Chile de facto: El estado, además de policiaco, un cascarón jurídico-administrativo capturado por la elite.

“Quienes más poder gozan en la sociedad son también los que más responsabilidad tienen frente al estallido social y frente a las soluciones necesarias”, dijo a CIPER Jeannette von Wolfersdorff, ingeniera comercial, fundadora y directora del Observatorio del Gasto Fiscal, organización que hace aportes económicos al proyecto CIPER/Académico.

Jeannette von Wolfersdorff es una de las personalidades que emergió con fuerza en los debates tras el estallido de octubre. Parte central de su mensaje ha sido situar a la elite en el eje de la crisis, “en especial a la elite económica, que ahora se espera que coopere con propuestas concretas y estructurales”, dijo. Su cuestionamiento lo hace como investigadora especializada  en temas de Gasto Fiscal, pero también como miembro de esa elite. “La crítica me la hago también a mí; y con un propósito claro: ayudar a que repensemos -¡y que cambiemos! las rigideces excesivas en la estructura de poder en nuestro país. Tenemos una oportunidad real y única para lograr una transición hacia un capitalismo más equitativo, más justo, y más sostenible”.

A mediados de noviembre Jeannette von Wolfersdorff renunció a su silla en el directorio de la Bolsa de Comercio. En la carta que presentó a su presidente, Juan Andrés Camus, explicó:

“En el marco de nuestra crisis social, estoy considerando tomar responsabilidades que entiendo, incompatibles con ser director de la Bolsa (…) Considero que buena parte de la crisis social de hoy se explica por las dificultades de nuestra élite económica y política para superar un estrecho pensamiento grupal que le ha dificultado empatizar con la realidad que viven las grandes mayorías de nuestro país”.

Para von Wolfersdorff los cambios que requiere Chile no ocurrirán sin la elite económica. “Será difícil pensar en ‘democratizar’ la economía, y crear una sociedad con menos abusos, sin que ella coopere activamente. La crisis no se solucionará vía Carabineros, tal como dijo Mario Desbordes. Tampoco con compromisos entre el sector político y la sociedad civil. Los empresarios y, ante todo, los dueños del capital, deben ser parte de la solución”.

Por lo anterior, le parecen positivas las autocríticas que han hecho algunos empresarios y también su disposición a cambiar las reglas del juego. Estima auspiciosas, por ejemplo, las palabras de Alfonso Swett -presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC)-, quien dijo a El Mostrador “es hora que los abusos de cuello y corbata tengan penas duras y efectivas”, y a Radio Infinita que “va a haber que meterse las manos a los bolsillos hasta que duela”.

“Pero aún faltan propuestas concretas y estructurales”, sostiene. Un cambio sistémico que le de un giro a cómo nos relacionamos políticamente, cómo sancionamos los abusos, cómo definimos quién gana en el mundo competitivo y el tamaño del premio que el ganador se lleva. Hoy ve que los premios dependen menos del mérito y el esfuerzo, que de los vínculos familiares.

“El problema es que la economía misma es generadora de una desigualdad excesiva, por problemas en su diseño medular, que no solamente afecta a Chile, sino a varios países de la OCDE. Si el mercado funcionara bien, debería crear tanta competencia y movilidad como para que no siempre las mismas familias sean las más acomodadas. Porque si no ¿dónde está el mérito? No debería ocurrir tampoco que los más altos ingresos se mantuvieran principalmente en manos de gerentes que provienen de la misma elite. Si el resultado de nuestro modelo económico es una falta de movilidad, tenemos que repensarlo. Sobre todo cuando estamos ad portas de la (semi)automatización del empleo…”, dijo la investigadora.

– Si comparamos Chile con países desarrollados, ¿qué tal está nuestra movilidad social?

