Incendio en la Amazonía: la culpa no es de toda humanidad, es de los secuaces del capitalismo.

El fuego que ahora está consumiendo bosques en África central y Siberia es resultante del impacto profundo que el calentamiento global produce en el clima del planeta. Es decir, es efecto del metabolismo que el sistema económico capitalista impone a la Tierra, extrayendo riquezas hasta el paroxismo y produciendo detritos en escala nunca antes vista en la historia. Pero los incendios que ocurren en la selva amazónica son acción directa de grupos interesados en transformar área preservada en mercadería.

¿Cuáles son esos grupos? Mineros ilegales, madereros y “grileiros”. Estos últimos son el brazo ilegal de propietarios de tierra, que, después de consumadas las quemadas, dejan las áreas disponibles para hacer pastajes para la cría de ganado o para plantar soja. El día 10 de agosto, cuando surgieron en el estado amazónico de Pará (Brasil) varios focos de incendios en espacios de conservación, una cadena de whatsapp  divulgaba el “Dia do fogo”[1]. Esta jornada, noticiada como campaña de “apoyo al presidente” Jair Bolsonaro, reproducía los argumentos del mandatario contra ambientalistas. El discurso del ejecutivo llamaba las políticas públicas de defensa del ambiente y de los territorios indígenas de “obstáculos” a la producción y al desarrollo regional.

Las declaraciones presidenciales vienen precedidas por el desmonte de los órganos estatales responsables del monitoreo satelital (INPE –que había divulgado que el desmonte de la Amazonia en 2019 era 82% mayor que en 2018) y la fiscalización directa (IBAMA –instituto al que acusó de generar una “industria de las multas” ambientales), y también del organismo que se ocupa de la demarcación de las tierras indígenas (FUNAI). Paralelamente, las asociaciones de propietarios rurales presionan por una legislación que permita arrendar para cultivo las tierras indígenas[2].

Si observamos el mapa de los más de 70 mil focos de incendio en la Amazonia brasileña, percibimos que la mayoría se localiza alrededor de unidades de conservación ambiental y de tierras indígenas. El 40% de ellos arrasa áreas de selva húmeda, de difícil combustión, y los otros 60% presionan sus bordes. Los pueblos indígenas, sin hacer barullo, vienen desarrollando estrategias de protección territorial contra madereros y mineros furtivos en sus territorios.

Hace 20 días, las mujeres del campo hicieron dos manifestaciones en la capital, Brasilia, contra estas políticas: la Marcha das Margaridas[3] de las trabajadoras rurales, que ocurrió el 14 de agosto, y la marcha de las mujeres indígenas[4], con el lema “Território: nosso corpo, nosso espírito”, el 13 de agosto, en defensa de la Amazónia y de la demarcación de tierras.

La Amazonía es frontera de expansión de la explotación agropecuaria y minera para exportación de commodities. Si bien las políticas de Estado para la integración de los territorios a las cadenas de acumulación venían aumentando conforme la demanda por esas mercaderías crecía, esas políticas chocaban con el marco legal anterior, de regulación ambiental e indígena. Durante los gobiernos de la presidenta Dilma Rousseff, el presupuesto dirigido a la defensa ambiental se redujo considerablemente en beneficio de incentivos a la “producción sustentable”[5] y se llevó adelante un programa de desarrollo de infraestructura de energía y logística, el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC), de apoyo a las inversiones de capitales en la región, aun a costa de impactos ambientales. No olvidemos que el rompimiento de la represa de detritos minerales de Mariana ocurrió en 2015, durante el último gobierno del Partido de los Trabajadores.

Pero las políticas del gobierno de Jair Bolsonaro, sin embargo, no son de desarrollo, sino de destrucción de los marcos legales y de las bases materiales de las economías tradicionales, de los pueblos preexistentes y de las comunidades campesinas y pescadoras. Esas economías tradicionales son barrera material y espiritual para la integración de los territorios a las cadenas de extracción de valor. La destrucción de las bases materiales de esas economías abre paso a la instalación de proyectos expoliadores, en un momento posterior. Las grandes operadoras de las cadenas de acumulación no precisan ni tienen interés en inmovilizar su capital comprando tierras. Su interés es controlar el uso de esas áreas para la extracción de valor por intermedio de productores locales. Éstos ven la oportunidad de hacer negocios ampliando la exportación de productos primarios o semi-manufacturados.

Esa presión de las cadenas es sobre toda la región amazónica, que está repartida entre Brasil (con 60% del área total), Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Suriname y Francia (con su provincia ultramarina: Guyana). La presencia del Estado francés en la región dio pie al presidente Emmanuel Macron para que se presentase como parte directamente interesada y amenazase a desistir del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. En realidad, los productores franceses venían presionándolo, ya que ven en ese acuerdo una desventaja para sus ventas en el mercado europeo. De todas maneras, el efecto de la amenaza de Macron fue el de poner en alerta a las grandes asociaciones de exportadores agropecuarios brasileños. Justamente aquellos que serían directamente beneficiados por el aumento de tierras disponibles para el agronegocio en la Amazonia.

