¿Seguridad alimentaria en Chile?: Transgénicos y escasez de legumbres.

Escasez de legumbres: un problema de seguridad y soberanía alimentaria.

Por Daniel Egaña Rojas, Lorena Rodríguez Osiac y Cecilia Baginsky Guerreo/ Grupo Transdisciplinario de Obesidad de las Poblaciones.

«La situación descrita para las legumbres no sólo pone en evidencia la fragilidad de nuestra seguridad alimentaria, sino también la pérdida de soberanía colectiva sobre la producción y consumo de alimentos, quedando a merced de decisiones económicas y de los vaivenes del mercado», señalan en la siguiente columna de opinión los académicos de la Facultad de Medicina, Daniel Egaña y Lorena Rodríguez, y la académica de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Cecilia Baginsky, a propósito del quiebre de stock de legumbres en medio de la pandemia, situación que se produce en gran medida a consecuencia de la fuerte caída en la producción local durante los últimos años.

El anunciado quiebre de stock de legumbres para elaborar las canastas alimentarias entregadas por el gobierno en el contexto de la pandemia por Covid-19, no solo es un argumento adicional que problematiza el modo en que se realiza la transferencia de alimentos a la población más vulnerable, sino que pone en evidencia un problema mayor que afecta a toda la población que habita el país.

Indirectamente, el quiebre de stock, y su aumento de precio, revela que las recomendaciones indicadas en las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos, específicamente aquella que recomienda consumir “legumbres al menos dos veces a la semana”, sería incumplible si toda la población la quisiera seguir. Según la Encuesta Nacional de Salud (2016-2017) sólo un 24,4 por ciento de la población cumple con esta recomendación, sin embargo, ante un eventual aumento en el consumo de estos productos, la oferta no está asegurada por el mercado.

Esta inestabilidad en la disponibilidad de alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades de la población es parte de la definición de inseguridad alimentaria. No es el mercado, sino el Estado quien debe garantizarla través de políticas, estrategias y planes sociales, educacionales, económicos y productivos, que certifiquen la disponibilidad y acceso (físico, social y económico) estable para todos y todas, de alimentos de calidad y en la cantidad necesaria, así como disponer de lo necesario para su adecuada utilización (por ejemplo, para consumir legumbres secas se necesita acceso al agua y a una fuente de calor para su cocción).

La confianza depositada en la autorregulación del mercado y el redireccionamiento productivo de cultivos y tierras generó que la producción nacional de legumbres haya descendido en un 86 por ciento respecto de hace 30 años atrás, pasando de producir 87.000 toneladas (ton) de porotos a tan solo 17.000 ton en la última temporada y de 8.200 y 6.000 ton de lenteja y garbanzos a tan solo 1.400 y 280 ton, respectivamente. Este hecho está asociado principalmente a una fuerte reducción de la superficie sembrada producto del desincentivo por parte de los productores de competir con legumbres importadas que son producidas a una mayor escala que en Chile y/o subsidiadas por países como Canadá, China, Argentina, entre otros. Por tanto, actualmente, el país depende principalmente de las importaciones para cubrir más del 70 por ciento de sus necesidades de consumo, por ejemplo, prácticamente el 90 por ciento de la lenteja que se consume en Chile proviene de Canadá, situación similar se presenta con el garbanzo cuya procedencia es de Argentina. El panorama de autoabastecimiento es bastante negativo, si consideramos la escasa tecnología asociada a la producción de legumbres, con rendimientos prácticamente estáticos desde hace 30 años, con cultivos establecidos en superficies pequeñas y arraigadas al quehacer de la agricultura familiar campesina, donde se concentra cerca del 80 por ciento de la producción, la que además poco a poco están sido desplazadas por cultivos más rentables.

La situación descrita para las legumbres no sólo pone en evidencia la fragilidad de nuestra seguridad alimentaria, sino también la pérdida de soberanía colectiva sobre la producción y consumo de alimentos, quedando a merced de decisiones económicas y de los vaivenes del mercado.

Para evitar estas situaciones y cuidar de la seguridad y de la soberanía alimentaria, es necesario contar con políticas públicas que fomenten y protejan la producción agrícola y pesquera, facilitando su distribución nacional mediante circuitos lo más cortos posibles y supervigilando los precios para asegurar el acceso y disponibilidad en todo momento, en todo lugar y para todos.

