Wallmapu: La histórica y admirable resistencia de las hortaliceras mapuche.

Cientos de personas transitan por el centro de Temuco. Hay locales que han bajado sus cortinas, otros que continúan abiertos. Inevitablemente, todo ha ido se ha ido adaptando a las reglas de la pandemia. Más allá de esos cambios, ahí algo es permanente. En la intersección de las calles Bulnes con Prat, a unas cuadras de la plaza principal, se escucha un mensaje que se repite una y otra vez a través de unos parlantes que ha instalado el municipio.

“No compre al comercio ilegal, no compre porque arriesga multas. No compre al comercio ilegal”, las personas pasan y esa voz no se extingue. Se ha escuchado durante meses, pero pareciera que es un mantra que se arrastra desde hace siglos.

Unas cuadras más allá las hortaliceras mapuche frente a sus canastas con verduras frescas: algunas desgranando porotos; otras, rellenando bolsas de ensaladas para seguir vendiendo. Llevan puestas mascarillas y guantes, y también mantienen la distancia entre una y otra. Son entre 10 a 15 las que han seguido viajando desde sus comunidades hasta el centro de la ciudad en estos meses de pandemia. El virus ha causado estragos en esta región empobrecida, pero ese no es motivo para dejar una actividad imprescindible para ellas y su comunidad.

Miran constantemente para todos lados. El recuerdo del lunes 4 de mayo sigue latente. Ese día funcionarios de Fuerzas Especiales junto a inspectores municipales, las detuvieron por considerar que su trabajo es “ilegal”. Las agarraron, las forcejearon mientras ellas defendían sus verduras que se desparramaron por la calle. Les arrebataron los tomates, las lechugas y se las botaron. Lo perdieron todo. Entre diez policías rodearon a cada una para llevarlas a la fuerza al carro y trasladarlas hasta la comisaría a unas cuadras de ahí.

El alcalde Miguel Becker, aseguran, nunca las ha querido en ese lugar. En 2011, dictó un decreto que estableció el perímetro de exclusión de cuatro calles en el centro, al que no pueden ingresar los vendedores ambulantes. Una de ellas es precisamente donde se han instalado históricamente a vender. Siete años después, comenzaron las multas para quienes les compraran, debiendo cancelar hasta 143 mil pesos.

Las horas en la comisaría

A Joselyn Millanao Millanao (21) le dieron una patada y un empujón para que entrara al carro policial. Ella fue una de las mujeres detenidas esa mañana de mayo. En el trayecto hasta la segunda comisaría de Temuco, los funcionarios policiales solo se limitaron a decir que “eran mandados”, que “tenían que hacer su trabajo como corresponde”. “Pero, ¿qué les costaba darme la oportunidad, desde las diez hasta las una, para trabajar? Y después me iba para la casa”, les decían junto a su tía Andrea Millanao Ancavil (35).

Cuando llegó a la comisaría le revisaron exhaustivamente su cuerpo. La obligaron a que se sacara la ropa, que se subiera el sostén y que se bajara los calzones. “Estando yo con la menstruación les pedí que no me hicieran eso”, cuenta con la voz quebrada. Le revisaron las axilas, le pasaron la mano por el pelo. ¿Qué podríamos haber tenido escondido?, pensaban las mujeres, si todas las mañanas se bajaban de la micro, cargadas de verduras, y caminaban media cuadra y luego se ponían a vender.

Jocelyn estuvo casi seis horas detenida en la comisaría junto Andrea y Alejandra Millanao Molina (29), las tres con sus ropas húmedas porque el carro policial les tiró agua mientras estaban en la calle defendiendo su mercadería. Horas que se hicieron interminables mientras estuvieron en esa celda pequeña y fría.

Un acto humillante y abusivo, sostiene la abogada Karina Riquelme, quien, junto al abogado Jaime Madariaga, presentó una querella por torturas y violencia sexual –que fue declarada admisible– contra los funcionarios policiales el 18 de junio[Ver aquí]. “Nadie sabía lo que había ocurrido dentro de la comisaría. Por eso, hay que identificar a los funcionarios policiales porque es sabido quiénes trabajan ahí y deberían ser formalizados”, agrega. Carabineros, por su parte, justifica la detención por desórdenes públicos y por “comercio ilegal”.

Este jueves los abogados volvieron a informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre estos hechos para que sean incorporados en la denuncia ingresada en 2011 que dio a conocer la misma situación. También, las Cátedras de Derechos Humanos, Amanda Labarca y de Racismo de la Universidad de Chile interpelaron al Ministerio Público a investigar y a establecer responsabilidades a la brevedad.

Andrea cuenta que la han llevado detenida en tres ocasiones. “Siempre tratando de rescatar a las otras lamngen para que no se las lleven, y al final igual te llevan a ti. Nunca había visto tantas Fuerzas Especiales para un grupo de mujeres. Qué fuerza voy a sacar yo con esos hombres gigantes, con su traje, es imposible”, dice.

Por décadas estas mujeres han tenido que resistir a los hostigamientos para ejercer su actividad tradicional, que es parte de la economía de subsistencia de sus familias y de la soberanía alimentaria de las comunidades. Como representante de la Agrupación de Hortaliceras Mapuche, Yolanda Llanquitur Parra, ha dicho que este es un lugar histórico para visibilizar sus saberes, que se han trasmitido de generación en generación por sus madres y abuelas, y sus oficios ancestrales. “Se conservan gracias a un legado que le da la identidad mapuche a nuestro pueblo”, dice.

