Balance penal del estallido: Fiscalía investiga a 466 agentes del Estado y gobierno acusa a 3.274 personas de cometer actos violentos.
Por Mauricio Weibel Barahona.
Los civiles acusados de cometer supuestos delitos durante las manifestaciones que permanecen privados de libertad son 497. De ellos, 216 están bajo arresto domiciliario. Los policías y efectivos de Fuerzas Armadas investigados por la Fiscalía por supuestas violaciones de derechos humanos son 466. De estos, 64 están formalizados. Hasta el 15 de junio las acusaciones por eventuales abusos de DDHH ascendían a 8.510, pero sólo 800 se han traducido en querellas. El gobierno, en tanto, ha presentado 1.914 acciones judiciales contra 3.274 personas acusadas de incendio, agresión a uniformados y, principalmente, desórdenes.
La Fiscalía investiga denuncias contra 466 agentes del Estado (policías y efectivos de las Fuerzas Armadas) acusados de supuestas violaciones a los derechos humanos desde el inicio del estallido social, el 18 de octubre de 2019. La información proporcionada a CIPER por el Ministerio Público indica que esta cifra es preliminar –conforme al “actual estadio en el que se encuentran las investigaciones”– y puede variar.
Respecto de los civiles acusados de cometer eventuales delitos violentos durante las protestas, el gobierno informó a CIPER que hasta el 7 de julio pasado había presentado acciones judiciales contra a 3.274 personas, todas incluidas en 1.914 querellas. De ellas, un 55% (1.054) se basan en la Ley de Seguridad Interior.
El detalle proporcionado por las autoridades señala que 281 imputados civiles permanecen en prisión preventiva. CIPER pudo comprobar que en varios de estos casos hay videos presentados como pruebas contra los acusados, algunos tomados por personal policial infiltrado entre protagonistas de protestas violentas. Muchas de estas acciones judiciales imputan delitos asociados a desórdenes públicos (608), incendios (159), ataques a miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden (118) e infracciones a la Ley de Armas (principalmente por porte de elementos incendiarios).
Asimismo, las querellas presentadas contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera, por su eventual responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, avanzan lentamente en manos de la Fiscalía Regional de Valparaíso. En esa causa, la investigación ha recopilado antecedentes y documentos para determinar el entramado de las órdenes que se dictan para el control del orden público.
Este es el “balance penal” que deja, hasta ahora, el estallido que detonó en octubre.
Agentes del Estado
Sobre los 466 agentes del Estado bajo indagación, el Ministerio Público aclaró: “Tratándose de investigaciones en curso (…) resulta necesario dejar en claro que dicha cifra corresponde a una muestra primitiva del actual estadio en el que se encuentran las investigaciones, pudiendo existir variaciones”.
La información, que ya sirvió para formalizar a 64 miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, identifica total o parcialmente a los funcionarios, utilizando como base para las investigaciones los testimonios de las propias víctimas, quienes aportaron en sus denuncias los nombres, grados y unidades a las que pertenecerían los agentes.
Los antecedentes recabados por el Ministerio Público apuntan en detalle a 419 carabineros, 30 integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI), 11 del Ejército, cuatro de la Armada y dos sin clasificar (vea el detalle en el documento enviado por el Ministerio Público). Los nombres de todos estos efectivos no fueron revelados por la Fiscalía.
La información fue entregada a CIPER luego de que Carabineros dijera que puso a disposición del Ministerio Público el nombre del oficial que presumiblemente disparó una escopeta antidisturbios que provocó la pérdida total de la visión del universitario Gustavo Gatica el 8 de noviembre de 2019, cuando el joven participaba en protestas en las inmediaciones de Plaza Baquedano (vea el reportaje de CIPER).
El número de agentes individualizados —sin embargo— es menor en comparación con el total de denuncias recibidas por la Fiscalía sobre eventuales violaciones de derechos humanos. Hasta el 15 de junio pasado, las denuncias ascendían a 8.510. Estas incluyen las acusaciones originadas en las protestas de la comuna de El Bosque del 18 de mayo último, generadas por la pérdida de ingresos y ausencia de ayuda estatal en medio del confinamiento por la pandemia de Covid.
