El juicio a Julian Assange, la destrucción de la legalidad y el ascenso del Estado de la seguridad nacional.

por Richard Hoffman/ WSWS.

El proceso de extradición entablado por los Estados Unidos contra Julian Assange va a comenzar en febrero de 2020. El proceso de Assange jalona una nueva etapa en el ataque a derechos democráticos esenciales y a la legalidad por parte de la clase gobernante estadounidense, británica y, de hecho, mundial.

A lo largo de las dos últimas décadas la clase gobernante ha atacado los cimientos constitucionales y legales de la democracia burguesa. Los derechos al debido proceso y la libertad de expresión están en el foco de este ataque. Hay elementos nuevos y peligrosos en el proceso a Assange.

El Gobierno estadounidense históricamente ha hecho esfuerzos por socavar la libertad de expresión y la capacidad de la prensa de informar sobre los asuntos del gobierno y sobre el debido proceso. Sin embargo, el ataque político y legal a Assange representa una intensificación cualitativa de la destrucción de derechos esenciales, y la propia legalidad como modo de gobierno burgués.

Sucesivos Gobiernos estadounidenses han estado buscando una verdadera contrarrevolución en un esfuerzo por construir un estado autoritario de seguridad nacional.

El Gobierno estadounidense ahora persigue establecer como «ley» que la actividad periodística, que desvele o publique información clasificada de defensa o de otro tipo, es criminal y equivale a espionaje: que los periodistas sean encarcelados como espías.

El Gobierno británico, en su tratamiento a Assange, también ha pisoteado innumerables derechos legales de Assange —incluso el derecho al debido proceso, práctica legal consuetudinaria, habeas corpus y el reconocimiento del derecho internacional— haciendo de sirviente procesal de los EEUU. Este artículo busca abordar parte de la importancia política y legal más amplia de la defensa de Julian Assange, y por qué el caso plantea enormes temas históricos para el futuro de la humanidad.

El caso de John Peter Zenger

Ya hace casi 300 años desde el famoso juicio a John Peter Zenger, un editor neoyorquino que fue acusado de difamación, una infracción en el momento de publicar información contraria al gobierno. El año era 1734 y Norteamérica era una colonia británica. El caso Zenger tuvo implicaciones revolucionarias trascendentales en tiempos del ascenso de una nueva clase progresista, la burguesía norteamericana.

John Peter Zenger era un inmigrante alemán y el editor de un diario llamado New York Weekly Journal. La publicación hizo duras críticas al gobierno colonial y al gobernador, William S. Cosby. Zenger acusó al gobierno, entre otras cosas, de amañar elecciones, y al gobernador Cosby de cometer varios crímenes.

Zenger solo había publicado el material, las fuentes de la información eran anónimas y Zenger se negó a revelar la identidad de estas. Las autoridades coloniales lo encarcelaron durante ocho meses y lo maltrataron, negándole incluso tener pluma, tinta o papel con lo que comunicarse con el mundo exterior y preparar su defensa. El gobernador organizó la quema pública del New York Weekly Journal.

Se acusó a Zenger de difamación, cuyo significado legal, en esos tiempos, no implicaban la cuestión de veracidad o falsedad, sino meramente la publicación de declaraciones críticas al gobierno. Zenger admitió haber publicado el material pero planteó la defensa, por primera vez en la historia de la Colonia, del derecho a la libertad de expresión. Su abogado, Andrew Hamilton de Filadelfia, se dirigió al jurado acerca del tema trascendental en juego en el juicio. Dadas las acciones del Gobierno estadounidense hoy contra Julian Assange, merece la pena citar en su totalidad el brillante y poderoso discurso de Hamilton:

Es natural, es un privilegio, iré más lejos, es un derecho, que reclaman todos los hombres libres, que se les permita quejarse cuando se les hiere. Tienen derecho a reprobar públicamente los abusos de poder en los términos más fuertes, poner en guardia a sus vecinos contra la maña o la violencia abierta de los hombres con autoridad, y afirmar con valentía el sentido que ellos tienen de las bendiciones de la libertad, el valor que le confieren, y su resolución de todos los peligros para preservarla como una de las mayores bendiciones que el cielo pueda conceder. …

Se puede comparar con justeza al poder con un gran río. Mientras se lo mantenga dentro de sus límites debidos es hermoso y útil. Pero cuando desborda sus riberas, entonces es demasiado impetuoso como para ser contenido; lo derriba todo a su paso, y adondequiera que vaya lleva la destrucción y la desolación. Si, entonces, esta es la naturaleza del poder, por lo menos cumplamos con nuestro deber, y como hombres sabios que valoran la libertad empleemos nuestro mayor cuidado en apoyar la libertad, el único baluarte contra el poder no legislado, que en todas las épocas ha sacrificado a su lujuria salvaje y ambición ilimitada la sangre de los mejores hombres que jamás hayan vivido…

Veis que trabajo bajo el peso de muchos años, y estoy encorvado por los enormes achaques del cuerpo. A pesar de ello, por más que esté viejo y sea débil, debo considerar mi deber, si se lo requiere, el ir hasta el último rincón de la tierra donde mis servicios puedan ser de alguna utilidad para asistir a apagar la llama de las acusaciones sobre informaciones, puestas en pie por el gobierno para privar a un pueblo del derecho de tratar de convencerle de que cambiara, y quejarse de, también, los intentos arbitrarios de los hombres que ejercen el poder. …

Pero para concluir: La cuestión ante el Tribunal y ustedes, caballeros del jurado, no es baladí ni de ámbito privado. No es la causa de algún pobre impresor, ni la de Nueva York sola, lo que ustedes están juzgando ahora. ¡No! Puede que en sus consecuencias afecte a cada uno de los hombres libres que viven bajo gobierno británico en el continente americano. Es la mejor causa. Es la causa de la libertad. Y no tengo dudas de que la conducta recta de ustedes este día no solo les dará derecho al amor y aprecio de sus conciudadanos, sino también todo hombre que prefiera la libertad a una vida de esclavitud les bendecirá y honrará como hombres que han frustrado el intento de tiranía, y por un veredicto imparcial y honorable han puesto nobles cimientos para conseguir para nosotros mismos, nuestra posteridad, y nuestros vecinos, aquello a lo que la naturaleza y las leyes de nuestro país nos han dado derecho de la libertad de ambos sacar a la luz y oponerse al poder arbitrario (en estas partes del mundo por lo menos) diciendo y escribiendo la verdad.

Al final del discurso de Hamilton, se instruyó al jurado que condenara a Zenger, pero después de deliberar durante un corto rato volvió con el veredicto unánime de Inocente. A raíz del caso Zenger se desarrolló ulteriormente una doctrina legal, que a la larga encontraría expresión concreta en la Primera Enmienda de la constitución estadounidense, de que la información verdadera nunca puede ser difamatoria (ni sediciosa) y que la expresión no puede restringirse por parte de ninguna acción del gobierno.

