Chile demanda: Pase libre estudiantil, IVA cero a canasta básica, rebaja de tarifas serv. básicos, aumento de pensión mínima….

Muchos son los chilenos que se cansaron de vivir con angustia la última semana de cada mes. Al menos un millón doscientos mil de ellos salieron a la calle el pasado viernes 25. El cóctel que detonó el estallido de octubre tiene varios ingredientes: que lo que ganan no les alcanza para pagar por bienes y servicios de primera necesidad (alimentos, salud, vivienda, transporte y servicios básicos); que los sueldos están estancados y una parte importante de los trabajadores tiene empleos considerados precarios; que la mayoría de los jubilados recibe pensiones que los condenan a la pobreza; y que son muchos los hogares que se han endeudado para poder cumplir con sus obligaciones, a través de tarjetas de crédito que los exponen a múltiples abusos (vea el reportaje de CIPER “Maldita tarjeta: créditos y deudas en el ojo del estallido social que remece a Chile”).

Aunque el gobierno anunció un puñado de medidas que apuntan a abaratar el costo de la vida (anular las últimas alzas del Metro y la luz, congelar el TAG, complementar con fondos fiscales el sueldo mínimo hasta completar $350 mil y aumentar 20% las pensiones más bajas), la calle las rechaza, por insuficientes. Lo que exige son soluciones permanentes y no parches.

El tren de alzas que terminó de asfixiar a los chilenos comenzó su recorrido en abril de 2018 hasta descarrilarse en octubre de 2019. En abril del año pasado el Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció un aumento de las contribuciones de un 30% en promedio, aplicable en tres años. En enero pasado, se anunció un incremento de 6,4% en las tarifas del TAG. En mayo las cuentas de la luz anotaron un alza de un 10,5% promedio. En septiembre, las isapres subieron un 50%, en promedio, la prima GES (mientras Fonasa sólo lo hizo en un 3%). A inicios de octubre la luz volvió a subir otro 9,2% promedio. Y el último vagón del tren de alzas fue el incremento del transporte público en $30. Esta fue la chispa que terminó con el tren fuera de las vías: los estudiantes secundarios se organizaron y llamaron a saltarse en masa los torniquetes del Metro, bajo la consigna “evade como Piñera”.

Todo esto en un marco donde el 50% de los asalariados recibe ingresos inferiores a $400 mil mensuales, según las cifras oficiales difundidas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en agosto pasado. La misma institución informó que el desempleo en el último trimestre (julio-septiembre de 2019) alcanzó un 7% y la tasa de ocupación informal un 28,5%. El Banco Central determinó, en su informe de cuentas nacionales de 2018, que el endeudamiento de los hogares llegó a un máximo histórico de un 73,3% en relación al ingreso disponible.

Uno de los factores que más afecta la calidad de vida de las personas es el alto precio de la vivienda: una búsqueda rápida en el sitio de anuncios inmobiliarios TocToc arroja, por ejemplo, que el departamento más barato que podría encontrar en Santiago centro (dos dormitorios, un baño, 38 mts2), sale $270 mil mensuales, además de otros $50 mil en gastos comunes. En San Miguel es parecido: dos dormitorios, un baño, por $285 mil (48 mts2, no hay información sobre gastos comunes). Lo mismo ocurre en Estación Central, Independencia, Recoleta, Ñuñoa y Providencia. Chile tiene un déficit de 500 mil viviendas (más que las que faltaban en 1998): es decir, medio millón de familias viven de allegadas, o hacinadas, o en campamentos, o en la calle.

PANEL DE EXPERTOS

En Chile hay libertad de precios, que son fijados por el mercado de acuerdo a la oferta y la demanda, sin intervención del Estado. Esto es así, salvo para los servicios básicos que están regulados y las concesiones estatales, cuyas tarifas fueron establecidas por contrato o son determinadas por “paneles de expertos”. Hasta ahora esos cálculos solo consideran factores económicos, sin incluir el efecto que producen en la calidad de vida de los usuarios.

