La Nueva ley Maldita y las «argucias legislativas».
por Editor CT.
Teillier justificó como «argucia legislativa» el hecho que él y otros cinco diputados del PC – Karol Cariola, Camila Vallejos, Daniel Núñez, Marisela Santibáñez y Carmen Hertz- se abstuvieran y no rechazaran abiertamente la ley que criminaliza la protesta social, y por extensión, la propia organización popular (ver anexo más abajo). «Argucia legislativa» dijo. ¿Qué es eso? ¿Argucia para qué? ¿Para «pasar por el aro» a la derecha? Francamente risible.
Junto a los señoritos del FA como Jackson y Boric, más todo el ramillete de corruptos de la nueva mayoría, Teillier y los cinco diputados PC, facilitaron al gobierno su táctica de legitimar su accionar represivo involucrando a otros poderes del Estado, en este caso el parlamento. Logró así, Piñera aprobar en primera instancia la nueva «Nueva Ley Maldita». Las excepciones fueron el voto en contra de los diputados comunistas Labra y Gutiérrez. En cambio, Teillier y los cinco, irresponsablemente se abstuvieron haciéndose cómplices pasivos de una ley que castiga hasta con cinco años de cárcel a quien impida la circulación, tire una piedra u ocupe un colegio o un terreno…. Estos cinco transformistas echaron por la borda toda la historia de las confrontaciones obreras y populares, incluso insultaron el sacrificio de los muchos militantes comunistas que, junto a otros hombres y mujeres del pueblo, han ofrecido sus vidas en la lucha por la emancipación de los trabajadores y los de abajo.
Sin vergüenza Teillier, dicho sea de paso, confirmó también que el PC se quedó fuera del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, es decir, de la cocina por arriba, no porque no quisieran sino porque no los invitaron («nosotros no nos restamos, nos restaron», dijo). Ver entrevista de mas abajo.
Tal vez sea hora que la militancia comunista, aquellas bases que estoicamente resisten el rechazo cada vez más acentuado a nivel social, exijan no sólo la renuncia de Piñera sino también la de Teillier y de su Comisión Política. Hace ya tiempo que la actitud conciliadora y entreguista de la dirección del PC está conduciendo al partido por la misma senda que, a pesar del pueblo allendista, recorrió el partido socialista hasta convertirse en un instrumento del orden burgués.
Editor CT.
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Teillier por negocios de la familia Piñera en paraísos fiscales: “Que el Presidente se pueda dar estos lujos, parece una contradicción”.
El presidente del Partido Comunista aseguró que el mandatario debe dar respuesta a la brevedad sobre las multimillonarias transferencias de la familia Piñera-Morel, sobre todo en el contexto que enfrenta el país donde las demandas ciudadanas apuntan a la desigualdad de los ingresos y la falta de recursos para financiar derechos básicos, como salud y educación.
Tras el reportaje dado a conocer por El Desconcierto, que revela cómo el presidente Sebastián Piñera y su familia sacaron parte de su fortuna al paraíso fiscal de las islas Vírgenes Británicas y, en 2018, siendo Presidente, el Servicio de Impuestos Internos (SII), le condonó parte de las multas por esta operación a una de sus empresas, parlamentarios de la oposición rechazaron la situación y se mostraron a favor de crear una comisión investigadora que revise en detalle estos antecedentes financieros.
En entrevista con este medio, el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, sostiene que habría que investigar si es que el SII ha cumplido con su mandato, con lo que está obligado por ley, de que se paguen correctamente los impuestos. Aseguró, además, que el mandatario debe dar respuesta brevemente, dada la situación que se está viviendo en Chile y, sobre todo, considerando que las demandas principales de la población son por las desigualdades, los bajos ingresos y la mala atención en salud, que tiene que ver con recursos. “Que el Presidente se pueda dar estos lujos, parece una contradicción demasiado chocante”, indica.
Sumado a esto, opina sobre el avance del proceso constituyente y cree que la falta de acuerdo en la comisión técnica por los cupos reservados, la paridad de género y la incorporación de independientes, es una señal de la compleja realidad que se viene en el Congreso. Pero a la vez, lo ve como una oportunidad para que la oposición pueda ponerse de acuerdo sobre el proceso.
-Como Partido Comunista se restaron del “Acuerdo por la paz” del gobierno y del pacto que hicieron el 15 de noviembre pasado. Este jueves, el oficialismo cerró las negociaciones con los partidos de la oposición por no llegar a consenso por los cupos reservados (pueblos indígenas, mujeres y listas independientes) en la comisión técnica. ¿Cómo ve el rumbo que ha tomado este acuerdo?