El gobernador Morris, una de las principales figuras de la Convención Constituyente de 1787, describió el caso Zenger como «el germen de la libertad estadounidense, el lucero de esa libertad que ulteriormente revolucionaría a Norteamérica».

Quizás más que cualquier otro acontecimiento, el juicio a Zengar hizo arrancar el proceso hacia la revolución estadounidense.

El Derecho Natural

La defensa de Zenger se apoyaba en concepciones del Derecho Natural que eran consideradas la base de los derechos. Estas concepciones, que estaban ganando terreno en Norteamérica, eran el producto de las revoluciones inglesas y las ideas de John Locke y la Ilustración emergente, que retrocedía a los debates filosóficos clásicos de la antigüedad sobre la cuestión del significado del derecho, del poder contra el derecho, como se lo discutía por ejemplo en la obra de Platón, La República.

A finales del siglo XVI el jurista y humanista holandés Grotius planteó por primera vez el concepto moderno de Derecho Natural. Grotius afirmaba que el verdadero derecho no era una creación humana accidental, tampoco una emanación de la sociedad política, el Estado o la Iglesia, sino una característica necesaria y genuina del Hombre, que refleja su naturaleza social esencial. El concepto de Derecho Natural tenía dos obstáculos principales ante sí —el poder arbitrario del poder del rey, y la Iglesia y sus concepciones teológicas y jerárquicas.

A lo largo de la Ilustración, las concepciones de los derechos democráticos basadas en el derecho natural fueron planteadas por grandes pensadores originales, tales como Locke, Montesquieu y Voltaire. En su obra revolucionaria El espíritu de las leyes publicada en 1748, Montesquieu escribió:

Las leyes en su sentido más amplio, son las relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas: una vez liberadas del yugo de la religión, todavía deberíamos estar sometidos al gobierno de la Justicia… El derecho, como las matemáticas, tiene su estructura objetiva, que ningún capricho arbitrario puede alterar, antes de que hubiera ninguna ley promulgada, las relaciones justas eran posibles. Decir que no hay nada justo ni injusto, excepto lo que el derecho positivo ordena o prohíbe es como decir que antes de trazar un círculo todos sus radios no eran iguales.

La idea de una necesidad objetiva en el derecho que exprese la naturaleza social del Hombre estaba profundamente influida por la revolución científica que precedió estas conquistas intelectuales. Estas concepciones del derecho natural y derechos democráticos eran un avance trascendental en la consciencia humana —fundamental y vital para el progreso y civilización constantes de la humanidad. La gente de todas partes se deleitaba con la transformación que representaban estas ideas. Voltaire en la época comparaba el progreso de la consciencia con un niño que empieza a caminar. Estas concepciones encontraban su expresión en las grandes Declaraciones democráticas, que acompañaron a la revolución norteamericana y a la francesa y formaron la base ideológica de la forma constitucional de gobierno que crearon. Varios pasajes del Segundo tratado sobre el gobierno de Locke fueron reproducidos al pie de la letra en la Declaración de Independencia, incluso las referencias a los «derechos inalienables» y «un largo tren de abusos».

Bebiendo de las concepciones sobre el Derecho Natural de la Ilustración, los revolucionarios norteamericanos se pusieron a crear un gobierno y una Constitución basados en la razón. La idea principal era que los derechos no eran concedidos por ningún poder político, sino que surgían de la naturaleza del propio Hombre. Como declaró John Dickinson en 1766:

Nuestros derechos y libertades no nos son anexionados por cartulinas y sellos. Son creados en nosotros por los decretos de la Providencia, que establece las leyes de la naturaleza. Nacen con nosotros; existen con nosotros; y no nos los puede quitar ningún poder humano, sin quitarnos la vida. Brevemente, están basados en las máximas inmutables de la razón y la justicia (citado en Gordon S. Wood; The Creation of the American Republic 1776–1787. Chapel Hill, 1969 pág. 293).

La naturaleza de la democracia estadounidense, creada desde la revolución y personificada en su constitución, reflejaba una perspectiva política tan única como intensa. La idea de la «soberanía del pueblo» y la inalienabilidad de sus derechos era totalmente radical. Como escribió Gordon Wood en su obra seminal La creación de la república norteamericana:

La trillada teoría de la soberanía popular adquirió una veracidad en manos norteamericanas que los radicales europeos con toda su cháchara de todo el poder en el pueblo apenas habían considerado imaginable excepto en esas raras épocas de revolución. La «libertad civil» se volvió para los norteamericanos «no ‘un gobierno de la ley’, hecho agradable para escrituras de constituciones, declaraciones de derechos o convenios, sino un poder que existe en el pueblo en general, en todo momento, por cualquier causa o sin otra causa, que su propio placer soberano, para alterar o aniquilar tanto el modo y esencia de cualquier gobierno anterior, y adoptar uno nuevo en su lugar. (Op. cit., pág. 362.)

Madison y el derecho a la libertad de expresión

James Madison, uno de los padres fundadores de los EEUU, fue el principal arquitecto de la Declaración de Derechos y el principal defensor de la necesidad de que el derecho a la libertad de expresión sea absoluta en una verdadera democracia. Bajo la doctrina de la Soberanía del Pueblo, Madison argumentaba, «para que el pueblo gobierne sabiamente, tiene que ser libre de pensar y hablar sin miedo a las represalias». Opuesto al principio a la enumeración de derechos separados de la estructura de la Constitución, sobre la base de que una enumeración implicaría una limitación, Madison reconoció, sin embargo, la voluntad popular expresada en las convenciones ratificadoras, que habían aprobado remedios a la Constitución y les dio forma en la Declaración de Derechos.

Sobre el derecho a la libertad de expresión, y su absoluta centralidad en una sociedad libre y democrática, Madison fue inequívoco y firme. La revelación pública tenía que ser totalmente libre y sin grilletes. Madison tenía una desconfianza decidida al gobierno popular; por esa razón insistía en que la revelación pública necesitaba ser robusta y vigorosa para que el gobierno pudiera ser criticado libremente y sus abusos expuestos. La «opinión pública», escribió en 1791, «pone límites a todo gobierno, y es el verdadero soberano en cada gobierno libre».

Según la teoría democrática, es el pueblo, y solo el pueblo, el que gobierna. Y para que el pueblo gobierne sabiamente las personas tienen que poder comunicarse las unas con las otras —libremente, sin miedo a la represión del gobierno. La libertad de expresión y de prensa eran, por lo tanto, precondiciones esenciales para el gobierno democrático. El compromiso de Madison con la libertad de expresión era absoluto. Su presidencia (1809-1818) no ha sido vista generalmente de manera favorable, pero es significativo que hasta en tiempos de grandes crisis (tales como la guerra de 1812) Madison no recortó derechos, e insistió en el derecho a la libertad de expresión incluso en tiempos de guerra.

