Policias chilenos: El capital los usa como testaferros, los parlamentarios como estafetas.

Veintiséis policías, entre Carabineros y miembros de la Policía de Investigaciones, se desempeñan como escoltas especiales para el resguardo de 12 parlamentarios y parlamentarias de nuestro país. Se trata de efectivos del servicio para la Protección a Personas Importantes (PPI), una división especial que cuenta con departamentos en ambas policías.

Los senadores UDI, Iván Moreira y Jacqueline van Rysselberghe, los socialistas Isabel Allende y Juan Pablo Letelier, los RN Manuel José Ossandón y Francisco Chahuán, junto al presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), son solo algunos de los que cuentan con este servicio especial de guardias personales.

La labor de los efectivos PPI es resguardar la seguridad y proteger la vida de las autoridades de distintos poderes del Estado. En algunos casos su designación es inmediata, como para el Ministerio del Interior, las presidencias del Senado y la Cámara, o para el Fiscal Nacional.

En otros casos, son las autoridades las que deben solicitar a las cabezas de Carabineros y la PDI la asignación del resguardo de los PPI, en caso de haber recibido amenazas o que sus vidas se encuentren en riesgo. También, las autoridades pueden obtener el resguardo de la PPI tras interponer una denuncia por amenazas en el Sistema Judicial, en cuyo caso, el Ministerio Público puede solicitar una medida de protección especial.

Hay parlamentarios que llevan hasta 10 años con este sistema de protección, sin siquiera haber puesto una denuncia formal ante el Ministerio Público por amenazas. Un exfuncionario PPI explica que la labor de Protección a Personas Importantes consiste en acompañar a las autoridades “durante todo el día, desde que salen de su casa en la mañana hasta que vuelven al final del día, sin importar la hora, ni a cuántos lugares asistan”.

Los policías determinan rutas de seguridad para el traslado de los y las congresistas, deben tener claridad de las rutinas y cronogramas de trabajo, asegurar los lugares a los que asisten las autoridades resguardadas y “ponemos hasta en riesgo nuestras vidas por su protección”, agrega el exefectivo. Pero las jornadas de los PPI de algunos congresistas están bastante alejadas del papel.

En diversas ocasiones se ha denunciado que varios parlamentarios hacen mal uso de los funcionarios PPI, que son asignados “con un solo telefonazo a las autoridades, listo, tienen un guardia personal”, explicó un congresista a El Mostrador. Un policía PPI en servicio activo para un parlamentario, relató a este diario la verdadera realidad que viven varios de sus colegas que resguardan la vida de los miembros del Congreso de nuestro país.

El efectivo asegura que hay “una abismante distancia en el trato” entre aquellos que deben ser protegidos debido a una denuncia formal en Fiscalía y aquellos que piden “por secretaría” dicha protección. Señaló que durante uno de sus servicios tuvo que cuidar niños, limpiar jardines y hacer las compras del mes, labores que iban acompañadas de largas jornadas de trabajo, las que terminaban a altas horas de la madrugada, luego de “fiestas entre semanas”.

Una realidad que es compartida por otro exmiembro de la PPI que también cumplió labores de resguardo a congresistas. Él recalcó que casi todos los parlamentarios “se ahorran el chofer” y que más de una vez debió llevar a hijos de ellos a la escuela, “sin la autoridad”, con el automóvil fiscal.

Una realidad que es más que un secreto a voces en el Congreso. Parlamentarios de todos los sectores reconocieron que “hay malas prácticas” con los efectivos PPI, que varios congresistas dejan de contratar choferes y personal de seguridad, “con solo un llamado”. Esta situación ha sido denunciada en “reiteradas ocasiones” en las comisiones de Ética de la Cámara de Diputados y el Senado, “pero no ha habido ninguna reacción”, agregan.

Los protegidos.

Según un oficio de Carabineros, hasta julio de 2018 había cuatro parlamentarios que contaban con resguardo de la PPI: José Miguel Insulza (PS), los UDI Jacqueline van Rysselberghe e Iván Moreira y el senador independiente Pedro Araya. Insulza cuenta con seguridad desde julio de 2015, cuando se le otorgó en virtud de su condición de exsecretario general de la OEA. Según el oficio de la Dirección Nacional de Inteligencia de Carabineros, estaba en plena revisión de su perfil de riesgo, pero desde el equipo del senador confirmaron que continúa con resguardo con personal PPI hasta este año.

Moreira –que cuenta con seguridad desde marzo del año 2011– y la senadora Van Rysselberghe –con protección vigente del servicio de PPI desde junio de 2018–, obtuvieron la seguridad como una medida de protección derivada del Ministerio Público.

En el documento de Carabineros también aparece el senador Araya, quien ingresó al programa de protección en 2016, pero al cual se le retiró la medida especial en marzo de este año. El diputado Ignacio Urrutia (ex-UDI), desde abril de 2018 tuvo resguardo del servicio PPI de la policía uniformada, pero ahora tampoco cuenta con la medida.

