La reacción empresarial y el laberinto político.
por Macarena Segovia y Natalia Saavedra /El Mostrador.
De acuerdo a la Sofofa, el impacto económico de la Reforma Previsional es que se «genera un riesgo de que la entidad pública a cargo de la administración de la cotización adicional utilice los fondos de pensiones para financiar proyectos o actividades del Estado, adoptando criterios políticos en las decisiones de inversión sobre el objetivo de otorgar la mejor combinación de riesgo y rentabilidad en beneficio de los cotizantes». La del gremio es una opinión que refleja la molestia que se ha dado al interior de las AFP. Independientemente de la crítica a la poca eficiencia del sistema de pensiones en Chile, los empresarios creen que en la discusión se ha aplicado netamente un criterio propio del juego político, que ha dejado a un lado cualquier análisis técnico profundo.
Hace una semana el Presidente de la República, Sebastián Piñera, recibió en La Moneda a los diferentes representantes de los gremios empresariales del país.
El objetivo de la cita era disminuir la tensión con el empresariado. La élite del país ha estado en una vereda contraria a la del Gobierno a propósito de una serie de iniciativas de ley, que a ojos de los dueños del capital, se han convertido en una traba para el crecimiento económico.
Y hace solo siete días, en esa misma cita, el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, entregó al Mandatario un documento con 23 iniciativas de ley que a ojos del gremio son una barrera para la inversión en el país.
«Creemos que estas iniciativas legislativas evidencian el deterioro del proceso político en cuanto a la insuficiencia del análisis técnico, como ausencia de opinión de expertos y agentes regulados y relativización de los preceptos constitucionales y legales que debe debieran guiar el proceso legislativo (en términos de admisibilidad y urgencias por ejemplo)», señala el documento del gremio entregado al Jefe de Estado.
La preocupación de la Sofofa refleja la inquietud que en otros sectores despiertan varios proyectos de ley, muchos de ellos ligados al tema medioambiental, pero también a otro segmentos.
La observación de la Sofofa –entregada a Piñera– incluía otro de los proyectos que atraviesa días claves esta semana: la Reforma de Pensiones, que cumple su primer trámite constitucional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
El objetivo de la reforma es entregarle el control de la administración de los fondos de pensiones para el ahorro del 4% adicional a un consejo público autónomo, marginando a las AFP –los históricos dueños de este negocio– de la nueva tajada de la torta.
De acuerdo a la Sofofa, el impacto económico de la Reforma Previsional es que se «genera un riesgo de que la entidad pública a cargo de la administración de la cotización adicional utilice los fondos de pensiones para financiar proyectos o actividades del Estado, adoptando criterios políticos en las decisiones de inversión sobre el objetivo de otorgar la mejor combinación de riesgo y rentabilidad en beneficio de los cotizantes».
Opinión que refleja la molestia que se ha dado al interior de las AFP. Independientemente de la crítica a la poca eficiencia del sistema de pensiones en Chile, los empresarios creen que en la discusión se ha aplicado netamente un criterio propio del juego político, que ha dejado a un lado cualquier análisis técnico profundo.
Previo a la votación de esta semana, que ya fue postergada ayer lunes, el sector empresarial había realizado una especie de control de daños, en que evidenció que el Gobierno ha dejado a un lado una de las aristas que mayor inquietud generaba: la creación de una AFP Estatal.
Con esta tesis descartada, los actores del sistema optaron por participar de la discusión parlamentaria e iniciar campañas públicas que han tenido como fin ir a la cocina de la reforma, hablando, por ejemplo, del costo de administración del 4%.
Lo que molesta del tono de la propuesta de ley al sector privado es que, a su juicio, arbitrariamente deja a un lado a un sector del mercado. Esto, pues creen que si el ente público no va a ser el que administre el 4%, y solo operará como una especie de árbitro frente a las licitaciones que permiten que cualquier actor del sector privado –excepto las AFP– participe del negocio, parece contrario al libre mercado que se prohíba a un actor, con nombre y apellido, competir por la administración de esa cotización.
La discusión pone en un lugar incómodo a Sebastián Piñera, quien antes de ser Presidente –recalcan fuentes ligadas al mercado– ha sido un empresario de larga trayectoria, doctor en Economía y hermano del «padre» del sistema de AFP en Chile, José Piñera.
