Chile actores secundarios: jaque a la PSU.

Este lunes y martes se vivirán jornadas claves. El llamado a manifestarse y boicotear la rendición de la PSU será una muestra del cariz y magnitud que tendrán las movilizaciones durante este año. También, es una prueba para un –hasta ahora– silencioso Gobierno en materia de trato y seguridad con los estudiantes secundarios, los mismos que detonaron el estallido social con los llamados a la evasión en el metro. Dentro del mundo estudiantil y de la administración piñerista reconocen que serán dos jornadas “complejas”, aunque desde Palacio aseguraron que en esta pasada “no correremos con las responsabilidades” y que, por lo mismo, la idea es “suavizar” la estrategia del intendente Felipe Guevara.

El llamado a movilizarse contra la PSU, que fue aplazada debido al estallido de octubre, surgió desde la ACES y el movimiento No+PSU, y lo que en un principio fue visto como una tibia convocatoria, tomó más fuerza y sumó –tras una larga discusión– a la Cones. Las acciones comenzaron el domingo, cuando dos de los cuatro colegios habilitados para tomar la prueba en Copiapó amanecieron tomados y luego, desde las 17:00 hrs., se citó a distintas asambleas territoriales. Fue un anticipo de lo planificado para estas jornadas, en la que se esperan tomas, intervenciones dentro de los locales de rendición y que jóvenes asistan con uno de sus ojos tapados, símbolo de las víctimas de trauma ocular en las protestas de los últimos meses.

Movilizaciones fruto de una nueva organización secundaria, que surgió a partir de las movilizaciones feministas, las protestas contra Aula Segura y las coordinaciones para los llamados a evasión en el metro. Esos son los elementos que se conjugaron para este “momento histórico, donde realmente existen las condiciones para generar una protesta articulada contra esta prueba y acabar con la PSU”, afirmó el vocero de la ACES, Víctor Chanfreau.

La convocatoria ha tenido un alto rechazo en el mundo político, hasta en el mismo Frente Amplio han cuestionado que se boicotee la prueba y “se pongan contra los mismos estudiantes”. Según el vocero de ACES, esas críticas “son parte de su desconexión con la realidad. Al optar por el camino de las instituciones el Frente Amplio no tiene una conexión con el movimiento estudiantil secundario”.

La respuesta desde el Gobierno, en especial desde el Mineduc, ha sido marginarse de la discusión sobre la permanencia de la PSU. Es más, el subsecretario Raúl Figueroa –quien deberá administrar el nuevo sistema de admisión aprobado en Ley de Educación Superior en el Gobierno anterior– no se ha referido al conflicto. La ministra Marcela Cubillos se ha centrado en el tema de la seguridad y llamó a que los estudiantes rindan su prueba con tranquilidad.

Carabineros tendría preparado un despliegue de 4 mil efectivos para ambas jornadas, según indicó el diario La Tercera, el que está coordinado con el Demre, el organismo revisor de la prueba, que depende del Consejo de Rectores. Así lo confirmó ayer el intendente Guevara en el programa «Estado Nacional», donde además criticó el llamado a manifestarse: “No tienen derecho a nada, están abusando, amenazando a otros que no los van a dejar ejercer su derecho”.

El rector Aldo Valle dijo que en el CRUCh “no queremos tener una sobrerreacción policial, no queremos confundir seguridad con coacción sobre las personas” y, respecto a las movilizaciones, aseguró que “si alguien pone una pancarta con una crítica está en su derecho a hacerlo, otra cosa es que quieran evitar a quienes quieran dar la prueba”. Agregó que junto al Demre han procurado tener “recursos logísticos adicionales. Si un local sufre un colapso que impida tomar las pruebas, se puedan trasladar a otro o diferir el horario”.

Desde el mundo estudiantil ven en las palabras de Guevara y en la planificación de Carabineros “derechamente una provocación”. Chanfreau recalcó que los estudiantes no se sentirán seguros con una presencia extrema de los “mismos Carabineros que han violado los DDHH. Al parecer en el Gobierno tampoco quieren que se dé la prueba”. Respecto a la posición que han tenido en el CRUCh, el vocero de la ACES señaló que solo han recibido “respuestas por la prensa” ante la carta enviada al Demre, “nada serio”.

Promesa eterna

La idea de cambiar o acabar con la Prueba de Selección Universitaria (PSU) lleva más de diez años en los petitorios del movimiento estudiantil, tanto así que, en el primer Gobierno de Piñera, su entonces ministro DE Educación, Harald Beyer, propuso crear un nuevo mecanismo que no estuviera a cargo del CRUCh, una idea que no gustó en el seno de los rectores de la época. Quienes fueron parte de dichas negociaciones, aseguraron que con esa propuesta “se abría una puerta para profundizar el sistema de mercado”.

Ante las críticas por la segregación que causa el sistema, se implementaron ajustes como el ranking de notas, que busca dar un reconocimiento al rendimiento en la enseñanza media, pero al mismo tiempo surgieron otras alternativas experimentales, como el sistema Penta UC y el propedéutico de la Usach.

