Chile, lleno de reyezuelos y tartufos. También en las Universidades Públicas.

Álvaro Rojas, rector de la Universidad de Talca por siete periodos consecutivos, es un sujeto particular. Protegido por los caudillos de turno de la DC, Rojas se mueve con soltura en las redes políticas del partido en la Región del Maule y tiene línea directa con la senadora Ximena Rincón, así como en su momento la tuvo con Andrés Zaldívar. Le han propuesto varias veces levantar una candidatura a alcalde y últimamente también le han ofrecido respaldo para presentarse a Gobernador Regional (Gore). En ambos casos, rechazó la oferta. No quiere moverse de la universidad. Se siente cómodo. Al 2022, será el único rector en Chile que habrá permanecido 28 años en el cargo, pudiendo en esa fecha, incluso, presentarse por un periodo más.

Con un poder sin contrapeso en la universidad, Rojas es además el mejor pagado entre todos los rectores de universidades del Estado, superando a Ennio Vivaldi, máxima autoridad de la Universidad de Chile, institución que se ubica 9 puestos por delante de la U. de Talca en el ranking de calidad de las universidades chilenas, según la prestigiosa consultora inglesa Quacquarelli Symonds (QS). El también exministro de Agricultura en el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet destaca igualmente –según funcionarios de la casa de estudios– por su inclinación al lujo que se hizo visible, entre otras particularidades, tras la adquisición de un auto de alta gama con cargo a la rectoría, adquirido justo en el momento en que la administración de Sebastián Piñera pedía austeridad a las instituciones públicas.

Dueño de un carácter autoritario y poca tolerancia a la crítica, al rector Rojas no le ha temblado la mano a la hora de abrir sumarios contra profesores titulares que han manifestado públicamente una oposición a su gestión, como es el caso del doctor en Hidrología Roberto Pizarro, a quien ha sumariado en tres oportunidades, pero en cuyos procesos –en igual número de veces– la Contraloría ha decretado su ilegalidad. El autoritarismo del que se le acusa al rector se ve reflejado en todos los estamentos de la universidad, en donde el temor a represalias es constantemente invocado por los funcionarios para evitar hablar de Rojas.

Otro de los elementos que tiene alterada la convivencia universitaria, especialmente entre los directivos, es la denuncia presentada hace tres semanas ante la Contraloría Regional por la Asociación de Funcionarios Administrativos y de Servicios de la Universidad de Talca (Asoutal), por graves problemas en la gestión administrativa, específicamente en relación con 179 funcionarios.

La preocupación radica en que en estos momentos la UTalca está siendo sometida al análisis de la Comisión de Acreditación, donde el objetivo es alcanzar los seis años (actualmente tiene cinco), tal como lo están haciendo todas las universidades del Estado que pelean por el título de «mejor estatal de regiones».

Autoritarismos y sumarios ilegales

“No es aceptable que una institución perteneciente al Estado sea capturada indefinidamente por una persona o un grupo de poder”, dijo el académico Roberto Pizarro en una carta al director enviada hace dos años al diario El Centro, de Talca. Estas declaraciones su sumaron a las que, en el mismo tenor, concedió al realizador Antonio Carrillo, en el marco del documental ¿La universidad estatal en crisis? El caso de la U. de Talca.

En este filme, que llamaba la atención sobre la importancia de la alternancia del poder al interior de la institución, Pizarro también cuestionó los estatutos de la universidad, que datan de 1981, en plena dictadura, sin modificaciones sustanciales, a excepción del artículo que establece la elección de los rectores. Esta situación, a juicio de Pizarro, «limita el legítimo juego democrático al interior de la universidad».

Después de que se emitieron estas declaraciones y en un plazo no superior a seis meses, el departamento jurídico de la UTalca instruyó tres sumarios contra el profesor, acusando diversas faltas administrativas. Esta situación llevó a Pizarro a recurrir ante la Contraloría, en donde denunció ser objeto de una persecución del rector Álvaro Rojas, “por tener una posición disidente a su gestión”, como ha indicado en sus descargos. Todos los requerimientos fueron acogidos, decretándose la ilegalidad de los sumarios administrativos por vicios en el procedimiento.