Así ocurrió, por ejemplo, con la última alza del pasaje del Metro: un “panel de expertos” consideró –según consignó El Mercurio– “la variación del precio del petróleo diésel, el IPC, el incremento del costo de la mano de obra, la tasa de cambio, entre otros”.

“Un tercio de las personas de los grupos de ingresos más bajos usa un 30% de su presupuesto en transporte. Eso es una barbaridad”, dice el académico Luis Valenzuela. Pero nadie pensó que era importante considerar en el cálculo el factor que expone este investigador del Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social (COES).

El incremento del precio del pasaje, aunque solo fue de $30, tuvo un enorme impacto en el sector más vulnerable de la población. Así lo señala Diego Pardow, profesor del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile y director de Espacio Público, quien sostiene que se subestimó el efecto de la medida en una sociedad empobrecida: “No los deja en la quiebra, pero sí con una sensación de vulnerabilidad que se acrecienta con otras alzas. Se entiende que este aumento fue un disparador, pero esto ya se veía venir. Hay estudios que desde hace tiempo vienen hablando de la desigualdad en Chile y sus efectos”.

CIPER consultó a compañías que ofrecen servicios regulados por el Estado y a otras organizaciones gremiales del empresariado, qué medidas están adoptando –tras el estallido social– para establecer un “nuevo trato”, particularmente respecto de aumentar los sueldos de sus trabajadores (incluyendo a los subcontratados) e integrar en el cálculo de tarifas el efecto sobre la calidad de vida de los ciudadanos. La mayoría dijo que ha puesto en marcha iniciativas para que sus asociados se hagan cargo, pero hasta ahora no hay nada concreto.

ABANDONAR LA LÓGICA DE “PROTEGER LA INVERSIÓN”

¿Qué tan ahogados están los chilenos a la hora de pagar por bienes y servicios? El investigador Diego Pardow indicó a CIPER que los procesos que se utilizan para fijar las tarifas deben salir de la lógica de la “protección de las inversiones”. Lo que debe pesar ahora, sostiene, es la “protección de la eficiencia”. Esto, dice el experto, porque cuando se implementó la fijación de tarifas de ciertos bienes y servicios (como el agua, la luz o las autopistas) “la idea era proteger a las empresas privadas. Eran los años ‘90 y se querían dar garantías a la inversión: ‘no le voy a expropiar, este es un país estable’”.

Pardow lo explica así: “Cuando uno contrata un seguro de salud para un niño, son caros, porque andan corriendo, se arriesgan. Para un adulto es más barato, porque no se cae tanto. Chile es un ‘país adulto’ y las empresas no tienen riesgos tan altos. ¿Por qué hay que garantizarles, por ley, una rentabilidad mínima?”.

Algunas empresas ya acusaron el golpe. La financiera Tanner anunció en un correo electrónico enviado a sus empleados que “a contar de noviembre el ingreso mínimo (en esa empresa) será de $602.000”. Además, informó que se “sentarán a dialogar” con sus subcontratistas para que mejoren las condiciones laborales de sus trabajadores.

En un golpe comunicacional ampliamente difundido, el empresario Andrónico Luksic -dueño del holding Quiñenco, que incluye a la CCU, el Banco de Chile y Enex, entre otras compañías- anunció por Twitter:

“A partir del 1 de enero de 2020 ningún trabajador directo de Quiñenco y sus empresas ganará menos de $500.000. No son muchos en esa realidad, pero desde enero no será ninguno”.

Y agregó, aludiendo al resto de los controladores del sector privado del país: “Subamos los estándares. Espero que más empresas se puedan sumar”.