Tras años de discusión, el consenso en 2018 fue poner fin a la PSU. En la Ley de Educación Superior, promulgada en el último Gobierno de Michelle Bachelet, se estableció que este 2020 se rendiría la última PSU y que la nueva Subsecretaría de Educación Superior estará a cargo de administrar un nuevo sistema de acceso a la educación superior diseñado por delegados del CRUCh en conjunto con el Demre. Pese a que ha pasado más de un año, aún no se ha logrado consensuar cuál será este nuevo modelo.

Aldo Valle señaló que sí se puede “tener un sistema de admisión público que garantiza objetividad, que es transparente y evita discrecionalidad” y que se pueden elaborar “distintos instrumentos, dependiendo de las carreras”. Agregó que se trabaja en un nuevo instrumento para las pruebas obligatorias de matemática y lenguaje, que mida “aptitudes y competencias genéricas, antes que conocimiento y contenidos”, las que se harán llegar al subsecretario Figueroa. El rector puso el foco en un punto relevante y es que no hay que olvidar que “la segregación se produce mucho antes, en el sistema escolar. La modificación de los instrumentos en ningún caso es la solución definitiva a la desigualdad que tiene el país”.

Desde la ACES destacaron que la PSU “es una prueba de segregación universitaria que ve a la educación como un bien de consumo, es una prueba estandarizada derechamente antipedagógica y una expresión más de la educación de mercado”. Recalcaron que la solicitud inmediata es hacer un sistema de emergencia para marzo y que a largo plazo se implemente “un propedéutico o bachillerato, donde posterior a una nivelación de estudios, se evalúe” y que este sistema “sea elaborado en conjunto de las comunidades educativas”.

Según el doctor en educación Jaime Retamal, la PSU «es uno de los pilares para mantener el sistema de educación superior de mercado y las bases del financiamiento a partir de la oferta y la demanda”, pero que lo que sucede más de fondo «es que hay una clausura política de atreverse a pensar otro sistema posible”.

Para Retamal, el Gobierno tiene parte de la responsabilidad en la reactivación del movimiento secundario. “Las movilizaciones sociales son representativas de un sentimiento que viene de lejos, de hace ya décadas de malestar y de endeudamiento, décadas de neoliberalismo educacional que transformó las relaciones que los sujetos tienen con su propia educación. El actuar de este Gobierno ha sido una mezcla insensata de represión contra los estudiantes y reposicionamiento de las lógicas de mercado en la educación”.

El director de Nodo XXI, Víctor Orellana, apuntó que con el estallido de octubre se aceleraron “algunos cambios de connotación cultural que la sociedad chilena estaba teniendo. La educación de mercado empieza a generar rechazo”. Precisó que “para los jóvenes la ecuación entre ranking y PSU es una fórmula que no valora lo que ellos son” y esto se mezcla con “el nivel de estrés al que están sometidos por esas marcas de valor y al mismo tiempo que la educación es de mala calidad (…) los cupos en buenas universidades son pocos, los jóvenes se quedan con la sensación de que es culpa de ellos no ingresar, son mecanismos que afectan su autoestima, por lo tanto, el rechazo a la PSU es también una búsqueda de autovaloración de los jóvenes”.

Para la especialista en educación superior, Marjorie Cuello, si bien “interrumpir el desarrollo de la PSU objetivamente no soluciona el problema de fondo, lo que corresponde hacer, y que es algo que muchos rectores han dicho, es tratar de pensar un nuevo proceso de ingreso a la universidad. Tenemos que pasar de una prueba de selección universitaria a un mecanismo de admisión, que son conceptualmente distintos». Este, agregó, debe realizarse en una “mesa de trabajo entre el Consejo de Rectores, el Demre e incluir a actores de la sociedad civil que están involucrados en esto, jefes de UTP, personas que hayan investigado respecto a convivencia escolar e incluir a las y los estudiantes en esta mesa de trabajo”.

Según la especialista, es la segregación de los espacios de decisión de los jóvenes una de las principales razones de la movilización de los secundarios: “Una de las cosas que nos ha enseñado el estallido social de los últimos meses, es cómo las instituciones deben confiar en la juventud como una voz válida y legitimada para proponer soluciones a los elementos del sistema educacional que generan desigualdad y sesgo, que no son solamente socioeconómicos, sino de género, cómo hoy en día lo hace la PSU”.

Así también lo han planteado desde los espacios estudiantiles, en donde se está trabajando una agenda de movilizaciones para el año, la cual tendría como objetivo «presionar para tener influencia» en los distintos espacios de los que han quedado fuera. Además del trabajo con otras organizaciones sociales, está la preparación del 8 de marzo, mes en el cual también los universitarios barajarían las medidas que tomarán si no se llega a cambios sustanciales.

Asimismo, está el proceso constituyente, en el cual los secundarios no podrán votar y algunos sectores estudiantiles analizan las medidas para rechazar el proceso, el cual –según las dirigencias– habría surgido de un acuerdo entre los partidos políticos, sin las organizaciones de la sociedad civil, por lo que carecería de legitimidad.