Operación Huracán: general (r) Blu, Marín, Osses y Smith arriesgan más de 10 años de cárcel.
por El Mostrador.
Han pasado dos años desde que se inició la investigación sobre la falsificación de pruebas por parte de funcionarios de Carabineros en la polémica «Operación Huracán». Hoy, la Fiscalía tiene la convicción sobre los hechos del caso, y asegura que identificó uno de los móviles de los imputados para el uso de evidencia falsa contra comuneros mapuche en 2017. El Ministerio Público espera presentar una acusación contra los exfuncionarios policiales, quienes se habrían organizado con la finalidad de cometer de manera permanente, indefinida y sistemática en el tiempo diversos delitos.
Según consigna El Mercurio, la evidencia será incorporada a la acusación que el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, alista contra 11 imputados, quienes arriesgan hasta más de 10 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.
Si bien aún quedan diligencias pendientes solicitadas por la defensa, la acusación es inminente.
De acuerdo al matutino, durante la audiencia de reformalización de los imputados, el Ministerio Público estableció que desde enero de 2017 y hasta marzo de 2018 los imputados -todos funcionarios de Carabineros- Gonzalo Blu, general (r); Patricio Marín mayor (r); Leonardo Osses, capitán (r) y Alex Smith, ex Contrato por Resolución, «se organizaron con la finalidad de cometer de manera permanente, indefinida y sistemática el el tiempo diversos delitos».
La Fiscalía además determinó que los imputados se desvincularon de sus objetivos y evitaron controles internos y externos, organizaron el trabajo de personal policial para elaborar y presentar informes falsos en diversas investigaciones.
Las penas
Todos arriesgan penas de cárcel, sin embargo, quienes cumplían roles de jefatura en la asociación ilícita son de mayor envergadura.
El fiscal Palma dijo a El Mercurio que se trata de «hechos graves», conductas reiteradas, más de 16 delitos y, según el tipo de responsabilidad que le cabe a cada uno de los imputados, las penas de crimen van entre los 15 años y un día a los 20 años de privación de libertad.
En tanto para el general (r) Blú y el mayor (r) Marín se pedirán penas «sobre los 10 años y un día respecto a ambos», dijo el persecutor al medio antes consignado.
Respecto al resto de los imputados, estos «serán acusados todos en este momento, y las penas habrá que determinarlas caso a caso», concluyó el fiscal Palma.
Fuente: https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/01/19/operacion-huracan-general-r-blu-marin-osses-y-smith-arriesgan-mas-de-10-anos-de-carcel/
[Anexos CT]
En claves: ¿Qué es la Operación Huracán?
por Telesur/Paola Dragnic.
El pueblo mapuche ha sido reprimido por las autoridades policiales en diversas oportunidades, mientras busca reivindicar sus derechos como comunidad.
Un grupo de agentes de las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile reprimió este lunes a varios dirigentes mapuche y a numerosos manifestantes presentes en Santiago de Chile que protestaban por los distintos montajes policiales contra los dirigentes de su comunidad.
Quienes asistieron a la concentración exigieron la libertad de los presos políticos mapuche, como es el caso del machi Celestino Córdova, autoridad espiritual del pueblo Yeupeko en Chile, quien lleva 80 días en huelga de hambre tras ser condenado a 18 años de prisión.
“Celestino Córdova siempre ha sostenido que fue víctima de un montaje perpetrado por la Unidad de Inteligencia de Servicios Especiales de Carabineros, la misma que la Fiscalía Nacional acusó recientemente de cometer un montaje en la llamada “Operación Huracán” por el caso Iglesias», indicó Jorge Guzmán Tapia, abogado defensor del machi.
Los mapuches acusan a las fuerzas de seguridad de realizar montajes para criminalizar a sus dirigentes, enmarcados principalmente en los eventos ocurridos durante la Operación Huracán.
¿Qué es la Operación Huracán?