Así también es necesario establecer constitucionalmente un real derecho a la alimentación, que incluya el ejercicio de la soberanía alimentaria en el territorio, y que se ocupe de la sostenibilidad y sustentabilidad en la producción de alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados, orientados a mantener a los productores y sus sociedades.

1 de Junio, 2020.

Fuente: https://www.uchile.cl/noticias/163902/escasez-de-legumbres-un-problema-de-seguridad-y-soberania-alimentaria

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Piñera y Walker defienden transgénicos y SAG es repudiado por apoyar cultivos OGM.

Por radiodelmar.cl. 

Organizaciones y comunidades han realizado un masivo rechazo a resolución de SAG. El Ministerio de Agricultura, dirigido por Antonio Walker,  debiera enfocarse en que la temporada de siembras reincorpore los cultivos tradicionales de trigo, arroz, porotos y lentejas, para que en el escenario incierto que vivimos, no dependamos de las importaciones. Por el contrario, mediante la cuarentena nos imponen los negocios de Bayer/Monsanto.

Desde la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de Chile, RAP-Chile, hemos participado en la Consulta Pública del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, manifestando nuestro total rechazo a la nueva resolución sobre organismos genéticamente modificados, más conocidos como transgénicos. Asimismo, reiteramos nuestra solicitud a las autoridades para que establezcan la moratoria a la introducción de los cultivos transgénicos (OGM) destinados al mercado interno. El principio de Precaución debiera ser la base de la formulación de políticas públicas de Chile.

La diseminación de OGMs en el ambiente trae consigo contaminación genética de plantas sexualmente compatibles y contaminación química por el paquete de plaguicidas altamente peligrosos (PAP) y fertilizantes químicos usados en estos cultivos, entre ellos el herbicida glifosato, glifosato/RoundUp, posible cancerígeno para humanos, según la Agencia Internacional de Investigaciones del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud, OMS). Por tanto, estos cultivos representan no solo una amenaza para nuestro patrimonio vegetal, para la biodiversidad sino también un grave riesgo para la salud humana, animal y el ambiente. Hasta ahora en Chile sólo están permitidos los cultivos transgénicos para la producción de semillas de exportación.

En Estados Unidos, el 18 de mayo de 2020, el Departamento de Agricultura de EE.UU (USDA) ha publicado en el Registro Federal, nuevas reglas federales que reducen significativamente su responsabilidad regulatoria respecto de los organismos OGM. De esta forma han abierto las puertas para que los desarrolladores de la industria y las corporaciones agroquímicas y de la biotecnología puedan «autodeterminar» si sus productos manipulados deban o no ser sometidos a una revisión regulatoria y a una evaluación de riesgos ambientales. Según señala María Elena Rozas coordinadora nacional de RAP-Chile, «Está claro que nuestras autoridades no están haciendo otra cosa que seguir los lineamientos y órdenes de Estados Unidos, en este caso en materia agrícola. La norma en consulta, de carácter exprés, fue diseñada en Estados Unidos y obedece a su política desregulatoria que bajo el nombre de regla SEGURA, encubre nuevas facilidades para que corporaciones transnacionales agroquímicas y de la biotecnología puedan desarrollar sus actividades contaminantes. Nos parece inaceptable que reguladores nacionales hayan abdicado de sus responsabilidades de proteger un bien público como es la biodiversidad y la salud pública a favor de los intereses de las corporaciones que monopolizan el mercado de las semillas. Repudiamos el hecho que la industria agroquímica y biotecnológica esté tomando el control de la regulación de los transgénicos desde dentro de los organismos reguladores del Estado».

Entre otros retrocesos de la nueva resolución respecto de la anterior está la eliminación de la evaluación de riesgo lo que es grave porque la evaluación de riesgo es la base científica que correlaciona peligrosidad con exposición y con la probabilidad de la ocurrencia de riesgos. Además, porque la evaluación de riesgo es central en la determinación de los posibles impactos negativos en la salud y el ambiente, que conlleva la introducción al ambiente de los OGM.