Entre la espada y la pared, el presidente Bolsonaro se vio obligado a un pronunciamiento en cadena nacional de radio y televisión el 23 de agosto, anunciando acciones de combate a las quemadas. Este pronunciamiento, que ocurrió a las 20:30, horario de Brasilia, fue recibido con cacerolazos en las principales ciudades del país. Al mismo tiempo, se realizaban movilizaciones en esas ciudades contra la política anti-ambiental y anti-indígena del gobierno. Estas movilizaciones fueron organizadas en sólo dos días, sin la participación de los grandes partidos de izquierda con participación en el parlamento y ni de las centrales de trabajadores o grandes organizaciones sociales. Estos siguen un calendario propio con estrategias de lucha institucional, electoral, y no tienen flexibilidad para responder rápidamente ante situaciones como éstas.

Por un lado, porque los partidos progresistas comparten con los otros partidos del orden la ideología del desarrollo. Por otro lado, porque se han erigido en baluartes de la gobernabilidad y la estabilidad, que exige que se continúen exportando commodities. Por último, porque desarrollaron una gran desconfianza en las fuerzas sociales, apostando sólo en las articulaciones e iniciativas de carácter institucional. En gran medida, y aunque no lo afirman abiertamente, culpan al pueblo por el ascenso de la derecha en las elecciones. La desconfianza es mutua, el pueblo hace mucho, por lo menos desde el 2013, que no confía en esas direcciones. Pero otra de las razones de la vacilación en intervenir es la gravedad del momento. Temen que la amplificación del problema de argumentos a quienes pretenden la tutela de la región por organismos internacionales.

El propio presidente Jair Bolsonaro, que hasta una semana atrás proponía acabar con las áreas protegidas y ante las primeras noticias de la semana trató de minimizar los incendios que ocurrían, en su pronunciamiento del 23 de agosto admitió el desastre. Presentó a las ONGs y a los pueblos indígenas como sospechosos y acusó al gobierno francés de colonialista. Al mismo tiempo, anunció el uso de las fuerzas armadas para el combate a los incendios y la represión a los crímenes ambientales. Sugirió la aplicación de la legislación de Garantía de Ley y Orden, que permite la intervención militar de los estados, a pedido de los gobernadores, como ocurrió en el estado de Río de Janeiro durante el gobierno de Michel Temer (para combatir el crimen organizado). Y también adelantó que pediría ayuda a los gobiernos de Estados Unidos e Israel. Es decir, lejos de defender la soberanía nacional, abre la puerta a la ocupación militar del imperio. Contrariamente a las acusaciones que se le hacen, no esconde nada.

No es el único problema ambiental que ha ocurrido en territorio brasileño en los últimos años. Las rupturas de las represas de detritos tóxicos de Mariana (2015) y Brumadinho (2019) alcanzaron grandes áreas también. Pero la destrucción de la selva amazónica tiene consecuencias que van más allá de la región. Esto tiene impacto sobre el clima de todo el subcontinente. La nube de hollín que se abatió sobre el sudeste del país el propio día 19 de agosto, a las 15:30 horas, que transformó rápidamente el día en noche, tornó visibles los ríos aéreos que llevan y distribuyen la humedad desde la Amazonia al resto de los territorios. No se trata de una catástrofe natural, es una transformación rápida resultante de la ansiedad por hacer, de cada centímetro del planeta, valor de cambio. La nueva configuración del capital integra los territorios a la cadena de acumulación consumiendo toda la energía vital. El combate a esta nueva configuración no admite “vuelta atrás” reformista: no hay acuerdo posible con el capital. O ponemos la vida como único criterio para las decisiones, como ya lo hicieron los pueblos amazónicos, o perecemos.

[1] Ver https://revistagloborural.globo.com/Noticias/noticia/2019/08/grupo-usou-whatsapp-para-convocar-dia-do-fogo-no-para.html?fbclid=IwAR2y5p4sNQCwB47XVcfcQHdr6fv1M4jD0Y6RZwlsILysEhsMbj6Asay4oFQ

[2] https://cimi.org.br/2019/08/projeto-ruralista-legaliza-arrendamento-terras-indigenas-pode-ser-votado-na-camara/

[3] https://www.brasildefato.com.br/2019/08/14/marcha-das-margaridas-se-encerra-com-mostra-de-forca-de-100-mil-mulheres-camponesas/

[4] https://exame.abril.com.br/brasil/fotos-em-1a-marcha-mulheres-indigenas-protestam-contra-governo-bolsonaro/

[5] https://infoamazonia.org/es/projects/brazilian-deforestation-policy/?fbclid=IwAR0ppEapMwEKDphkw4W1WEFeuYrOy6CHCyW0TsE5Bnf9fx9z2ynbXYuflMw

25 de Agosto, 2019.