Ni perdón ni olvido: Avanza proceso contra Piñera en La Haya.

Sebastián Piñera podría ser investigado por comisión de delitos de lesa humanidad en Corte Penal Internacional de La Haya: entrevista a uno de los abogados que entregó antecedentes en su contra.

Por Capucha Informativa.

El equipo de Capucha Informativa entrevistó a Ricardo Bachmann, abogado y doctor en Derecho, quien junto a un grupo de profesionales y técnicos presentaron una serie de antecedentes sobre el actuar del mandatario y su gobierno en torno a los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Chile tras la revuelta social del 18 de octubre, para ser investigados en la Corte Penal Internacional de La Haya.

¿En qué consiste esta entrega de antecedentes?

En enero de este año, presenté una serie de antecedentes ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Estos antecedentes, aunque no se denominen denuncia en el Estatuto de Roma, en la práctica lo son. Entonces, entregué antecedentes y una denuncia, en la cual hago una valoración jurídica de los hechos y solicité que se abriera investigación contra Sebastián Piñera y otros altos funcionarios del Gobierno, así como contra altos mandos de las fuerzas de seguridad y de orden por existir antecedentes graves y fehacientes de la comisión de delitos de lesa humanidad.

¿Quiénes han participado?

A partir de un llamado que se hizo por un medio nacional, mucha gente nos envió antecedentes que fueron aportados a la Fiscalía: desde informes médicos, científico-técnicos hasta vídeos, testimonios, documentación oficial contrastable, así como denuncias y querellas presentadas ante tribunales. Por eso quiero aprovechar para agradecerle a todas esas personas que nos apoyaron y que permitieron la redacción del informe. A su vez, se formó un grupo de trabajo que cuenta con gente de todas partes del mundo; en su mayoría chilenos, pero también extranjeros con un vínculo especial. En todo momento hemos estado trabajando a tope para impulsar esta iniciativa, llevamos meses sin parar.

¿Han tenido resultados?

En el mes de febrero, la Fiscalía de la CPI me informó que estaban evaluando la posibilidad de proceder al examen preliminar, que es gran cosa. En ese momento, nosotros nos encontrábamos elaborando un informe jurídico muy completo, para demostrar la procedencia de la apertura de una investigación. Hace unas semanas atrás, entregamos ese informe mediante el cual queda demostrada la concurrencia de todos los requisitos que establece el artículo 53 del Estatuto de Roma, que son: competencia territorial, temporal y personal, gravedad, sistematicidad y el más importante de todos: complementariedad. Este último requisito hace alusión a la subsidiariedad del accionar de la CPI. Es decir, que la Corte sólo intervendrá si los tribunales de justicia chilenos están impedidos de actuar con imparcialidad o derechamente, no hay una voluntad seria de juzgar a los criminales de lesa humanidad. La cuestión es que pudimos constatar en el informe que la justicia chilena parece no tener una voluntad seria de tramitar esas querellas y, aunque quisiera, se encuentra impedida por varios factores.

¿Cuál es la situación de la justicia en Chile?

El Poder Judicial no es independiente; está influenciado por el poder político y económico. De hecho, el principio de separación de poderes se ve debilitado y comprometido en la Constitución hecha en dictadura. Por otro lado, los jueces no gozan de autonomía e independencia, ya que, si resuelven en un sentido distinto del que señalan algunos superiores, tienen que afrontar castigos. Como el caso del juez Daniel Urrutia, hay varios más desgraciadamente.

¿Tan grave es?

Sí, el Poder Judicial está viciado en su origen y en todas sus fases: desde el sistema de nombramientos, promoción interna y la forma de administrar justicia. El ejercicio de facultad disciplinaria es completamente discrecional, circunstancia que permite excesos de parte de los sancionadores. Algunos superiores jerárquicos no admiten disidencia dentro de sus filas. Por eso es tan valioso el esfuerzo de la asociación de magistrados, quienes se enfrentan a un verdadero poder fáctico. En resumen, lo que se colige de todos los antecedentes que presentamos, es que la justicia chilena es parte del problema y no de la solución.

¿Y la Fiscalía?

Sucede algo muy parecido. Cabe recordar todo el lobby que hizo Jorge Abbott para salir elegido Fiscal Nacional: habló con políticos de los principales partidos ¿Qué independencia podría tener? En general, los fiscales también están sometidos a la presión de los poderes fácticos. Basta con recordar lo sucedido en el caso Penta-Soquimich o en los casos de colusiones… los resultados fueron realmente vergonzosos. La gente intuye que la justicia no opera de la misma forma con todos los ciudadanos y eso es por la gran influencia que tienen el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los poderes fácticos. Por eso habrá que reformar el sistema chileno de justicia, incluyendo al Ministerio Público y por supuesto, otorgándole mayor independencia y autonomía a los fiscales. Hoy en día, los fiscales están pidiendo penas desproporcionadas en contra de los jóvenes que han sido detenidos en las manifestaciones. Eso, a mi parecer, no tiene otro fin que el de amedrentar a la población.

¿La situación de la policía?

