Chile. Prisioneros políticos del alzamiento popular denuncian violación de sus derechos.
Esteban Bustos, Gilberto Mendoza y Rubén Rivas, Prisioneros Políticos encarcelados el día 30 de Octubre del presente año en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Santiago de Chile, comunicamos a la opinión pública nacional e internacional que:
1.- Que el 25 de Noviembre, el Décimo Juzgado de Garantía dictó un cambio en nuestra medida cautelar, pasando de prisión preventiva a arresto domiciliario total, basándose en que la pena máxima de la causa por la cual se nos imputa es de 3 años y 1 día, y nosotros al tener irreprochable conducta anterior, haríamos nuestra condena en libertad, por lo cual no ameritaba la Prisión Preventiva.
2.- Que el 28 de noviembre, a tres días de haber cambiado la cautelar, el Ministerio del Interior en su obstinada y delirante persecución política hacia nuestras personas, ingresó la solicitud de apelación para revertir la medida cautelar de arresto domiciliario y volver a la Prisión Preventiva. Aquel trámite judicial, fue presentado en la Corte de Apelaciones de San Miguel.
3.- Que ante la flagrante actitud del gobierno de Chile de persecución política y al no tener garantías, de un juicio justo, tomamos la decisión como Prisioneros Políticos de establecer una demanda por violación sistemática de violación de DDHH y de persecución política por parte del Estado de Chile, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual se sustenta en las siguientes afirmaciones:
A.- Desde el primer momento de nuestra detención, todo el procedimiento judicial y protocolos de detención, se sustenta en un conjunto de aberraciones jurídicas, vicios procesales y detención ilegal.
B.- A la situación a la cual estamos expuestos – de clara vulneración de nuestros derechos fundamentales, tales como el derecho a la inocencia y de un juicio justo -, no está amparado en razones de índole jurídicos ajustado a derecho, sino que responde a una determinación de establecer un juicio de índole político, incluso a costa de trasgredir la normativa del derecho penal vigente de nuestro País.
C.- La determinada, obstinada y delirante persecución del gobierno de Chile hacia nosotros, procura un castigo ensañado y ejemplificador, para la población chilena en legítima rebeldía. Es evidente que la búsqueda por parte del gobierno, es de establecer un juicio desproporcionado en lo que respecta al delito imputado a la pena y sanción que buscan, transformando una falta en un delito de alta connotación.
D.- Que debido a estas razones, de exposición sistemática de violación a nuestros derechos humanos y al no contar con las garantías de un juicio justo en nuestro país, solicitamos la intervención de organismos de Derechos Humanos internacionales, que puedan velar por nuestra integridad física y psicológica.
4.- Que de forma burda, característica esencial de todo el procedimiento contra nosotros, la segunda Corte de Apelaciones de San Miguel, acogió en tiempos récord la solicitud de audiencia de apelación, la cual se llevó a cabo el día de hoy y de la cual podemos afirmar lo siguiente:
A.- El Ministerio del Interior, en su alegato, no presenta ninguna prueba nueva respecto a nuestro proceso, manteniéndose en las mismas bases sin sentido que han utilizado desde el primer momento de nuestra formalización.
B.- No se presentan pruebas fehacientes, a nuestra defensa no se le ha entregado aún la carpeta investigativa y siguen en la línea de argumentación aberrante de que nuestra “peligrosidad para la sociedad” se sostiene a través de la incautación de dos encendedores en nuestra detención.
5.- Que la segunda sala de la Corte de apelaciones de San Miguel, oyendo el conjunto de aberraciones presentadas por el Ministerio del Interior, dictaminó nuestra vuelta a Prisión, acrecentándose así, la violación de nuestros derechos humanos y la persecución política. A menos de una semana de estar en arresto domiciliario, volvemos a la Cárcel.
6.- Que la obstinación delirante y aberrante del Poder contra nosotros, que interviene claramente en el Poder Judicial, desapareciendo así la autonomía de los poderes del Estado, continúa con fuerza y determinación. El día 21 de noviembre presentaron una querella por ley de seguridad interior del estado, ley caraja, desproporcionada a la falta que se nos imputa y que busca una condena alta hacia nosotros.
7.- Que sabemos con creces que esto se trata de un Juicio Político y lo asumimos así. Nuestra disposición desde un primer momento ha sido que la dignidad y la justeza de nuestras ideas triunfen sobre el odio parido del poder hacia todo lo que huela a Pueblo. Sabemos que esta Batalla la ganaremos, será ardua pero venceremos y la libertad plena tanto nuestra como la de los más de 1900 Prisioneros Políticos de la Revuelta será una realidad más temprano que tarde.
¡¡¡ AHORA: LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRISIONERXS POLITICXS DE LA REVUELTA!!!
Sábado 30 de Noviembre del 2019, Santiago de Chile.
Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/11/30/chile-prisioneros-politicos-del-alzamiento-popular-denuncian-violacion-de-sus-derechos/
Se manifiestan en apoyo a presos y presas políticas del estallido social a las afueras de cárcel el Manzano de Concepción.
Durante la mañana de este 29 de noviembre se reunieron a las afueras de la cárcel El Manzano de Concepción la denominada «Red la Protesta no es Delito». Esta agrupación es impulsada por familiares y amigos/as de las victimas de violaciones a los derechos humanos. También la iniciativa busca visibilizar la situación de los presos y presas políticas del estallido social en el Gran Concepción .