Ese es un problema en todo el mundo. Un análisis de movilidad de patrimonio para EE.UU., analizó cambios en los dueños de capital durante tres décadas y concluyó que las familias tienen cada vez menos probabilidad de cambiar su posición en la distribución de riqueza. Y los que sí lo hacen, se mueven poco. Recién el año pasado, la OCDE publicó su reporte “A Broken Social Elevator?” (“¿Un ascensor social roto?”). El informe muestra que también la movilidad social a nivel de los ingresos es baja, e invita a discutir cómo mejorarla. En el caso de Chile, es altamente probable que un hijo de una familia del último decil de ingresos mejore su posición. Pero, se necesitarían hasta seis generaciones para transitar de una posición de menores ingresos a ingresos medios. Estos datos están en línea con la investigación de Lauren Rivera, “How Elite Students Get Elite Jobs” (“Cómo los estudiantes de elite consiguen trabajos de elite”, 2015). La investigadora de Harvard muestra cómo la elite económica se auto-recluta en Estados Unidos y dice que, para la contratación de las personas, habría ante todo dos características claves: la universidad y sus características de origen (por ejemplo, sus familias).

– ¿Qué hacen las élites, desde esa posición, frente a los problemas sociales?

Anand Giridharadas, ex columnista del New York Times, lo investigó a fondo. En su libro “Winners take all” (“Los ganadores se llevan todo”) muestra el énfasis que la elite le da a la filantropía para “cambiar el mundo”, sin cambiar su estilo de vida, sin tratar de reducir su poder, ni cambiar las injusticias del sistema. Según Giridharadas, esa forma de filantropía corre el riesgo de ser una herramienta perfecta para mantener el status quo.

– ¿Y qué cree que deberían hacer los empresarios, en vez de donaciones y filantropía?

Usar su influencia para que el marco regulatorio refleje los intereses de todos. He echado de menos el interés y apoyo empresarial frente a políticas de anticorrupción, o la debida diligencia en DD.HH., por ejemplo. Y, ahora echo de menos que los empresarios impulsen una agenda, como “New Deal”, que repiense cómo enfrentar la desigualdad desde su raíz, desde la economía misma. Necesitamos repensar la estructura económica, para que se base más en conocimiento y menos en recursos naturales y empleo automatizable. También sigue como desafío -y como tema tabú- el rol de las herencias, o el desafío de cómo promover gerentes de orígenes socio-económicos más vulnerables; y cómo evitar en general la excesiva acumulación de capital, que le hace mal a toda la sociedad. La invitación, entonces, es a cambiar eso, de forma medible. No solo por ética, sino porque equilibrar los intereses de los empresarios con los intereses de la sociedad, es el mejor negocio para todos.

– ¿Cómo se puede concretar eso?

En el Reino Unido un think tank impulsó entre 2016-2018, una comisión para repensar la justicia social en el sistema económico (Commission on Economic Justice). Me parece fundamental que hagamos eso mismo, dado que hay múltiples desafíos abiertos, que deberían unirse en una agenda única. Me gustaría que personas como Andrónico Luksic estuvieran allí, igual como otros empresarios, emprendedores más jóvenes, CEOs de empresas internacionales y el gobierno. Podríamos ponernos un plazo acotado, y presentar propuestas en conjunto, basado en consensos. Se podría trabajar con expertos en generación de acuerdos.

AGENDA ANTI ABUSO

Parte del estallido del 18/O se ha vinculado con la rabia ciudadana por los múltiples abusos de las grandes empresas, donde las colusiones y las evasiones y elusiones tributarias han sido los casos más notorios. Con la convicción de que son necesarios cambios radicales en este plano, el Observatorio del Gasto Fiscal, Espacio Público y Chile Transparente, tres ONGs que hacen investigación para combatir la corrupción, propusieron una “agenda mínima” de reformas.

-Esta agenda anti-abuso es sumamente necesaria y complementaria con la agenda constituyente y la agenda social. De hecho, nuestro llamado es a co-construir esta agenda con la sociedad civil y que varias organizaciones sociales sean garantes del proceso, para asegurar la necesaria profundidad de las reformas. Como propuso el ex fiscal Carlos Gajardo, también hay que sumar actores como la asociación de fiscales y la asociación de magistrados.