El reconocimiento del estatus crítico de la libertad de expresión en una democracia quedó expresado en que el derecho a la libertad de expresión fuera el primero de los derechos enumerados en las Enmiendas a la Constitución.

La libertad de expresión en la guerra

En tanto que derecho protegido bajo una constitución democrática burguesa (en contraste con una constitución socialista), la clase gobernante ha perseguido en ocasiones recortar este derecho cuando se ha sentido en peligro, y los movimientos socialista y comunista han sido de costumbre los principales blancos de tal represión cuando se han opuesto a los objetivos de guerra imperialista de los EEUU. En 1917 y 1918, el gobierno estadounidense promulgó la Ley de Espionaje y la Ley de Sedición respectivamente, que estaban dirigidas conscientemente contra la oposición socialista a la guerra.

En el caso de Schenk vs los EEUU, el Tribunal Supremo, que incluía a Oliver Wendell Holmes y a Louis Brandeis, mantuvo la condena de Charles Schenk, un activista socialista, por distribuir octavillas contra el servicio militar obligatorio. El Tribunal mantuvo que la Ley de Espionaje no violaba la Primera Enmienda porque las actividades contra la conscripción de Schenk presentaban un «peligro claro y actual» a las operaciones militares y la seguridad nacional de los EEUU, incluyendo el reclutamiento. Claramente el Tribunal Supremo quería apoyar los objetivos de guerra imperialista de los EEUU contra la oposición socialista. El Tribunal Supremo también mantuvo unánimemente condenas en los famosos casos de Debs vs los EEUU (1919) y Frohwerk vs los EEUU (1919). Debs y Frohwerk eran destacados opositores socialistas a la guerra, y Debs fue cuatro veces candidato a la presidencia por el Partido Socialista.

La Ley de Sedición de 1918 fue promulgada a iniciativa de Woodrow Wilson, y prohibía criticar los objetivos bélicos del gobierno, al ejército y «la promoción de principios contrarios a la Ley». Más de dos mil casos fueron presentados por parte del gobierno bajo la Ley de Espionaje de 1917 y la Ley de Sedición de 1918, y hubo más de mil condenas. La Ley de Sedición fue derogada en 1920, sin embargo la Ley de Espionaje sigue estando en vigor en buena medida y es en la que se basa el Gobierno estadounidense en su imputación a Julian Assange. Ello no es casual, sino producto de los mismos impulsos militaristas del imperialismo estadounidense que motivaron la creación de esas leyes hace cien años.

El impulso de la guerra postsoviética de Estados Unidos por la hegemonía mundial

La persecución de Julian Assange por publicar los crímenes de guerra de los Estados Unidos en Irak deben examinarse en el contexto histórico de la crisis del imperialismo estadounidense, el conflicto de clase que se profundiza dentro de los Estados Unidos, el temor de las élites a la revolución, y el consecuente ataque a los derechos democráticos y al constitucionalismo a lo largo de las dos últimas décadas.

Tras el desplome de la Unión Soviética, los Estados Unidos pasaron rápido a una política exterior militar agresiva. Al mismo tiempo, el triunfalismo capitalista no podía esconder los profundos problemas subyacentes que surgían en la economía estadounidense, que tenían su origen en el vaciamiento de la industria, el aumento espectacular del parasitismo financiero y la deuda corporativa, y su pérdida de terreno acelerada en beneficio de sus principales rivales económicos. La Unión Soviética se había derrumbado pero los Estados Unidos estaban en un declive sistémico irreversible. El primer gran shock postsoviético ocurrió en 1998 con el colapso del fondo de protección Long Term Capital Management de $126 mil millones. (El jefe del LTCM era Myron Scholes, quien un año antes había sido galardonado con el Premio Nobel de Economía por un método para determinar el valor de los derivativos.) Diez años más tarde, con el colapso de Lehman Bros, la agonía mortal del capitalismo estadounidense quedó comprobada más allá de cualquier duda razonable.

A partir de principios de los ’90, la clase gobernante estadounidense, el ejército y el establishment de la Seguridad Nacional se embarcaron en un rumbo de procurar defender la hegemonía mundial estadounidense mediante el uso de la fuerza militar. Persiguió una estrategia de impedir el surgimiento de cualquier rival que desafiara la hegemonía estadounidense. Los Estados Unidos ejercerían desde entonces un dominio indiscutido sobre regiones y recursos clave contra sus principales rivales en Europa y Asia, mediante la proyección global de un poderío militar avasallador.

En la cumbre de la OTAN de noviembre de 1991 en Roma, los EEUU presentaron un «Nuevo Concepto Estratégico» para la OTAN, que hacía hincapié en el «contexto global» y la necesidad de que la OTAN asumiera un «papel militar estratégico más expansivo y menos defensivo». Estados Unidos y el Reino Unido proclamaron el derecho a llevar a cabo «intervenciones humanitarias», que incluían el uso de la fuerza militar para resolver disputas en otras regiones y parar «violaciones a los derechos humanos».

Los esfuerzos del imperialismo estadounidense por establecer una supremacía sin rivales sobre el mundo, que se aceleró a lo largo de los ’90, se expandió, particularmente a las regiones ricas en petróleo de Medio Oriente y de la cuenca del Caspio.

El documento de 1992 del Departamento de Defensa titulado «La guía de planificación de defensa» resumía así la nueva doctrina imperialista:

Nuestro principal objetivo es impedir el resurgimiento de un nuevo rival. Esta es una consideración dominante que subyace a la nueva estrategia de defensa y requiere que nos esforcemos por evitar que cualquier potencia hostil domine una región cuyos recursos fueran suficientes, bajo control consolidado, para generar una potencia global. Estas regiones incluyen a Europa Occidental, el este de Asia, el territorio de la antigua Unión Soviética, y el suroeste de Asia.

La doctrina de la guerra preventiva fue adoptada como política oficial de los EEUU. Esta doctrina venía ganando terreno desde principios de los ’90 entre intelectuales que apoyaban una política exterior estadounidense más agresiva. En 1992, por ejemplo, el liberal Michael Walzer hizo circular un documento firmado por sesenta intelectuales que formulaba los principios de una nueva concepción de «guerra justa». En su libro Guerras justas e injustas (Nueva York, 1992), Walzer argumentaba que, cuando los EEUU estaban confrontados con un «peligro desacostumbrado y terrible» y una «amenaza radical a los valores humanos», no se podría aplicar ninguna restricción de naturaleza ética ni legal, y cualquier medio de destrucción preventiva era moralmente legítimo.