A nivel de la discusión parlamentaria, el objetivo de las empresas es que puedan ponerse sobre la mesa algunos aspectos técnicos. Las AFP han desplegado todo su lobby frente a la reforma. La sobreexposición ha implicado visitas a matinales y hasta, en una arista de las críticas al sistema, la salida de su presidente, Andrés Santa Cruz.
Según reveló La Tercera, representantes de diversas compañías de pensiones han querido manifestar su preocupación. «La cita que se prolongó por dos horas con 30 minutos se llevó a cabo el pasado 8 de enero en uno de los salones del Hotel Santiago Park Plaza y a ella asistieron los gerentes generales de AFP Planvital, Habitat, Capital, Provida y Modelo: Alex Poblete, Alejandro Bezanilla, Jaime Munita, Gregorio Ruiz-Esquide y Verónica Guzmán, respectivamente. Además del gerente general del gremio que las reúne, Fernando Larraín. Frente a ellos estaba el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, quien concurrió acompañado de un grupo de funcionarios de la repartición. El registro oficial de la audiencia consignó que el motivo fue: Temas relevantes 2019”, indicó el reportaje.
Diversos actores del sector saben que su participación en la administración del 4% es prácticamente una batalla perdida, pero aún así no tiran la toalla en torno a que sea escuchado su argumento de que la reforma encarece el costo del ahorro previsional. También respecto a que puede convertirse en un incentivo perverso la posibilidad de que el porcentaje adicional de cotización se pueda ahorrar de manera grupal. Qué tipo de actores podrían entrar finalmente al negocio, como los bancos, también los convoca.
Pero existe otro aspecto que preocupa particularmente a los empresarios. El costo que la Reforma Previsional tenga para sus bolsillos. Esto en relación con que la trama política pueda enredar la situación y que el Gobierno negocie elevar la cotización de 4% a 5% o 5,5%, tomando en cuenta la intención de algunos parlamentarios de que el pilar solidario se fortalezca aún más.
«Yo lo que más pido es coherencia. Veo a los de No + AFP reclamando por la libertad de las personas a elegir qué hacen con sus ahorros, yo me pregunto, por qué no le dan la libertad a la gente de quién administra sus fondos de pensiones. Dicen que no creen en las cuentas individuales y ahora le dicen a la gente que son su derecho de propiedad. Yo espero que esa coherencia se mantenga», dijo el domingo a El Mercurio el presidente de la CPC, Alfonso Swett.
El líder gremial agregó que le preocupa que «en Chile estemos peleando como niños mientras el mundo está en una pelea económica y tecnológica nunca antes vista».
Pero, ayer, el contragolpe vino del propio Swett. En entrevista con CNN, el líder gremial dijo que pueden existir excepciones, por ejemplo, para el retiro de fondos de jubilación.
«Nosotros empatizamos con la gente que hoy está con problemas económicos para pagar un crédito, con la dificultad que tiene una persona para adquirir su casa, empatizamos fuertemente con esto”, señaló al canal de TV y añadió que «cuando la persona se ha jubilado, nos parece de toda lógica que pueda retirar porque ya está jubilado».
Las declaraciones de Swett se dan justo en medio de las negociaciones del Gobierno con la Democracia Cristiana (DC) para lograr que el proyecto se apruebe en la Comisión de Hacienda.
Cabe recordar que es dos diputados de la DC, José Miguel Ortiz y Pablo Lorenizi, de quienes depende esta aprobación en la Cámara de Diputados. Ortiz es, precisamente, uno de los patrocinadores de la indicación que intenta establecer que las personas que se pensionan pueden tener la opción de retirar sus fondos de la AFP.
La DC, que estuvo hasta altas horas de anoche negociando sus votos con el Gobierno, ve con buenos ojos las palabras de Swett y cree que marcan la opción de abrir acuerdos. Aunque no todos están contentos en la falange, ya que algunos señalan que, pese a posibles cambios, el proyecto profundiza el sistema de capitalización individual y no suma solidaridad.
