Chile y las piñerocosas mentirosas. Abuso de la demagogia comunicacional de La Moneda:

En febrero y en medio del despliegue comunicacional y territorial para defender el proyecto Admisión Justa, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, respondió a una serie de críticas por la falta de evidencia en sus planteamientos, durante las distintas citas que protagonizó con grupos de apoderados que señalaban haberse visto perjudicados por el algoritmo que define los ingresos para matrícula en los establecimientos educacionales con aportes del Estado. A través de redes sociales, Cubillos lanzó una frase que aún resuena: “Esta vez se debe escuchar más a los padres y quizás menos a los expertos. Ellos son los mejores para decidir la educación de sus hijos. #Admisión”.

Un frase perfectamente alineada con las directrices definidas y ejecutadas desde La Moneda. No por nada, el propio Presidente Sebastián Piñera dijo, un mes antes que Cubillos, que “algún padre se puede equivocar, errar es humano, pero cuánto se equivoca el algoritmo o cuánto se equivoca una burocracia (…). Yo confío, repito, mucho más en los padres para decidir frente a sus hijos”.

Las dos intervenciones tenían un objetivo claro: apelar al sentimiento por sobre la evidencia y los estudios. Expertos de todos los sectores, incluyendo a la integrante del CEP, Sylvia Eyzaguirre, se aburrieron de escribir columnas y presentar estudios que explicaban que el “mérito” al que hacia alusión el Gobierno para ingresar al establecimiento deseado no era tal y que, sumado a eso, la ministra Cubillos no decía la verdad.

La evidencia en aquel caso señalaba que, según los datos entregados por el SAE 2017, el 56,4% de alto rendimiento quedó en su primera preferencia. Según los datos del Mineduc, el 59% quedó en su primera postulación de colegio.

Estrategias comunicacionales como esta se han repetido innumerables veces desde La Moneda en este año y medio de administración piñerista, ya sea aprovechando una coyuntura para intentar apresurar una medida pendiente, utilizando de chivo expiatorio a otro poder el Estado para justificar las falencias propias o al recurrir a “falsas verdades” para salir al paso de un problema. Una suerte de abuso de la demagogia comunicacional que implica riesgos no menores, como el debilitamiento de la figura presidencial y de las instituciones en general.

Los investigadores Alejandro Carrasco y Ngaire Honey –miembros del Centro de Justicia Educacional perteneciente a la PUC–, en una columna publicada en marzo, acusaron respecto del despliegue de Cubillos que “para justificar el foco en este subgrupo, se han empleado cifras descriptivas incompletas, sin contexto ni análisis, lo que las vuelve insuficientes para sostener una decisión pública de esta envergadura. Se ha sostenido que alrededor de uno de cada dos estudiantes no queda en su 1º preferencia. Ese modo de presentar la cifra omite que el resultado de la asignación de este subgrupo no es muy diferente al del resto de los postulantes”.

Pero es en medio de la aplicación de las diferentes estrategias, ya sea previamente meditadas o muchas veces improvisadas –como se acusa que actúa Piñera cuando se ve asfixiado por las encuestas– que la actual administración no tuvo empacho en salir a justificar acciones donde los fundamentos técnicos o evidencia escrita brillaron por su ausencia.

Para el expresidente del Senado Carlos Montes (PS), la administración Piñera «a veces abusa de los espacios para descalificar a los que piensan distinto, a veces abusa para plantear su visión y muchas veces no es correcta, es distorsionada sobre hechos, propuestas, ideas. Es su retórica y no está ayudando a un buen clima en el país (…). Estamos convencidos que la (reforma) tributaria no es buena, en educación lamentamos que la ministra haya optado por una línea rupturista, en que solamente su visión es la que tiene sentido, ha hecho distintas acciones para desacreditar leyes, en vez de ayudar a mejorar. El Gobierno debería revisar su manera de dialogar con el país y la oposición”.

Una larga lista

No fue gratuito ver al Presidente Piñera sobrevolando en helicóptero la ciudad en el marco de un operativo policial. No hay que olvidar que la última encuesta CEP de junio situó a la delincuencia y la seguridad ciudadana como el problema al que el Gobierno debería dedicar mayor esfuerzo, ítem en que La Moneda obtuvo un 3,1 como evaluación de su desempeño, cifras que se sumaron a los resultados de la encuesta Cadem de la cuarta semana de junio, en que, de 16 áreas de gestión, manejo de la delincuencia apareció en el duodécimo lugar.