Nosotros no nos restamos, nos restaron y luego nos restamos porque nos invitaron muy tarde, precisamente por estas cosas que no estaban claras: la paridad de género, los cupos reservados para pueblos originarios, la incorporación de dirigentes sindicales, si el voto iba a ser obligatorio o no, los chilenos en el exterior y una serie de otras cuestiones. Además, nos parecía que una Asamblea Constituyente era lo que debía haberse aprobado y una asamblea originaria, es decir, que determinara los quórums para las distintas materias. Pero en la Convención ya tiene puesto el quórum de los 2/3 que a nosotros nos parece excesivo y que va a crear dificultades. Me parece que va a ser difícil aprobar muchas de estas materias en la Cámara porque tienen que aprobarse con 2/3 o 3/5 de los diputados. Eso le da mucha ventaja ala derecha que puede oponerse a estas medidas que son sustanciales. Aquí es claro que la derecha que se opone a los cupos reservados, la que tiene dudas sobre la paridad de género. Si bien esto tiene que llegar al Congreso, que ya no exista acuerdo en la comisión técnica es una señal de que va a haber dificultades.
-De acuerdo a eso, ¿cómo observa que va a continuar la discusión?
Bueno, el hecho que hayan suspendido la negociación debiera tomarse como una oportunidad.
– ¿En qué sentido?
Nosotros tenemos nuestro propio proyecto de un proceso plebiscitario, ya lo presentamos, y esta desavenencia debiera dar la posibilidad para rediscutir todo en el Congreso. Nuestro proyecto recoge todos estos puntos: quórums de 3/5, que sea una Asamblea Constituyente, paridad de género 50-50%, por cupos reservados para los pueblos originarios y otros. Espero que se tome en cuenta nuestro proyecto y que se discuta a la par, si hay que refundirlo hay que hacerlo, pero que exista discusión real, que se hagan audiencias porque aquí el mundo social ha quedado totalmente out, fuera, no se toma en cuenta y son los que están eligiendo Nueva Constitución, pero no hay ninguna consulta a ellos. Entonces, de origen se está cometiendo un error que puede ser grave.
– ¿Cómo observa el rol que ha tenido la oposición? Ha habido distintas posiciones dentro del bloque. Ustedes mismos, que han sido críticos del acuerdo constitucional y otros partidos del Frente Amplio que tampoco lo firmaron, Convergencia Social (solo lo firmó el diputado Gabriel Boric a título personal), el Partido Humanista y el Partido Ecologista.
Es una oposición totalmente debilitada, un poco entregada a la premura que se dijo con que tenía que acordarse esto, incluso, se habló de intervención militar, que apareció en medios de comunicación, entonces eso ha llevado a este acuerdo tan apresurado y a no discutir con un poco más de más tiempo y a abrirse a una discusión más amplia, más extensiva a todos los sectores. Esto se está haciendo en el Congreso, pero no somos los que estamos más prestigiados para hacer este tipo de cosas. Por eso digo que esto es una nueva posibilidad para rediscutir y llegar a un nuevo acuerdo como oposición. Y como oposición primero porque aquí se ve que la derecha abrió las aguas y va a presentar sus propios proyectos.
-Y para eso, ¿qué es necesario que ocurra en la oposición?
Que los partidos conversemos y que los parlamentarios respondan a las directivas de los partidos. Eso no está ocurriendo porque cuando hay votaciones, hay parlamentarios que se bajan no más de los acuerdos y con eso le dan la mayoría al gobierno, que está en minoría en el Congreso, pero con esta actitud logran mayoría. Eso siempre crea una incertidumbre y nosotros vemos que hay una cerrazón para defender intereses que están establecidos institucional y constitucionalmente y no hay apertura para escuchar la demanda social.
– ¿En qué casos concretos lo ha visto?
En el caso de la votación de las pensiones que se elevaron un 50%, pero eso va a ser realmente efectivo el 2022. Un sector importante de la oposición planteó que el 50 por ciento se pagara desde ahora mismo. Pero por un par de votos perdimos esa posibilidad, un acuerdo que sí teníamos como oposición. En toda la agenda de seguridad social, bueno hubo partidos de oposición que lo aprobaron. Algunos tienen que estar pidiendo disculpas y creo que eso pasa porque se están tomando apresuradamente las decisiones o sencillamente hay, a veces, y no son los partidos, sino que parlamentarios que se bajan de los acuerdos.
