La reciente denuncia del convenio SENAME-ANI (ver más abajo) ayuda a develar la táctica que está implementando la elite para navegar en medio de la crisis política actual. La declaración del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe el 18 de marzo pasado, abrió una nueva coyuntura en que el gobierno recuperó la iniciativa y se transformó en el actor principal de la situación, la escena se desplazó desde el parlamento a las instituciones de gestión y autoridad sanitarias y los métodos de lucha preponderantes cambiaron desde la represión abierta al control sanitario, con lo cual Piñera cambió la correlación de fuerza a su favor en desmedro de un parlamento que había asomado como actor preeminente con el Pacto por la Paz de noviembre pasado. Esta nueva situación, que anunciamos sobre la marcha en marzo, si bien se consolida ahora con las medidas más recientes pues el gobierno es el actor político par excellence del momento, a la vez develan una tendencia subterránea: la profundización del carácter policial del Estado chileno. En efecto, dicho carácter policial no sólo se afianza por la imposición de dispositivos de control sanitario como cuarentenas y toques de queda, y a partir de hoy por las labores de seguridad interior a cargo de las FF.AA., si no también, por la criminalización explícita de franjas de la población (esta vez lxs niñxs del SENAME) y por el llamado a resignarse a un régimen de vida pandémico como “nueva normalidad” que, según Piñera, se extendería por dos años. Y a pesar qué el oximoron “normalizar la excepción” puede ser una charada más de Piñera, más vale tomársela en serio pues, para la elite el anhelado orden social conjuga muy bien con un estado de excepción impuesto como vida cotidiana. Pero nadie parece asombrarse. Alcaldes y gremios supuestamente mas “cercanos a la gente”; científicos y tecnólogos, investidos de razón y autoridad médicas; y partidos de izquierda y progresistas, teloneros de la coyuntura, parecen no querer advertir el trasfondo de la “nueva normalidad”. Por acción u omisión, la aceptan y estimulan llamando a extender las cuarentenas y endurecer el castigo sanitario o haciéndose parte del rechazo a la desobediencia popular. A fin de cuentas, como dice G. Boric, en estas circunstancias “hay que respetar a las autoridades por el bien de todos”. Oscuro panorama se está instalando en Chile: un estado de excepción sin dictadura pero policíaco; una sociedad “salvada” pero atomizada y vuelta sobre sí misma. La tendencia totalitaria del poder del capital y su elite se fortalece. La constricción de lo público-comunitario por el monopolio elitario de la política y simultáneamente, por el regreso a lo privado/íntimo (“quédate en casa”) que reinstala las relaciones conservadoras, violentas y autoritarias propias de la familia patriarcal, así lo muestran. Ojalá los aprontes que se hacen para estos días y semanas próximas, logren quebrar la ofensiva de la elite dominante y sus funcionarios. [Nota del Editor CT].
Grave. SENAME firma convenio con la Agencia Nacional de Inteligencia.
por Comisión Comunicaciones/SINTRASUB.
El 21 de febrero del presente año, mediante resolución exenta N° 601, el Servicio Nacional de Menores, a través de su directora nacional, aprobó el denominado “convenio de colaboración y coordinación con la Agencia Nacional de Inteligencia”; cuyo objetivo es facilitar a dicha Agencia de Inteligencia el acceso de información que posee SENAME y que la ANI considere relevante y pertinente para generar inteligencia, estableciéndose una alianza estratégica de cooperación institucional.
Precisar que la ley N° 19.974 que regula el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, establece, en su artículo 4°:
“El Sistema de Inteligencia del Estado, en adelante el Sistema, es el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional…”
La misma ley, en su artículo 8° indica un catálogo de funciones que no dicen relación a la protección de la niñez y juventud, sino que más bien dice relación con actos de inteligencia, sujeto a secreto, y actos vinculado a temas terroristas:
Artículo 8º.- Corresponderán a la Agencia Nacional de Inteligencia, en adelante la Agencia, las siguientes funciones:
f) Disponer la aplicación de medidas de inteligencia, con objeto de detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas, nacionales o internacionales, y de organizaciones criminales transnacionales.
g) Disponer la aplicación de medidas de contrainteligencia, con el propósito de detectar, neutralizar y contrarrestar las actividades de inteligencia desarrolladas por grupos nacionales o extranjeros, o sus agentes, excluyendo las del inciso segundo del artículo 20.
Sobre lo anterior nos llama profundamente la atención el hecho de que el Estado de Chile, a través de la ANI celebre un convenio de colaboración con el SENAME, tomando en consideración que el objetivo del Servicio de Inteligencia del Estado es claro y preciso, de manera que, no vemos como el SENAME pueda brindar información que permita proteger la soberanía nacional y el orden constitucional, todo lo anterior sumado al rol que el mismo Estado ha desarrollado en materia de infancia vulnerada y el actuar desplegado por sus agentes desde el estallido social, donde figuran más de 4.080 niños, niñas y jóvenes detenidos entre octubre y diciembre del 2019; de los cuales 186 habrían sido puestos en prisión preventiva, según datos de la Defensoría Penal Pública.
Como SINTRASUB-SENAME, creemos que este convenio viene en reforzar la institucionalidad instaurada por el gobierno de turno, desprotegiendo y criminalizando a la niñez y juventud, utilizando al SENAME como base de información para orquestar los planes destinado a controlar la población sistemáticamente vulnerada, desviándose del objetivo esencial el cual es de contribuir a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en el ejercicio de los mismos y a la reinserción social de adolescentes que han infringido la ley penal.
Frente a lo denunciado oficiamos a la Defensoría de la Niñez para que tome conocimiento de la evidente vulneración a la Convención de los Derechos del Niño, exigiendo que se deje sin efecto la resolución exenta N° 601, del Servicio Nacional de Menores y que los responsables expliquen los reales motivos de dicho convenio.
Revisar los documentos en los siguientes links:
Oficio denuncia Defensoría de la Niñez
Fuente: http://www.sintrasub-sename.cl/post/26?fbclid=IwAR2XtPaQrzTEE9TNV8ae3s-nWibKhUdavTCy08kfjbxB0Dposbu2TlwGFO8
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Defensora de la Niñez por acuerdo ANI-Sename: el convenio estigmatiza y criminaliza.
por Diario Uchile.
La abogada reaccionó a la denuncia del acuerdo entre la Agencia Nacional de Inteligencia y el Servicio Nacional de Menores. Para ella es fundamental que se revierta a la brevedad un convenio que agudiza, profundiza la estigmatización y criminalización de niños, niñas y adolescentes al cuidado del Estado.
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