De todas las denuncias recibidas por la Fiscalía, un total de 6.369 apuntan a carabineros, 307 sindican a militares, 137 a funcionarios de la PDI y 27 a marinos. Otras 30 refieren a personal uniformado sin clasificar aún.
Hasta ahora, sólo 800 denuncias (9,4% del total) se convirtieron en querellas, según las cifras de la Fiscalía.
La abogada Alejandra Arriaza representa, entre otras víctimas, a Fabiola Campillay, quien perdió su vista el 26 de noviembre cuando fue golpeada por una bomba lacrimógena cuando caminaba a su trabajo en Carozzi (ver entrevista de CIPER). La profesional comentó las cifras reportadas por el Ministerio Público a CIPER y opina que la Fiscalía no ha actuado con la celeridad que se requiere en todos los casos:
-Creo que falta voluntad política y de recursos de parte del Estado, porque evidentemente la Brigada Investigadora de Derechos Humanos de la PDI no da abasto para atender todos los requerimientos.
Arriaza, quien también representa a menores que acusan haber sido agredidos por carabineros, añadió que en algunos casos, aunque existen testimonios y pruebas materiales –como videos, pericias planimétricas y fotografías– los agentes siguen “sin ser formalizados siquiera”.
Reconstruir los hechos
Hasta ahora los antecedentes recogidos por la Fiscalía confirman que la gran mayoría de los hechos denunciados como eventuales violaciones de derechos humanos ocurrieron en la vía pública, ante testigos, afectando en ese espacio a 6.161 hombres y mujeres.
El registro también revela que otras 1.168 personas acusan que sufrieron la vulneración de sus derechos una vez detenidas y reducidas, cuando estaban al interior de carros policiales, comisarías o recintos militares (ver reportaje de CIPER sobre el caso de Moisés Órdenes).
“Lo que más afecta a las personas no es el daño físico, sino el mental, incluso por presenciar cómo se golpea a otro ser humano al interior de una comisaría. Los niveles de estrés postraumático que encontramos fueron muy altos. Por eso, es tan grave que no haya avances en tribunales”, comentó el presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, Enrique Morales.
“Hasta marzo, realizamos unas 300 evaluaciones de casos de (denuncias de) tortura a través del Protocolo de Estambul, la metodología validada por Naciones Unidas, para determinar daños físicos y sicológicos. Hoy existe mucha presión de la Fiscalía para que sigamos evaluando, al menos casos emblemáticos, pero no es posible en cuarentena: no tenemos cómo y dónde”, explicó el doctor Morales.
En ese marco, Morales dijo que una de las situaciones más preocupantes que observaron en los registros realizados hasta marzo fueron las referidas a abusos de connotación sexual.
De hecho, la estadística consolidada de la Fiscalía reportó a junio 364 denuncias de desnudamientos y violencia sexual, de las cuales 12 corresponderían a violaciones.
“Otra situación —añadió el doctor Morales— son los ataques a menores de edad o jóvenes, quienes, en algunos casos, tienden a aislarse socialmente tras la experiencia, como sucedió con algunos casos que analizamos”.
Los menores de 18 años que denuncian violaciones a los derechos humanos son 1.315, según los registros de la Fiscalía al 15 de junio (ver reportaje de CIPER sobre Geraldine Alvarado).
La mirada del INDH
El Instituto Nacional de Derechos (INDH), en tanto, explicó a CIPER que a junio había interpuesto 1.895 querellas “en el contexto de la crisis social”. De ellas, 1.468 corresponden a eventuales torturas y otros tratos crueles. Otras 270 a denuncias de flagelos con violencia sexual (ver detalle de las querellas).
Carlos Bellei, abogado y jefe de gabinete del INDH, precisó que del total de querellas sólo 21 tienen formalizados, con un total de 60 carabineros, tres militares y un marino.
A juicio de Bellei “hay dificultades probatorias, porque, por ejemplo, muchas de las querellas se refieren a disparos de perdigones y es muy difícil la identificación del efectivo que en la práctica causó una lesión a un manifestante, incumpliendo protocolos y la ley penal”.