-Señaló que “algunos que tienen que salir a pedir disculpas”. Este jueves los partidos del Frente Amplio que votaron a favor de la “ley antisaqueos” reconocieron un error. ¿Qué le parece?
Lo veo complejo. Bueno, si dio un giro en esto el Frente Amplio, esperaría que también dieran un giro en cuanto a la discusión sobre el proceso constitucional, que se pusieran más a tono con lo que la gente está demandando en las calles, a los que se están manifestando, a los que están planteando sus demandas.
-Usted se abstuvo de votar en este proyecto. ¿Por qué no decidió derechamente rechazarlo?
Sí, algunos nos abstuvimos, otros votaron en contra el proyecto en general en todos los artículos menos en tres. [No votar en contra] es por argucias legislativas. Quizás debimos votar en contra derechamente todos, pero el resultado fue el mismo. Nosotros no dimos los votos para la aprobación porque las abstenciones se suman a los votos en contra. Es una técnica legislativa.
-Finalmente, ante una agenda del gobierno que no da respuesta a las demandas del mundo social, que sigue manifestándose, y la baja aprobación del presidente Piñera, ¿qué nivel de gobernabilidad observa?
Yo creo que este es un gobierno que hasta ahora se ha mostrado incapaz de enfrentar la crisis, que ha dejado afuera a sectores importantes del mundo social. Con la Mesa Social conversó después de 40 días y la respuesta que ha dado creo que no los ha dejado satisfechos porque no ha tomado ninguno de los puntos planteado por la Mesa. Quizás me equivoco, pero por sus declaraciones se ve eso. Yo insistiría en que el gobierno debe abrirse a conversar con los trabajadores, las organizaciones y los empresarios y los parlamentarios estar dispuestos a aprobar las medidas que de ahí salgan. Hay un grupo de parlamentarios que estamos propiciando una nueva reforma tributaria donde lo esencial sea el cobro de impuestos a los más ricos más a la par de la OCDE, que estamos muy por debajo, porque es la manera de tener más recursos. El gobierno está echando a mano a recursos que se van a acabar sin hacer reformas estructurales. Hay que buscar un financiamiento más sólido y, en ese caso, estaríamos a disposición.
Video:
Diputado Felix González, uno de los primeros en retirrase del Frente Amplio, critica la «nueva ley maldita».
«Esta generación de jóvenes se las va a cobrar. … no se las va a perdonar».
ABOGADOS RECHAZAN EL PROYECTO DE LEY «ANTISAQUEOS». CARTA ABIERTA.
Mediante la presente declaración manifestamos nuestro absoluto rechazo ante el proyecto de ley denominado anti saqueos, Boletín Nº 13090-25, votado el día 4 de Diciembre de 2019, siendo aprobado por 127 Parlamentarios. Lo aprobado por parlamentarios de todas las bancadas nos parece de suma gravedad y con certeza un retroceso en las libertades públicas y el derecho a protesta social.
Es así como los arrepentimientos, autocriticas y solicitudes de perdón realizadas por algunos/as colectividades y partidos llegan extemporáneamente y colindan con el absurdo, ya que justamente la misión de los parlamentarios es votar en conciencia y evaluando en su mérito y con la seriedad suficiente las leyes que se les piden votar.
Se ha aprobado en la Cámara de Diputados seguramente la legislación más drástica respecto a la criminalización de los movimientos sociales, de la protesta social como modo legítimo de expresarse del pueblo, ya sea espontáneamente u organizada. La criminalización del movimiento social es de larga data, pero no es del caso referirse a ello ahora, baste decir por el momento que ni siquiera Pinochet se atrevió a tanto.
El proyecto de Ley es del siguiente tenor:
Sanciona al que valiéndose de una manifestación o reunión pública tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público, será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, desde 541 días a 5 años.