Estas prácticas milenarias han permitido el reguardo de alimentos sanos y naturales, además de la protección de las semillas orgánicas y la preocupación por los recursos naturales. Para eso relevan el Trafkintu como instancia tradicional de intercambio de semillas, que promueve la asociatividad, la cooperación y la autogestión de bienes y servicios y el Kümeiyal, que es el consumo de alimentos frescos y sanos. Las mujeres hortaliceras han manifestado que la alimentación y la salud son constituyentes del Küme Mognen, la idea del ‘buen vivir’ del pueblo mapuche entendido como una relación de interdependencia y reciprocidad entre los ecosistemas y la naturaleza, donde esta actividad forma parte de esa cadena vital.

Principalmente acuden mujeres de dos organizaciones: de la Asociación Indígena Kelluzomowen y Asociación Indígena Folil Mapu, que agrupa a 60 personas provenientes de Temuco y comunas aledañas, como Vilcún, Freire, Perquenco y Padre las Casas. Se dedican a comercializar los distintos productos hace más de cinco décadas, entre ellos, tortillas de rescoldo, catutos, quesillos, hortalizas, frutas y flores en macetas. De sus cultivos, una parte la dejan para el consumo de las comunidades y, otro, para la venta.

Estas mujeres han vendido en el centro de Temuco desde que fue la ocupación militar en esa ciudad, 1881-1883, cuando las familias se desintegran porque se les quita la tierra, explica Margarita Calfio Montalva, asistente social especializada en género y cultura de la Comunidad de Historia Mapuche. “Hay testimonio sobre familias completas que andaban por Temuco, que entonces era entre campo y ciudad, y, muchas de ellas, se pusieron a vender para sobrevivir. De eso, hay registro desde los años 40”, agrega.

Hasta hoy esa militarización de la época no ha cambiado. A Yolanda Llanquitur desde que era niña e iba a vender con su mamá y abuela, las echaban de este lugar los Carabineros. Margarita explica que ellas son las que, en una ciudad segregada como define a esa capital regional, ellas son las únicas que traspasan el límite imaginario trazado en la feria Pinto que marca la ruralidad. “Ellas osadas van a “ensuciar el centro porque en la medida que Temuco va siendo ‘más ciudad’ entonces empiezan a estorbar. Como la gente que vende cochayuyos que va con los bueyes, que se hacen caca, entonces tiene que estar todo limpio en esta idea de ciudad”, analiza.

Una vez más, queda a la vista el incumplimiento de tratados firmados por el estado para eliminar la violencia contra las mujeres. “El próximo informe de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) será el 2022 y el tema pendiente es súper claro: la violencia contra las mujeres mapuche. Se necesita la consulta a las mujeres y terminar con la violencia porque esto es por ser mujer, por ser mapuche. Es racismo puro, que se desata todo el rato”, acota la investigadora. Las acciones legales en esa línea también han sido múltiples. El año pasado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Temuco interpuso recursos legales en favor de 15 mujeres mapuche que también protegiendo su fuente laboral fueron arrestadas por Carabineros.

“En todos lados hay comercio ambulante, pero aquí es el único lugar del país donde llegan Fuerzas Especiales a pegarle a las mujeres mapuches”, afirma Margarita Calfio.

La lucha por ser reconocidas 

La acción de Fuerzas Especiales no solamente atenta las mujeres mapuche, sino que, además, contra el patrimonio del país, explica Diego Cayupan Salgado, Encargado Sección Patrimonio Cultural Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de La Araucanía.

El año pasado se elevó la solicitud para que las hortaliceras sean reconocidas como comunidad cultora parte del patrimonio inmaterial del país. Un procedimiento respaldado por la Unesco y ratificado por Chile hace una década, que busca salvaguardar a estas comunidades, investigar y generar medidas para que se mantengan en el tiempo. Esta se realiza por un comité asesor, presidido por el Ministerio de las Culturas, sumado a otros expertos que establecen, de acuerdo a criterios de riesgo, si son patrimonio o no.

Sin embargo, Cayupán reconoce que existe una diferencia de criterios importante entre la protección al patrimonio material, donde se aplican multas y penas de cárcel si se dañan monumentos o edificios históricos, y el inmaterial. “Todo debiese tender a que una comunidad declarada patrimonio fuese tan importante como el mercado municipal o como una iglesia. Ese trato de millones para su restauración e investigación por si hay hallazgos, se necesita para las comunidades”, sostiene.

La fecha inicial que tenía el Comité para sesionar sobre las solicitudes que se hicieron era octubre del año pasado, pero coincidió con el estallido social, y desde ahí se ha postergado sin fecha aún definida para retomar el proceso. El diálogo con las autoridades también está en un punto muerto. Javiera Baeza, asesora de las hortaliceras, explica que se generó una mesa de diálogo con los municpios de Temuco, Padre Las Casas, Vilcún y Freire y la Gobernación, junto a los seremis de las Culturas, Artes y Patrimonio, de la Mujer y de Agricultura. Pero ninguno les ha dado solución o una alternativa de negociación. Más aún, a una cita en la Intendencia Becker no se presentó.

Desde el mundo político también se ha hecho presión para que den una solución y se ha oficiado a la Contraloría para que el Ministerio de Justicia se pronuncie por las medidas alcaldicias. Las hortaliceras también se presentaron en una sesión de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara donde expusieron la situación a su presidenta, la diputada Emilia Nuyado. Ahí también se solicitó entregar información sobre los inspectores municipales, dado que uno figura como ex carabinero con una causa de apremios ilegítimos con una sentencia de 2016 [Ver aquí].

En este último mes de pandemia, Andrea y Jocelyn han seguido vendiendo en el centro de la ciudad, siempre alertas a lo que pueda pasar, pero convencidas que seguirán defendiendo lo suyo. En estos días, han celebrado el We Tripantu, año nuevo mapuche, y en la rogativa cuentan que pidieron seguir teniendo fuerza, mucha fuerza. “Y que lo que estamos cultivando salga bien, que tengamos trabajo”, dice Andrea.