Chile huinca: La nueva conquista de la Araucanía.

Las élites políticas y económicas de Chile no han variado mucho su estrategia respecto de los pueblos originarios. Ocupación, integración y represión han sido las directrices que delimitan su acción política. Aunque se ha modificado parcialmente el discurso racista dominante en el siglo XIX, prevalecen la misma visión respecto de la “cuestión” indígena. La decisión de esta semana del gobierno de trasladar a las fuerzas armadas la zona es quizás la más cruda manifestación del estrepitoso fracaso de los tímidos intentos por establecer un diálogo de nuevo tipo con los pueblos originarios y, en particular, con el pueblo mapuche.

LA OCUPACIÓN “CIVILIZATORIA”

El modo en que procedió la conquista militar al sur del Bío-Bío es central para definir de lo que estamos hablando. El 11 de octubre de 1861, Cornelio Saavedra proponía al gobierno un plan de ocupación que a su juicio “debe servir para la reducción del territorio araucano y su incorporación al resto de la República”.  Saavedra tenía una visión muy crítica respecto de las acciones que desde la Independencia se habían realizado para cumplir con esa incorporación. Rechazaba, por cierto, el reconocimiento que los españoles y luego los criollos hicieron del río Bío-Bío como una línea divisoria entre los dos territorios. Se mostraba escéptico del trabajo realizado por las misiones religiosas para intentar “civilizar” a los indígenas y evaluaba negativamente la incorporación por la vía del comercio. Ni las misiones, ni la fuerza, y ni el comercio habían podido lograr el objetivo de la incorporación.

La propuesta de Saavedra en esa época buscaba generar “un sistema de civilización y reducción de los indígenas” para lo cual se necesitaba (1) avanzar la línea de frontera hasta el río Malleco, (2) subdividir y enajenar los terrenos comprendidos entre los ríos Malleco y Bío-Bío, y (3) colonizar los terrenos más aptos para desarrollar la agricultura.

Lo anterior, sostenía Saavedra, requería mantener financiado un Ejército de ocupación ya sea a través de la entrega de un suelo y, subsidiariamente, entregarles terrenos aptos para su cultivo. Además, se necesitaba establecer un sistema de intercambio comercial con los indígenas por cuanto se considera como un “agente poderoso” para la civilización de los pueblos que habitaban en esa región. Se estimularía el comercio de licores, manufacturas y plata, además de cereales, animales y lanas.

El plan consideraba la generación de un parlamento con los caciques principales de modo de “hacerles comprender que se respetarán las legítimas posesiones de los indígenas y que la nueva línea [del río Malleco] no será más que una garantía de paz y de beneficios recíprocos, e interesándolos en que eviten toda hostilidad de parte de sus compañeros, no dudo que pueden entrar muchos de ellos en acuerdos y ser buenos auxiliares”. Saavedra propuso, además, que el gobierno entregase sueldos a algunos de estos caciques para asegurar su lealtad: “a este propósito contribuirá la asignación que creo conveniente dar a algunos caciques importantes y a un reducido número de sus mocetones… estos sueldos son siempre bien reducidos y no impondrán al erario gravámenes dignos de atención” (Saavedra, 1870).

Conquista territorial, seducción por la vía de misiones y comercio, y cooptación de los líderes indígenas. Ese era el plan de Saavedra.

El entonces coronel Saavedra sostenía que en dicho territorio no podía aplicarse la Constitución dado que “no es concebible la observancia del régimen constitucional entre individuos que no reconocen el imperio de la ley y que deben considerarse en situación de que el Estado ejerza una saludable tutela sobre ellos para prepararlos a la vida civilizada”.  Así, se requería un régimen especial de frontera, con normas que regulasen el comercio, la venta de terrenos y la seguridad.

Siete años más tarde, el entonces diputado por Valdivia, Benjamín Vicuña Mackenna —ese mismo que ahora se le homenajea con una avenida que llega a la plaza de la Dignidad—, planteaba que un plan de ocupación de la Araucanía requería abordar tres puntos capitales, (1) considerar un incremento sustantivo en la cantidad de recursos destinados a financiar las fuerzas militares, (2) que dicho plan debe ser un esfuerzo sistemático en el tiempo, y (3) “que el indio (no el de Ercilla, sino el que ha venido a degollar a nuestros labradores del Malleco y a mutilar con horrible infamia a nuestros nobles soldados) no es sino un bruto indomable, enemigo de la civilización porque solo adora todos los vicios en que vive sumergido, la ociosidad, la embriaguez, la mentira, la traición y todo ese conjunto de abominaciones que constituye la vida del salvaje… por lo que la conquista del indio es esencialmente, como lo ha sido en Estado Unidos, la conquista de la civilización.” (Vicuña Mackenna 1868).