“Otra deficiencia —agregó— es que las instituciones que son auxiliares de la Justicia no han sido particularmente fortalecidas. Por ejemplo, la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que es la que investiga estas causas, no cuenta con presencia en todas las regiones”. A ello, señaló Bellei, se suma el efecto de la pandemia sobre la capacidad de trabajo del Servicio Médico Legal y la reprogramación de audiencias en los tribunales.
Las lesiones
Respecto de las lesiones de gravedad, los registros actualizados de la Fiscalía consolidaron 1.026 casos a junio, de los cuales 411 corresponden a daños oculares. Las demás son fracturas y traumatismos encéfalo craneanos, principalmente. Esto está ligado —en gran medida— a los disparos a corta distancia de munición no letal de las escopetas antidisturbios, lo que estaba prohibido según un informe interno de Carabineros de 2012, el que estableció que su uso a menos de 30 metros puede provocar daños de consideración. Incluso, “con posibilidad de muerte” (ver reportaje de CIPER que reveló ese informe).
“Efectivamente —explicó la abogada querellante Karina Fernández— se infringieron una serie de normas internacionales de respeto y protección de los derechos humanos (…) el Estado no puso límites y la población civil quedó a merced de las agencias policiales”.
Catalina Fernández y Javier Velásquez, en una columna de opinión publicada por CIPER, sostuvieron que la acción de Carabineros incumplió diversas normas internacionales: “La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha reconocido los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, exigiendo a la policía distinguir entre quienes constituyen una amenaza inminente de muerte o lesión grave y quienes ejercen sus derechos a manifestarse” (lea la columna aquí).
Para la abogada Karina Fernández, quien participa en juicios por derechos humanos en diversos países de América latina, la falta de debida diligencia de la Fiscalía, al no priorizar estas causas después de ocho meses, abre “el espacio para acudir hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Además, planteó que es necesario que sean separados de las filas de Carabineros los agentes denunciados como partícipes de actos que violaron los derechos humanos: “Preocupa quien va a estar armado cuando vuelvan las protestas”, opinó.
La abogada de derechos humanos Alejandra Arriaza teme que las penas sean finalmente muy bajas, dependiendo de las interpretaciones que realicen fiscales y jueces: “Pero al menos nosotros estamos hablando de tortura y otros delitos con penas altas”, dijo.
Las querellas contra las autoridades
La Fiscalía Regional de Valparaíso, liderada por Claudia Perivancich, tiene en sus manos las querellas por la eventual responsabilidad penal que le cabría al Presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad. Estas acciones fueron presentadas a fines de 2019 por varios abogados, separadamente, entre ellos Óscar Castro, María Rivera y Carlos Margotta.
A las solicitudes de declaraciones iniciales del Presidente Piñera; del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, y del general director de Carabineros, Mario Rozas (ver reportaje de CIPER), se sumó la recopilación de otra serie de informes y oficios, los que revelan cómo se fueron construyendo las decisiones sobre el control del orden público.
Un primer documento —y que lleva el timbre de “secreto”— revela que el 23 de octubre de 2019 el general Rozas envío un oficio al gobierno, informando que había “un quiebre de stock” debido a las movilizaciones, por lo que solicitó a Interior que se enviaran a Carabineros con urgencia cinco mil granadas (lacrimógenas), cinco mil cartuchos de perdigones y mil kilos de polvo CS (irritante que se mezcla con el líquido del carro lanza aguas), gestionados a través del Ministerio de Defensa.
Los demás documentos reunidos en la carpeta investigativa revelan los protocolos, estudios y otros aspectos procedimentales, relativos a la acción policial callejera de control del orden público, en las que se incluyen estudios relativos a los daños que provoca el uso de perdigones a menos de 30 metros.
“Esto no es una querella forzada, ni alambicada. La Ley 20.357 tomó el Estatuto de Roma y lo expresó en una norma nacional”, dijo a CIPER el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta.