No todas las compañías están dispuestas a dar el paso. El quiebre quedó en evidencia en el Consejo de la Sofofa, cuando el presidente de Gasco, Matías Pérez, se refirió a Luksic, sin nombrarlo, tildando su propuesta de “oportunismo y moralina”. El gerente legal de Quiñenco –el ex ministro Rodrigo Hinzpeter– respondió por el grupo Luksic. Calificó la intervención de Pérez como una “falta de respeto” y recordó que el mismo gerente de Gasco protagonizó un video, que se hizo viral a comienzos de este año, cuando expulsó a un grupo de religiosas de una playa aledaña a su casa en el Lago Ranco. El “se me van” con que Pérez humilló a esas personas, es probablemente uno de los episodios que mejor refleja el origen de la protesta actual por el trato que brinda la elite a los ciudadanos comunes y corrientes.

Frente al round entre Hinzpeter y Pérez, el presidente de la Sofofa, Bernardo Matte, intervino y pidió evitar los ataques personales. Pero, lo que dejó en evidencia ese enfrentamiento es que no hay consenso dentro del mundo empresarial entre aquellos que consideran inevitable hacerse cargo de las demandas de la calle y quienes apuestan al agotamiento de las movilizaciones para dejar todo tal como está hasta ahora.

La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) envió a CIPER una copia de las declaraciones que dio su presidente, Alfonso Swett, luego del consejo de ese gremio del martes 29. En ellas, Swett explicó que acordaron “hacer diálogos con nuestros trabajadores y sus colaboradores”. Y se establecieron tres “pilares” para entablar esas discusiones:

• “Cómo enfrentar en conjunto, como empresa con nuestros trabajadores y sus familias, el endeudamiento que hoy viven millones”.
• “Cómo enfrentar la situación de los salarios, que hacen insostenibles muchas alzas y muchas deudas”.
• “Cómo apoyar a los que han tenido pérdidas materiales o sufrido daños o tenido problemas para llegar a sus trabajos”.

Swett no especificó medidas y evitó opinar sobre un aumento del salario mínimo o la reforma tributaria impulsada por el gobierno, porque son temas de “política pública”.

La Sofofa pidió a CIPER enviar las preguntas por correo, pero no respondió hasta la publicación de este artículo. Lo mismo ocurrió con la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), a la que se consultó por su predisposición a rediseñar el cálculo de las tarifas que cobran sus miembros, especialmente el TAG de las autopistas.

CIPER consultó a la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) si considera razonable revisar el método de cálculo de las tarifas de su sector, para incorporar factores asociados al impacto en el costo de la vida de sus usuarios. La respuesta, por escrito, señala que solo están dispuestos a revisar las tarifas para considerar factores ambientales (sequía y cambio climático), pero no se pronuncia por el impacto de las alzas en los hogares:

“El marco regulatorio del sector sanitario, y su modelo tarifario, fueron diseñados hace 30 años. Por tanto, es muy razonable pensar en revisar la regulación, especialmente con el objetivo de incorporar los cambios fundamentales que marcan nuestra realidad actual: la prolongada y creciente sequía que afecta a nuestro territorio y los eventos provocados por el cambio climático”.

En el holding Quiñenco explicaron a CIPER que la propuesta de Andrónico Luksic considera solo a los trabajadores directos “como un primer paso” y que, para concretarla las medidas, deberán ser  discutidas en los directorios de cada compañía del grupo. También señalaron, respecto de mejorar las condiciones salariales de los trabajadores subcontratados por las empresas del holding, que deberán “fijar políticas antes de las licitaciones (de los servicios externalizados)” y que “han ido revisando los contratos de las empresas subcontratistas” cada vez que ha habido denuncias de condiciones laborales precarias.

Desde Quiñenco informaron a CIPER que el gobierno “no se ha acercado” en particular al holding para dialogar sobre las medidas que se podrían incorporar en lo que se ha denominado “nuevo pacto social”, ya que el acercamiento oficial de La Moneda se está llevando a través de conversaciones con las grandes asociaciones gremiales.

Fuente: https://ciperchile.cl/2019/11/01/luz-agua-ges-metro-tag-arriendos-y-contribuciones-el-tren-de-alzas-que-asfixio-a-los-chilenos/