En el Informe revisión de defensa cuatrienal del 30 de septiembre de 2001, y la Estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidosdel 17 de septiembre de 2002, el Gobierno estadounidense expuso detalladamente su nueva doctrina de la guerra preventiva. La doctrina proclamaba el derecho de los EEUU a denunciar unilateralmente a otros Estados soberanos, imponer inspecciones para lograr un «desarme preventivo», y usar la fuerza militar si y cuando la considerara necesaria o deseable.

La Estrategia de seguridad nacional de 2002 también proclamaba el derecho de los EEUU a actuar «preventivamente» en circunstancias de una amenaza percibida. Las doctrinas de la guerra preventiva, la defensa propia preventiva, la guerra humanitaria y la guerra justa son todas ilegales en el derecho internacional. Recurrir a la fuerza, a la guerra, está prohibido desde Nuremberg y su codificación en estatutos y convenciones del derecho internacional. La adopción de estas doctrinas por parte de los EEUU representó, en términos históricos, un enorme retroceso en la condición ideológica de la civilización occidental.

En 2003, los EEUU planificaron y lanzaron su guerra de agresión contra Irak. Las supuestas amenazas de las «armas de destrucción masiva» se demostró que eran un fraude y, en cualquier caso, no podían constituir motivo legal para lanzar una guerra. Según los precedentes establecidos en Nuremberg, los líderes civiles y militares que planean y llevaron a cabo la guerra de agresión contra Irak tendrían que haber sido juzgados ante un tribunal judicial propiamente constituido, se les tendría que haber garantizado un total y adecuado proceso debido, y tendrían que haber sido juzgados por crímenes contra la paz, crímenes contra la humanidad, y crímenes contra las leyes de la guerra.

La invasión ilegal de Irak en 2003 constituyó una inmensa intensificación de la estrategia estadounidense postsoviética. La criminalidad de las acciones estadounidenses, y su brutalidad, expresadas en crímenes tan horrendos como la destrucción y las matanzas de Fallujah, evocaban la agresión, criminalidad y violencia del ataque de Hitler a Polonia en 1939. La mayor parte de la información que Assange publicó en WikiLeaks, y que es objeto de la acusación, tenía que ver con las actividades ilegales y criminales de los Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán, y el tratamiento de los detenidos en Guantánamo. Millones de personas en todo el mundo vieron con horror el vídeo del «asesinato colateral» en Irak cuando fue publicado en 2010.

El ataque al constitucionalismo y la legalidad

Desde el año 2000, el militarismo en el extranjero en fomento del impulso estadounidense hacia la hegemonía mundial ha ido de la mano con los ataques al constitucionalismo y los derechos democráticos en casa. El ataque inaugural al constitucionalismo fue el robo de las elecciones del 2000, cuando los republicanos, los demócratas y el Tribunal Supremo por igual privaron a los ciudadanos estadounidenses de su derecho al voto. Puede que Albert Gore entendiera la seriedad de las implicaciones, pero no luchó para defender los derechos del pueblo. En las dos décadas siguientes ha habido un impulso consciente por parte de la burguesía de los Estados Unidos para desensamblar el orden constitucional establecido, implementar un régimen legal represor y establecer un régimen autoritario.

La administración de George W. Bush se aprovechó de los atentados del 11 de septiembre para utilizar el pretexto de la «guerra contra el terrorismo» para expandir vastamente los poderes del Estado, fomentar el gobierno del ejecutivo y destripar el constitucionalismo.

Con la excusa de la «guerra contra el terrorismo», la administración de Bush persiguió colocarse por encima de la ley de una manera sin precedentes. El agujero negro legal de la Bahía de Guantánamo, designado para negar el habeas corpus, fue quizás la medida anticonstitucional más extraordinaria que se haya tomado en siglos. El ataque al constitucionalismo fue apoyado plenamente por el Partido Demócrata. Numerosos pasos se dieron para plantear el régimen autoritario con la excusa del impulso bélico de los Estados Unidos en Medio Oriente, incluyendo:

* La Ley Patriótica y la Ley de Seguridad Nacional, que autorizaron la búsqueda, el arresto, la detención, la monitorización y la vigilancia arbitraria.

* La creación de categorías no legales tales como «combatiente-enemigo» para negar el debido proceso.

* La práctica de la tortura

* El rechazo de las normas del derecho internacional, incluía la desautorización de las Convenciones de Ginebra y el rechazo de la jurisdicción del Tribunal Criminal Internacional.

La Ley Patriótica estadounidense (cuyo nombre completo es Ley de 2001 para Unir y Fortalecer a los Estados Unidos Brindando las Herramientas Apropiadas para Restringir, Interceptar y Obstruir el Terrorismo), y el establecimiento de la Bahía de Guantánamo puso en movimiento el proyecto de la clase gobernante para reconstituir el régimen legal estadounidense sobre cimientos autoritarios. La Ley brindaba poderes casi ilimitados para arrestar, detener de manera indefinida, allanar e incautar sin orden judicial, vigilar y monitorizar. Comunicaciones telefónicas y mediante computadoras, registros empresariales, registros de bibliotecas, y otra información personal, todos podían ser confiscados por el FBI según la Ley.

En un sentido muy real, la Ley brindaba el marco legislativo para un Estado de seguridad nacional. Había montones de casos en los tribunales que desafiaban la Ley por motivos constitucionales y, en casi todos los casos de éxito, el Congreso (con un apoyo bipartidista abrumador) promulgó otras leyes para superar los obstáculos constitucionales para mantener el marco represor.

Con algunas enmiendas, que no alteraban su carácter fundamental de Estado policial, la Ley Patriótica fue reautorizada a lo largo de los últimos 18 años, incluso por la administración Obama que, en 2015, volvió a legislar partes de la Ley que estaba previsto que caducaran en 2015 bajo una Ley llamada de manera orwelliana Ley de Libertad de EEUU.

Un retoño de la Ley Patriótica fue el Programa de Vigilancia Terrorista, que permitió que el gobierno rastreara secretamente miles de millones de llamadas telefónicas, comunicaciones de texto y por ordenador hechas por millones de ciudadanos estadounidenses, sin orden judicial. Bajo varios diferentes aspectos legislativos (empezando por la Ley de Inteligencia de Vigilancia Extranjera de 2008) la vigilancia sin orden judicial continuó bajo las administraciones de Obama y Trump, incluyendo el sistema de vigilancia PRISM revelado por Edward Snowden —los datos recogidos bajo ese sistema ahora los retienen las grandes corporaciones de las telecomunicaciones.

La negación extraordinaria del habeas corpus y el debido proceso en la Bahía de Guantánamo iguala el carácter contrarrevolucionario de la Ley Patriótica (ver el artículo del WSWS: «Guantanamo Bay, habeas corpus and the Texan who would be king», del 5 de enero de 2004).

