Chile Piñera: las reformas tributaria y al sistema de AFP.

En el debate legislativo en torno a las reformas Tributaria y de Pensiones, el Gobierno ha sido exitoso al impulsar una discusión que invisibiliza los temas de fondo del debate. En tal sentido, es necesario rebobinar y plantear con mayor claridad cuáles son los criterios para la toma de decisiones en estas dos materias de primordial importancia.

Fuad Chahin puso el dedo en la llaga al señalar que el acuerdo de la oposición de marzo en relación con la Reforma Tributaria había relevado la compensación de los esfuerzos gubernamentales por terminar con la reintegración tributaria en perjuicio del problema de fondo: la reintegración tributaria.

En efecto, en el documento de la oposición del 2 de abril del 2019, “La oposición avanza hacia una mejor coordinación”, firmado por los jefes de las bancadas opositoras en la Cámara de Diputados, no se hacía alusión alguna a la reintegración tributaria:

Impedir que en materia tributaria se lleven adelante modificaciones que reduzcan los recursos indispensables del Estado para abordar necesidades sociales crecientes. También evitaremos que se retroceda en los avances tanto en progresividad como en la lucha antielusión de la reforma aprobada por amplia mayoría en 2014. En cambio, estamos disponibles para legislar orientados a un mayor crecimiento del país, sobre la base del apoyo a los emprendimientos propios de la clase media, las Pymes y la Justicia Tributaria, a través de una Ley Corta que apunte a una mayor recaudación, con especiales incentivos a las empresas de menor tamaño.

En el debate legislativo en torno a las reformas Tributaria y de Pensiones, el Gobierno ha sido exitoso al impulsar una discusión que invisibiliza los temas de fondo del debate. En tal sentido es necesario rebobinar y plantear con mayor claridad cuáles son los criterios para la toma de decisiones en estas dos materias de primordial importancia.

Para entender cabalmente lo que está en juego en cada una de estas reformas es crucial analizarlas en conjunto. La Reforma Tributaria de la Presidenta Bachelet buscó revertir una decisión clave del régimen pinochetista: generar un sistema tributario que eximía a las empresas del pago de impuestos, transformándolo simplemente en un adelanto del pago de impuestos de sus propietarios.

Esta iniciativa se contraponía a una tendencia mundial que afirmaba que las empresas tenían que ayudar a financiar los bienes públicos, fundamentales para su existencia. Las empresas pueden producir, pues disfrutan de las instituciones que permiten la existencia del Estado de derecho, de los beneficios que brindan las diversas instituciones encargadas de la seguridad pública, de la infraestructura pública, del gasto público en la educación y capacitación de la mano de obra, así como de la existencia de una población sana. Del mismo modo, la experiencia comparada muestra que quienes participan de las empresas y ven remunerada dicha participación, deben contribuir también al financiamiento de los bienes públicos de que hacen uso.

La dictadura hizo caso omiso de este principio civilizatorio fundamental y consideró que las empresas debían ser liberadas de su contribución y simplemente adelantar el pago de tributos de sus dueños. En consecuencia, más allá del nivel de tributación, la Reforma tributaria de Bachelet lo que repuso fue el principio fundamental de que la empresa debe contribuir al financiamiento de los bienes públicos.

La Reforma Tributaria de Piñera buscar retrotraer los avances al sistema tributario pinochetista. En este sentido, si bien es relevante la compensación de los menores recursos que recibirá el Estado como efecto de una eventual reintegración tributaria, el problema de fondo es que se revierte el gran avance de la Reforma Tributaria bacheletista, que era reponer el principio básico de que la empresa debe ayudar a financiar los bienes públicos.

Desde el punto de vista estratégico ese era un paso fundamental para que en el futuro se pudiera avanzar más fácilmente en establecer una carga tributaria similar a la de los países desarrollados, conforme crezca el nivel de nuestro PIB. Es por ello que aprobar la reintegración es una derrota histórica de los planteamientos socialdemócratas y socialcristianos. Esto lo han resaltado el senador Francisco Huechumilla y la senadora  Yasna Provoste.

