Chile despertó: Del estallido social a la rebelión popular

por Convergencia 2 de Abril.

La revuelta popular provocada por el alza en el pasaje del transporte público no es un acontecimiento nuevo en nuestra historia: la “Revuelta de la Chaucha”, en agosto de 1949 y la “Batalla de Santiago, el 2 de abril de 1957 [1] son dos de los hitos similares más recordados. En ambas ocasiones, las revueltas duraron dos días, en los cuales se quemaron buses y se destruyeron y quemaron distintos edificios de las ciudades, en especial, de Santiago.

Las movilizaciones iniciadas el 18 de octubre de 2019 tienen, sin embargo, un componente distinto. Si bien surgen como una revuelta frente al alza del transporte público, adquiere rápidamente características propias de una rebelión a nivel nacional – jugando las regiones un rol fundamental – que desafía el pacto transicional sellado entre la Concertación y la Derecha golpista, en el ocaso de la dictadura militar. Sin embargo, aún falta la conducción política de este estallido para que pueda ser considerada como una rebelión propiamente tal que efectivamente logre el cambio de régimen.

La consigna: ¡NO SON 30 PESOS, SON 30 AÑOS!, devela el hastío de un pueblo frente a un pacto establecido a sangre y fuego, y administrado para beneficio de la clase dominante en los años que le siguieron. De esa forma, se abre un nuevo periodo político en el país en el que se configura una crisis de hegemonía, la cual se expresa de forma abierta en esta coyuntura. La capacidad de mantener abierta esta coyuntura está en veremos y depende de la capacidad de despliegue del pueblo y las organizaciones revolucionarias, pero el nuevo periodo político ya no tiene vuelta atrás.

El pacto transicional significó la constitución de un bloque dominante compuesto por las Fuerzas Armadas, la clase empresarial y los partidos políticos de la Concertación y la derecha, quienes se han mantenido gobernando hasta la fecha profundizando las políticas neoliberales que se impusieron hace 46 años, tras el derrocamiento del Gobierno Popular. Los empresarios, representados por la Concertación y la Derecha, a merced de sus intereses, han privatizado cada rincón de la vida de las chilenas y chilenos hasta su miseria más completa. Cada uno de esos rincones, hoy, se constituye en fuerza pujante de una movilización sin precedentes en la democracia chilena post-dictadura.

La privatización de los servicios básicos como la luz y el agua; la disminución acelerada en la capacidad de producción del Estado (Codelco deja de producir un 60% en los últimos 30 años); el traspaso de fondos públicos a manos privadas en la vivienda, la educación, la salud, las pensiones y el trabajo; la privatización de nuestros recursos naturales, en desmedro de la clase trabajadora; y el aumento en los niveles de explotación derivados del creciente endeudamiento para poder seguir viviendo, han generado niveles intolerables de precarización en nuestra clase.

En este escenario, el conflicto presente reclama una acción decidida de la organización revolucionaria. Los crecientes niveles de conciencia de los que el pueblo ha dado suficiente muestra con su movilización y organización en las calles, poniendo en jaque al Gobierno y el resguardo de la propiedad privada, deben ser conducidos hacia una salida al conflicto que permita la acumulación de fuerza social y perspective un nuevo ciclo de lucha social y popular, caracterizada por el ánimo constituyente, pasando de una mera fase destituyente. Pasar de la revuelta a una rebelión popular requerirá la construcción de un sujeto político que de conducción a la movilización actual.

El bloque dominante: las dos apuestas.