En septiembre de 2017, Carabineros ejecutó la Operación Huracán, en la que un total de ocho líderes mapuches fueron detenidos bajo el cargo de asociación ilícita terrorista, acusados de participar en ataques incendiarios.
Durante el operativo, la fuerza de seguridad expuso supuestos mensajes de las aplicaciones Whatsapp y Telegram de los comuneros en los que supuestamente coordinaban acciones violentas, por lo que procedieron a apresarlos de forma preventiva.
La búsqueda de antecedentes se realizó sin participación de la Fiscalía, en el marco de la Ley de Inteligencia, lo que permite a la institución policial chilena actuar de forma autónoma en las investigaciones que ejecuta.
¿De qué acusaban a los comuneros mapuches?
Inicialmente, la Fiscalía acusó a los comuneros del incendio de camiones y maquinaria agrícola en el sur del país, en las localidades de Lautaro, Temuco y Padre Las Casas.
Tras la detención, se expusieron como parte de las pruebas unas conversaciones de WhatsApp y Telegram entre los imputados, obtenidas supuestamente tras la incautación de sus celulares, en las que comentaban la posibilidad de ingresar armamento desde Argentina.
Según los mensajes, las armas en cuestión eran seis escopetas, diez revólveres, 12 pistolas, dos fusiles, alrededor de 250 cartuchos de escopeta, 550 balas calibre 38 milímetros y 84 balas calibre nueve milímetros.
Irregularidades en el caso
A medida que avanzaba la causa, la Fiscalía comenzó a dudar sobre la investigación de Carabineros y solicitó más pruebas. El cuerpo policial alegó que actuó al amparo de la Ley de Inteligencia y se negó a entregar la información.
Posteriormente, las pericias realizadas por el Ministerio Público determinaron que los teléfonos incautados habían sido intervenidos por organismos de inteligencia de Carabineros para incluir conversaciones en sus respectivos grupos de WhatsApp y Telegram.
A pesar de que la primera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de amparo presentado por las defensas de los ocho detenidos, imputados por la quema de camiones de las empresas Calafquén y Sotraser, ocurridas en agosto pasado, posteriormente la Corte Suprema ordenó liberar a los detenidos.
De esta manera, el 25 de enero la Fiscalía cerró la causa contra los mapuches por manipulación de evidencias y abrió otra contra la institución de seguridad, que también es investigada por un desfalco de 44 millones de dólares.
Ante esta situación, renunciaron el director de Carabineros, Bruno Villalobos, y el general de Inteligencia, Gonzalo Blu.
Mapuches denuncian montajes en su contra
Los dirigentes mapuche exigen garantizar el derecho a ejercer libremente su propia creencia espiritual y ceremonial, la restauración de sus tierras, indemnización y compensación por los daños causados durante años, así como la absolución de todos los perseguidos política y judicialmente por causa mapuche.
En este sentido, para el dirigente mapuche, Richard Curinao, las acciones contra los miembros de su comunidad se deben a que «las comunidades vienen de hace rato levantando la voz diciendo que se están atropellando sus derechos».
«Se les han usurpado sus territorios, las [empresas] forestales nos tienen sin agua, sin tierra ni medicina. Por eso la comunidad ha iniciado acciones de resistencia (…) Producto de esto, el Gobierno inició esta operación para responder al gran empresariado acá en Chile», aseguró el dirigente al momento de la detención de los ocho comuneros en el marco de la Operación Huracán.
3 abril 2018
Fuente: https://www.telesurtv.net/news/claves-operacion-huracan-pueblo-mapuche-chile-20180402-0066.html
“Operación Huracán”: Seguidilla de querellas contra responsables.
por Mapuexpress.
Una seguidilla de querellas contra responsables en el denominado “Operación Huracán”, se han interpuesto entre febrero y marzo, evaluándose a su vez nuevas acciones por parte de quienes han sido objeto de montajes, criminalización, persecuciones y seguimientos ilícitos que han incluido a autoridades mapuche, dirigentes, comuneros y comunicadores/periodistas.