Así como el primero de estos sumarios fue motivado por sus declaraciones públicas, el segundo fue producto de una conversación privada que sostuvo con un colega y que este reveló a las autoridades. De hecho, respecto de este último, en su resolución de junio pasado el ente fiscalizador planteó: “Se ha podido determinar que el cargo formulado por el fiscal instructor, en contra de don Roberto Pizarro Tapia, no cumple los requisitos que se exigen para su validez, pues ha sido redactado en términos vagos e imprecisos, circunstancia que vicia el proceso sumarial referido”.

Y el pasado 9 de agosto, Contraloría declaró ilegal el tercer sumario, que se abrió por presunto abuso de poder del académico, quien fue víctima del hurto de dos pruebas por parte de una alumna, pero la universidad acusa al profesor de haber obligado a la estudiante a ofrecer disculpas a sus compañeros y por haberle dicho que sería expulsada.

En este caso, la resolución de Contraloría (oficio N°5854 de 2019) es vehemente en mostrar las deficiencias del sumario, al señalar, por ejemplo, que el fiscal no establece la forma de cómo se ha llegado a comprobar la existencia de los hechos investigados, “requisito que la vista fiscal no cumple, (…) imprecisión de la que también adolece la formulación de cargos”. Quien ofició de fiscal instructor en ese sumario fue el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca, Raúl Carnevali.

El abogado Roberto Celedón representa al académico en uno de los sumarios y considera que “lo que ha acontecido no tiene precedentes. Es propio de un régimen de gente que perdió el sentido del servicio para transformarse en postular un liderazgo completamente autoritario, servil, antidemocrático, atentatorio a la dignidad de las personas. Es una de las expresiones de la política que está completamente desprestigiada a nivel nacional. Es una vergüenza lo que está haciendo el rector Álvaro Rojas, y es un abuso de poder que no lo honra y, por el contrario, lo deshonra profundamente”.

En una declaración pública, la U. de Talca señala tener una interpretación totalmente distinta de la resolución de la Contraloría que acoge el requerimiento de ilegalidad. «Respecto al académico consultado puntualmente, en este como en cualquier otro caso, se respeta el debido proceso y por eso ante cualquier denuncia, se instruyen los procedimientos administrativos que en cada caso correspondan para otorgar garantías a todos los involucrados. Lo anterior es concordante con la definición institucional de investigar todos los hechos que se pongan en conocimiento de la autoridad. Debe precisarse que los procedimientos disciplinarios mencionados no han sido desestimados por la Contraloría, sino que fueron objeto de observaciones de carácter procedimental, razón por la que deben ser subsanadas y resueltas en mérito de los antecedentes».

Para Reinaldo Ruiz, exdelegado presidencial de Recursos Hídricos y exprofesor de la UTalca, quien también conoce de cerca la situación, “lo que vemos hoy en esa universidad es que se han reducido los espacios democráticos, se persigue y acosa, usando las peores prácticas heredadas del autoritarismo, a un destacado profesor que se ha atrevido a denunciar conductas que lesionan la democracia. Muy poco transparente además de la forma en cómo se gestiona la universidad. El rector de cualquier universidad de Estado es un funcionario público y no un socio controlador de una institución del Estado”.

Por otra parte, una investigadora de la casa de estudios, que por temor a represalias pide mantener reserva de su nombre, es tajante en afirmar que “la universidad está muy alterada. La gente tiene miedo de expresar sus ideas porque es perseguida. Existen altos directivos que poseen sueldos estratosféricos y lo que gana el rector es una vergüenza. También existen funcionarios con altos sueldos que no se condicen con la función que desempeñan. Existe compadrazgo con la DC y muchos adherentes de ese partido son contratados por la universidad”.

La propaganda electoral para Zaldívar

Álvaro Rojas ha sido siempre el preferido la Democracia Cristiana en la Región del Maule. Si bien hoy es muy cercano a la senadora Ximena Rincón, hasta hace unos años lo fue mucho del exsenador por el Maule Norte, Andrés Zaldívar. Por ello, Rojas no dudó en grabar un spot publicitario radial en la última campaña senatorial de 2017, invitando a apoyar a quien ahora es integrante del Consejo de Asignaciones Parlamentarias.

En los audios –que se repitieron una y otra vez en las radios Paloma (97.5 FM Talca), Marisol (101.5 FM Talca), Ancoa de Linares, y otras–, según lo señalado en las rendiciones de cuentas del Servel del entonces candidato, Rojas se presentaba como profesor titular y rector de la Universidad de Talca, algo que le está expresamente prohibido, porque se considera como infracción a la ley de probidad de los funcionarios públicos, por lo que también existe una denuncia en la Contraloría Regional del Maule, de la que no existe resolución o pronunciamiento hasta hoy.