La co-habitación criolla-mapuche ensayada por los españoles fue tempranamente descartada por la élite republicana. Enfrentados a la constante resistencia mapuche, la élite tradicional chilena desarrolló un discurso racista que ponía énfasis en la necesidad de conquistar, integrar, asimilar, someter a los “bárbaros” y convertirlos en individuos “civilizados”.

Se llegaría al convencimiento que solo la ocupación militar y la fuerza permitiría esta conversión. La famosa receta del general José Manuel Pinto —militar, ministro, diputado y senador— de reducir a los indígenas a la impotencia para poder imponerles condiciones de debida obediencia, reflejaban esta aproximación. Planteaba Pinto:

“A. Todos los caciques deberán entregar en rehenes a uno de sus hijos, según su importancia. A estos niños se les daría una educación apropiada a su edad y condición, y al cabo de cierto tiempo se cambiarán siendo que fuere posible, por otro de la misma familia, con el doble objeto de impedir que la prolongada separación de sus padres, no debilite el cariño que recíprocamente se profesan, haciendo que los rehenes bastasen para hacerlos abstenerse de la guerra y al mismo tiempo se difunda paulatinamente la civilización entre los salvajes.

“B. Entrega de todos los cautivos cristianos que hubiera entre los indios.

“C. Establecimiento de agentes de los jefes de la frontera en el interior del territorio indígena” (Vera, 1905).

Robustiano Vera relata que hacia fines del siglo XIX terminaba la “conquista de Arauco” con la ocupación de Villarrica, luego de más de dos décadas de continua batalla: “el gobierno ha estado vendiendo los terrenos conquistados y colonizando, existiendo hoy día lindas estancias, pobladas de ganado y hermosos pueblos con activo comercio que forman la belleza del sur (…). Y los pocos araucanos que aún quedan dispersos en esas regiones en pequeños lotes que se les ha concedido, aceptando la vida civilizada han ido olvidando poco a poco sus antiguas costumbres y viven entre nuestros compatriotas sin odio y sin rencor, sometidos en todo a las autoridades de sus respectivas localidades” (Vera, 1905: 104).

EL LARGO CAMINO DEL RECONOCIMIENTO

Un siglo después, el retorno de la democracia abrió esperanzas de un nuevo entendimiento entre el Estado de Chile y los Pueblos Indígenas. Aquel siglo no había significado mucho para los pueblos originarios. El acuerdo de Nuevo Imperial (1989) que reunió a dirigentes indígenas con el candidato presidencial Patricio Aylwin establecía una oportunidad de diálogo.

Los indígenas se comprometieron a canalizar sus legítimas aspiraciones de justicia a través de las instancias de participación que se crearían para avanzar en la solución de dichos problemas. El candidato Aylwin se comprometió al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en sus derechos económicos, sociales y culturales; la Creación de una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; y la creación de una comisión especial para los Pueblos Indígenas.

Pasaron treinta años y se avanzó tímidamente en una institucionalidad legal, se crearon innumerables comisiones para abordar las demandas indígenas sin mucho éxito y hasta el día de hoy no se resolvió el tema del reconocimiento constitucional.

Desde aquel momento, gran parte de los sectores políticos y económicos que han administrado el poder han privilegiado políticas de “integración”, asumiendo que el gran problema que enfrentan los indígenas es la pobreza, la marginalidad y la exclusión.  Consistentemente se ha eludido la cuestión del reconocimiento pues aquello implicaría aceptar que existe un “otro”, pueblos pre-existentes a la nación chilena, que tiene capacidad y derecho de autogobernarse, que tienen derecho a la autonomía, territorio, cosmovisiones, culturas, modos distintos de relacionarse con el entorno natural.

Han pasado treinta años desde el retorno a la democracia y pese a que la mayoría de los gobiernos prometió explícitamente reconocer a los pueblos indígenas, ninguno se ha atrevido a establecer un nuevo tipo de relación y diálogo.

En los últimos años observemos dos momentos.

Entre 2016 y 2017 se desarrolló un proceso constituyente indígena y una consulta a los pueblos indígenas. Se generaron discusiones que congregaron a más de 20 mil indígenas. ¿Qué propusieron ellos?: Plurinacionalidad, reconocimiento territorial, reconocimiento de la pre-existencia, autonomía, derechos de representación política, derechos culturales y lingüísticos, derechos de salud, entre otros.