Las acciones del Gobierno estaban justificadas sobre la base de conceptos legales formulados por abogados ultraderechistas del Departamento de Justicia dirigidos por John Yoo. Planteaban una versión extrema de la «teoría ejecutiva unitaria», que se nutre de las nociones legales germánicas autoritarias de Staats Recht, que hace hincapié en la primacía de la seguridad nacional por encima de los derechos democráticos nucleares y la legalidad.

Yoo más tarde daría testimonio, en una indagación ulterior del Departamento de Justicia acerca de los Memos sobre Tortura que él había redactado, de que, desde su punto de vista, «la autoridad del presidente para hacer la guerra era tan amplia que tenía el poder constitucional de ordenar que se masacrara una aldea». No era de sorprender que el punto de vista del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado durante la «guerra contra el terrorismo» era que las Convenciones de Ginebra eran una irrelevancia pintoresca, que no era vinculante para los Estados Unidos. John Yoo ahora es profesor de derecho en la Facultad de Derecho de la UC Berkeley.

La negación del habeas corpus a los detenidos en Guantánamo fue desafiada en el Tribunal Supremo de los EEUU en el caso Rasul vs los Estados Unidos de América (2004). El Tribunal dictaminó por 6 a 3 (Rehnquist, Scalia y Thomas disientando) que los detenidos de Guantánamo, sin importar su ciudadanía, tenían derecho a desafiar la legalidad de su detención en tribunales federales.

El Gobierno respondió promulgando una ley que prohibía el acceso a los tribunales, llamada Ley del Tratamiento de Detenidos, que fue aprobada con un apoyo abrumador de los demócratas. La Ley también daba inmunidad a agentes del Gobierno y a personal militar ante la posibilidad de enjuiciamiento por los métodos de «interrogatorio mejorado» que habían sido justificados por las teorías legales estatalistas de los funcionarios del Departamento de Justicia. La Declaración de Promulgación del presidente Bush, que exponía su interpretación formal de la ley, declaraba:

La rama Ejecutiva interpretará [las provisiones] concernientes a los detenidos, de una manera coherente con la autoridad constitucional del presidente para supervisar la rama ejecutiva unitaria y como Comandante en Jefe, y coherente con las limitaciones constitucionales del poder judicial, que asistirá en lograr el objetivo compartido del Congreso y el presidente para proteger al pueblo estadounidense de otros ataques terroristas.

Liberalismo de seguridad nacional

La arremetida contra el constitucionalismo bajo la administración de Bush fue ampliamente defendida por las élites liberales. Corrompidos por décadas de ganancias en la bolsa, ellos habían abandonado hacía décadas cualquier apoyo siquiera nocional a las normas constitucionales o el derecho internacional. Esto quedó reflejado en los escritos de autores tales como Michael Ignatieff, quien, en su libro de 2004 titulado El mal menor: ética política en la era del terror, promocionaba el mito de la «Guerra contra el Terrorismo» y apoyaba la restricción de los derechos constitucionales sobre la base absurda de que «la Constitución no es un pacto suicida».

Vastas capas de la clase media-alta liberal pudiente se estaban volviendo simpatizantes ruidosos de la preeminencia de la «seguridad nacional», por encima de la protección constitucional de los derechos esenciales.

En su actual emprendimiento del juicio político, el Partido Demócrata está buscando destituir a un presidente elegido democráticamente a quien ellos ven como obstáculo a los objetivos bélicos del “complejo” demócratas-CIA-Pentágono. El objetivo y la preocupación reales del proceso de destitución es el cambio de régimen en Rusia, no proteger la Constitución de los EEUU, a la que el Partido Demócrata no le debe lealtad por principios.

La administración Obama, lejos de dar cualquier paso hacia alterar el rumbo de la estrategia hegemónica de Estados Unidos o defender sus cimientos constitucionales, profundizó la trayectoria reaccionaria de los Estados Unidos y el programa contrarrevolucionario de la burguesía. La administración planteó de forma estridente la doctrina de la «guerra preventiva».

En su discurso al aceptar el Premio Nobel de la Paz en 2009, Obama abrazó oficialmente la doctrina. Respecto a esto, en la medida en la que su presidencia representaba supuestamente una alternativa progresista a los objetivos de política exterior de la clase gobernante, estaba absolutamente claro que dentro de todo el abanico político del establishment había un apoyo avasallador para la destrucción del marco del derecho internacional y la legalidad entre las naciones.

Obama reprendió la «ambigüedad acerca del uso de la fuerza militar» y proclamó el derecho de Washington a usar el poderío militar para el cometido de la «guerra justa», la «guerra preventiva» y «guerra anticipatoria» —todas las doctrinas ilegales con raíces medievales condenadas en Nuremberg como nada más que tapaderas para la agresión y la conquista. El Wall Street Journal aplaudió de todo corazón la declaración de Oslo de Obama.

Habiendo dejado claro que la guerra de agresión era su política exterior, la administración de Obama procedió a ponerse a los asesinatos extrajudiciales, indicando que sus puntos de vista sobre el derecho constitucional estadounidense estaban en concordancia con sus puntos de vista sobre los principios de Nuremberg. Los asesinatos con drones fueron una práctica favorita del presidente. Los hubo por centenas. Las deportaciones de inmigrantes indocumentados fueron otra de sus ocupaciones favoritas. Las hubo por millones.

Para corroborar su perspectiva sobre el derecho constitucional con su impulso bélico militarista, la administración de Obama expresó perspectivas abiertamente contrarrevolucionarias. Después del asesinato de Anwar al Aulaki, un ciudadano estadounidense, en uno de sus ataques con drones, hubo una expresión de temor y presentimiento desde varios grupos de derecho constitucional. ¿Son legales los asesinatos extrajudiciales de ciudadanos estadounidenses? se preguntaban. El principal abogado del Gobierno de los EEUU, el fiscal general Eric Holder, en respuesta a preguntas de la Facultad de Derecho de la Northwestern University sobre el asesinato de Awlaki, dio la siguiente respuesta escalofriante:

Algunos han argumentado que se requiere que el presidente consiga autorización de un tribunal federal antes de emprender acciones contra un ciudadano estadounidense que es un destacado dirigente operativo de al Qaeda o sus fuerzas asociadas. Esto simplemente no es cierto. El «debido proceso» y el «proceso judicial» no son una y la misma cosa, particularmente cuando se trata de la seguridad nacional. La Constitución garantiza el debido proceso, no el proceso judicial.

Este solecismo legal no tiene precedente en más de 800 años de historia legal desde que la Carta Magna declaró en 1215 que «ningún hombre libre será aprehendido, despojado de su propiedad o herido excepto por la ley de la tierra» (capítulo 29), una expresión que se refería a las prácticas consuetudinarias de los tribunales de Inglaterra.

