Chile corrupto: el escándalo por los seguros a Codelco.

Chilena Consolidada: la red de poder pinochetista y «mercurial» de su directorio.

por Felipe Saleh /El Mostrador.

Codelco parece tener algunos metros de ventaja sobre Chilena Consolidada en la carrera por saber qué pasó entre 2004 y 2018, tiempo en el que se pagaron pólizas de seguros de vida para los trabajadores, con un espectacular sobreprecio. La estatal intensificó su despliegue a partir del lunes, cuando su presidente ejecutivo, Octavio Araneda, dio explicaciones en la comisión de Minería de la Cámara de Diputados, junto al vicepresidente de Recursos Humanos, Mauricio Álvarez, y la abogada Francisca Domínguez.

“Codelco actuó en un escenario de confianza legítima. Entendemos que los sindicatos son los principales llamados a cuidar los intereses de los afiliados. Asimismo nos encontramos con una empresa de reconocido prestigio a nivel nacional como es Chilena Consolidada y, además, en un mercado fuertemente regulado como el de los seguros”, dijo la abogada Domínguez

La empresa estatal apunta en una querella por estafa “contra todos quienes resulten responsables” de la antigua Chilena Consolidada, compañía de seguros fundada por los Edwards en 1853, pero que desde finales del siglo pasado es controlada por la multinacional suiza Zurich Insurance Group.

En rigor las acciones judiciales acusan a Chilena Consolidada Seguros de Vida –la filial que tiene la clasificación de riesgo más alta (AA+)– de formar parte de un esquema defraudatorio, que le hizo perder, según un cálculo preliminar, US$11 millones. Otros US$11 millones habrían perdido los trabajadores que, a través de los cuatro sindicatos involucrados, pagaban con un descuento por planilla la otra mitad de la póliza.

En la querella, que el Ministerio Público dejó en manos del fiscal jefe de Calama, Cristián Aliaga, se consigna como ejemplo de la forma de operar que “en abril de 2005, se adjudicó el seguro colectivo de vida y de accidentes personales a la empresa Chilena Consolidada por un periodo de 2 años hasta el mes de abril de 2007. El proceso de contratación fue evaluado técnica y económicamente por la empresa Gestión y Servicios Ltda., en su rol de asesor del Sindicato, misma empresa que formaba parte de la oferta de Chilena Consolidada para la prestación de ‘Otros Servicios’ contemplados en la póliza”.

Así ocurrió hasta 2018: las pólizas eran renovadas automáticamente y representantes de los sindicatos 1,2,3 de Chuquicamata, más el de la división Radomiro Tomic, informaban de este hecho a la contraloría de cada división. Esa es la prueba para Chilena Consolidada de que “durante 15 años Codelco aceptó y pagó las polizas”, como dijeron a través de un inserto en la prensa. Por eso, en el frente de la justicia laboral, Codelco está pidiendo el desafuero de un grupo importante de dirigentes sindicales, para establecer su participación en el tinglado y las correspondientes “medidas disciplinarias” contra ellos.

El inserto de Chilena Consolidada se publicó en La Segunda –el vespertinos del conglomerado periodístico El Mercurio– recién seis días después que Codelco hiciera su primer ataque en la justicia civil, con una medida prejudicial, pidiendo que la aseguradora muestre los contratos que hizo con sindicatos y con Gestión y Servicios. En el escrito se consigna que, en octubre de 2019, “Chilena Consolidada ofreció devolver al menos parte de las primas cobradas en exceso”.

Pero Codelco se negó a suscribir el acuerdo, no solo porque contemplaba únicamente la devolución de lo pagado desde el 13 de agosto de 2018, sino además porque “la Chilena Consolidada exigió firmar un finiquito con renuncia de acciones retroactivo a contar de esa fecha. En otras palabras, la futura demandada pretendía que devolviendo las primas cobradas en exceso durante menos de un año, Codelco renunciara a exigir la restitución de las que se habían cobrado en exceso durante alrededor de catorce años”, puntualiza el escrito.

Acuerdo de silencio total

Esta “medida prejudicial” presentada en el ámbito de la justicia civil se decidió porque la compañía de seguros se negó a mostrar a Codelco los resultados de su propia investigación interna, que incluye los contratos firmados entre las partes. A cambio, Chilena Consolidada pedía otra cosa que la minera estatal tampoco aceptó.

“En el marco de esas mismas conversaciones, Codelco requirió la entrega de los antecedentes relativos a dicha investigación, a lo cual la Chilena Consolidada se manifestó dispuesta, en la medida que mi representada firmase un ‘acuerdo de confidencialidad’. Así consta de la cadena de correos intercambiados en el mes de mayo de 2019 (…). La necesidad de firmar un acuerdo de confidencialidad parecía razonable. Sin embargo, recibido el borrador de acuerdo elaborado por la Chilena Consolidada, no solo se imponía a Codelco la obligación de no divulgar o revelar la información a terceros –que es lo propio a un acuerdo de esta naturaleza–, sino que la obligación de ‘no usar, por sí o a través de personas o sociedades relacionadas, hoy ni en el futuro total o parcialmente, la Información Confidencial, sin autorización escrita de la Parte Reveladora’».