El artículo 8 de la Ordenanza del Académico de la U. de Talca señala: «Es obligación de todo académico (…) en la expresión de opiniones personales fuera de ella (universidad), ser explícito para indicar que él no es un vocero de la corporación, a menos que haya sido comisionado especialmente para ello».

Fuentes de la DC con influencia nacional afirman que Rojas «nunca ha sido figura política que haya cumplido un rol dentro del partido», pero sí admiten que se trata de una «figura con arrastre en la región». Cada vez que hay una elección –afirman– se le pide que sea candidato. «Ximena Rincón le pidió que se postulara a Gore, pero él ha sido categórico en señalar que no va a volver a la política activa», dicen.

Los períodos consecutivos al mando de la universidad fueron solo interrumpidos por breves temporadas para asumir cargos de Gobierno. Álvaro Rojas arribó al Ministerio de Agricultura en el año 2006. En ese tiempo, varias notas de prensa hicieron eco de la “sorpresa” que generó su llegada al equipo de la entonces Presidenta Michelle Bachelet. El comentario del sector privado fue que colocaban en el puesto a alguien sin experiencia en las lides políticas o empresariales. Rojas sostuvo literalmente que «no tenía idea de dónde Bachelet había sacado su nombre», aunque inmediatamente se asoció a la influencia DC en el Gobierno. Entre sus cercanos está Soledad Alvear, para quien diseñó su programa sectorial cuando la esposa de Gutenberg Martínez fue precandidata presidencial.

El mandato de Bachelet a Rojas fue poner su sello “científico” en el Minagri, siendo destacado entonces como un impulsor del desarrollo aplicado en la agricultura.

Sus tareas bajo el brazo eran modernizar al ministerio, el fomento de ciencia y tecnología y colocar a Chile en el mapa mundial de exportadores de alimentos. En su agenda sin terminar quedó la idea de que la Subsecretaría de Pesca, dependiente del Ministerio de Economía, se quedara en Agricultura.

Pasó sin mucha gloria por el Minagri y su periodo finalizó el 8 de enero de 2008. La salida se dio poco después que el sector agrícola empresarial acusara un “despelote” en su administración. Esto, porque en los últimos meses de su mandato en el norte del país surgieron varias huelgas en el sector agrícola que irritaron al sector privado, principalmente porque habían sido coordinadas entre diferentes compañías. Huelgas interempresas que cortaron caminos y paralizaron faenas en varias ciudades.

La polémica llegó cuando Rojas reconoció que sabía de la coordinación entre los trabajadores de diversas firmas, mientras que el Gobierno aseguró que estas prácticas contravenían la ley. Testigos de la época apuntan que, tras ello, salió del ministerio para asumir un cargo de embajador.

El mejor pagado

El rector Álvaro Rojas es, a nivel nacional, la autoridad académica de más larga data al mando de una universidad del Estado. Hasta ahora lleva 25 años, periodo que fue interrumpido cuando asumió el Ministerio de Agricultura entre 2006 y 2007, durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y como embajador en Alemania, en la misma administración.

A la fecha, su sueldo promedio está cerca de los 13 millones de pesos mensuales y la suma total para el año pasado fue de $153.479.000. Y si se considera el sueldo del rector Rojas, el del rector Aldo Valle de la U. de Valparaíso, y el del rector de la U. de la Frontera, Sergio Bravo, todas universidades estatales y con similar ranking nacional e internacional, (que están entre el lugar 10 y 12 del ranking QS, uno de los más prestigiosos), se advierte que en 2018 Rojas ganó al menos un cuarto más que los otros dos rectores mencionados.

Funcionarios en contra

A fines de marzo pasado, una funcionaria de la Universidad de Talca presentó un recurso de protección en contra de su empleador, en el cual denunció una situación que, a esa fecha, afectaba al menos a 134 trabajadores. Ese recurso fue acogido por el tribunal hace un mes. Hoy ya se cuentan 179 reclamantes en una presentación realizada hace unos días en Contraloría, todos miembros de la Asociación de Funcionarios (Asoutal).