Tal como lo ha concluido el colega Pablo Contreras, Carabineros no tiene la obligación de rendirle cuentas a nadie, no obedece disciplinariamente a los fiscales, lo que en la práctica se traduce en que Carabineros investiga lo que quiere. Definitivamente, esta institución no aporta mucho a la concreción de la justicia en casos como los delitos de lesa humanidad, especialmente en aquellos en los que miembros de su cuerpo se encuentran involucrados. Casos, hay miles: por nombrar algunos: Fabiola Campillay, Gustavo Gatica, etc. Nosotros realizamos un estudio de aproximadamente 100 denuncias y querellas en contra de Carabineros, y solo en una de ellas se había formalizado a un Carabinero, el cual no fue sometido a medidas cautelares privativas de libertad.

¿Piensas que se abrirá investigación ante la Corte Penal?

Lo cierto es que no quiero crear falsas expectativas, aunque pienso que posibilidades existen. De cualquier manera, ante el hecho cierto de que los graves delitos de lesa humanidad que se han cometido en Chile no serán perseguidos ni juzgados en Chile, no nos podíamos quedar de brazos cruzados. Si no podemos acceder a la justicia en nuestro país, es perfectamente legítimo y necesario utilizar los recursos del derecho internacional. Y mira, qué curiosa la reacción que ha tenido el Gobierno al presentar ese proyecto de ley que pretende obstruir la acción de la CPI. Ahora, la cuestión es cuándo podría ocurrir esto, ya que la Fiscalía podría considerar que corresponde esperar, aunque el Gobierno con sus torpezas, podría acelerar una decisión.

¿Te refieres al proyecto de ley para blindarse ante la justicia internacional por violaciones a los DD.HH?

Sí, ese mensaje (proyecto de ley) en el fondo busca obstaculizar la acción de la justicia internacional, pudiendo llegar a inhibirla completamente; pretende imponer injustificadamente el secreto de las gestiones y, por supuesto, se trata de un intento desesperado por garantizar la impunidad de Sebastián Piñera y otros requeridos por el alto tribunal. Claramente, lo que buscan es evitar a toda costa la entrega de los responsables por los numerosos crímenes de lesa humanidad cometidos a partir del 18 de octubre de 2019, así que, si de pronto Piñera se enferma, ya sabemos que quieren repetir la estrategia de Pinochet.

¿Podrías explicarme esto más detalladamente?

En primer lugar, cuando se ratificó el Estatuto de Roma, se dictó la Ley 20.352 que introdujo la reforma de la Constitución. En ese momento, se asumió por el legislador que se aplicarían los procedimientos judiciales y procedimentales de las leyes chilenas vigentes en ese momento. Esta idea se ve reforzada con la promulgación de la ley 20.357 mediante la cual se incorporaron al ordenamiento jurídico chileno, los tipos de crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿por qué el legislador no promulgó en ese momento una ley con un procedimiento especial? Podría deducirse que lo consideró innecesario.

Por otra parte, el artículo 27 del Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados establece que, que en caso alguno los Estados pueden invocar la ausencia de normas adecuadas en su derecho interno como excusa para incumplir sus obligaciones internacionales. Esto significa que haya o no una norma procesal especial, el Estatuto de Roma se debe cumplir igual.

¿Entonces, procedería dictar una ley que regule el procedimiento?

Sí, aunque no parece necesario ni tampoco parece ser el mejor momento. Pero la pregunta no es el qué, sino el cómo. El proyecto de ley está lleno de trampas, algunas de ellas muy sutiles, otras no tanto, que parten desde el título. En términos generales, se busca institucionalizar un régimen de control del Ejecutivo sobre estos trámites y, asimismo, busca institucionalizar un sistema de recursos, excepciones y prerrogativas muy ventajosas para el requerido, lo que llevaría en la práctica a una dilación ilimitada del procedimiento, pudiendo llegar incluso, a inhibir completamente la acción de la CPI.

Si alguien quiere comprender con más detalle lo que sostengo, recomiendo revisar los artículos 21, 27, 39, 40, 48 y 49 del proyecto de ley. En estas disposiciones se contiene este catálogo de medidas de dilación e incluso causales de negación de la asistencia a la CPI.

Por supuesto, las demás disposiciones también contienen ciertos elementos que merecen ser analizados con detenimiento.

¿Podrías dar un ejemplo?

Hay algo muy anómalo que es, el rol que cumple el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel), el cual según el Art. 12, representará el interés de la CPI en el procedimiento de entrega, siendo que, en los artículos siguientes, el mismo se transforma en una suerte de defensor del requerido. Asimismo, en todo el procedimiento, el Minrel hace de intermediario entre la CPI y los órganos nacionales, sin tener fijados en la mayoría de los casos, plazos de entrega de la información, así como para el cumplimiento de los trámites. Todo es muy farragoso y difuso, aspectos que desde luego son repudiados en el Derecho en general y especialmente, en el procesal.

También son preocupantes las amplias facultades que se le otorgan al Ministro de Corte Suprema que sustancia el proceso. Por ejemplo: de oficio, puede acoger la excepción de Litis pendencia, incluso si el interesado no la interpuso dentro de plazo.