¿Qué propuso el gobierno de Bachelet?  En marzo de 2018, presentó al país un proyecto de reforma a la Constitución que en el artículo 5º señalaba:

“el Estado reconoce a los pueblos indígenas que habitan en su territorio como parte de la nación chilena, obligándose a promover y respetar su integridad de tales, así como sus derechos y su cultura”. Se reconocía además el derecho a participar con una representación en el Congreso, derechos de educación, culturales, lingüísticos, y patrimoniales.

La propuesta establecía el reconocimiento de pueblos indígenas pero la brecha entre la propuesta de los representantes indígenas y lo que el gobierno señaló en aquel proyecto era tan evidente que generaría (nuevamente) una fuerte frustración social y política.

El segundo momento reciente es el programa de la coalición de Chile Vamos de 2017 que reiteraba esta negación de la diferencia. El programa de Piñera sostenía que: “la nación chilena reconoce en los pueblos indígenas un elemento relevante de lo que caracteriza a nuestra identidad, tanto en nuestra cultura, nuestras tradiciones como en nuestra historia”. Mientras los pueblos indígenas reclamaban reconocimiento (social, político, territorial, cultural), en la élite política predominaba un ethos integrador que imposibilitaba cualquier opción de resolver un conflicto latente desde los orígenes de la República.

Incluso si en tales propuestas se llega a aceptar un “otro”, se le asimila inmediatamente a nuestra identidad. Se aceptan “tradiciones culturales” pero que no amenacen los intereses económicos, territoriales o de distribución de poder político actual.  Se evade de este modo una discusión de fondo sobre el modo en que podría generarse una convivencia entre distintos pueblos en un mismo territorio.

ENTRE INTEGRACIÓN Y REPRESIÓN

Esta reiterada evasión del problema de fondo (reconocer al otro) lleva a que la estrategia política de los distintos gobiernos gire entre políticas integracionistas (entrega de subsidios, entrega de tierras, políticas de estímulo económico, turismo-étnico), y la represión policial y ahora militar. Las políticas integracionistas asumen que el único modo para que los pueblos originarios salgan de su postergación es mediante su incorporación a la cadena de producción agro-exportadora. El gobierno actual exacerbó esta propuesta al sugerir en su programa la idea de “modificar la política indígena para potenciar el uso productivo de tierras entregadas a los miembros del pueblo mapuche reduciendo o eliminando las prohibiciones de vender, hipotecar, arrendar, o disponer de sus tierras” (Programa de Piñera 2017). Su iniciativa se transformó en un completo desastre.

La política de represión llevó a las autoridades a fortalecer una unidad policial de élite (el “comando Jungla”) que fue presentado el 28 de junio de 2018. El asesinato de Camilo Catrillanca haría que cinco meses después el gobierno anunciara la desarticulación de esa unidad y su reemplazo por unidades de fuerzas especiales que se repartirían en Temuco y la provincia de Arauco.

Pero ahora la situación se torna muchísimo más compleja toda vez que el país vive una situación de Estado de excepción de catástrofe, donde se ven constreñidos algunos derechos individuales y las autoridades militares ejercen el control territorial. El gobierno en este contexto anuncia que reforzará el control de algunas zonas de la Araucanía con el envío de integrantes de las fuerzas armadas para realizar control terrestre y aéreo frente al aumento de atentados en carreteras.

El ministro de Defensa Alberto Espina sostenía para justificar esta decisión que “no son aceptables estos actos delictuales (…), porque nuestro deber es encarcelar a los violentistas y proteger a la ciudadanía” (El Mercurio, 23.06.2020).

La incorporación de las fuerzas armadas en la Araucanía refleja el fracaso de las políticas “integracionistas” vigentes desde el retorno de la democracia, el fracaso de la acción de la policía en la zona y la aceptación de la tesis del involucramiento de las instituciones armadas para enfrentar a un “enemigo interno”. Por primera vez desde el retorno de la democracia, las autoridades políticas justifican abiertamente la participación de las fuerzas armadas para el control de la delincuencia.

Lo irónico de este anuncio es el silencio de los actores políticos. Nadie se pronuncia respecto de este involucramiento directo de las instituciones armadas en el control delictual como señalaba el propio ministro de Defensa.

¿Existe una alternativa? Briones tiene la respuesta.

Países que han reconocido sustantivamente a los pueblos originarios han generado condiciones de gobernanza que valdría la pena observar. Países como Nueva Zelandia, Noruega, Canadá, Panamá, Colombia, por citar algunos, han avanzado políticas sustantivas de reconocimiento que implica aceptar la pre-existencia de naciones originarias, establecer condiciones políticas para un diálogo entre naciones, aceptación de derechos de autogobierno y autonomía, y reconocimiento de derechos territoriales, culturales, económicos, y lingüísticos entre muchas otras facetas.