Tampoco fue casual que el Mandatario aprovechara una entrevista con radio Pudahuel para desatar un nuevo episodio de roces de alto calibre con el Poder Judicial: “Creo que hay algunos jueces que no están aplicando la ley, que están fallando de forma equivocada, que les dan un manto de impunidad a los delincuentes. Y esos jueces no pueden seguir así”, criticó Piñera.

Más allá de los múltiples cuestionamientos por la estrategia desplegada, con acusaciones de desvío de atención, de poco interés por la institucionalidad y de intentar lavarse las manos de la responsabilidad que su cargo le confiere, el 1 de agosto el abogado Luis Cordero, en el diario La Segunda, acusó que «es pura demagogia (…) las cifras no acompañan ninguna de las afirmaciones del Gobierno, en Chile se realizan más de 330 mil controles de identidad al año, del total de prisiones preventivas que solicitan los tribunales, la otorgan en aproximadamente el 87 por ciento de los casos, los casos en que los jueces declaran ilegal la detención, es menos del 1 por ciento, así es que no hay evidencia dura que apoye la hipótesis”.

En el mismo caso, el balance oficial del Poder Judicial respecto de la tramitación de causas en todos los tribunales del país, respecto del primer semestre del 2019, señala que en el período enero-junio se concedieron un total de 14.127 prisiones preventivas, tanto en los juzgados de garantías como en las respectivas Cortes de Apelaciones del país, mientras que en solo 1.948 se ha negado la prisión preventiva.

Algo similar sucede con el proyecto para rebajar la edad del control de identidad, una idea frente a la que, si bien cuenta con un amplio apoyo en las encuestas, los expertos en el tema asumen una posición totalmente disímil. Para la experta en seguridad Lucía Dammert, “los controles preventivos en general no sirven. Puede ser para controlar consumo de alcohol, pero al revisar aleatoriamente terminas gastando tiempo y exponiendo a muchos a posible violencia policial. Es ineficiente e ineficaz”, explicó a través de sus redes sociales.

No fue la única. El presidente ejecutivo de Espacio Público y académico de la U. Diego Portales, Mauricio Duce, señaló en CNN que “lo que hace esta ley más bien es dar un incentivo a la policía para que ocupe el control más ineficiente y eso significa un desgaste de recursos policiales (…). De cada diez controles de identidad, nueve son preventivos y solo uno investigativo. La paradoja hoy es que dejamos de hacer el control, que era más eficaz, y estamos privilegiando el control que más bien constituye un subsidio al trabajo de más baja calidad policial». Por último, el ex Fiscal Nacional Sabas Chahuán agregó, en radio Universo, que “tengo este reparo de que no hay estudios de eficiencia, y segundo, el reparo de la convención de los derechos del niño, y tercero, agregando la legislación mundial».

La guinda de la torta la puso el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien en entrevista con La Tercera, el domingo 4 de agosto, aseguró que los grupos terroristas chilenos reciben respaldo desde el extranjero. Una frase lanzada en la antesala de la votación esta semana de la Ley Corta Antiterrorista y de la investigación que se lleva a cabo para dar con el grupo o la persona tras la bomba que explotó en la 54ª Comisaría de Huechuraba, así como de la amenaza al exministro Rodrigo Hinzpeter.

Las palabras de Chadwick no solo complicaron en su momento la votación de la ley corta, sino que además conllevó una citación a la comisión de seguridad del Senado para que entregue los antecedentes que posee o, al menos, explicar sus dichos. El ministro se ha defendido señalando que afirmaciones como las suyas “se han dado públicamente por estas organizaciones en su página web”.

Pero en el Senado las aseveraciones de Chadwick no fueron vistas como acordes a las de un funcionario de su altura y responsabilidad política. Un parlamentario explicó que, durante su cita en la Cámara alta, el ministro no agregó ningún nuevo antecedente, que se quedó en la defensa ya planteada y que el resto fue “solo Google”.

Para el académico Claudio Fuentes, de la UDP, lo que sucede es “una tendencia de este Gobierno de iniciar procesos de políticas públicas, sin mayores antecedentes o datos empíricos que lo respalden o a partir de la opinión pública, donde aparece una rutina establecida de hacer un anuncio y después entrar en el área chica del proyecto específico (…). Eso perjudica a la democracia en general, convierte el debate en tipo Twitter, donde actuamos y conversamos a partir de titulares y no de contenidos específicos”.