Exclusión de nuevos transgénicos

Al igual que lo contenido en la nueva resolución chilena, la norma de Estados Unidos ahora exime de la revisión normativa a las nuevas semillas OGM si contienen combinaciones de rasgos vegetales previamente aprobadas por el organismo o si se produjeron mediante técnicas de edición genética. En la Unión Europea, por el contrario, por determinación de la Corte Suprema de Justicia Europea, los productos derivados de la edición de genes deben ser sometidos a la misma evaluación de riesgo que los transgénicos. La edición de genes es una técnica de alteración del genoma en la cual no se han introducido genes de otra especie, sino se ha alterado el genoma mediante la técnica de cortar y pegar un segmento de gen. Esta técnica busca precisamente permitir a la industria eludir el comprobado rechazo que producen los transgénicos en los consumidores. La técnica CRISPR de edición de genes se utiliza actualmente en muchas de las nuevas semillas lanzadas por la industria, de manera que no incluirlas en esta regulación puede significar incluso que ya han sido registradas por el SAG para su uso en nuestro país, como anunció previamente el gobierno, en comunicación firmada por Chile a la Organización Mundial del Comercio en marzo de 2019 o como reiteró el ministro de Agricultura ante la Cámara de Diputados en la discusión sobre transgénicos y TPP11, considerando que la transgenia había sido «superada» por la edición de genes y por tanto el UPOV91 permitía también registrar las semillas editadas con CRISPR.

La ingeniería genética pone en peligro la protección de especies. Una creciente cantidad de estudios de científicos independientes pone énfasis en resultados no deseados que pueden presentarse por el uso de técnica CRISPR. Kawall, Miyazaki, Bauer-Panskus, y Then, autores de un estudio reciente publicado en TestBiotech, concluyen que las serias implicancias de la edición de genes para nuestras especies y nuestro planeta no solo requieren un enfoque de regulación estricta y una evaluación obligatoria de su impacto, sino también un debate sociológico sobre sus implicancias éticas en los derechos de la naturaleza y los derechos de las futuras generaciones. Estas técnicas se pueden usar en animales de campo para producir más carne, leche con otra composición, cerdos resistentes a virus y animales «adaptados al cambio climático».  Entre otros problemas que pueden ocurrir con la técnica de edición de genes conocida como CRISPR, está que se ha encontrado una alta frecuencia de duplicaciones de segmentos de gen no deseadas, encontradas en inserciones genéticas en ratones, que no se detectan usando el análisis estándar de PCR y requieren por tanto un estudio específico.

Al respecto Lucía Sepúlveda de la campaña Yo No Quiero Transgénicos, YNQT señala: «El Ministerio de Agricultura y sus autoridades debieran enfocarse en que la temporada de siembras reincorpore los cultivos tradicionales de trigo, arroz, porotos y lentejas, y en proveer semillas tradicionales y criollas a la agricultura familiar campesina, desde el INIA, para que en el escenario incierto que vivimos, no dependamos de las importaciones. Por el contrario, mediante la cuarentena nos imponen los negocios de Bayer/Monsanto y las otras semilleras, con estas falsas soluciones de respuesta al cambio climático y al hambre. Así colocan nuevamente al gobierno en contra de las aspiraciones y necesidades de las y los chilenos y de las comunidades campesinas e indígenas. «

Los devastadores impactos, agrícolas, ecológicos y en la salud de toda la población, especialmente de los sectores campesinos, de la dependencia de plaguicidas, como el glifosato, 2.4-D y otros, vinculados a las semillas transgénicas son una realidad en todos los países donde la pequeña agricultura campesina y la chacarería han sido reemplazados por monocultivos transgénicos. Según Alicia Muñoz de la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, «Para el mundo campesino es una tragedia en medio de otra tragedia. Mientras las autoridades nos están encerrando en las casas para evitar la contaminación por COVID-19, están abriendo las puertas de par en par a las empresas transgénicas y a las corporaciones transnacionales contaminantes. Los transgénicos, incluyen un paquete tecnológico altamente contaminante que afectará más aún a los habitantes rurales, a las temporeras agrícolas y a los consumidores. No son una solución para el hambre porque es la pequeña agricultura campesina la que alimenta a Chile y al mundo».