Claramente, al redactarse el proyecto, tuvieron sumo cuidado en no vulnerar la letra del Estatuto, pero finalmente lo hicieron, ya que viola su espíritu al establecer tantas trabas que, como decía, pueden llevar incluso hasta la inhibición absoluta. Esta violación del espíritu del Estatuto de Roma, queda patente cuando analizamos a la luz de los principios procesales en el rol que juega el Minrel, como el de imparcialidad, el de celeridad y, sobre todo, el de cooperación.

Esta extrema dilatación en el proceso de asistencia, ¿podría traer consecuencias al país?

Claro, el Convenio de Viena antes mencionado consagra el principio Pacta sunt servanda y el principio de que ningún Estado podrá invocar su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Es decir, pretenden incumplir principios básicos del derecho internacional y eso no sale gratis. Piñera está acabando con la imagen del país y con su credibilidad. Es increíble su capacidad para destruirlo todo.

¿Piensas que le resultará su jugada?

En el fondo, es un planteamiento absurdo: se trata de que Piñera quiere proteger a Piñera, sin importar las consecuencias que acarrearía incumplir un tratado tan importante como el Estatuto de Roma. En el caso de que dicho proyecto sea aprobado por las cámaras, significaría que habría obstáculos internos a la acción de la CPI, pero claramente, eso traerá graves consecuencias para el Estado chileno, ya que la sanción internacional puede ser de envergadura. Debemos recordar que algunos tratados de libre comercio suscritos por Chile, contienen cláusulas sobre derechos humanos.

Es bastante grave lo que comentas. ¿Le podría resultar?

Nosotros barajamos esta posibilidad, ya que el actuar del Gobierno ha resultado bastante predecible y por ello advertimos a la Fiscalía de la CPI de lo que se venía. De todas maneras, es importante hacer un llamado a toda la clase política democrática para evitar que esto prospere y defender lo poco que queda de estado de derecho y los compromisos que el Estado ha asumido ante la comunidad internacional.

¿Qué otras maniobras podrían intentar?

Tal vez, utilizar algunas de las querellas que se han presentado ante tribunales chilenos invocando la Ley 20.357 por la comisión de delitos de lesa humanidad. Hasta la fecha, no ha pasado nada con ellas, llevan varios meses sin apenas progresar, pero, si disponen el avance de alguna para luego impedir la intervención de la CPI y en definitiva condenar a los responsables a una pena irrisoria a cumplir en una cárcel de lujo y con beneficios carcelarios. Eso sería para impedir la acción de la CPI invocando el principio de complementariedad, pero, como te decía, son bastantes predecibles y ya hemos advertido sobre esta posibilidad.

Entonces, ¿El gobierno se está preparando para lo peor?

Pareciera que sí. En el fondo, se han imaginado la posibilidad de llegar a sentarse en el banquillo. Por ejemplo, podría entenderse ese proyecto de ley como un reconocimiento tácito de su responsabilidad criminal. Es ridículo pensar que, a estas alturas, en el mundo globalizado en el que vivimos, pueda escaquearse como lo hizo Pinochet en su momento. Podrá evadir la justicia por un tiempo, pero no para siempre.

Y hablando de mundo globalizado, ¿Qué imagen es la que da Piñera en Europa?

Una imagen muy mala. La gente en Chile no es consciente de que este gobierno es de extrema derecha, que tiene demasiado en común con el gobierno de Bolsonaro y con la ultraderecha europea. Actualmente, estos dos gobiernos son ejemplo mundial de la necropolítica. De cómo es el Estado el que decide quién vive y quién muere. Gobiernan contra la gente y para el capital nacional e internacional, los niveles de corrupción son aberrantes y el grado de desprecio que sienten los gobernantes hacia el pueblo es brutal. Si Piñera tuviera más inteligencia política, hubiese manejado responsablemente y con mucho esmero la crisis sanitaria actual para así conseguir aumentar la adhesión de la gente. De esa manera, hubiera rebajado mucho la tensión, Pero no. Da la impresión de que quiere ganar siempre, incluso por la fuerza, que en realidad es el principal recurso que ha manejado la derecha de este país.

A propósito del COVID-19 ¿Qué consecuencias podría acarrear la pésima gestión del gobierno?

Podríamos estar ante un delito de lesa humanidad por omisión, al no prestar a la población la debida atención médica. Está poniendo en riesgo no solo la salud de los chilenos, sino que también la seguridad nacional y por supuesto, a la economía. Por otro lado, aprovecharse de esta situación de emergencia para implantar un estado de excepción constitucional de forma permanente, es abominable. Peor no se puede gobernar.

Ricardo Ignacio Bachmann Fuentes

Abogado, Doctor en Derecho, profesor de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en universidades españolas.

Fuente: https://capuchainformativa.org/2020/05/24/sebastian-pinera-podria-ser-investigado-por-comision-de-delitos-de-lesa-humanidad-en-corte-penal-internacional-de-la-haya-entrevista-a-uno-de-los-abogados-que-entrego-antecedentes-en-su-contra/