La doctora en ciencias políticas de la Usach, Norma Muñoz del Campo, consideró que “hay razones para que el Gobierno reaccione así, existe una línea dentro de la comunicación política hoy en día de dar cuñas o frases o explicaciones que no necesariamente tienen sustento, pero que parecen reales y coherentes, interesan, enganchan (…). Dentro de la comunicación política, está dando bastante coto, si no, pregúntenle a Trump, el hecho de establecer en líneas cortas, sintéticas, explicaciones no necesariamente basadas en evidencia, pero que parecen verosímiles, que lo son para cierto porcentaje de la población”.

Sin evidencia

Hay tres casos recientes en que se acusó al Gobierno de hacer asociaciones indebidas para explicar un fenómeno en específico, usando el «comodín» de los inmigrantes.

Ya el 2016, el vicesecretario general de la ONU, Jan Eliasson, advertía –en el evento de alto nivel del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)– que “puesto que los migrantes y refugiados continuarán llegando, no hay señales que estos flujos vayan a disminuir pronto, debemos resolver cómo promover e implementar el principio de que todos los seres humanos tenemos el mismo valor (…). Debemos hacer todo lo posible por contrarrestar esta narrativa falsa y negativa, tenemos que disipar los mitos sobre los migrantes y migración que envenenan el discurso público» y llamó a colocarse por encima de la retórica política que estigmatiza a refugiados e inmigrantes.

En febrero, la primera reacción del gobierno ante el informe del Instituto de Salud Pública que confirmó un alza respecto del 2017 de un 10,6% de casos de nuevas personas que presentaron VIH en el país, fue –en voz del entonces ministro de Salud, Emilio Santelices– que “cuando uno desagrega esta cifra, puede encontrar que la mayor parte de estos pacientes son pacientes extranjeros”, palabras que luego fueron desmentidas por su sucesor en la cartera, Jaime Mañalich.

El otro episodio lo protagonizó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien al explicar las cifras de desempleo dijo que «ese es un tema que hemos estado viendo últimamente, los desafíos que eso significa, por ejemplo, temas como la migración». Esa fue su respuesta al informe de Ocupación y Desocupación en el gran Santiago, realizado por el cetro de Microdatos de la Universidad de Chile, que arrojó un 8,4% de desempleo, el más alto desde el registro de marzo del 2016 (9,4%). Expresiones que más tarde fueron refrendadas por el Presidente Piñera: “En los últimos cuatro o cinco años, producto de la inmigración, la fuerza de trabajo en Chile aumentó en 1 millón de personas. Es decir, 1 millón de personas que no estaban. ¿Qué significa eso? Que la exigencia de crear empleos es mucho mayor».

Tercero. A principios de año, en una entrevista con ADN, el director del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, señaló que “la tasa de delincuencia de los migrantes es un poquito menor al 2 por ciento” y agregó que “los extranjeros que cometen delitos o que llegan con antecedentes penales son la minoría”. Sin embargo, a pesar de eso, las decenas de veces en que se ha escuchado a las autoridades de Gobierno, incluido el Mandatario, repetir el concepto de “migración segura” o que son bienvenidos en el país «los que vienen a trabajar honestamente”, ha dejado abiertas las puertas para fomentar cierto resentimiento en la población hacia los grupos migrantes, el que es alimentado cada cierto tiempo con frases de Piñera como que en Chile «no queremos abrir las puertas y fronteras a los que vienen a causarnos daño, los narcotraficantes, los delincuentes».

Para el académico de la USACH, René Jara, lo que sucede es que “hay un abuso mediático, en el caso de este último Gobierno, de lo que podríamos llamar los shortcuts cognitivos. Funcionan muy bien, asociar ideas que la gente en su imaginario tiene previamente relacionadas, por ejemplo, la inmigración con el desempleo. Esos atajos buscan que la gente se construya opiniones sin tanta opinión. En este contexto, esa asociación, difundida por redes sociales, medios o personeros políticos, es fácilmente apropiada por la ciudadanía”.

Muñoz del Campo agregó, al respecto, que “en el mundo global fragmentado, con diversidad de intereses que pueden ser contradictorios, esta estrategia paga, porque siempre va a haber un grupo que está de acuerdo con esto. Lo que importa no es la información, sino cómo es recepcionada y así lo demostraron las fake news. No es si es verdadero o falsa, sino que hay gente para la cual esa información es verdadera”.