Para efectos de esta sanción, se entenderá por desorden público las siguientes situaciones:
1. Paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento.
3. Destruir, en todo o en parte relevante, una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.4. Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.5. Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.6. Cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.Se aplicará siempre el grado máximo de la pena dispuesta para este caso cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos punibles mencionados, siempre que no constituya una asociación ilícita, ya aborda en otro marco del Código Penal.En todo caso, se define qué si un hecho previsto en este cuadro legal merece mayor pena bajo alguna otra disposición, se aplicará ésta última.Se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo (desde tres años y un día a 5 años) cuando el autor de las conductas señaladas sean realizadas actuando en grupo o individualmente, pero amparado en él, y tuviesen lugar con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público.El primer comentario es que se trata de un tipo penal amplísimo, en que el sujeto activo es cualquier persona que participe en una manifestación o reunión pública. Manifestar es declarar, dar a conocer, descubrir, poner a la vista, es decir, se estará manifestando cada vez que una persona o un grupo de a conocer una opinión de agrado o desagrado respecto a un tema económico, político, social, religioso o de otra índole mediante una reunión de personas en las calles, espacios públicos o privados, puesto que no se hace distinción de naturaleza alguna.Aparentemente el proyecto hace sinónimo manifestación de reunión pública, ya que ambos son conceptos amplísimos. En todo caso, al hablar de manifestación o reunión pública se quiere dar una amplitud a estos conceptos, interpretándolos en su máxima extensión y el único requisito es que sea más de una persona, porque se necesita una unión, situación que nos lleva a descartar una manifestación a la que concurra sólo una persona. Todo lo demás, está dentro de esta normativa, ya sea reivindicaciones sociales, religiosas, laborales, huelgas legales e ilegales, paralización, manifestaciones del movimiento feminista, performance del colectivo Las Tesis etc.El verbo rector es tomar parte violenta y activamente, es decir, basta con que se actúe con ímpetu y fuerza en las convicciones, manifestando con rabia una determinada posición en la manifestación. El tipo penal exige que sea activo, razón por la cual no se da el tipo de delito por omisión, es decir, en un principio tiene que ser una conducta activa, la mera pasividad no es constitutiva de delito. Sin embargo, la violencia tendrá que interpretarla el tribunal, pero del contexto de la norma se deduce que basta con que sea considerado desorden público su conducta, para entender que la participación fue violenta, ya que fue con ímpetu y fuerza. El hecho debe ser constitutivo de desorden público y acá es donde tenemos el problema, puesto que se criminaliza la protesta social, derechamente se está transformando en delito protestar, puesto que define lo que se entiende por protesta social en seis números que prácticamente dejan reducido a la nada el derecho de disentir públicamente y en grupo.Veamos cada uno de los hechos constitutivos de desorden público según este proyecto:
- Paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento.
En este número se sanciona el paralizar o interrumpir. Es decir, se puede detener, entorpecer, impedir la acción y movimiento de algo; incluso basta con cortar la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo, por un breve lapso, ya que basta la interrupción. El primer comentario es que bastaba con el verbo rector interrumpir, ya que contempla la paralización si se analiza desde un punto de vista amplio, pero se quiso tener la certeza de criminalizar cualquier conducta, por irrelevante que sea, que tienda a cortar la continuidad de un servicio de los que se consideran de primera necesidad. Sin embargo, se exige el requisito de afectar gravemente su funcionamiento, sin expresar si se está refiriendo a una afectación temporal o de otra índole y quedará al arbitrio de la Fiscalía y la judicatura determinar si la afectación fue de gravedad. Por ejemplo, retrasar 5 minutos el metro puede ser considerado de gravedad y transformar a un manifestante en delincuente.
En una huelga legal, bajar a la calle para interrumpir el tránsito con el objeto de dar visibilidad a la manifestación, durante 15 minutos, si se frena el recorrido de un bus de locomoción colectiva, bien podría tipificar este ilícito.
Una huelga de un servicio hospitalario o de ambulancias, bien puede ser constitutiva de delito. Incluso una huelga de una compañía telefónica si se interrumpe el servicio de teléfonos u otro tipo de comunicaciones.
Aparentemente tampoco se exige un dolo directo y necesitamos sólo una consecuencia de dichas acciones que afecte el servicio público de primera necesidad, como por ejemplo, una manifestación estudiantil que lleva a cerrar las estaciones del metro, ya que está afectando gravemente el funcionamiento de este medio de transporte, aunque no se haya atacado directamente la estación.
Este es el caso paradigmático de la represión de la protesta social.
No se puede protestar, no se puede ir una marcha y bajar a la calle, puesto que puede parar o interrumpir el transporte público de buses urbanos. Si es grave o no, será de arbitrio del Fiscal determinarlo, por lo que basta su calificación para configurar el delito.
- «Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines.»
En este número se criminaliza todo lo que en el anterior no es un delito.