En ese sentido, le parece que la “agenda anti-abusos” que el Presidente presentó el 9 de diciembre tiene “anuncios importantes”. Pero no es suficiente. “Sobre esos anuncios hay que construir. Cada ONG  tiene cosas que quiere agregar, y me parece positivo el anuncio del ministro de Economía, Lucas Palacios, de armar un canal a través del cual cualquiera puede participar en la creación de sugerencias. Es una buena señal la voluntad de hacer una agenda participativa y no entre cuatro paredes”.

– ¿Qué le faltó a la agenda anti-abusos del Ejecutivo?

En términos de probidad del sector privado, nos gustaría más transparencia sobre la identidad del “beneficial ownership” (el beneficiario final) de los negocios. Para evitar conflictos de interés, dificultar el lavado de dinero o la corrupción en compras públicas, es necesario conocer quiénes son las personas naturales detrás de las empresas. El Presidente anunció transparencia sobre las personas naturales dueñas de empresas que participan en Mercado Público, lo que es positivo y parte de lo que planteamos; pero necesitamos también un registro nacional de dueños finales de empresas, ya sea que hagan negocios con el Estado o no. Y con sanciones efectivas en caso de no informar adecuadamente. Esa es la norma europea y creo que puede restablecer las confianzas. El Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) necesitan estos datos para cumplir mejor sus funciones. Tener ese registro es, además, un estándar de transparencia internacional que evita el lavado de dinero.

– El medio El Desconcierto publicó que el Presidente transfirió millones de dólares a una sociedad de sus hijos en un paraíso fiscal sin pagar los tributos correspondientes. Afirma que el SII cobró la deuda, condonando parte de las multas e intereses, cuando Piñera ya había vuelto a La Moneda y el director del SII era su subalterno. ¿Qué le parece este caso, en el contexto de la agenda anti abuso?

Sólo me he informado por la prensa y puede ser perfectamente legal. Pero es claro que la situación del Presidente como empresario, con fondos en el extranjero, es sensible por los conflictos de interés, aunque esos fondos hayan sido traspasados a sus hijos. No se sabe si aún hay asuntos pendientes con el SII y es importante que eso se aclare. También es importante que volvamos, a raíz de este debate, a la importancia de tener un registro de dueños finales de empresas. Pienso que, en el caso de personas expuestas políticamente -como el Presidente-, debería haber transparencia periódica sobre sus inversiones y las inversiones de su familia.

– ¿Qué medidas se podrían tomar para evitar ese tipo de situaciones?

Además de tener un registro transparente de dueños de empresas, actualizado, para cualquier sociedad que opera en el país, otro de los ocho puntos que le planteamos al Presidente en nuestra propuesta se refiere a la transparencia sobre todas las condonaciones de multas, intereses y reintegros de empresas y personas naturales, y conocer los mecanismos que se usan para la condonación. Así, toda la ciudadanía puede estar segura de que el mecanismo es objetivo. Porque acá -en el caso del Presidente- la condonación podría estar justificada, pero eso tiene que demostrarse. Más allá de ese caso, es importante que los gobiernos muestren que las condonaciones no son discrecionales. Esperamos que nos contesten sobre esta recomendación.

CONTRA LA CAPTURA DEL ESTADO

La agenda presentada por las tres ONGs busca también frenar la captura del Estado, es decir “el uso indebido del poder para enriquecer a los que tienen poder”, explica Jeannette von Wolfersdorff.

En esa agenda se incluye, además del mencionado registro de dueños finales, otros ocho temas que se podrían llevar adelante en el periodo legislativo actual:

• protección e incentivos efectivos para informantes y denunciantes;
• reforma profunda al Congreso Nacional;
• reforma al aparato público para eliminar la captura de los empleos que éste ofrece;
• reforma al gasto público para aumentar su transparencia, eficacia y eficiencia;
• mayor probidad en gobiernos municipales y regionales;
• mayor transparencia de los beneficios que el Estado otorga a personas naturales y jurídicas, especialmente en materia de condonación de multas, intereses y reintegros;
• y sanciones efectivas contra los abusos, incluyendo el establecimiento de sanciones reales y disuasorias.