Esta perspectiva legal fue planteada inicialmente por el abogado y académico de la Universidad de Chile, Juan Pablo Mañalich, en una columna de opinión publicada en CIPER. En ella, el jurista sostuvo que, de acuerdo con la legislación chilena: “Las personas que hayan ocupado las posiciones de máxima autoridad civil o de jefatura militar, y que, pudiendo hacerlo, no hayan impedido la perpetración de crímenes (de aquellos tipificados en la misma ley) de los cuales hayan tenido conocimiento, resultan responsables como autores de esos crímenes”.
Su posición, sin embargo, fue contradicha por el catedrático alemán Kai Ambos, contratado en su momento, por la defensa del ex ministro del Interior Andrés Chadwick, con ocasión de la acusación constitucional en su contra, aprobada por el Senado. Para Ambos, no existe evidencia de crímenes de lesa humanidad en Chile, debido a que no habría una acción concertada de todo el Estado:
“Por el contrario, las diversas misiones de observación y verificación invitadas o al menos toleradas por el gobierno, su disposición de principios para cooperar con estas misiones y el funcionamiento, ya mencionado, de los mecanismos de control y cumplimiento nacionales, representados de manera más destacada por el INDH y su director, demuestra el interés y la voluntad del Estado chileno, representado por su gobierno, de hacer frente a las investigables violaciones de los derechos humanos al documentarlas, identificar (posibles) perpetradores e iniciar los procedimientos respectivos” (ver documento).
Civiles imputados y encarcelados
En la otra vereda, la de los civiles acusados de cometer delitos durante las protestas, el gobierno ha continuado presentando querellas. Hasta el 7 de julio, según los datos proporcionados a CIPER por las autoridades, el gobierno interpuso 1.914 querellas, de las cuales 1.054 corresponden a infracciones a la Ley de Seguridad Interior del Estado.
Como resultado de estas presentaciones judiciales, un total de 281 personas están hoy en prisión preventiva, según las cifras del Poder Ejecutivo al 7 de julio. Otras 216 se encuentran bajo arresto domiciliario (ver documento entregado por el Ministerio del Interior).
La Fiscalía, por su parte, informó a CIPER que 299 personas estaban cumpliendo prisión preventiva hasta fines de abril, incluidos ocho menores. Según el Ministerio Público, desde el inicio del estallido social, unas 448 personas fueron sometidas a esta medida.
En una parte de estos casos, las pruebas son videos grabados por agentes infiltrados en el momento en que se cometieron los actos investigados, según explicó el abogado defensor Nicolás Toro, quien trabaja con la Coordinadora 18 de Octubre y que representa a civiles acusados por el gobierno.
De todos los civiles formalizados, según un informe de la Defensoría Judicial de la Universidad de Chile, sólo 103 estaban presos hasta abril por desórdenes públicos o maltratos a policías (ver informe Universidad de Chile).
Para este organismo, el Estado chileno “ha adoptado estrategias de criminalización de la protesta social, inobservando criterios de legalidad, proporcionalidad, debido proceso y no discriminación en sus respuestas institucionales”.
Desde el interior del centro penitenciario de Santiago Uno, una de las personas en prisión preventiva por presuntos delitos asociados al estallido social accedió a conversar telefónicamente con CIPER, bajo reserva de su nombre: “Alcanzamos a ser unos 150, pero cuando nos cambiaron del Módulo 14 al Módulo 12, quedábamos sólo unos 50, hace un mes y medio”, dijo.
Según su versión, el traslado al interior del recinto carcelario generó una mayor interacción con la población penal: “En el sector que estamos ahora hay de todo… homicidas, violadores, traficantes y hasta carabineros. Antes sólo éramos personas detenidas por el estallido social”.
Este cambio —dijo— los ha golpeado: “Anímicamente, estamos mal. Vemos sólo cemento, sin visitas desde hace dos meses”. Las visitas se restringieron debido a la cuarentena por Covid.
“Los gendarmes (al principio) nos tiraban gas pimienta, para divertirse. Y nos pedían dinero, para pasarnos celulares. Luego los quitaban y volvían a pedir dinero. Sin embargo el grupo se unió… Bueno, tenemos que estar juntos. Nos deben ver como un grupo homogéneo”, subrayó.
La cárcel, a su juicio, es “un gran dispositivo de marginalización, porque sólo los detenidos pobres seguimos acá, los demás consiguieron abogados y salieron”.
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