¿Cómo se ubica la Reforma de las Pensiones en este contexto? La política de Pinochet, en cuyo marco se inserta la Reforma Tributaria de Piñera, buscó sistemáticamente reducir el número y calidad de los bienes públicos que las sociedades civilizadas estaban poniendo a disposición de la ciudadanía. Con este objetivo, Pinochet impuso el sistema de capitalización individual (más conocido como el sistema de AFP), transformando la seguridad social como desafío colectivo en un problema individual.

De esta forma, se esperaba que en el largo plazo se redujeran sustancialmente los requerimientos de recursos públicos Más aún, se obligó al Estado a financiar el costo que representaba seguir financiando las pensiones del sistema antiguo, mientras que las cotizaciones eran recibidas por las AFP, lo que se tradujo en la reducción brusca de los recursos destinados a otros ámbitos de la política social. Los resultados de esta se hicieron visibles, por ejemplo, en la situación catastrófica que tenía el sistema público de salud al fin de la dictadura.

Al mismo tiempo, el sistema de AFP creó además un nuevo negocio altamente rentable para un puñado de empresarios y puso el ahorro de los trabajadores a disposición de las grandes empresas, que reciben recursos cuantiosos a bajo costo. Piénsese solamente en la ventaja que representa para bancos y grandes empresas el que se tenga que colocar cada mes ingentes cantidades de recursos que ahorran los afiliados al sistema de AFP.

En este contexto, el objetivo de la derecha es asegurar la proyección en el tiempo de dicho sistema. El objetivo máximo es que el aporte patronal se les entregue a las AFP y todo siga igual. Estas entidades preocupadas por maximizar sus ganancias en el corto plazo no entienden que es vital para el sistema privado resolver la grave crisis de legitimidad que afecta al sistema. El Gobierno, si bien coincide en el objetivo general, ha entendido que, si se quiere mantener el sistema de AFP, es necesario realizar algunas concesiones.

De ahí que el proyecto de ley de reforma previsional incluya un mejoramiento de las pensiones del pilar solidario, pequeños beneficios para sectores medios y la creación de una institución estatal que se haga cargo de la cotización patronal, principal condición establecida por la Democracia Cristiana para aprobar la idea de legislar.

La idea de crear un institución estatal ha sido recibida por algunos personeros de la oposición de forma positiva. Estaba incluida en el proyecto presentado por la Presidenta Bachelet en el año 2017. No obstante, por razones incomprensibles, el mandato de Bachelet de septiembre del 2016 no solo demoró un año en ser transformado en proyecto de ley sino que además se demostró como inviable desde un inicio, pues pretendía que la entidad estatal tuviera rango constitucional, lo que obviamente requería un quórum imposible de alcanzar.

En tal sentido la idea que pareció aceptar el Gobierno de Piñera, de crear una entidad estatal, que administrara las cuentas individuales provenientes del aporte patronal, que asumiera la responsabilidad sobre la gestión de estos fondos y pudieran ser destinados a inversiones nacionales prioritarias (sin descuidar la rentabilidad de esos recursos), que incluyera elementos relevantes de solidaridad, fue recibida positivamente por sectores de la oposición, pues representaba un primer paso hacia la creación de un sistema público que con el tiempo se transformara en la columna vertebral del sistema chileno de pensiones.

No obstante, hasta ahora las negociaciones con el Gobierno resultan inconducentes, ya que los protocolos de acuerdo no se traducen en concesiones reales por parte de la Administración. La institución pública de pensiones, por las presiones de las AFP y de la ultraderecha e instituciones como Libertad y Desarrollo, se ha transformado en un “ente” que no administra las cuentas, que no gestiona los recursos acumulados, sino que licita a entidades privadas su administración, en definitiva, que carece de existencia y de responsabilidades relevantes.

En este contexto, lo que la derecha ha insistido en llamar obstruccionismo opositor, no es más que la obligación de la oposición (incluida la Democracia Cristiana) de defender las ideas básicas de una política tributaria y de pensiones progresista. Si el Gobierno aceptara que la reintegración tributaria no puede ser aprobada ni es posible debilitar el SII y se aceptara una real entidad pública de pensiones, se abrirían las puertas para mejorar el sistema tributario y avanzar en las reformas paramétricas que necesita un sistema de pensiones moderno.