“Esta lista puede abarcar también la reforma al sistema judicial, o la libertad de prensa misma. Siguiendo el estudio de la Fiscalía Nacional Económica sobre el mercado de los medicamentos en Chile, también podría abordar compromisos concretos acerca de la tan necesaria regulación de los Comités de Farmacia y de las empresas farmacéuticas, además de la falta de transparencia acerca de las compras públicas en materia de medicamentos” explicó la investigadora.

En este último tema, ella está conforme. Explica que “el Presidente mostró un claro interés en regular los Comités de Farmacia y aumentar la transparencia de las compras farmacéuticas del Estado. Hoy estamos colaborando con el Ejecutivo en una propuesta, que ojalá sea incluida en la Ley Fármacos II”.

– ¿Cómo cree que se podría avanzar en la transparencia de instituciones como las Fuerzas Armadas, Carabineros, o el Congreso?

Aquí debería regir el principio de “control por oposición”: para instituciones como el Congreso, la Contraloría, las Fuerzas Armadas, Carabineros y Tribunales, por ejemplo, implicaría tener que repensar quién los controla con la debida independencia. En Carabineros y FFAA, podría haber controles civiles o un “Ombudsman” (Defensor del pueblo), como lo tiene Alemania. Segundo, es fundamental repensar la transparencia y rendición de cuentas del Estado para que esté acorde a las necesidades de información de los ciudadanos. Hoy, vía Transparencia Activa, se informa lo que el Estado quiere informar, no lo que los ciudadanos o el Congreso (u otros actores) quieren saber. Eso es importante, porque si la transparencia no reconoce las necesidades de información del usuario, es inútil, o hasta contraproducente, porque transmite la ilusión de transparencia. También me parece importante establecer el principio de máxima transparencia cuando dineros públicos se traspasan al sector privado, o cuando la gestión pública beneficia a intereses privados: implica, nuevamente, que deberíamos conocer las personas naturales detrás de las empresas que hacen negocios con el Estado, o que reciben subvenciones, además de conocer también el impacto de todos los apoyos estatales. También implica saber quiénes son las personas naturales detrás de las sociedades que tienen terrenos en Chile.

– ¿Eso requeriría también reforzar la participación de la sociedad civil?

Dado que nuestra crisis social es en parte importante también una crisis de desconexión de las personas con el Estado, el debate constitucional debería abordar el objetivo de conseguir una participación ciudadana efectiva, como centro de nuestra democracia. Además, las personas también deberían, en el futuro, jugar un rol más activo en la evaluación de los servicios estatales, así como también en materia de denuncia de corrupción.

– Una situación que ha generado mucha frustración es la acumulación de denuncias de corrupción que no llegan a ningún resultado. ¿Cómo se puede avanzar en eso, más allá de, obviamente, hacer justicia?

Creo que una nueva Constitución debería incluir el principio de “transparencia acerca del seguimiento a fraudes detectados”. Hoy somos espectadores de múltiples comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados sin que se haga un seguimiento a nivel sistémico a este trabajo valioso, o sin que la ciudadanía conozca esa información. Algo parecido ocurre con las auditorías de la Contraloría: es muy importante que en el futuro, los ciudadanos tengamos acceso a estadísticas sobre tipos de hallazgos, montos involucrados, seguimientos realizados, sanciones involucradas, y reintegros hechos, por ejemplo.

-Se han generado muchas expectativas sobre las cosas que la Constitución puede solucionar. ¿Cómo te sitúas en ese tema?

En estos días varios hemos recordado el libro “Por qué fracasan los países” de Acemoglu y Robinson. Su conclusión principal es que los países avanzan cuando sus instituciones tienen los incentivos adecuados, con los controles adecuados, el correcto funcionamiento de la economía y una buena calidad de vida de los ciudadanos. Nosotros tenemos ahora el desafío y la oportunidad de revisar el fracaso de nuestras instituciones y corregir eso, partiendo por nuestra Constitución. No obstante, también hay que tener claro que, como dijo Manuel Castells, la democracia se anida en las mentes. Y eso nos sugiere que la Constitución no salvará a ningún país, si sus principios no se anidan en las mentes de las personas, y si no creemos y defendemos estos principios en la práctica.