Carabineros explica que la “seguridad se otorga de conformidad al perfil de riesgo que tenía cada uno de los parlamentarios al momento de ser solicitada su protección por parte de la autoridad gubernamental y dispuesto por el mando institucional de la época”, según indica el oficio. Agrega que, entre las tareas de los funcionarios de la PPI de Carabineros, está el resguardo de la seguridad de los parlamentarios en distintas actividades, tanto en el Congreso como en sus distritos, “donde en diversos casos han recibido amenazas anónimas o se ha visto dificultada su seguridad personal en sus desplazamientos, como en aquellos lugares con gran concentración de adherentes, como de detractores”.

Añadieron que desde “el mes de abril de 2018 el personal encargado de seguridad debe emitir un informe del protegido, en donde se debe detallar las vulnerabilidades de las que ha sido objeto, el que es analizado por inteligencia de Carabineros, quien decide si es pertinente o no, continuar con la protección”. Finalmente la institución puntualiza que “todos los parlamentarios no cuentan con dictámenes y/o medidas de protección emitidas por la Fiscalía Nacional” y subraya que “el plazo de la protección lo determina la Dirección Nacional de Inteligencia, de acuerdo a los perfiles de riesgo”.

Policías de la PDI, los más solicitados.

En el caso de la Policía de Investigaciones, la lista de parlamentarios bajo el resguardo de la PPI se abulta. En la lista se halla la senadora Isabel Allende, que está bajo el servicio desde 1998 hasta la actualidad, principalmente por “su perfil familiar”, destaca un cercano. La senadora Adriana Muñoz, quien está en el programa desde 2010, al que fue ingresada como medida cautelar, tras interponer una denuncia por amenazas.

El senador socialista Juan Pablo Letelier (PS) cuenta con guardia PPI desde 2012 hasta la fecha, y el RN Manuel José Ossandón tiene esta protección PPI desde que era alcalde. Él es el segundo parlamentario que cuenta con esta medida como cautelar, determinada por el Ministerio Público, a diferencia de Francisco Chahuán (RN), quien en 2014 comenzó a recibir el resguardo de la PPI, pero sin haber interpuesto una denuncia en el Sistema Judicial.

El PPD cuenta con tres senadores más bajo el resguardo de la PPI de la Policía de Investigaciones: el presidente del Senado, Jaime Quintana, que tiene resguardo especial desde 2016; Guido Girardi desde 2017, al igual que Felipe Harboe. El presidente de la Cámara, Iván Flores, también cuenta con resguardo de la PPI, debido al cargo que ocupa durante este año.

En el oficio de la PDI, que data de agosto de 2018, se detalla que el servicio de PPI “se otorga según lo indicado por un informe de evaluación de riesgos que confecciona previamente la Brigada de Contrainteligencia de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial, y la continuidad de este servicio se determina por la reevaluación que se hace periódicamente del referido informe de riesgo”.

Fernando Navarro Poblete, comisario jefe del Departamento de PPI de la PDI, explicó a El Mostrador que el costo del programa y los efectivos asignados son financiados por las policías. Además recalcó que no hay bonificaciones especiales para los efectivos, salvo la comisión de servicio que está reglada por ley. Agregó que hay “23 efectivos de la PDI en funciones con parlamentarios”, los cuales cuentan con cursos especiales y una “hoja de vida intachable (…). No cualquiera llega a ser PPI, por los requisitos, por las mismas cualidades”.

Carabineros declinó referirse al tema, El Mostrador les consultó sobre la fórmula para asignar seguridad a los parlamentarios y la cantidad de efectivos que hoy cumplen dicha labor, pero la institución planteó que dichas consultas “afectarían directamente la esencia que persigue la seguridad de los protegidos por el Departamento PPI” y que “por disposiciones legales, nuestra institución está impedida de revelar dichos antecedentes, por cuanto afectaría los planes operativos existentes sobre la materia, además del potencial disuasivo del servicio que realiza el personal de ese Departamento”.

Un cambio en las reglas.

La realidad de los funcionarios PPI es más que conocida en el Congreso, varios parlamentarios y asesores reconocieron a El Mostrador que “no es novedad” y que “ya se ha hablado varias veces”, pero a pesar de esto aún no ha habido cambios en la situación.

Algunos parlamentarios han propuesto que el proceso y la asignación deban estar mediados por una denuncia formal ante el Ministerio Público. El diputado de la comisión de Ética, Juan Luis Castro, consignó que “todo lo que contribuya a la transparencia en el uso de los recursos humanos y financieros en el Congreso va a ser bienvenido, por eso, va a ser fundamental aclarar exactamente las condiciones en que diversos parlamentarios tienen guardias o escoltas personales”.

Agregó que “vamos a pedirle, nuevamente, a la Dirección General de Carabineros y a la PDI que aclare exactamente las funciones, las causas y la implementación de estas medidas que vienen desde hace muchos años”.

Por otra parte, el senador Manuel José Ossandón (RN) señaló que “hay algunos parlamentarios, que por su nivel de exposición y conocimiento, sí necesitan protección y puede ser sin denuncia, pero para el resto hay investigaciones y está el Ministerio Público. En mi caso, esto partió con el Ministerio del Interior de la época y luego un proceso judicial, y créame no es algo que uno busque”.