrarla?

La mala memoria sobre John Campos

Entre el 8 de mayo y hoy, han transcurrido varios días en que han aparecido nuevos antecedentes que agregan argumentos a la objeción ética para que Dobra Lusic pueda asumir como nueva ministra de la Corte Suprema. Lo fundamental es que la candidata no solo no informó hechos importantes que le fueron consultados, sino que, además, derechamente ocultó o mintió respecto de las circunstancias de su desempeño funcionario.

La primera y más importante es que ante la comisión del Senado mintió respecto de su conocimiento del “operador” judicial John Campos Benavides, sobre quien dijo conocerlo de manera vaga, no obstante haberlo nombrado 16 veces como notario suplente en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y según declaró la notaria Gloria Ortiz, de la 25° Notaría, a la Fiscal Judicial Carla Troncoso en el sumario administrativo que esta llevó a cabo, Dobra Lusic le pidió directamente a ella, ya en el año 2017, que “instruyera a (John) Campos cómo se lleva una Notaría”.

De tal recomendación de Lusic, que fue “Ministra Visitadora” de la notaria Ortiz, nacería la costumbre de dejar como reemplazante a Campos Benavides cuando la titular se ausentaba.

También la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, ministra Ana Cienfuegos Barros, declaró en la misma investigación que, a mediados de octubre de 2018, recibió el llamado de Dobra Lusic recomendándole a John Campos como Notario Interino de la 5° Notaría de San Miguel, en reemplazo de Pilar Gutiérrez, quien había sido nombrada en la Notaría Zaldívar en Santiago, por tener mucha experiencia en su jurisdicción. Ella lo nombró –según dijo– porque también se lo había recomendado Pilar Gutiérrez, diciéndole que su marido, Alejandro Espinoza, abogado penalista de Pablo Longueira y de otros destacados políticos involucrados en financiamiento ilegal de la política, lo conocía.

Derechos Humanos

La mala memoria de Dobra Lusic alcanza incluso a su participación en los juicios sobre Derechos Humanos, que tanto emocionó –durante la sesión de la comisión– al senador socialista Alfonso de Urresti. Ella agradeció y luego se le escuchó decir que “aclaro que no he fallado en la Operación Colombo”.

Pero sí lo hizo.

En su calidad de integrante de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago le tocó dictaminar, fallo unánime junto con Guillermo de la Barra y Jenny Book, la causa Rol 192-2016 en que se condenó a penas efectivas de 7 años de presidio a los ex oficiales de ejército César Raúl Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, y a 5 años y un día al agente José Orlando Gonzalo Manzo Durán. Ello, por el asesinato del profesor Arturo Barría Araneda, quien fue hecho aparecer como muerto en Argentina –según una publicación brasileña ad hoc, debido a rencillas entre extremistas–, lo que fue un montaje de la DINA.

Todos los mencionados habían sido condenados en primera instancia a penas más altas, a 13 años Pedro Espinoza, César Manríquez y Raúl Iturriaga Neumann, y a 10 años José Orlando Manzo Durán. El fallo de la Sala presidida por Lusic les rebajó la pena a la mitad. ¿Para no recordar? ¿Ninguno de los senadores presentes recordaba?

Los senadores tienen la palabra

La postura de última hora del Gobierno es que todo está en manos del Senado. Legalmente eso es así y políticamente también, aunque el ministro de Justicia difícilmente pueda hacerse a un lado de lo chapuceramente actuado en este fallido proceso de cooperación interinstitucional entre Poderes del Estado. Tampoco la Corte Suprema está exenta de responsabilidades, por su falta de pericia y control al momento de elaborar las quinas.

No tiene explicación la presencia y actuación de la senadora DC Ximena Rincón en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, no solo halagando y apoyando la candidatura de Dobra Lusic, sino reconociendo que “la llamó varias veces por teléfono” y agradeciéndole que “le hubiera contestado” llamadas en las que le habría preguntado sobre los hechos que empezaban a circular en la prensa. La prensa y la opinión pública tienen derecho a preguntarse ahora qué conversó o qué compromiso pudo haber sido tomado entre ambas, en esas llamadas tan inusuales y fuera del procedimiento republicano, dado el caluroso apoyo hecho por la parlamentaria a la candidata, sin que al menos por formalidad hubiera existido, si no un riguroso cuestionario cívico, una actitud republicana digna en su participación.

La guinda de la torta fue la presencia muda en la comisión, pero con altisonantes opiniones ulteriores, del senador socialista José Miguel Insulza. Para él, todo es relativo, sucede siempre que se use el vínculo y el pituto, y lo bueno y lo malo en política no existe, pues “nadie se baña todos los días con agua bendita”.

La pregunta para este senador sería: ¿cuáles son los límites de la ética republicana y del funcionamiento de las instituciones que obligan a ir al “baño de agua bendita”? ¿Y de cuánta duración, para que los males pasen y se borre la mala memoria?