– ¿Qué implica eso?

Hay que acotar las expectativas acerca de la nueva Constitución que probablemente tendremos. Acerca de los derechos, que siempre son deberes también, anhelaría que fueran exigibles. Pero en la práctica eso es complejo. La mayoría de los derechos son más bien mandatos de optimización, porque los derechos pueden competir entre ellos. Por ejemplo, si se estableciera el derecho de conocer a las personas naturales detrás de vehículos corporativos, en su máxima expresión, este derecho chocaría con el derecho a la privacidad. Entonces deberíamos conocer quién está detrás de las empresas, en especial cuando hacen negocios con el Estado, pero no deberíamos necesariamente conocer el porcentaje exacto de participación (pueden ser rangos, como en el Reino Unido, por ejemplo); ni menos deberíamos conocer las direcciones personales de estas personas.

EL PROBLEMA DE LA MENTALIDAD

La responsabilidad de la elite económica frente a la crisis social es evidente para Jeannette von Wolfersdorff. “Es fácil observar una desconexión de los ciudadanos con el ámbito público, y una conexión sutil, poderosa y permanente de los empresarios con esa misma esfera pública. El resultado es un Estado que se fue inclinando hacia los que tienen capital”.

Esa inclinación la notan los ciudadanos. La investigadora cita la encuesta de LatinoBarómetro: un 74% de los chilenos percibe que el país es gobernado por grupos que actúan en su propio beneficio. Solo un 8% cree que la distribución de ingresos es justa, comparado con un 16% a nivel regional.

Jeannette von Wolfersdorff piensa que una parte de la elite siente que se merece sus privilegios. “Según Michael Hartmann, sociólogo especializado en élites, las personas que crecieron en la riqueza tienen considerablemente menos sensibilidad frente a la desigualdad que, por ejemplo, aquella elite que proviene de un origen más humilde. Estos últimos suelen considerar injusta la desigualdad. Tienen un mindset (un mapa mental) distinto. Para mí esta forma de pensar quizás podría explicar por qué a veces las personas de alto patrimonio en Chile se sienten con el derecho de pedir atención especial, bonos o descuentos especiales; en vez de actuar justo al revés.

– ¿Cómo puede hacerse un cambio con la elite si tienen esta “mentalidad”?

Creo que el principal desafío para Chile es cultural: que la elite económica salga de su aislamiento cómodo, que ha llevado a una homogenización de su criterio frente al mundo. Este fenómeno de élites enclaustradas, ensimismadas, viviendo prácticamente en un país aparte, no solo se da en Chile. Su aislamiento está en contraposición con su influencia en la democracia, no solo el mundo político, sino también en los medios de comunicación, think tanks y fundaciones. Por ejemplo, el empresario Juan Sutil y el retiro de su auspicio a CNN, criticando abiertamente la cobertura del canal a las manifestaciones. Más allá de la pregunta si su juicio era justificado o no, lo que hizo fue demostrar que su dinero financia la pauta y no solo la publicidad. Otro ejemplo es el de Lucy Avilés, que habría retirado sus aportes a la Fundación para la Confianza, por opiniones políticas de uno de sus fundadores, James Hamilton. En ambos casos, se trata de ejemplos recientes de un mismo fenómeno general: el dinero buscando influenciar la narrativa y así también el quehacer de la sociedad.

– ¿Cómo se hace compatible buscar una solución a este problema con el esquema mental de la elite?