Masivo rechazo ciudadano

Ante esta grave situación, el 5 de mayo de 2020 enviamos una Declaración Pública a las organizaciones sociales, ambientales y de productores agrícolas denunciando los impactos que tendrá esta nueva norma. A pesar del corto tiempo y del carácter no vinculante de consulta pública, hasta el 31 de junio de 2020, 326 organizaciones y 414 personas han adherido a la Declaración Pública de RAP-Chile y también rechazado la nueva norma en la consulta pública del SAG.  La gran mayoría de los adherentes pertenece a organizaciones campesinas, a comunidades indígenas del norte a sur del país, a productores agroecológicos y orgánicos, y a confederaciones de funcionarios de la salud, sindicatos de trabajadores rurales, comunidades de base y asambleas de defensa de los territorios de distintas regiones de Chile. Junto a ellos están organizaciones de apicultores de la zona central, y las más importantes organizaciones defensoras del ambiente y la biodiversidad del país, a lo que se suma la adhesión de organizaciones feministas y de derechos humanos. Esta gran diversidad de adherentes da cuenta de que un amplio universo socioambiental tiene muy claro el impacto directo en sus vidas, en sus actividades productivas y territorios, de la expansión anunciada de los cultivos transgénicos

Norma sin consulta indígena

Entre los firmantes destacamos una importante presencia de comunidades indígenas. El Estado chileno, una vez más omitió la consulta indígena mandatada por el Convenio 169, frente a una decisión que afecta directamente el patrimonio de estas comunidades, que han creado y resguardado ancestralmente las semillas tradicionales en sus territorios.

Omisiones del SAG y propuesta de RAP-Chile

La cuestionada resolución, aun sin número, se denomina «RESOLUCIÓN EXENTA QUE ESTABLECE NORMAS PARA LA IMPORTACIÓN, SIEMBRA CONFINADA, PERMANENCIA Y ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL DE PROPAGACIÓN GENÉTICAMENTE MODIFICADO Y DEROGA RESOLUCIÓN N°1523 DE 2001».

Esta nueva resolución no reconoce que la biodiversidad representa un patrimonio importante en el desarrollo económico y social sustentable y que las diferentes producciones comerciales deben y tienen el derecho desarrollarse en un ambiente propicio y en igualdad de condiciones, por ejemplo, entre otras, la actividad apícola, la agroecología y la agricultura orgánica. Además, omite el decreto de Relaciones Exteriores Nº 1.963 de 1994 que promulga el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura que son la base de nuestra legislación vigente en todo lo relacionado con transgénicos y sus riesgos. Tampoco cumple las exigencias de la Ley 19.300 respecto de los ítems que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental.

Agricultura agroecología, necesaria para enfrentar el COVID19

Estamos a favor, y especialmente en tiempos del COVID19, de la agricultura agroecológica porque significa un cambio transformador para nuestro sistema alimentario al proteger el ambiente y la salud de los campesinos, campesinas, trabajador@s del campo y consumidores de la exposición a Plaguicidas Altamente Peligrosos que deterioran nuestra salud y nuestro sistema inmunológico. La agroecología, incompatible con los cultivos transgénicos, es un factor importante de recuperación y restauración de la biodiversidad.  Las frutas y hortalizas producidas agroecológicamente en el campo y huertas urbanas fortalecen nuestro sistema inmunológico y las economías territoriales. Así podemos enfrentar en mejores condiciones las diversas amenazas a nuestra salud, incluido el Covid-19 y también asegurar la sobrevida de las comunidades campesinas e indígenas y el desarrollo de mercados locales y de circuitos cortos en el abastecimiento de alimentos sanos y seguros, al alcance de todos.

Nota: La presión ciudadana obligó al SAG a extender por 15 días el periodo de la consulta ciudadana (hasta el 16 de junio de 2020), siempre desarrollada en periodo de cuarentena por COVID-19 y de carácter no vinculante.

Contactos:

Red de Acción en Plaguicidas de Chile, RAP-Chile, María Elena Rozas, rap-al@terra.cl

Campaña Yo No Quiero Transgénicos, YNQT, Lucía Sepúlveda, lusr20@gmail.com

Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, Alicia Muñoz, aliciaanamuri@gmail.com

3 de junio, 2020.

Fuente: https://www.radiodelmar.cl/2020/06/pinera-y-walker-defienden-transgenicos-y-sag-es-repudiado-por-apoyar-cultivos-ogm/