En el Gobierno y en el bloque dominante, que incluye a las Fuerzas Armadas y clase empresarial, existen dos apuestas en estos momentos, que evidencia la situación de crisis en la cual se encuentran. La primera de ellas, es encabezada por los sectores más reaccionarios y pinochetistas, donde se sitúa José Antonio Kast, gran parte de la UDI y sectores de Renovación Nacional. Este sector presionó a Piñera para que decretara el estado de emergencia el primer día de la revuelta y plantean que todo esto se resolverá mediante la represión y criminalización de los “violentistas” que protestan: “si se sacó a los militares a la calle, hay que usarlos”. Esta postura fue la que triunfó durante los primeros 5 días, en los cuales todo el discurso del Gobierno se centró en denunciar los saqueos, provocar miedo, instalar un estado de sitio de facto, y teniendo como corolario la afirmación de Sebastián Piñera el domingo 20 de octubre por la noche: “Estamos en Guerra”. A pesar de la expresión, Piñera sigue siendo considerado como un cobarde por este sector. Este sector apuesta por profundizar la situación de inestabilidad en el país, planteando como salida un gobierno neofascista al estilo de Bolsonaro en Brasil, para lo cual quieren posicionar la figura de un “salvador” ante el caos. Esta expresión pareciera encontrar apoyo en sectores de las Fuerzas Armadas, principalmente, de la Armada, quienes tienen una cultura mucho más reaccionaria que la del Ejército y que se ha visto en la forma de represión desplegada en las regiones de Valparaíso y el Biobío, donde dos de los suyos han sido nombrados Jefes de Defensa Nacional de las plazas correspondientes. Incluso, podría derivar en una apuesta golpista si se vieran desbordados por la movilización popular.

El segundo sector está conformado por aquellos que entienden que la crisis sólo se podrá solucionar “cediendo” y estableciendo una serie de reformas que permitan mantener el modelo neoliberal, aún cuando aquello signifique mayor endeudamiento por parte del Estado. En términos discursivos, este sector impulsará “reformas”, aun cuando se traten de meras medidas reivindicativas centradas principalmente en la transferencia de recursos del Estado a millones de chilenos, con el objetivo de disminuir el encarecimiento de la vida. En el Gobierno este sector es representado por el propio Sebastián Piñera, gran parte de Renovación Nacional, Evópoli y podemos incluir a la Democracia Cristiana también como parte de este bloque. Ninguna de las medidas que impulsen cuestionará el modelo y serán de carácter redistributivo, quedando en evidencia en el discurso de Sebastián Piñera en la noche de este martes 22 de octubre: aumento del salario mínimo subsidiado con fondos estatales, sala cuna universal, seguro para medicamentos y aumento de $20.000 de pensión básica solidaria. Esto no es más que su programa de Gobierno, tratando de completarlo con una verborrea que lo haga compatible con las demandas populares.

Respaldando esta línea también se encuentran sectores del empresariado, como Andrónico Luksic, quien está impulsando un alza al salario mínimo de hasta $500.000, lo cual será implementado en sus empresas.

En definitiva, la derecha tiene dos apuestas políticas: la que propicia el caos para una solución neofascista y aquella “reformista” que está dispuesta a medidas distributivas de baja intensidad con el objetivo de mantener el pacto transicional. Cabe mencionar que ambas tienen una línea autoritaria, donde apoyan el estado de emergencia y los militares en la calle y que buscan impulsar la ofensiva patronal que se ha visto frustrada en estos dos primeros años de gobierno.

La oposición institucional

El núcleo central de la Concertación (PS-DC-PPD-PR) mantiene una posición similar al sector reformista de la derecha. Reformas no sustantivas, de carácter distributivo de recursos que permitan contener el alza de la vida: aumento de salario mínimo y de la pensión básica solidaria, eliminar algunos impuestos, entre otras que implicarán más gasto social. Otras medidas son de carácter simbólico como las rebajas a las dietas parlamentarias. Estos sectores están dispuestos a negociar con el Gobierno a pesar de que esté decretado el estado de emergencia.

En esta misma línea, se encuentran sectores del Frente Amplio como Comunes, Revolución Democrática y sectores de Convergencia Social, quienes están dispuestos a negociar con el gobierno – aún cuando se mantenga el estado de excepción – con el objetivo de obtener algunas medidas de como el aumento del salario mínimo, rebaja a la dieta parlamentaria y No+AFP. En estos dos sectores se puede impulsar la Asamblea Constituyente, sin embargo, serán incapaces de realizar acciones que lo permitan. Se acostumbraron a reaccionar políticamente conforme a los criterios establecidos en la política transicional.

Por el otro lado, está la línea del Partido Comunista y los sectores “más de izquierda” de Convergencia Social (núcleo de ex ND e IL), quienes se niegan a conversar con el Gobierno mientras se mantenga el estado de excepción constitucional, pero quieren asumir la interlocución desde la institucionalidad jugando un rol de “representación” del movimiento, lo cual es peligroso para el estallido social.