La sociedad chilena, de hecho, se muestra muy favorable a esta solución. Una encuesta realizada por el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) en el mes de marzo de 2020, muestra que el 97% se muestra favorable a reconocer los pueblos indígenas. Lo interesante aquí es el alto apoyo de la ciudadanía (indígena y no indígena), a la materialización de ciertos derechos políticos como escaños reservados en el Congreso (82%), contar con una justicia especial (77%), devolver tierras (77%), definir lenguas indígenas como oficiales (85%), derecho a la consulta (77%) y la existencia de escaños reservados en la convención que redactará la nueva Constitución (82%) (ver informe encuesta).

Lo anterior se contradice con los lentos avances institucionales realizados por el sistema político desde 1990 a la fecha. Además de evadir la cuestión del reconocimiento, varias de las políticas implementadas han sido fuertemente cuestionadas siendo la más evidente lo concerniente a la devolución de tierras.  Pero, además, cuando los gobiernos se han predispuesto a dialogar con los pueblos indígenas, se advierten fuertes contradicciones entre las promesas y los resultados de política.

Los ejemplos más próximos se asocian con la no concreción del ministerio de Pueblos Indígenas, la no materialización del Consejo de Pueblos Indígenas y la postergación más reciente de la inclusión de escaños reservados en el proceso constituyente. Se avanzó significativamente entre enero y marzo en lo relativo a paridad de género e inclusión de listas de independientes pero quedó pendiente (hasta nuevo aviso) el tema de los escaños. Nuevamente el tema es evadido.

La paradoja de esta historia es que mientras el ministro de Defensa anuncia el envío de militares a la Araucanía, el ministro Ignacio Briones nos ofrece una solución radicalmente distinta.  En la entrevista con Cristián Warken en los diálogos de ICARE, Briones sostuvo que se requería una discusión de largo plazo, sobre qué tipo de sociedad se requieren construir. Nos convoca a ser ambiciosos y pensar el Chile a 20 años plazos:

“Me gustan países como Nueva Zelanda, que no están tan lejos en su nivel de desarrollo, pero que son muy notables en términos de oportunidades, de integración, de inclusión. Que comparten similitudes con nosotros, por ejemplo, son fuertes en recursos naturales y no se avergüenzan de ello. Son países que integran a sus pueblos originarios. Países muy abiertos, competitivos, pro- mercado. Me interpreta mucho ese paradigma” (Briones, 2020).

¿Sabrán las autoridades que en el modelo neozelandés el Estado reconoce la pre-existencia y autodeterminación del pueblo Maorí? ¿Sabrán los tomadores de decisión en Chile que se reconoció el tratado de Waitangi del año 1840 que definió la relación entre la Corona y el pueblo Maorí? ¿Sabrán ellos que se estableció un tribunal para resolver las demandas del pueblo Maorí y que a partir de allí se establecieron políticas de devolución territorial, protección de derechos culturales y reconocimiento de derechos políticos? Entre otras instituciones en Nueva Zelandia existe un Ministerio de Desarrollo Maorí, se crearon escaños reservados, se estableció una oficina para la implementación del Tratado de Waitangi.

El proceso de reconocimiento en Nueva Zelanda se extiende por más de tres décadas y ha implicado políticas de compensación por el daño causado a las comunidades Maorí, el reconocimiento y disculpas públicas de las autoridades respecto del incumplimiento del tratado original, y establecimiento de mecanismos de compensación cultural, comercial y financiera. El modelo neozelandés que tanto le gusta al ministro Briones contiene no la “integración” de pueblos originarios sino que un proceso de diálogo simétrico, de largo aliento, entre dos pueblos (Gálvez 2019).  Si existe un genuino interés por seguir el modelo neozelandés, el Estado de Chile debiese partir por reconocer el Tratado de Tapihue de 1825 y avanzar políticas de reparación por el daño causado.

En Chile, las élites políticas y económicas históricamente han optado por la asimilación, la integración o la represión. No ha existido una mirada de largo aliento que acepte y reconozca sustantivamente a los pueblos originarios que habitan el territorio. Mientras aquel reconocimiento sustantivo no se produzca, continuaremos anclados en un paradigma integrador y militarista que se acerca mucho más a lo que los conquistadores Saavedra, Pinto o Vicuña Mackenna visualizaron, que a un ideal foráneo sobre el cual poco se sabe.

El uso de las fuerzas armadas es el fracaso de la política y en este caso parece evidente que la política —en su sentido amplio— ha fracasado.

NOTAS Y REFERENCIAS