La trenza política
En el mundo político las negociaciones están álgidas. Este lunes se debía iniciar la votación del proyecto de pensiones en la Comisión de Hacienda, pero, tras casi una hora de discusión respecto a la pertinencia de algunos artículos, se optó por citar para este martes 8 y miércoles 9, con el fin de votar la iniciativa hasta total despacho.
Una hora en la que, de paso, el Gobierno intentó restituir las denominadas “Comisiones Fantasmas”, así lo señaló el diputado Daniel Núñez (PC), quien preside la instancia. La subsecretaria, María José Zaldívar, planteó en la comisión que el Gobierno solo solicitaba que las administradoras “transparenten todos sus cobros”, pero Núñez recalca que la subsecretaria “se equivocó, porque la indicación del Ejecutivo repone los segundos cobros de comisiones (…). Aquí hay una mala práctica del Ejecutivo”.
Sin embargo, el trasfondo de este retraso sería otro. Antes de la votación se esperaba que el Ejecutivo ingresara una serie de indicaciones que lograrían amarrar los votos democratacristianos de la Comisión de Hacienda, Ortiz y Lorenzini. Pero el acuerdo no se logró.
A pesar de los intentos por lograr convencer a Ortiz –“el voto más indeciso”, destacan desde la oposición–, el ministro Nicolás Monckeberg no consiguió que saliera humo blanco y se optó por convocar a una sesión para este martes desde 15:00 hasta las 20:00 horas. Además para el día miércoles, de 10:30 a 13:00 horas. Otro que también habría estado en medio de estas negociaciones con los ministros habría sido el socialista Manuel Monsalve, mientras que el voto de Lorenzini (DC) “estaría zanjado”, puntualizan desde la falange.
El diputado Giorgio Jackson (RD), quien es parte de la Comisión de Hacienda, señaló a El Mostrador que “mi impresión es que no empezamos a votar porque el Ejecutivo no llegó a puerto con la negociación con algunos sectores de la oposición”. Destacó que sobre el tema de pensiones el Frente Amplio “no ha tenido ningún acercamiento con el Gobierno” y que no habrá qué conversar mientras el Ejecutivo no se abra a hablar sobre “solidaridad o suficiencia. No tengo mucha expectativa de que esto pueda cambiar”.
En las últimas semanas desde la DC han salido distintas iniciativas que han servido como un piso para negociar con La Moneda. Ortiz junto a Gabriel Silber ingresaron una indicación en la que se le permitiría a los pensionados y las pensionadas retirar sus fondos, lo que no fue bien recibido por la subsecretaria Zaldívar, ni por el ministro Felipe Larraín.
Cabe recordar que, a fines de septiembre, el Ejecutivo reingresó cinco indicaciones para la Reforma Previsional, entre ellas la entrega de recursos de la pensión básica solidaria y del aporte solidario con una diferenciación por tramo de edad. Junto con esto, reintegró el seguro por longevidad, el Comité para Educación Previsional. Además, el Gobierno también incluyó la reducción para el encaje máximo de 1% a 0,5% del valor de Fondo de Pensiones respectivo.
Pero en el Senado toman la discusión con cautela. La senadora Carolina Goic ha manifestado en diversos medios que lo principal es el aseguramiento de un aumento en un 20% para las pensiones, además de subir de un 4% a un 5% la cotización adicional, partiendo por un 0,7%, misma postura que ha impulsado el presidente de la DC, Fuad Chahin.
No obstante, el resto de los senadores y las senadoras de la DC “no tienen una postura clara”, subraya un asesor de la Cámara Alta. Por su parte, el senador Francisco Huenchumilla dijo a El Mostrador que “este proyecto está en la Cámara, todavía no está en mi radar, lo estoy estudiando”. Agregó que tiene “una postura de principios respecto al sistema de capitalización individual, no estoy dispuesto para consolidar este sistema, debe haber una mezcla de autonomía de los cotizantes y de solidaridad”.
Los ojos están puestos sobre la senadora Ximena Rincón y el senador Jorge Pizarro. Sobre la primera pesa la sombra de haber sido directora de la AFP ProVida, lo que “haría difícil que apruebe el proyecto a ciegas”, apuntan desde el Senado; mientras que Jorge Pizarro tendría “una negociación propia”, en la que influirían los roces que ha tenido con Fuad Chahin.
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