Además de algunos casos de quienes han sido objeto de detenciones ilegales y montajes, también se interpuso una acción penal por la persecución y montaje a medios de comunicación mapuche. Al respecto, recientemente el periódico Werken.cl presentó una querella. Asimismo, el Colegio de Periodistas rechazó tajantemente los hechos por ser un atentado a la libertad de expresión y derecho a la comunicación y también evalúa la presentación de una querella. Por su parte, desde Mapuexpress, otro de los medios espiados por parte de la Unidad de Inteligencia de Carabineros, indicó que el solo hecho de efectuarse este tipo de prácticas “es una amenaza, un atentado al ejercicio de la libertad de expresión, a la información, a la comunicación”, indicándose también que lo complejo es que “estas situaciones queden impunes y no salgan a la luz los verdaderos responsables, generando una sensación de impunidad frente a un estado que usa las estrategias más bajas para conseguir resultados”, haciendo alusión que detrás de los operadores funcionales en Carabineros, habrían intereses de grupos políticos y empresarios corruptos.
La Agencia Medio a Medio destacó en una reciente nota que la operación Huracán contó con la complicidad de extensas coberturas mediáticas por parte de canales de TV y medios comerciales, haciendo eco de pruebas judiciales construidas en torno a mentiras. “Medios que hoy han callado la verdad y la injusticia institucionalizada en contra del pueblo mapuche y sus plataformas de comunicación”, indicó el medio.
Por su parte, a mediados de febrero de este 2018, fue declarado admisible por Tribunales de Temuco, la acción legal interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de La Araucanía, en base a la argumentación de que auxiliares de la administración de la justicia penal, es decir Carabineros, habrían vulnerado los derechos de diez comuneros mapuche imputados durante la investigación que se llevaba a cabo en el marco de la “Operación Huracán”.
El 12 de febrero de este año, la organización de defensa penal CID SUR, a través de la abogada Karina Riquelme, en representación de los comuneros y werken Jaime y Rodrigo Huenchullán Cayul, además del machi Fidel Tranamil Nahue- interpuso una querella por obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público y presuntos delitos informáticos en el marco de la falsificación de pruebas en la Operación Huracán.
La querella está dirigida en contra de Patricio Alejandro Marín Lazo, Marvin Allan Marín Maluenda, Marcos Rodrigo Sanhueza Córdova, Héctor Raul Olave Venegas, Manuel Antonio Riquelme Mardones y Leonardo Marcelo Osses Sandoval. Además, se incluye en el recurso a Alex Smith Leay, el creador de la aplicación “Antorcha” que habría permitido intervenir los celulares de los imputados y capturar sus mensajes.
Asimismo, El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó el 19 de febrero del presente, una querella en contra del creador del software «Antorcha», A.S.L, y el perito de Carabineros, M.R, por presunta manipulación de evidencia en la denominada «Operación Huracán 2».
Por su parte, el comunicador Richard Curinao de werken.cl interpuso una querella por daños ocasionados por montaje policial, adelantando que los argumentos son por: sabotaje informático, violación de secreto, falsificación y uso malicioso de documento público y falso testimonio por perjurio y denuncia calumniosa. Además, denunció obstrucción a la justicia.
Ver reporte HispanTV sobre escándalo en el espionaje a comunicadores/periodistas “Operación Huracán” (opiniones de Mapuexpress y Colegio de Periodistas)
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VER TAMBIÉN
Persecución a comunicadores mapuche: Criminalizando la palabra del Wallmapu (Agencia Medio a Medio) / http://www.agenciadenoticias.org/persecucion-a-comunicadores-mapuche-criminalizando-la-palabra-del-wallmapu/
Fuente: https://www.mapuexpress.org/2018/03/19/operacion-huracan-seguidilla-de-querellas-contra-responsables/
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