Junto al virus avanza el Estado policíaco sanitario.

La cuarentena, que ordena nuestra vida hace 10 días, ha servido también como excusa para que las fuerzas policiales e intermedias (como Gendarmería) puedan ejercer su accionar violento y represivo sobre una parte de la sociedad. A los que violan la norma conduciendo camionetas con tablas de surf o yates por el Paraná, los acompañan hasta su casa y, a lo sumo, le secuestran sus vehículos. Pero los hechos muestran que la realidad en los barrios populares es muy diferente: exigencias físicas de resistencia, tiros por la espalda y encierros en “jaulas” son la norma imperante para aquellos que no cumplen con la cuarentena, sea por negligencia o la simple necesidad de vivir.

A medida que avanzaron los días, aquello que empezó como una duda acerca del comportamiento de las fuerzas policiales en cuarentena se transformó en certeza. Las primeras denuncias fueron de dos casos, uno en provincia de Buenos Aires y otro en la villa 1-11-14. En ambos, se veía cómo las autoridades obligaban a quienes encontraban en la vía pública a realizar flexiones de brazos, cantar el himno o caminar flexionando las rodillas y con las manos en la cabeza durante varios metros. Los autores de ambos casos fueron pasados a disponibilidad.

Con el transcurrir de los días, la curva de violencia policial comenzó a escalar. Córdoba, Jujuy, Salta y Santa Fe fueron las provincias con más casos de represión y/o abuso de autoridad, junto a Buenos Aires. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, la policía encerró en “jaulas”, elaboradas con vallas, a los trabajadores que no pueden justificar su circulación por la calle, en gran medida, por tener trabajos no registrados o informales. En paralelo a eso, la jueza María Silvia Bernal, del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, se negaba a cumplir con los 14 días de cuarentena obligatoria luego de llegar desde Estados Unidos, el país con más casos de COVID-19 hasta el momento. Ella llegó a presentar un recurso de Hábeas Corpus, pero, al día siguiente, dio marcha atrás y se resguardó en la comodidad de su hogar.

En Bell Ville, Córdoba, un policía que intentaba arrestar a un hombre terminó disparándole por la espalda. La suerte, o su mala puntería, quisieron que la bala terminara impactando contra la tierra y no incrustada en la espalda del joven. Ante el repudio del barrio que lo filmaba, el policía y su acompañante se subieron al patrullero y abandonaron el lugar.

Cerca de la Central Nuclear de Río Tercero, se desató otro violento episodio. Marcos Taricco, un trabajador de la planta, cuenta lo sucedido: “Veníamos en el colectivo de la central nuclear y nos paran en el control de la Avenida Savio. Nos hacen bajar a todos para tomarnos la temperatura usando unos pirómetros marca DeWalt industrial (que no son de uso médico). A mí, me da 37, ‘más uno’ dice el señor que tiene el termómetro digital, tenés 38 grados. Yo, sin síntomas de ningún tipo ni dolor en el cuerpo ni tos ni nada. El señor llamó a la policía y a defensa civil, y, al último, llama a un enfermero para que venga a tomar la temperatura como corresponde. A todo esto, llega la policía, entra en contramano a alta velocidad y frena cerca del colectivo. Se bajan dos efectivos policiales prepotentes, con mucha agresividad y comienzan a tratarnos mal. Lo único que se le estaba pidiendo era que ponga un puesto serio con un enfermero constante o, por lo menos, con un instrumental adecuado, y que no nos demoren a nosotros tanto tiempo porque veníamos de laburar”, dice Taricco.

También cuenta que el enfermero tardó casi una hora en llegar al lugar. Una vez que le toman la temperatura con un termómetro de mercurio por 3 minutos, el resultado es 36,8 grados. “Mientras estoy sentado con el enfermero que me toma la temperatura, escucho que los dos efectivos de policía están gritándole y maltratando a uno de mis compañeros, y, al rato, veo que lo tumban al suelo, lo reducen y se lo llevan al patrullero, ejerciendo total abuso de autoridad, sin necesidad alguna. Todo fue por una medición errónea del pirómetro industrial que, según el señor que hacía uso del mismo, le debía sumar 1, lo que es una locura. Nadie tiene la autoridad para maltratar a nadie y, mucho menos, por un error. Los efectivos policiales están para cuidarnos supuestamente, no para maltratar ni golpear a la gente y, mucho menos, a trabajadores que estamos haciendo todo lo posible para mantener la planta en servicio”, concluye Marcos.

En Río Cuarto, según datos oficiales, el mayor porcentaje de detenciones en cuarentena recayó sobre las trabajadoras sexuales y las personas que circulan en moto. Los datos oficiales son escasos, puramente cuantitativos y con poca profundidad. Pero, con este indicador, podemos suponer por dónde viene la mano.

Cárceles

La situación de la población carcelaria, que era alarmante antes de la pandemia, ahora es crítica. Un grupo de abogados del Estudio Jurídico Deodoro Roca presentó en la Justicia provincial un habeas corpus correctivo a favor de todas las personas privadas de la libertad alojadas en el complejo penitenciario de Bouwer. El pedido recayó en el Juzgado de Control N°9.

La abogada Victoria Siloff le explicó al diario Perfil que la petición principal es que mejoren las condiciones de higiene y el acceso a la salud. Además, añadió que no están aplicándose medidas de prevención según lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación. “Hay niños con sus mamás, hay mujeres embarazadas y condiciones de hacinamientos que fueron constatadas en 2018 cuando vino el relator de la Organización de Naciones Unidas”, denunció la abogada.

Lucia de Carlo, abogada de Río Cuarto que trabaja hace dos años con la población carcelaria de la ciudad, cuenta que “unos días antes que comience el aislamiento preventivo y obligatorio, se venía denunciando que, en la cárcel, el agua potable está contaminada con palomas y ratas muertas. El secretario del Ministro de Justicia y Derechos Humanos nos confirmó que se había hecho una limpieza, pero, finalmente, quedó en evidencia que no había sido así. El agua sale con resto de plumas y diferentes cosas”.

Otra de las problemáticas que sufre la población carcelaria del país es que, al restringirse las visitas, los presos dejaron de recibir mercadería y elementos de higiene, y los penales no proveen la cantidad necesaria. “También hay gente con afecciones respiratorias o de otra índole, y esas personas necesitarían prisión domiciliaria en estos momentos porque la cárcel es un lugar húmedo, frío y sin luz. Nadie esta ocupándose de todas estas problemáticas por el momento”, dice de Carlo.

A raíz de todos estos hechos y necesidades, diferentes organizaciones sociales y periodistas de Río Cuarto, en conjunto con La tinta y CORREPI, realizamos un registro y relevamiento de casos de violencia institucional para poder tener la mayor cantidad de información disponible y centralizada. Además, en los casos de la ciudad, se hace un acompañamiento profesional a las personas que ven vulnerados sus derechos. Cuidémonos entre todxs, cuarenteneá con derechos.