Para asegurarse de que los derechos fundamentales (incluyendo el derecho a la vida y la libertad) solo pudieran ser mermados por un tribunal, y para eliminar cualquier posible incertidumbre sobre ello que surgiera del lenguaje de la Carta Magna, durante el reinado del rey Eduardo III (quien reinara de 1327 a 1377), el parlamento promulgó seis estatutos para aclarar el significado y alcance de las libertades que garantizaba la Carta Magna.

Los estatutos interpretaban la expresión «la ley de la tierra» como los procedimientos judiciales que protegían las libertades del sujeto. Una de las leyes, promulgada en 1354, introdujo el término «debido proceso de la ley» —la primera aparición de dicha frase en el derecho anglo-americano— para describir la garantía de la Carta Magna de las protecciones judiciales. La Quinta Enmienda a la Constitución estadounidense reproduce esta expresión en su cláusula al Debido Proceso.

La propuesta de que el gobierno pueda matar a ciudadanos en cualquier parte del mundo en base a estándares legales y pruebas que no se remiten nunca a ningún tribunal, ni antes ni después de los hechos, no podría demostrar en términos más claros que el «liberalismo» se estaba transformando en fascismo.

La premisa esencial de Holder, que la ley y el poder ejecutivo son lo mismo, se hacía eco de la jurisprudencia nazi del principal letrado del Tercer Reich, Carl Schmitt. Schmitt desarrolló teorías legales de que la voluntad del líder (del Führer) era la ley —particularmente en épocas de crisis— pero también en general en el marco de su jurisprudencia autoritaria.

Una de las principales tareas asignadas a Schmitt como fiscal de los nazis fue elaborar justificaciones legales para los asesinatos extrajudiciales de Hitler. En su obra Führer Schutzt das Recht (El líder protege la ley) de 1934, escrita tras «la noche de los cuchillos largos», cuando Hitler ordenó el asesinato de destacados miembros de la SA y varios políticos conservadores prominentes, incluyendo a Kurt Schleicher, el anterior canciller, Schmitt escribió:

El líder protege la ley del peor abuso si, en el momento de peligro, en virtud de su liderazgo como juez supremo, crea justicia inmediatamente. El verdadero líder es siempre también un juez. La calidad de juez se deriva del liderazgo. Los que buscan separar estas dos cosas buscan deshacer el Estado con ayuda del poder judicial. (Publicado en Deutsche Juristische Zeitung, agosto de 1943.)

Este, en esencia, era el punto de vista de Holder. Y también el del marrullero abogado de Harvard Barack Obama.

La estrategia de «gran poder» de EEUU 2018

Declarando su intensificación del impulso hacia la hegemonía global, los EEUU anunciaron en su documento de Estrategia de Defensa Nacional de 2018 que su política de dos décadas de la «guerra contra el terrorismo» estaba ahora siendo desbancada por una estrategia concentrada directamente contra China y Rusia. El impulso militarista de los EEUU, comenzado tras el colapso de la Unión Soviética, ahora iba a ser llevado a un nivel más alto —a un gran conflicto con Estados nación rivales.

Basado en una intensificación estratégica, se ha puesto en marcha un fortalecimiento armamentístico de proporciones descomunales. En junio de 2018 se aprobó un proyecto de ley para un gasto militar de $716 mil millones —con apoyo abrumador de los demócratas. En medio del proceso del juicio político (y una brutal guerra ilegal en Yemen, respaldada por EEUU) el 12 de diciembre de 2019, se aprobó un presupuesto militar de $738 mil millones, una vez más con un avasallador respaldo de los demócratas.

Mediante los procesos inexorables del desarrollo económico mundial a lo largo de los últimos 40 años, Estados Unidos se ha convertido en su contrario. Como la Alemania nazi, no tiene suficiente confianza ni libertad para respetar constituciones legales y darle a un ciudadano un juicio justo. Librar guerras de agresión, destruir los derechos de sus ciudadanos, adoptar la irracionalidad y el autoritarismo, son señales de que la clase gobernante, y las élites y el poder judicial que la apoya, han llegado a un callejón sin salida histórico y se han vuelto intelectual y moralmente arruinados. En este escenario histórico y político, las élites estadounidenses han comenzado el enjuiciamiento de Julian Assange, jalonando una nueva etapa en la contrarrevolución.

El enjuiciamiento de Assange

Antes de examinar la acusación, merece la pena considerar brevemente el carácter ilegal de la persecución de Assange por parte de Gran Bretaña y de Estados Unidos (y, de hecho, Suecia) antes de su expulsión de la embajada ecuatoriana.

Desde que comenzara el asunto, Assange ha venido estando sometido a interminables abusos de procedimiento e interferencia política en el proceso legal. Casi todos los preceptos, prácticas y protección procedimental habituales que se le permiten tradicionalmente a un acusado, han sido descartados en el esfuerzo por abrumarle. Nunca se presentó una acusación contra él en Suecia. Los indicios extremadamente débiles de las alegaciones llevaron a una declaración de la fiscala jefe original de Estocolmo, Eva Finne, de que «No hay sospechas de absolutamente ningún crimen». El proceso fue ulteriormente reabierto bajo presión política.

Aunque las autoridades suecas lo soltaron y no le exigieron que se quedara en Suecia, más tarde Interpol publicó una Notificación Roja contra él, que generalmente se utiliza para terroristas y criminales peligrosos. El Tribunal Supremo del Reino Unido aprobó la extradición de Assange a Suecia, basándose en una orden europea de arresto claramente defectuosa que ni estaba firmada por un funcionario judicial tal como requiere la ley. El Gobierno británico ulteriormente enmendaría los términos del acuerdo de órdenes de arresto europeas para sancionar la ilegalidad.

La fiscal sueca, Marianne Ny, bloqueó el derecho de Assange a recurrir ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. El caso se abrió a pedido del abogado de la querellante, una destacada militante del movimiento por los derechos de las mujeres en Suecia, miembro del Partido Socialdemócrata y de la organización que exige gravar a los hombres. El Tribunal Supremo británico aprobó la extradición de Assange, aunque las autoridades suecas se negaron a ofrecer garantías de que no sería extraditado a los Estados Unidos, a pesar de que los EEUU estaban preparando acusarlo bajo la Ley de Espionaje.

En una ruptura de sus obligaciones legales, el Gobierno australiano no hizo nada para brindarle asistencia a Assange, y la primera ministra australiana Julia Gillard amenazó con quitarle la ciudadanía a Assange, hasta que se le informó de que eso era ilegal.

Como era su derecho, Assange buscó asilo político, que le concedió Ecuador. En violación del derecho internacional consuetudinario, ni el Reino Unido ni los Estados Unidos reconocieron el asilo de Assange. Como consecuencia, Assange permaneció encerrado durante muchos años en la embajada ecuatoriana. En 2016, expertos legales del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria dictaminaron que Assange estaba siendo detenido ilegalmente por parte de Reino Unido y Suecia. Esos países ignoraron sus fallos.