La izquierda rebelde, la clase trabajadora y las organizaciones sociales

Las posibilidades de un proceso pre-revolucionario hubiesen sido posible si hubiese existido pueblo constituido y organizado. Nuestra consigna sobre la construcción de los pies del pueblo demostraba la necesidad de aquello para tener un proceso más profundo en términos revolucionarios. Sin embargo, uno no elige las condiciones en las cuales tiene que desarrollar la táctica y estrategia, por lo cual a pesar de ello, hay que jugar las mejores cartas.

Antes de que ocurriera el estallido social, varias organizaciones realizamos campañas de AGP visibilizando la criminalización hacia los estudiantes por el Gobierno por realizar evasiones masivas, mientras celebra las evasiones tributarias propias y de sus amigos empresarios, como también legitimando las evasiones masivas como mecanismo de lucha. En virtud de la coyuntura, el viernes 21 por la mañana, la CONFECH convocó a una jornada de protesta nacional por el alza del pasaje y la nacionalización del transporte público nacional, sin esperar el estadillo que ocurriría el viernes 18 de octubre. Sin embargo, esta convocatoria anticipada permitió articular rápidamente con organizaciones sindicales, en especial, con los trabajadores portuarios, quienes fueron los únicos que paralizaron el día 21 de octubre.

El mismo sábado, distintas organizaciones convocaron a la Huelga General y a la Protesta Nacional a partir del lunes 21 de octubre, en especial, la Unión Portuaria. En las regiones, el sábado también nos movilizamos y auto-convocamos en las principales ciudades del país, generando movilizaciones que plantearon sus propias demandas y realizaron grandes movilizaciones que provocaron que el Gobierno decretara estado de emergencia en las Regiones del Biobío y Valparaíso, para luego extenderse a gran parte de las regiones y ciudades capitales regionales del país.

Este llamado no tuvo mayor impacto en las organizaciones sindicales, por lo cual el día lunes no existió un gran nivel de adherencia a la huelga, sin embargo, debido al miedo generado a los problemas relacionados con el transporte, se realizó una huelga de facto, pues la mayoría de losa trabajadores no concurrieron a trabajar. Lo más importante de la jornada fueron las concentraciones en distintos puntos que terminaron en una concentración con decenas de miles de personas en Plaza Italia, generando una jornada de protesta importante para proyectar la movilización y la huelga de los trabajadores portuarios, que paralizó 20 puertos.

Esa misma tarde, el espacio de Unidad Social liderado por la CUT, No+AFP y Confusam, llamó a una Huelga General para los días 23 y 24 de octubre. El llamado a la Huelga General es importante, pues la nomenclatura utilizada en ocasiones anteriores sobre el Paro Nacional, nunca derivaba en una paralización efectiva. Esta Huelga General logró sumar a Sindicatos estratégicos claves de la Minería y del Metro. Asimismo, derivó en una masiva marcha que se tomó la Alameda congregando a cientos de miles de personas y manteniendo cortada la Alameda durante horas.

Esto provocó que el Gobierno realizara un llamado a los trabajadores portuarios, mineros, de la ANEF y de la CUT para dialogar, sin embargo, estos sectores ya dejaron claro que no dialogarán mientras se mantenga el estado de excepción.

La primera tarea se cumplió: cambió el momento político y el estallido social comienza a adquirir contenido y conducción política, en manos de sectores en los cuales no podemos confiar, pero que se asoman como los únicos que cuentan con la conducción de fuerza necesaria para ello.

¿Qué hacer en el escenario actual?

El estallido social sigue en pie, pero existen tareas pendientes. Existen tres escenarios que visualizamos como salidas políticas a la crisis.

La primera salida viene de los sectores autoritarios del Gobierno, que apaguen la rebelión con sangre y fuego como lo vienen haciendo, haciendo retroceder la movilización. Esto puede derivar en un fortalecimiento de la figura de José Antonio Kast para que triunfe en las próximas elecciones o bien, menos probable, pero debiendo ser considerado, podría terminar en un golpe de Estado encabezado por las Fuerzas Armadas y la derecha pinochetista.