Como ya explicamos un acto de violencia no sólo implica una agresión física, basta un énfasis especial. Cuando este acto es peligroso, es decir, pone en riesgo la integridad física o la vida de las personas y se lancen elementos contundentes, se cometerá delito. Por ejemplo, cuando alguien es atacado por Carabineros y se defiende tirando una piedra, sin herir a persona alguna, por el hecho de haber puesto en riesgo la integridad física de las personas comete delito. Ni en dictadura era delito independiente lanzar una piedra en una protesta sin herir a nadie.
- Destruir, en todo o en parte relevante, una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.
Al delito de daños se le da una especial gravedad. Si bien se puede entender la sanción especial al daño de bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social, los que la ley no define (¿cuál es un bien de reconocida importancia social?), lo que se busca es criminalizar las protestas al tipificar de manera especial el daño a un vehículo motorizado.
- Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.
Con este número se criminaliza las barricadas que tanta importancia tuvieron para recuperar la democracia. Cualquier barricada, en cualquier parte, constituye delito, no es necesario que se prenda, basta tirar a la calle algunos objetos e incluso en la vereda, si se afecta la circulación de las personas por una determinada calle. Esta situación es lamentable, busca que la gente no proteste. Tampoco se atrevió la dictadura a impulsar este tipo penal, es lo más básico de la protesta social, sin barricadas no hay reclamo en las calles, la gente queda a merced de la represión y sin posibilidad de defenderse.
5. Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.
A nuestro juicio, es el único número que merece menos críticas, siempre y cuando, no se considere dentro de los servicios de utilidad pública a la policía. Sin embargo, acá se debe requerir un dolo directo de impedir o dificultar, puesto que puede dificultarse como una consecuencia no querida y se puede convertir en delito.
- Cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.
Es un número también gravísimo, que busca criminalizar la lucha del pueblo mapuche y las tomas de terreno de las gentes sin casa. Con esto pretenden hacer desaparecer, además, por ley los campamentos. Basta la ocupación, no apropiarse pretendiéndose dueño, sino que dentro del contexto analizado, la toma de un terreno significará delito.
Diciembre 5 de 2019.
Firmantes.
1.- Magdalena Garcés Fuentes, Doctora Universidad de Salamanca. Abogada DDHH.
2.- Cristian Cruz Rivera, Abogado DDHH
3.- Boris Paredes Bustos, Abogado Penalista y DDHH.
4.- Karinna Fernández Neira, Abogada DDHH, Magister Universidad de Chile y LL.M Universidad Essex.
5.- Sebastián Velásquez Díaz, Abogado DDHH, Magister © Universidad de Talca 6.- Fernando Monsalve Arias, Abogado penalista, Magister © Política Gobierno UDP.
7.- Hugo Montero Toro, Abogado DDHH.8.- Carolina Cubillos De La Fuente, Abogada DDHH. 9.- Adil Brkovic Almonte, Abogado DDHH.
10.- Alberto Espinoza Pino, Abogado DDHH.
11.- Vladimir Riesco Bahamondes, Abogado Fundación Núcleo Austral de DDHH.
12.- Jorge Ríos Del Rio, Abogado Fundación Núcleo austral de DDHH. 13.- Mauricio Obreque, Abogado Fundación Núcleo Austral de DDHH. 14.- Paz becerra Urzúa, Abogada DDHH.
15.-Pietro Sferrazza, Doctor Universidad Carlos 111 y profesor de Derecho UNAB.
16.- Alicia Cabello Quezada, Abogada DDHH.
17.- Simón Sobarzo Castillo, Abogado U. De Chile.
18.- Jimena Aguirre Galindo, Directora Nacional ANEF. 19.- Joaquín Olivos, Estudiante Derecho U. De Chile.
20.- Matías Ramírez Pascal, Abogado y Concejal de la Comuna de Iquique. 21.- Marta De la Fuente, Abogada DDHH.
22.- Tamara Rojas Aguirre, Abogada
23.- Ana María Peralta Cáceres, Abogada
24.- Enza Morales Norambuena, Abogado DDHH. 25.- Leonardo Escarate Ayala, Abogado.
26.- José Guerra Pinto, Abogado
27.- Marco Quevedo Villegas, Abogado. 28.- Benjamín Opázo Basaez, Abogado.
29.- José Tomas Lara Oteiza, Abogado, Defensor Penal Publico. 30.- Myriam Reyes García, Abogada penalista y DDHH.
31.- Alejandra Acuña, Abogada Comisión Chilena DDHH., Magister Universidad Autónoma de Barcelona.
32.- Javiera Murúa Garcés, Estudiante Derecho U. de Chile.33.- Valentina Gatica Bravo, Egresada de Derecho Universidad de Chile.
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