Chile: Gendarmería abre sumario por postulación de violadores de DD.HH. a libertad condicional.

Son 15 ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad y cumpliendo penas en el Penal Punta Peuco los que podrían optar al beneficio de libertad condicional este semestre, entre los que se encuentran perpetradores de violaciones a los derechos humanos con condenas de más de 100 años de prisión.

Es el caso del ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, quien fue condenado a cadena perpetua como autor del homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca, en 1984, para encubrir el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez. Así también, Corbalán fue condenado por su participación en el montaje denominado Operación Albania, entre una larga lista de crímenes.

Así también Carlos Herrera Jiménez, quien fue condenado a presidio perpetuo en 2004, como autor material de los asesinatos del líder sindical Tucapel Jiménez y un dirigente Demócrata Cristiano, además de otras ejecuciones en Pisagua.

Así también, dentro del listado propuesto por Gendarmería está Miguel Estay Reyno, alias “El Fanta”, ex militante comunista ligado a la Dicomcar, condenado, entre otras penas, a presidio perpetuo, como responsable del asesinato de tres profesionales del Partido Comunista en 1985, en el conocido como “Caso Degollados”.

Luego de darse a conocer el listado, las reacciones no tardaron en llegar. Desde el Congreso, la diputada comunista Carmen Hertz, señaló que la posibilidad de que un grupo de criminales de lesa humanidad o genocidas estén postulando a las libertades condicionales es un grave peligro, agregando además que esto vulnera la Ley sobre Libertades Condicionales.

“Esto es extremadamente grave, porque para nosotros, y así quedó claramente establecida en la Ley sobre Libertades Condicionales, en la modificación al Decreto Ley 321, que la libertad condicional es un beneficio carcelario, no es un derecho. Es un beneficio que no extingue la pena, que no la cambia, sino que modifica las formas en que esa pena se cumple”, explicó.

La modificación al Decreto de Ley N°321, publicada en enero de este año, que establece mayores requisitos para el otorgamiento del, efectivamente, beneficio de libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, indica que los condenados por crímenes de lesa humanidad “podrán postular a este beneficio cuando, además de los requisitos del artículo 2º (haber tenido una conducta intachable y contar con un informe psicosocial), hubieren cumplido dos tercios de la pena o, en caso de presidio perpetuo, los años de privación de libertad efectiva establecidos (20 años para presidio perpetuo calificado y 40 años para presidio perpetuo calificado).

No obstante, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el abogado especialista en Derechos Humanos, Nelson Caucoto, quien, además, es querellante en varios de los casos en que están involucrados estos ex militares, sostuvo que hay puntos de la normativa que no quedaron claros.

“La idea era actualizar las normas y que los delincuentes comunes tengan un trato distinto a los de lesa humanidad. Eso es lo que se quiso precisar ahora, pero yo entiendo que no quedó muy claro el fundamento filosófico base de la libertad condicional, que es la rehabilitación”, comentó el abogado.

“Sin rehabilitación, sin que uno no tenga conciencia del daño que causó y sin que uno esté arrepentido de lo que hizo, no puede haber libertad condicional”, añadió Caucoto.

La postulación a la libertad condicional está a cargo de Gendarmería de Chile, en donde se arma una lista con todos los presos que cumplen los requisitos mínimos para optar al beneficio de libertad condicional. Luego, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones respectiva, en este caso la de Santiago, revisa caso a caso los informes de conducta, psicosocial, judicial, entre otros, y resuelve si otorga el beneficio o no.

Luego de darse a conocer que en el listado de postulantes enviado habían reos que no cumplían con los requisitos, la tarde de este jueves Gendarmería emitió un comunicado oficial.

“Este año Gendarmería, en dos ocasiones, dictó instrucciones mediante oficios, con el propósito de informar sobre la implementación de la nueva ley. De acuerdo a los antecedentes aparecidos hoy en algunos medios de prensa, dichas directrices no fueron seguidas en algunos casos particulares, tales como los señalados en dichos medios”, señaló Gendarmería en el texto.

“En razón de lo anterior, y dado que Gendarmería había adoptado formalmente medidas para que lo anterior no ocurriera, se iniciará en el día de hoy (jueves 10 de octubre) un sumario para perseguir todas las responsabilidades administrativas que correspondan”, agregaron (revisa aquí el comunicado oficial publicado por Gendarmería de Chile).

Desde el Gobierno también se refirieron al hecho. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se mostró confiado en la decisión de la Comisión de Libertad Condicional. “El gobierno impulsó y se aprobó una ley que hizo modificaciones importantes en materia de las libertades provisionales, y para adecuarlo a los tratados internacionales”, dijo.

“El procedimiento consiste en que un informe de Gendarmería va a una comisión de jueces, y esa comisión es la que tiene que determinar si corresponde o no otorgar una libertad, y eso se tiene que hacer ahora. En esa ley hay exigencias importantes, para efecto de que las libertades se otorguen a quienes realmente la merecen”, indicó el secretario de Estado.

Ahora, todos los ojos estarán puestos en la Comisión de Libertad Condicional que, en el caso de la Corte de Apelaciones de Santiago, sesionará entre el 15 y el 30 de octubre, evacuando los informes a medida que los vayan calificando.