Una segunda salida puede ser un nuevo pacto entre la clase empresarial y los partidos políticos institucionalizados – incluyendo al FA y al PC – conforme al cual impulsen en el Congreso una serie de reformas redistributivas que logren desmovilizar. Esto ralentizará el movimiento popular, postergando el estallido, pues es imposible mejorar la calidad de vida de millones de personas manteniendo el sistema capitalista neoliberal. Esta salida también puede estar “revestida” de un diálogo con organizaciones sindicales, territoriales, estudiantiles y sociales en general, por lo cual es importante desconfiar de las dirigencias burocráticas tal como lo hemos venido haciendo. Si dialogamos con ellos, es para evitar que esto ocurra.

La tercera salida probable, y por la cual apostamos, es una salida que beneficie al pueblo y genere condiciones para impulsar un cambio de régimen y de periodo en el corto plazo. Para ello, nos jugaremos por mantener abierta la movilización, generar espacios de encuentro y de deliberación popular que apueste por una Asamblea Popular Constituyente, en el cual se construya el pliego del pueblo y la plataforma de lucha para luego lograr una Asamblea Nacional Constituyente que permita canalizar este nuevo momento político. Para ello es importante que las organizaciones sociales constituidas puedan ser un dinamizador en este proceso y puedan conducirlo, mientras se generan espacios de representación en todo el territorio. En ese entramado, en donde la correlación de fueras a nivel de conducción, es decir, de nuestra fuerza política frente al resto, y a nivel de correlación de fuerza a nivel de masas, nos indique que nuestra apuesta para estos momentos está en la acumulación de fuerza a través de las Asambleas Populares, que permiten acrecentar los niveles de organización del pueblo y el crecimiento de las fuerzas políticas revolucionarias.

En consecuencia, planteamos lo siguiente como “quehacer” en virtud del análisis que realizamos:

1. El primer elemento que destacamos es que la Rebelión Popular desbordó la demanda concreta por la cual se inició, planteando una crítica al sistema capitalista neoliberal perpetuado en los últimos 30 años por el pacto transicional. Por ello, es importante canalizar las demandas del pueblo a través de un Pliego del Pueblo que sea elaborado a partir de una Asamblea Popular Constituyente, que permita poner fin al Pacto Transicional propiciando un cambio de régimen y de periodo político, derivando en una Asamblea Nacional Constituyente. Para ello, es indispensable que renuncie Sebastián Piñera y todo su Gobierno
2. La Rebelión Popular debe ser capaz de generar “ganadas concretas” para el pueblo, demostrando que la única forma para transformar la sociedad es a través de la lucha directa contra el Gobierno y sus medidas. Entre estas ganadas se plantea un petitorio que resuelva algunos problemas inmediatos de la clase trabajadora. Entre estos puntos la organización impulsará lo siguiente:

(i) salario mínimo y jornada laboral de 40 horas;

(ii)  estatización del transporte público y gratuidad para estudiantes y adultos mayores;

(iii) condonación de las deudas educacionales;

(iv) estatización de la energía y congelamiento inmediato de las tarifas de energía eléctrica;

(v) fin a las AFP y un nuevo sistema de reparto, tripartito y solidario, con pensiones mínimas equivalentes a salario mínimo;

(vi) salud pública y gratuita, con baja en el precio de los medicamentos y sistema nacional de cuidados;

(vii) derogación del Código de Aguas, estatización de las empresas sanitarias para rebajar el cobro de agua potable;

(viii) retiro de la reforma tributaria y fin al IVA en servicios canasta familiar.

(ix) Aborto legal, seguro y gratuito.

3. Para lo anterior debemos impulsar la movilización, pues es lo único que nos garantiza mantener abierto el conflicto y obtener ganadas concretas. Para ello debemos agitar la movilización; desplegarnos en acciones con todas las formas de lucha a través de cacerolazos, barricadas y acciones de protesta en general. Debemos mantener la situación de ingobernabilidad y ser capaces de alterar la normalidad del funcionamiento de las ciudades, cuestión que se ha logrado hasta este sexto día de rebelión. Para ello, se hace central levantar la consigna “Renuncia Piñera”, en cuanto a la profundización de la crisis política en la que se encuentra hoy su gobierno y, en general, los partidos tradicionales que han administrado nuestra miseria, pero también porque nos permite denunciar su política criminal en contra de la organización y movilización social.