Esto último resultaba inaceptable, toda vez que eventualmente habría impedido a Codelco «utilizar la información para los efectos de hacer valer sus derechos, que era justamente la razón por la cual había pedido que la información le fuese entregada”, precisa el escrito presentado por el abogado Raimundo Labarca, que fue abogado de Julio Ponce en el caso Cascadas. Finalmente, el escrito fue admitido en el 29° Juzgado Civil de Santiago, donde representantes de la aseguradora debían asistir a una audiencia para exhibir los documentos ayer martes por la mañana.

El escándalo es mucho más público de lo que quisieran en una industria donde uno de los principales activos es la buena reputación y la imagen. Chilena Consolidada, luego del inserto, se mantiene en un estricto silencio y solo se ha limitado a comunicar sus decisiones a través de Hechos Esenciales, que es lo que le corresponde según la ley. Recién el 22 de enero informó que “suspendía” a su gerente general, José Manuel Camposano, un antiguo ejecutivo de la industria que además renunció a su puesto como dirigente en la Asociación Chilena de Aseguradores. Ayer, en otro Hecho Esencial, la empresa informaba que también sacó del directorio a Jorge Molina Pérez, y a su suplente, María Sylvia Martínez. A cambio, la matriz suiza en Zurich tomó el control de la crisis poniendo como vicepresidenta a Claudia Dill, la actual CEO de la multinacional en la región.

Las caras del directorio

En Chilena Consolidada no quieren que la sangre llegue al directorio y, por eso, el problema ha sido descrito como un asunto que compete a los gerentes y que se limita a un trato puntual con Gestión y Servicios y con Servisalud, dos empresas que actuaron como “intermediarias” de los seguros, pero que no están en el registro de corredores. En este contexto, se rastrea si la “pista del dinero” confirma una triangulación de recursos públicos entre Gestión y Servicios, Chilena Consolidada y dirigentes de los cuatro sindicatos de Codelco. En ese caso, podría constituirse un delito de “fraude al fisco” con penas mayores que el delito de estafa. Algo en este sentido ya insinuó el diputado Gabriel Silber (DC), en la comisión de Minería.

Por parte de Chilena Consolidada se han difundido trascendidos de que el directorio “está tranquilo”. Pero la medida judicial incluye que la empresa muestre las actas del directorio donde se trató este asunto de los seguros. En la presidencia de este queda una huella del pasado de empresa ligada a Agustín Edwards Eastman, que vendió sus acciones en 1991 a Zurich. Se trata de Hernán Felipe Errázuriz Correa, exministro de Relaciones Exteriores durante la dictadura de Pinochet, quien es consultado frecuente en materias internacionales por los gobiernos de turno, desde su puesto en el Consejo Chileno de Relaciones Internacionales y por ser un cotizado director de empresas, como el Banco Security o Enel.

Errázuriz fue cercano a Edwards y es columnista habitual de El Mercurio. Está en el directorio de las demás filiales del grupo Zurich en Chile y es de los socios fundadores del estudio Guerrero y Olivos (otrora Guerrero Olivos, Novoa y Errázuriz, al que pertenecían Jovino Novoa y su hermano Hernán).

No es el único. Otro de los directores de Zurich y de Chilena Consolidada es Jorge Delpiano, socio del mismo estudio y abogado corporativo de varios directorios de empresas. Fue abogado en el directorio de La Polar que debió enfrentar el escándalo por las repactaciones unilaterales y fiscal de la SVS en el último año de la dictadura.

Además, en la lista de accionistas actualizada a 2019 aparece, con 612 acciones, el exintegrante de la Cofradía Náutica del Pacífico, Hernán Cubillos Sallato, también excanciller de Pinochet, fallecido en 2001 y padre de la actual ministra de Educación, Marcela Cubillos. En el listado de accionistas no se detalla si estos títulos los administra una sucesión.

Ni Errázuriz ni Delpiano formarán parte del Comité Estratégico que el grupo Zurich conformó para enfrentar la crisis. Junto con la CEO para Latinoamérica y Carola Fratini –que reemplaza al suspendido gerente general– estará  la directora, Lucía Santa Cruz, historiadora, que ha estado en directorios como el del Banco Santander, ha sido consejera del Instituto Libertad y Desarrollo ligado al gremialismo, que tiene una fluida relación con el Presidente Sebastián Piñera y es madre del actual subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa Santa Cruz.

Una buena elección si lo que se necesita de ahora en adelante es muñeca política. Si lo señalado en la querella es calificado solo como «estafa», la posibilidad de salidas alternativas y penas remitidas es mucho más alta que en el caso de establecer «fraude al fisco». La firma cuenta, además, con la asesoría del estudio Claro y Cía.