Después de negarse a entrevistar a Assange en Londres durante seis años, la fiscal sueca finalmente lo entrevistó en Londres en 2016. Sin embargo, impidió que estuviera presente el abogado sueco de Assange, una negación fundamental de los derechos legales básicos de Assange. Como resultado de ese desmán un juez de Estocolmo en 2017 publicó una exigencia a la fiscal para que sea cuestionada por mal procedimiento fiscal. En vez de someterse a tal cuestionamiento, ella cerró la investigación. Más tarde se haría público que ella también había borrado correspondencia por correo electrónico con el FBI.

Después de que los suecos dejaran de lado su investigación, los abogados de Assange exigieron que la orden de arresto británica por su incumplimiento de la fianza también sea dejada de lado. Había una sólida base legal para hacerlo, porque las alegaciones de Suecia, que eran el objeto de la fianza, habían sido retiradas y él tenía derecho legal internacional a pedir asilo, que un Estado soberano le había concedido. Además, él había estado en una situación de encierro durante siete años.

La jueza Emma Arbuthnot rechazó la solicitud. Como asunto legal, sin embargo, ella no tendría que haberse encargado del caso y tendría que haberse declarado incompetente, dado que era la esposa de un destacado parlamentario del Gobierno y socio de negocios del jefe del MI6, el equivalente británico de la CIA.

El derecho de Assange al habeas corpus fue violado flagrantemente en el castigo de encarcelamiento por un año que se le infligió por el incumplimiento de la fianza, cuando, en circunstancias normales, se impone una sentencia no privativa de la libertad. No podía haber un ejemplo más claro de que el tribunal le estaba dando una mano a la ilegalidad del ejecutivo. Arrojar a Assange en la prisión Belmarsh de alta seguridad, y obstruir sus preparativos de la defensa de la demanda de extradición, fue un acto abierto vengativo político cruel y de ilegalidad. En este sentido, la conducta del Gobierno británico es la misma que el el gobernador colonial a Zenger en 1734.

En 2015, un tribunal federal en Washington bloqueó la publicación de toda la información respecto a la indagación del Departamento de Justicia de WikiLeaks, argumentando que era una «indagación de seguridad nacional» activa y en desarrollo y podría potencialmente dañar el «enjuiciamiento pendiente» de Assange. La juez Barbara J. Rothstein en su decisión opinó «hay que mostrar la deferencia apropiada al ejecutivo en asuntos de seguridad nacional».

La acusación contrarevolucionaria

La acusación original estadounidense de seis páginas, fechada el 6 de marzo de 2018, acusaba a Assange de conspirar con Chelsea Manning para obtener el acceso, sin autoridad, a computadoras del Departamento de Defensa. En particular, se sugiere que Assange intentó hackear una contraseña para facilitar el acceso a registros secretos para que se pudiera esconder la identidad de Manning. Esa contraseña no fue hackeada.

La acusación se basaba en la Ley de Fraude y Abuso Informático (CFAA), la principal norma jurídica contra el hackeo en los EEUU. La alegación estaba factualmente hecha jirones, y legalmente era muy estrecha, y estaba claramente designada a obviar la necesidad de confrontarse directamente con temas de la Primera Enmienda respecto al derecho de Assange a actividad protegida de su libertad de expresión. La acusación era, sin embargo, transparentemente un pretexto para criminalizar la actividad periodística de Assange de conseguir información y publicarla en el sitio web de WikiLeaks.

La «Acusación reemplazante» enmendada, que ocupa 37 páginas, presentada el 23 de mayo de 2019, hacía diecisiete acusaciones a Assange basadas en la Ley de Espionaje de 1917 (Título 18 Código Estadounidense Sección 793 y secciones relacionadas) y mantenía la alegación de hackeo informático como la acusación número 18.

Las primeras catorce acusaciones de la acusación reemplazante se basan en alegaciones de que Assange conspiró con Manning y se coordinó con ella directamente, al acceder a la información clasificada así como al publicarla. Los hechos alegados, sin embargo, no dicen que Assange hiciera ninguna cosa fundamentalmente por fuera de la práctica periodística de obtener información, incluyendo asistir a una fuente a esconder su identidad. No hay duda de que Assange actuó con celo en la búsqueda de información que revelara la conducta de los Estados Unidos en Irak, Afganistán y la Bahía de Guantánamo. La Primera Enmienda, sin embargo, protege con celo los derechos de los ciudadanos a la libertad de expresión.

En gran parte de los comentarios en defensa de Assange, se defiende su actividad adecuadamente argumentando que era periodista. Hay que tener presente, sin embargo, que la protección de la Primera Enmienda de la libertad de expresión no es un derecho limitado a los periodistas. Todos los ciudadanos tienen derecho a publicar información sin restricciones por parte del Gobierno. Como dijo en 1977 el presidente del Tribunal Supremo Warren Burger, «La libertad de prensa es de alcance ilimitado. La Primera Enmienda no pertenece a ninguna categoría definible de personas o entidades; pertenece a todos los que ejercen sus libertades».

Las acusaciones quince a diecisiete inclusive son cargos que alegan la pura publicación de secretos de Estado, independientemente de cualquier actividad previa que incluyera a Manning en la obtención ilegal de la información. Bajo estas tres acusaciones, el Gobierno busca específicamente criminalizar los meros actos de publicación de información clasificada de defensa. Estos cargos son elementos verdaderamente contrarrevolucionarios en la acusación, dirigidos a destruir la protección de la Primera Enmienda de la publicación de información clasificada del Gobierno. La teoría legal sobre la que se basan estas tres acusaciones implica que si alguien, en cualquier parte del mundo, recibe material clasificado de Defensa por correo, de una fuente anónima, y lo publica, sería culpable del crimen de espionaje.

Solo ha habido dos enjuiciamientos en la historia legal estadounidense de editores terceros no gubernamentales bajo la Ley de Espionaje: El enjuiciamiento en 1971 del amigo de Daniel Ellsberg, Anthony Russo, por ayudar a Ellsberg a copiar los papeles del Pentágono, y el caso de Estados Unidos v Rosen en 2009. En ambos casos, las acusaciones fueron retiradas por parte del Gobierno después de que dictámenes judiciales previos al juicio cuestionaran la legalidad de los enjuiciamientos y mala conducta fiscal. De manera significativa, el caso de los papeles del Pentágono implicaba el intento de detener la publicación, no castigar la publicación como un crimen.

En un esfuerzo por intensificar el apuntalamiento político de la acusación, el Gobierno alega que Assange publicó material que incluía «los nombres de individuos que ponían en riesgo su seguridad y su libertad al brindar información a los Estados Unidos y nuestros aliados». Sin embargo, en términos legales, la publicación de esa información es irrelevante. Nada en la Ley de Espionajedepende en si se publican nombres o no. Es más, en cualquier caso los acusadores siempre podrían aludir a algún otro «daño a la seguridad nacional» para justificar enjuiciamientos mediante la Ley de Espionaje. El asunto legal es de principios.