4. Para construir y acumular fuerza social, debemos ser capaces de levantar Asambleas Territoriales que nos permitan avanzar hacia la Asamblea Popular Constituyente. Estas Asambleas, además de la profundización programática, deben ser capaces de levantar espacios de autodefensa territorial y constituirse como espacios para resolver problemas del barrio, principalmente, de desabastecimiento si es que se mantiene la movilización. Asimismo, estos espacios se proyectan como espacios de control popular y de poder en los territorios, con el objetivo de determinar espacios de la vida.

En definitiva, tendremos Asambleas Territoriales; luego Asambleas Comunales; posteriormente, Asambleas Provinciales y Regionales que levanten el pliego del pueblo y el Plan de Lucha; para terminar en una Asamblea Popular Constituyente. Todo esto debe realizarse en las próximas semanas según las capacidades que tengamos, pues debe realizarse mientras la movilización esté latente.

5. En lo inmediato, nos parece central ser claros en nuestra completa negativa a negociar mediante se mantenga el estado de emergencia. No estamos dispuestos a impulsar ninguna mesa de diálogo mientras los militares se mantengan en las calles. Nos parece central denunciar la represión, tortura y asesinatos, en especial la violencia política sexual, a las que hoy estamos siendo sometidos/as por este gobierno criminal. Por último, es central denunciar la represión selectiva de dirigentes sociales, que muestra una política dirigida de este gobierno criminal hacia ciertos sectores organizados, entre los cuales se encuentra la izquierda rebelde.

6. Nuestro sujeto de interpelación debe ser construido en la Asamblea Popular Constituyente, como espacio de articulación de las distintas organizaciones del pueblo. No obstante ello, por el momento impulsaremos las articulaciones multisectoriales que existen en nuestras localidades, en los cuales convergen organizaciones sindicales, estudiantiles, territoriales, feministas entre otras.

En conclusión, estamos ante la posibilidad de que la revuelta o estallido social se transforme en una rebelión popular, para lo cual es necesario dar dirección y contenido político a la movilización. Para ocasionar el cambio de régimen será necesario mantener abierta la movilización, mientras que se desarrollan a Asambleas Populares en distintos espacios y niveles territoriales, en miras a avanzar a una Asamblea Popular Constituyente, que sea capaz de referenciar a un sujeto de conducción que pueda ser parte hegemónica en una Asamblea Nacional Constituyente. Para que ello ocurra, debe renunciar el Gobierno de Sebastián Piñera.

En el corto plazo, debemos ser capaces de posicionar un “pliego mínimo” de sentidas demandas populares que se puedan obtener mientras nos movilizamos, con el objetivo de legitimar la lucha popular de masas como un mecanismo efectivo para obtener ganancias para nuestro pueblo.

Tanto a corto como mediano plazo, debemos ser capaces de acumular fuerza social que nos permita resistir la oleada represiva en caso de que el conflicto se cierre por el bloque en el poder. La lucha revolucionaria es de largo alcance y puede que este 2019 sea nuestro 1905. No obstante, dejaremos todas nuestras fuerzas en las calles donde hoy lucha nuestro pueblo para que las muertes de quienes lucharon estos días no sean en vano.

Con todas las fuerzas de la historia: continúa la lucha. ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!

¡RENUNCIA PIÑERA!

¡ FUERA LOS MILITARES DE LAS CALLES!

¡A LEVANTAR LA ORGANIZACIÓN EN NUESTROS TERRITORIOS PARA AVANZAR A LA ASAMBLEA POPULAR CONSTITUYENTE!

¡LUCHAR, CREAR, PODER POPULAR!

[1] El nombre de nuestra organización es un homenaje a las revueltas del pueblo, pues 60 años después de dicha revuelta, convergimos 3 organizaciones revolucionarias: un 2 de abril de 2017.

Fuente: https://www.convergenciamedios.cl/2019/10/chile-desperto-del-estallido-social-a-la-rebelion-popular/