Los documentos presentados ante la Corte de Apelaciones de Talca, con el recurso ingresado bajo el rol N°794/2019, dan cuenta del caso de la funcionaria Karen Rubilar Muñoz, quien es Ingeniera Comercial, Magíster en Psicología Social y Encargada de Unidad de Control de Calidad de Servicios del Campus Talca de dicha casa de estudios. Allí se describe que el 01 de julio del año 2007, y después de participar en un concurso público realizado por la universidad, logró pasar a contrato de planta de la institución. Pero su sorpresa fue mayúscula cuando, en 2015, se enteró que su relación contractual con UTalca no existía, es decir, no tenía el contrato de planta que se había adjudicado.

Al pedir aclarar la situación, solo se le respondió a través de una carta que no había plazas en aquel momento y que ello había impedido la tramitación final de su puesto de planta, sin que nadie asumiera este grave error que le hizo perder antigüedad, beneficios, ascensos, entre otros derechos.

Como nada pudo hacer frente a lo sucedido porque había transcurrido mucho tiempo, la joven decidió presentarse a un nuevo concurso abierto en julio del 2017 para optar a un puesto de planta, específicamente al cargo en el cual se desempeña en la actualidad, y en octubre se le notificó que se había adjudicado dicho concurso. Pero, pasados algunos meses, la pesadilla se repitió y, tras hacer las consultas correspondientes a las autoridades administrativas, el 05 de marzo de 2019 fue informada que nuevamente su planta no se cursaría, por diversas situaciones administrativas de exclusiva responsabilidad del empleador (universidad), las cuales previamente debían ser subsanadas.

El abogado José Adasme, representante de los funcionarios Asoutal, explica que “desde el año 2008 a la fecha, (la universidad) no ha dado cumplimiento a una serie de requerimientos por parte de la Contraloría, para establecer si estos ascensos, estos nombramientos, cumplen con la normativa legal. Podría afectar en que ellos pierdan el grado, y automáticamente pasar de funcionarios de planta que son ‘hipotéticos’, a ser funcionarios a contrata o a honorarios. Porque la ley establece que, si la Contraloría objeta un decreto de nombramiento en la toma de razón, automáticamente la universidad debió haber notificado a los trabajadores, cosa que no hizo, y ellos haber dejado de realizar esas funciones, cosa que nunca se hizo. De hecho, el propio abogado de la UTalca señaló que esa comunicación formal nunca se realizó”.

Y esta situación, temen muchos, podría influir en la acreditación en curso. Lo que es refrendado por Adasme: “Aquí la UTalca tiene una cantidad de años de gestión institucional, y conlleva que, en cuanto a la gestión de carácter administrativa, puede decir a los pares evaluadores que cumple con todos los requerimientos y estándares. Pero acá hay un botón de muestra de que no es así”.

Ante el inminente recurso que se llevaría ante la Corte, los directivos de la universidad reaccionaron y realizaron reuniones con los afectados para ofrecer alguna compensación. Es ahí donde emiten el Decreto 012, de fecha 29 de abril del 2019, en el que se reconoce por parte de la Universidad de Talca que esta situación se arrastra desde el año 2008. Pero no llegaron a ningún acuerdo y la sensación de los afectados es que solo estaban tratando de calmar los ánimos ante la llegada de la Comisión de Acreditación.

“Fue más bien para apaciguar o aminorar el reclamo de los trabajadores que estaban muy molestos. Es más, hay funcionarios que están por jubilar y con esto pueden tener algún tipo de perjuicios. Es preocupante”, subraya el abogado.

A través de la declaración pública, la UTalca respondió que “como en muchas instituciones públicas, existen demoras en algunos procedimientos administrativos, especialmente referidos a asignación de escalafones, calificaciones y toma de razón en el nombramiento de concursos. Esta situación, que data de largo tiempo, ha sido objeto de diversas acciones por parte de la Universidad para dar solución a la problemática y ya han sido tomados de razón por la Contraloría Regional del Maule, lo que permitirá destrabar la situación en el corto plazo. La Universidad de Talca garantiza a todos sus funcionarios que no sufrirán merma patrimonial a raíz de la problemática presentada, puesto que se verificarán los pagos retroactivos que resulten procedentes”.

Fuente: https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/08/14/el-autoritarismo-del-rector-de-la-u-de-talca-el-mejor-pagado-de-las-estatales-con-25-anos-en-el-cargo/