La perspectiva jurídica de seguridad nacional que subyace a la acusación está expuesta sucintamente en el párrafo 29 de la acusación, donde pretende que Assange, Manning y otros compartían el objetivo de fomentar la misión de WikiLeaks «como agencia de inteligencia del pueblo que subvierte medidas legales impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos para salvaguardar y conseguir información clasificada para revelar al público esa información».

Esta defensa legal del Departamento de Justicia se hace eco de las declaraciones de Mike Pompeo quien, como jefe de la CIA en 2017, denunció a WikiLeaks como un «servicio de inteligencia hostil no estatal». Estas concepciones han cristalizado en la concepción contrarrevolucionaria de que el público no tiene derecho a que se le haga consciente de las actividades del Gobierno.

Dejando más allá de ninguna duda el propósito político del enjuiciamiento, en 2008 un informe secreto fue preparado por el Centro de Contrainteligencia del Ejército de los EEUU sobre WikiLeaks, que ulteriormente se filtraría y sería publicado en 2010. El informe declaraba que WikiLeaks «constituía una amenaza de contrainteligencia para el ejército estadounidense». Declaraba que «wikileaks.org, un sitio web accesible públicamente en internet, representa una amenaza potencial a la fuerza de protección de seguridad operacional y de contrainteligencia (OPSEC) y seguridad informacional (INFOSEC) del ejército de los EEUU». El informe exigía el cierre de WikiLeaks mediante la destrucción de la confianza de sus lectores.

El propósito transparentemente político del enjuiciamiento a Assange, y la propia imputación, basada en la Ley de Espionaje, un estatuto incuestionablemente político, hace que la extradición que pretenden los Estados Unidos sea una violación del Tratado de Extradición con el Reino Unido. Hay antecedentes en el derecho inglés de que tribunales ingleses no tuvieran que reconocer las leyes de otros países que son una afrenta a los derechos humanos.

Si la Ley de Espionaje permite la criminalización de la actividad periodística, constituye una negación de los derechos humanos fundamentales, la cual, según los antecedentes, no debe ser sancionada por los tribunales ingleses. Este principio fue establecido en el caso que sienta jurisprudencia de Oppenheimer v Cattermole (1976) en el que la Cámara de los Lores declaró que los tribunales ingleses no reconocerían una ley nazi que constituía una grave infracción a los derechos humanos (una «ley» que despojaba a los judíos de la ciudadanía alemana).

Sin embargo, dado el carácter ilegal de ambos gobiernos con respecto a Assange, y el desprecio por los derechos de Assange mostrado por el poder judicial hasta el momento, no está de ninguna manera claro que las autoridades judiciales del Reino Unido defenderán la ley.

Durante el arresto de Assange, Daniel Ellsberg, el asesor que filtró los papeles del Pentágono al New York Times, hizo la siguiente declaración, «La Primera Enmienda es un pilar de nuestra democracia y esto es un ataque a ella. Si la libertad de expresión es violada en esta medida, nuestra república está en peligro. Divulgaciones no autorizadas son la savia de la república».

El enjuiciamiento a Assange representa una intensificación cualitativa en el ataque de dos décadas al orden legal y constitucional de los Estados Unidos. La concepción legal autoritaria que plantea el Gobierno estadounidense es que la «seguridad nacional», que significa el impulso bélico militarista de los Estados Unidos, tiene prioridad por encima de los derechos del pueblo. Si tiene éxito el caso contra Assange, criminalizará el periodismo en los Estados Unidos.

Conclusión

El caso de Assange representa una nueva etapa en el ataque global al constitucionalismo y la legalidad. La democracia es incompatible con el grado de desigualdad que existe hoy en día en los Estados Unidos, su política de guerra de agresión por la hegemonía global y el carácter de sus élites gobernantes. La desintegración del sistema democrático y el ascenso del Estado de seguridad nacional son la marca distintiva de la crisis imperialista que se profundiza.

El Partido Demócrata es instrumental en este proceso. Su hostilidad a Assange es tan feroz e histérica como la camarilla fascista que rodea a Trump. La burguesía está sacudiendo el polvo a los viejos libros legales reaccionarios, como la Ley de Espionaje, para preparar el marco legal doméstico para los preparativos de guerra. Para las élites gobernantes, Assange es solo el comienzo. Estos procesos no expresan la fuerza del sistema, sino su deceso histórico y su desesperación, y por lo tanto que tiene que ser derrocado. El pueblo tiene el derecho democrático a cambiar el sistema de gobierno y las leyes, de manera que satisfaga sus necesidades y aspiraciones.

La historia le ha dado a la clase trabajadora la tarea de defender (y de desarrollar a un nivel más alto) las grandes conquistas revolucionarias del pasado. El profundo significado e importancia del derecho a la libertad de expresión para la humanidad había sido descrito de manera elocuente por el gran juez liberal Hugo Black de la siguiente manera:

Desde los primeros días, los filósofos han soñado con un país donde la mente y el espíritu del hombre fueran libres; donde no hubiera límites a la indagación; donde los hombres fueran libres de explorar lo desconocido y desafiar las creencias y principios más profundamente arraigados.

Nuestra primera enmienda fue un esfuerzo valiente para adoptar este principio, de establecer un país sin restricciones legales de ninguna clase sobre los asuntos que el pueblo pudiera investigar, discutir y negar.

Los legisladores conocían, quizás mejor de lo que lo sabemos nosotros hoy, los riesgos que estaban asumiendo. Sabían que la libertad de expresión podía ser amiga del cambio y la revolución, pero también sabían que siempre es el enemigo más mortal de la tiranía. Con este conocimiento ellos todavía creían que la felicidad máxima y la seguridad de una nación reside en su capacidad de explorar, cambiar, crecer, y adaptarse sin cesar a nuevo conocimiento nacido de la indagación, libre de todo control gubernamental sobre la mente y el espíritu del hombre.

La lucha del movimiento socialista por liberar a Assange es un componente esencial de la lucha contra la guerra, la reacción y el autoritarismo. La clase trabajadora debe defenderse y debe defender sus derechos. Solo puede hacer esto hoy mediante el derrocamiento revolucionario del Estado capitalista y el establecimiento de un gobierno y una sociedad socialistas, dedicados al progreso y bienestar humano y pacífico de toda la humanidad. Hay que transformar la marea en ascenso del levantamiento contra el capitalismo a nivel mundial en un esfuerzo consciente por derrocarlo.

23 enero 2020

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de enero de 2020)

Fuente: https://www.wsws.org/es/articles/2020/01/23/assa-j23.html