Aquí, pienso en el “padre de la economía moderna”, Adam Smith. En su “The Wealth of Nations” (“La riqueza de las naciones”) ya mostró la importancia de una equidad mínima para que pudiera funcionar no solo el modelo económico, sino toda la sociedad. De su pensamiento se puede derivar una responsabilidad directa para la elite económica frente a la desigualdad y el bienestar de los demás, y en su propio interés. Si miramos Chile, es evidente que no cumplimos con la recomendación de Smith. ¿Ha sido, entonces, la elite económica su propio “enemigo” al crear un modelo que finalmente hace mal a todos? Lo cierto es que tenemos un modelo, caracterizado por una excesiva concentración de riqueza, y por múltiples oligopolios que operan con poca innovación y que demuestran que -finalmente- el mercado no funciona realmente de forma libre. A nuestro modelo le faltó considerar la competencia, el conocimiento, un elemento equitativo a nivel del capital, y la movilidad a nivel gerencial. Es cierto que hay esperanza en materia de movilidad de las élites, al mirar la renovación de empresas en la Bolsa, como consecuencia de los cambios disruptivos de la cuarta revolución industrial. Pero también es cierto que, a nivel internacional, la movilidad de patrimonio en general es baja, la movilidad de ingresos también es baja, y que casos de movilidad social como el de Mark Zuckerberg (director de Facebook), por ejemplo, son más bien la excepción.

Recordemos, además, que Chile tuvo varias reformas institucionales entre 2014 y 2016, para separar dinero y política. En la práctica, eso sí, veo imposible dividir dinero y política, mientras se mantenga la excesiva concentración de poder en Chile. Pero aún así, hoy día al menos hay una separación más formal entre ambos. Teniendo ello como base, pienso que ahora faltaría reconocer con mucha humildad que nuestro marco regulatorio -el modelo- fue diseñado cuando una parte de la elite económica financiaba de forma mucho más directa a casi todas las corrientes políticas. Más allá de impulsar la agenda anti-abuso y anti-impunidad, tenemos que tomar entonces el momentum para realizar una revisión exhaustiva y sistémica a nuestro modelo –que además enfrenta desafíos estructurales por la automatización del empleo. No hay que revisar el modelo para acercarnos a Venezuela, sino para hacer lo que el Presidente Piñera mismo postula: ¡que el mercado funcione! Ojalá nos atrevamos, porque hay correcciones sistémicas que hacer: tanto para eliminar o regular mejor todos los oligopolios del país, como para crear una economía que desde su raíz no siga reproduciendo las actuales desigualdades.

Hay un retrato de los chalecos amarillos que publicó el sociólogo Ricardo Greene en CIPER y que muestra un aspecto de la mentalidad de la elite que se siente superior.

Lo vi. Esa frase que recoge, “no somos ellos”, lamentablemente caracteriza muchísimo la segregación que tenemos en nuestra sociedad. Esa segregación es justamente el símbolo de la falta de ideas frescas, de innovación, la falta de inteligencia colectiva que nos tiene muy polarizados. Hay que pensar también en una investigación de 2016 que en Chile mostró cuan endogámico es nuestro sistema de colegios privados, de universidades, para mantenerse dentro de un mismo grupo de elite. Entonces esa frase, “no somos ellos”, es muy dura y describe una ideología que yo también veo reflejada en la elite chilena. El “no somos ellos” implica que somos mejores, más inteligentes, más exitosos porque además trabajamos más. Esconde el prejuicio de que la elite está donde está porque lo merece. Y eso es muy ciego a la realidad, porque en el modelo capitalista actual la movilidad es muy difícil. Esta visión de que no somos ellos me recordó no solamente a los plutócratas, que son un grupo oligárquico que gobierna por su dinero, sino también, dado mi origen levemente aristócrata, francamente me recuerda a esos círculos aristocráticos en Alemania: veo esa actitud plutócrata o aristócrata que es el sentirse mejor que el otro, y realmente como si hubiera algo especial en su sangre. Lo veo reflejado cuando los grupos se mantienen así de cerrados y no entienden que tuvieron una posición privilegiada y gracias a eso tienen una responsabilidad frente a los que no.

Fuente: https://ciperchile.cl/2019/12/17/el-estado-chileno-se-ha-ido-inclinando-hacia-los-que-tienen-el-capital/