Chile represivo: Altos mandos de Carabineros, PDI, Marina y Ejército deberán responder por las violaciones de DD.HH.

Jorge –así lo llamaremos, ya que prefiere resguardar su nombre– tiene 27 años. El domingo pasado permaneció retenido por funcionarios del Ejército durante cinco horas, tras participar de los cacerolazos que se tomaron las calles del sector de Las Parcelas, en Maipú. Junto a otras 30 personas, entre ellas un menor de 15 años, los mantuvieron en la bodega de un supermercado en Maipú, esperando a que carabineros o personal de la PDI llegara a buscarlos.

De acuerdo a su relato, estaba sin visión, le habían bajado el gorro del polerón hacia el rostro mientras le gritaban que no los mirara. Lo trasladaron hasta las bodegas del supermercado Alvi, allí –cuenta Jorge– «los militares tenían una especie de cuartel, donde había más gente retenida, ocupaban los baños y bodegas».

Jorge estuvo cuatro horas esperando a que llegara Carabineros a realizar la detención, para trasladarlos a una comisaría, mientras otros retenidos estaban desde las cinco de la tarde. Había un menor de 15 años, que había ido al cacerolazo, los militares le habían quitado su celular, por lo que no había podido avisar a su madre lo que le ocurría. “Lloraba todo el rato”, recuerda Jorge, “pero entre todos tratamos de consolarlo y tranquilizarlo”.

Pasada la medianoche los dejaron ir, los bajaron del camión, los formaron, separaron a un grupo “por mala conducta” y al resto los llevaron hasta la calle. “Nos gritaron que teníamos 10 segundos para correr, en cuenta regresiva. Corrí como pude, porque estaba cojo”, señala Jorge.

Este es un ejemplo más de los muchos casos de “retenciones” sin registro por parte de militares. Los organismos de Derechos Humanos y organizaciones de abogados admiten que este tipo de casos son los más difíciles para registrar, ya que no existe información disponible, ya que son los carabineros o los funcionarios de la PDI -según Ismael Sierra, abogado de la Universidad de Chile- los únicos que pueden consignar las detenciones en el sistema para que pasen a Control de Detención. Prácticas de esta naturaleza no hacen más que aumentar las cifras negras por cada día que se mantiene el Estado de Excepción.

Disparos a manifestantes y controles abusivos

Estas detenciones no son los únicos hechos que no cuentan con un sistema de registro público que esté siendo comunicado por las autoridades. Más allá de que se pueden poner denuncias a través del INDH, en Carabineros y en la Fiscalía, durante la última semana una gran cantidad de registros audiovisuales han permitido apreciar –de primera fuente– detenciones abusivas, violaciones al protocolo de las fuerzas de seguridad y un accionar que involucra hasta el uso de armas de fuego en contra de civiles, cuerpo a cuerpo.

Uno de esos registros es el de un hombre que es detenido por dos militares. A pesar de estar retenido, un militar le dispara a menos de un metro de distancia en su rodilla, razón por la que el hombre cae al suelo. El uniformado lo golpea, lo agarra del pelo mientras lo zamarrea, hasta que logra ponerlo bocabajo. Unos metros más allá, se enfoca a otro militar con un hombre reducido, que está siendo apuntado con un arma pegada a su espalda.

El uso de armamento, por parte de militares y FFEE de Carabineros, se vio con gran intensidad durante la noche del martes 22 de octubre, “una de las más oscuras”, destaca un abogado que ha estado recorriendo comisarías. Esa fue la noche en que el Presidente Sebastián Piñera anunció un paquete de medidas para afrontar la crisis social.

Eran las 22.17 horas cuando un móvil de Canal 13 relataba cómo militares habían pasado disparando hacia adentro de un edificio en la comuna de recoleta, dejando a un hombre herido. Mientras se transmitía en vivo, volvió a pasar el automóvil con militares disparando hacia el mismo edificio, donde uno de los vecinos estaba caceroleando. Esta situación se muestra en diversos videos de otras regiones, en los que se puede ver que los militares disparan apuntando hacia los balcones, en donde vecinos se asomaban a blandir sus cacerolas.

Otro registro preocupante es uno de la madrugada del 24 de octubre, en la localidad de Graneros, según publica el medio Prensa Piensa. El video muestra cómo efectivos militares disparan contra un grupo de personas, entre las que hay un menor, que va en los hombros de su padre. «Oye, deja de disparar, andan niños”, gritan las personas, mientras intentan proteger al menor. Otro caso es el que involucra a una menor de 12 años, que fue impactada por un balín.

Acciones de esta naturaleza se dan también en el caso de efectivos de Carabineros. En un recorrido realizado por El Mostrador por distintas comisarías, se pudo observar que efectivos de la policía uniformada apuntan con láser hacia los edificios en los que se escuchan más fuerte las cacerolas. Hubo carabineros que se jactaban de haber fotografiado a algunos vecinos que se manifestaban. En el mismo recorrido pudimos constatar que, a pesar de que en su mayoría los detenidos habían recibido algún golpe durante la detención, preferían no denunciar, por miedo o evitar el papeleo.

