por Londres 38, espacio de memorias.
La decisión del gobierno de dar suma urgencia a un proyecto de ley que modifica ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado, en medio de la más grande crisis sanitaria y social vivida por el país revela la distorsión de sus prioridades. Igualmente grave es que tanto el Senado como la Comisión de Defensa de la Cámara ya hayan aprobado este proyecto, el primero sin votos en contra, y los diputados con 7 votos a favor y 5 en contra
El verdadero objetivo de la iniciativa, reprimir la movilización social, queda claro en las palabras del ministro de defensa, Alberto Espina quien señala: «Si hubiésemos tenido un sistema de inteligencia moderno, los actos de violencia que ocurrieron en el mes de octubre se podrían haber impedido». En lugar de pensar políticas sociales y económicas que den respuesta a las causas estructurales de la protesta popular, el gobierno y parte del Congreso optan, una vez más, por la represión y el debilitamiento de los derechos humanos.
Las más graves modificaciones de la iniciativa del ejecutivo apuntan a centralizar, concentrar y ampliar las atribuciones de los órganos de inteligencia y, en lo sustantivo son las siguientes:
- Los objetivos de la Estrategia Nacional de Inteligencia serán elaborados cada cuatro años por el director de la ANI, los ministros del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional, con la aprobación del Presidente de la República, en sesiones de carácter secreto, reduciendo aún más la participación de otros órganos y poderes en la definición de las políticas relativas a la defensa y el orden interno
- Se agrega la facultad al director de la ANI para requerir a los organismos de inteligencia para efectos de recopilar antecedentes de inteligencia y contrainteligencia, pudiendo requerir la utilización de agentes encubiertos.
- Se amplían las atribuciones de los organismos de inteligencia para utilizar agentes que oculten su identidad sin necesidad de autorización judicial, pudiendo emplear ahora efectivos que no sean policiales o militares, por tiempos indefinidos contra «grupos externos e internos».
- Estas modificaciones junto a la Ley de Infraestructura Crítica a la que también se ha dado urgencia y discusión inmediata, permitirán al Presidente desplegar a las FFAA sin un Estado de Excepción Constitucional. Todas medidas que además fueron precedidas por el nuevo Decreto sobre el Uso de la Fuerza, de febrero de 2020.
Con este proyecto se pretende una concentración del poder incompatible con un sistema que se dice democrático, y se impide la participación de otros órganos y de la sociedad en la definición de las políticas de defensa e inteligencia que tan profundamente pueden afectar los derechos humanos de las mayorías. Se obstaculiza asimismo toda fiscalización y supervisión del accionar de las FFAA y policiales y, por el contrario, se hace caso omiso de la necesidad de profundizar la vigilancia de estas instituciones ante los numerosos y graves actos de corrupción y violaciones a los DDHH en que han incurrido.
Por su importancia y consecuencias sobre el conjunto de la sociedad estos temas deben ser objeto de una discusión y decisión pública y transparente, que tenga en su centro un efectivo respeto por los DDHH, así como las herramientas necesarias para asegurar su plena vigencia.
Considerando las urgencias de la actual crisis y el próximo inicio de un proceso constituyente resulta del todo contradictorio y contraproducente avanzar en una legislación que justamente podría afectar derechos que ese proceso busca ampliar.
Llamamos a los parlamentarios a rechazar este proyecto y a concentrar esfuerzos y recursos en el enfrentamiento de la crisis sanitaria, económica y social que, una vez más está recayendo en las amplias mayorías que viven de su trabajo.
02 de junio de 2020.
Fuente: https://www.londres38.cl/1937/w3-article-104574.html
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