Cerca de 25 personas se reunieron desde las 10 A.M. en las afueras de la cárcel El Manzano, en donde dieron lectura a un comunicado que expresó que durante Noviembre de 2019 «en la ciudad de Concepción, se da inicio al proceso de articulación de victimas del Estado en contexto del estallido social iniciado el 18 de octubre. La iniciativa es impulsada por familiares, amigos de las victimas y organizaciones a fin a los derechos humanos. Nuestro objetivo es la formación de una red que atienda a la URGENCIA de visibilizar algunos casos que han sufrido excesiva violencia y represión por parte de fuerzas Policiales, en el contexto de movilización y protesta social.»
Además la instancia busca que las autoridades gubernamentales locales «asuman su directa responsabilidad en casos de persecución, montajes, abusos y violación de derechos humanos». En especial los y las manifestantes nombraron el caso de José Sepúlveda Arévalo parte del Sindicato de preunivesitario Cpech a quien culpan de incendiar la Gobernación Provincial de Concepción. El auxiliar de 61 años, de la sede penquista de esta empresa educativa, se le imputa el incendio en las instalaciones de la Gobernación Provincial, sin embargo sus compañeros y compañeras del sindicato desmienten rotundamente la acusación. En estos momentos José Sepúlveda Arévalo, se encuentra privado de su libertad en la Cárcel El Manzano de Concepción, en donde hoy recibió visitas de sus amigos/as y familiares.
La denominada «Red la Protesta no es Delito» llamó a comunicarse con ellos ante graves vulneraciones a los derechos humanos en contexto de manifestación, así como a las personas que tengan antecedentes de presos y presas políticas en el Gran Concepción, al siguiente mail laprotestanoesdelito@gmail.com
Fuente: https://resumen.cl/articulos/se-manifiestan-en-apoyo-a-presos-y-presas-politicas-del-estallido-social-a-las-afueras-de-carcel-el-manzano-de-concepcion
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La Fiscalía de Chile presentó cargos contra unos 20.000 detenidos durante las protestas.
El organismo también informó que, entre los arrestados que fueron imputados, 1.957 quedaron en prisión preventiva y 20.525 quedaron con prohibición de desplazamiento a ciertos lugares.
La Fiscalía Nacional de Chile confirmó este sábado [30 de noviembre] que contabiliza más de 20.000 imputaciones por diversos delitos desde el inicio del estallido social en el país el pasado 18 de octubre, que ya ha dejado al menos 23 fallecidos, cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado.
Sin embargo, la cifra de personas que pasaron por audiencias de control de detención -fase posterior a la detención y previa a la imputación- alcanzó 30.102, de los que 20.217 acabaron siendo formalizados.
En la fase de control de detención el balance de la Fiscalía, que comprende entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, el balance arrojó un incremento del 11 % con respecto al mismo periodo del año pasado.
Con relación a las imputaciones o formalizaciones, el porcentaje subió un 61 % más que en los mismos días de 2018.
Del total de personas detenidas y llevadas al control de detención, el 87 % (26.092) fueron apresadas en flagrancia mientras cometían un hecho ilegal.
«Ello da cuenta de un importante aumento en la carga de trabajo del sistema de justicia penal, ya que se trata de casos que se construyen desde cero y, por tanto, requieren de mayores gestiones de parte de todos los intervinientes, en comparación con los imputados detenidos por órdenes de detención pendientes», explicaron desde la Fiscalía.
Si se apunta a la localización geográfica de los ilícitos, la mayor cantidad se registraron en la región Metropolitana, a la que pertenece Santiago de Chile, la de Valparaíso y la del Biobío, a la que pertenece Concepción (sur), tres zonas donde se concentró en casi un mes medio de transcurrida la protesta la mayoría de manifestaciones.
La Fiscalía también informó que entre los detenidos que fueron imputados, 1.957 quedaron en prisión preventiva, 20.525 quedaron con prohibición de desplazamiento a ciertos lugares, de cercanía a víctimas o salida del país.
En lo que respecta al tipo de delito cometido, el robo en lugar no habitado (saqueo) “es el principal delito registrado en este periodo”, explicaron desde el Ministerio Público a través de un comunicado.
Este tipo de ilícito creció un 183 % desde el comienzo del estallido social en Chile y por el cual 2.493 personas han pasado audiencia de control de detención. Los desórdenes públicos llevaron a esa fase previa a la imputación a 1.934 personas.
La Fiscalía ha abierto 2.670 investigaciones penales contra las fuerzas de seguridad por presuntas violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentran lesiones por armas de fuego, torturas, violencia sexual y la comisión de graves lesiones por el empleo de escopetas de perdigones y balines de goma, que entre otras cosas han provocado más de 200 lesionados oculares.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) señalaron directamente la represión de Carabineros como la situación más preocupante para los derechos humanos durante las protestas.
La crisis social cumplió este viernes seis semanas y no hay visos de una pronta resolución.
Las marchas, que comenzaron siendo multitudinarias y en las que se reclaman una mayor redistribución de la riqueza y servicios básicos gratuitos, han ido perdiendo fuerza con el paso de los días, aunque sigue existiendo descontento en las calles y episodios de violencia con saqueos, incendios y destrucción de mobiliario público.
Con información de EFE
Fuente: https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/12/01/la-fiscalia-de-chile-presento-cargos-contra-unos-20000-detenidos-durante-las-protestas/
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