Otras acciones de las que no quedan registros, son las formas en las que se aplican los controles de identidad, más aún cuando se dan en toque de queda y se revisan salvoconductos. Son varios los reporteros que han denunciado,  vía redes sociales, abuso policial por parte de efectivos de Carabineros y militares en las calles.

Un caso que relevante fue el de un periodista que transmitía en vivo para una radio de Coquimbo. Al parecer efectivos de FFEE no se percataron de que el periodista estaba transmitiendo vía imagen la situación, lo amenazaron en su auto y lo bajaron de este mientras le apuntaban en la cabeza.

La dificultad para acceder a información y casos de abusos sexuales

Alejandro murió el 21 de octubre en la antigua Posta Central, la noche del domingo fue golpeado con lumas por personal de FFEE, en el sector del Metro El Sol, en Maipú. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, no lo incluyó en las cifras oficiales con las que llegó a rendir cuentas al Congreso.

Su caso, es una muestra de la desinformación y retraso que ha habido por parte de los organismos gubernamentales respecto a la cantidad de detenidos, heridos y muertos por acción de organismos del Estado, en medio de la Revuelta de Octubre. Desde el primer día, en La Moneda se entregaron reportes de los daños a la infraestructura, estaciones quemadas y locales afectados por saqueo, pero de las víctimas pocas palabras.

El martes 22, tras cinco días de manifestaciones, el subsecretario Ubilla informó la muerte de 11 personas, fallecidas “en condiciones de saqueo a locales comerciales”, más dos por impacto de bala en La Serena y Coquimbo. Otra víctima en Talcahuano por atropello y otra en la Ruta 5 Sur. A pesar de la insistencia de los periodistas de La Moneda, el subsecretario no señaló que esas últimas cuatro víctimas eran por acción directa de militares o carabineros. Recién el miércoles 23 de octubre se entregó la nómina oficial de los cinco muertos por acción directa de los uniformados.

El vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza Rodríguez, señaló, en la comisión de Derechos Humanos del Senado, que existe una “negación de la realidad que estamos viviendo en las calles. Recién ayer el ministro de Salud reconoció que había 3.500 lesionados en los Servicios de Salud”. Además, recalcó que el mayor acceso a la información podría ayudar a “evitar la violencia política, que es una de las causales de la agitación social”.

Según el último informe del Colegio Médico sobre lesionados, el 51% corresponde a perdigones, lo siguen los lesionados por armas de fuego (17%) y un 10% por golpizas. Respecto a los traumas oculares, en la Región Metropolitana se registran 43 personas heridas, 15 de ellas con traumatismo ocular que en el 81% de los casos fue por uso de balines de goma, y 9 de ellos con visión cero al ingreso.

Siguiendo en el tema de la salud, otra cifra que ha sido difícil de cuantificar es la de las de víctimas de abuso sexual. El colegio de Matronas de la RM comenzó una campaña de catastro de estos casos, debido a que la información que ha presentado el INDH, de 12 víctimas a nivel nacional, está registrada en visitas a las comisarías, a pesar de que el mayor número de este tipo de abusos no suele ser declarado en instancias no médicas, según detallan desde el regional metropolitano de las matronas.

Cabe recordar que tanto el director del INDH, Sergio Micco, como la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, han denunciado problemas para acceder a recintos asistenciales y poder contactar a las víctimas. Ayer, en la comisión de DDHH del Senado, Micco señaló que “de las 80 comisarías, ha habido problemas en dos para ingresar”.

Una realidad que también viven los Defensores Penales Públicos, quienes tienen el mandato de representar a quienes son acusados por el Estado. El Mostrador accedió al testimonio de dos defensores públicos que el domingo 20 de octubre acudieron a una comisaría ubicada en la comuna de Ñuñoa, en la cual se les prohibió, en primera instancia, ver el listado de los detenidos.

Cuando los fueron a entrevistar, los detenidos tenían lesiones evidentes, y al intentar tomar registro fotográfico, el oficial de guardia amenazó con que era un delito, prohibido por disposición del Código de Justicia Militar, un hecho que se habría repetido en varias comisarías de Santiago.

Una situación más generalizada se ha suscitado en el caso del Piquete Jurídico en Santiago, una coordinación voluntaria de abogados que surgió desde la clínica jurídica de la Universidad de Chile, cuyos miembros denuncian que en distintas comisarías se les han negado salvoconductos y se les ha prohibido revisar la lista de detenidos o ingresar a ver las condiciones de los mismos.

“Lo que está ocurriendo actualmente es profundamente grave: Carabineros está dificultando una labor que solo busca resguardar los derechos que tenemos todos, a pesar de la situación de excepción en que nos encontramos, precisamente porque nuestra historia nos ha demostrado lo que puede suceder cuando este tipo de actitudes quedan sin control”, destacan desde la organización.

Hasta ahora, los registros más completos los tiene el INDH, donde hasta el jueves 24 registran 2.686 detenidos en el país, entre ellos, 297 menores de edad; 584 heridos, de ellos, 245 por armas de fuego, y han presentado un total de 59 acciones judiciales.