Chile dictadura: Corte de Santiago dictó nuevas condenas contra Iturriaga, Krassnoff y Espinoza.

La ampliación del procesamiento fue dictada por el juez Leopoldo Llanos, quien tiene dedicación exclusiva para la investigación de causas sobre violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar. El magistrado ya había procesado al jefe de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda; y a los agentes operativos Miguel Krassnoff Martchenko,y Blascay Zapata Reyes y Osvaldo Romo.

A los anteriores, se suman ahora César Manríquez Bravo; Sergio Hernán Castillo González; Nelson Alberto Paz Bustamante; José Yévenes Vergara; Osvaldo Pulgar Gallardo; Risiere del Prado Altez España; y Orlando José Manzo Durán, todos ellos con distintos niveles de participación en los secuestros, detención, torturas y desaparición de María Inés Alvarado y Martín Elgueta.

Ambos jóvenes de 21 años de edad fueron detenidos cuando la DINA pudo dar con el lugar en el que se refugiaban, obligados a una clandestinidad derivada de la intensa actividad militante que desarrollaban en la organización de la resistencia a la dictadura. Tanto María Inés Alvarado como Martín Elgueta Pinto estudiaron en el Liceo Manuel de Salas, en Ñuñoa, e hicieron sus militancias en estructuras del MIR vinculadas a tareas de organización del movimiento popular durante el gobierno de Salvador Allende.

María Inés trabajaba como secretaria y Martín era estudiante de Economía en la Universidad de Chile, había sido dirigente del Centro de Alumnos de su Liceo y de la estructura del MIR en el Cordón Cerrillos-Maipú de la ciudad de Santiago. Con posterioridad al golpe, y luego de la reestructuración del MIR a causa de los golpes represivos, asumió como Coordinador del sector Santiago Poniente y miembro del Comité Central de esta organización.

La pareja se refugiaba en el departamento que habitaban Verónica Martínez Ahumada y su esposo, Juan Rosendo Chacón Olivares, quienes también fueron detenidos ese día. Chacón Olivares, también militante del MIR, permanece como detenido desaparecido.

La resolución judicial dictada el 5 de enero de este año, ordena el arresto de Sergio Castillo, Nelson Paz, José Yévenes y Osvaldo Pulgar; así como la notificación a César Manríquez, Risier Altez y Orlando Manzo, quienes se encuentran cumpliendo condenas por otros crímenes en la cárcel especial de Punta Peuco.

En su fallo el magistrado Leopoldo Llanos dice que los procesados tienen «participación culpable en calidad de autores» de los delitos tipificados en la legislación como «secuestro calificado». La resolución fue emitida dos meses después que la parte querellante hiciera la solicitud de ampliación de procesamientos, en un escrito que describe las responsabilidades de cada uno de los represores:

• César Manríquez Bravo fue uno de los fundadores de la DINA a fines de 1973, cuando estuvo destinado al entrenamiento de los agentes en Tejas Verdes y en el campo de Rocas de Santo Domingo, para más tarde integrar y dirigir la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM), de la que dependían los centros de represión, como Londres 38. En esos años tenía el grado de mayor, desde donde ascendió hasta llegar a integrar el cuerpo de generales del Ejército. En 1981 asumió como subsecretario de Guerra de la dictadura, cargo en que estuvo poco más de un año. Actualmente cumple condena en Punta Peuco.
• Sergio Hernán Castillo González era capitán de Ejército cuando asumió el mando de la guardia en Londres 38, en una relación directa y cercana al jefe del cuartel, el entonces mayor Marcelo Moren Brito. Entre sus funciones estaban las de preparar y asegurar los «traslados» de prisioneros. También cumplió labores operativas al mando de la agrupación Leopardo, integrante de la Brigada Purén, la que funcionó también en Villa Grimaldi, Irán con los Plátanos, y José Domingo Cañas.
• Nelson Alberto Paz Bustamante, suboficial mayor del Ejército, integró la agrupación Halcón de la Brigada Caupolicán cuyas operaciones eran dirigidas por el entonces capitán Miguel Krassnoff Martchenko. El pasado 26 de enero la Corte Suprema ordenó la libertad del ex agente al acoger un recurso presentado por su defensa contra la negativa del Ministerio de Justicia de otorgarle beneficios carcelarios. Paz Bustamante cumplía pena de cárcel por la desaparición de Álvaro Miguel Barrios Duque. El ex agente está procesado además en otras 42 causas.
• José Avelino Yévenes Vergara era sargento de Carabineros e integrante de la agrupación Halcón, que comandaba Miguel Krassnoff Martchenko. Participó en secuestros y torturas desde Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. Tras la disolución de la DINA en 1978, pasó a integrar la Central Nacional de Informaciones (CNI).
• Osvaldo Enrique Pulgar Gallardo tenía el grado de suboficial de Carabineros e integraba la agrupación Halcón, a la que también pertenecían como operativos Osvaldo Romo Mena (fallecido), Basclay Zapata y José Yévenes. Al igual que otros agentes Pulgar Gallardo también estuvo en José Domingo Cañas y Villa Grimaldi.
• Risiere del Prado Altez España era funcionario de la Policía de Investigaciones asignado a la DINA, con el grado de inspector. Dirigió los equipos de interrogatorios y torturas en Londres 38, Villa Grimaldi, e Irán con los Plátanos. El ex represor se encuentra procesado por la desaparición de Juan Chacón Olivares, quien fue detenido junto María Inés Alvarado y Martín Elgueta Pinto.
• Orlando José Manzo Durán era un oficial de Gendarmería asignado a la DINA que, como tal, estaba al mando del recinto conocido como Cuatro Álamos, entre 1974 y 1977. Cuatro Álamos estaba al interior del campo de prisioneros «Tres Álamos», donde la DINA enviaba a los detenidos todavía incomunicados que provenías de centros secretos de represión como Londres 38, Villa Grimaldi y otros. Los detenidos podían ser enviados a campos de prisioneros o bien sacados de nuevo por la DINA y hechos desaparecer, como sucedió con Martín Elgueta Pinto.

Los nombres de ambas víctimas figuran en la lista de 119 personas asesinadas y desaparecidas que la dictadura intentó encubrir a través de la llamada «Operación Colombo».

• Ver resolución judicial