Chile sórdido para los pobres: los cuatro detenidos-desaparecidos en democracia.

Ramón Pacheco tenía 23 años cuando tres carabineros de Hualqui, Talcahuano, lo subieron a un carro policial mientras se encontraba durmiendo en la calle. José Huenante, de 16 años, estaba compartiendo con sus amigos del barrio minutos antes de ser detenido por Carabineros en Puerto Montt. Funcionarios de Carabineros de Alto Hospicio sacaron de su casa a José Vergara, de 23 años, ante una nueva crisis de esquizofrenia del joven. Hugo Arispe era cuidador de autos cuando fue detenido por Carabineros de Arica, por encontrarse en estado de ebriedad en la vía pública. Todos ellos, hasta el día de hoy, permanecen como detenidos desaparecidos. Son los cuatro detenidos desaparecidos, conocidos hasta ahora, en democracia.

HACER DESAPARECER

En 1990, al término de la dictadura, más de mil personas en el país figuraban en la lista de detenidos desaparecidos. Hoy, la cifra se mantiene. Durante los gobiernos de la Concertación, se suman -al menos- cuatro nombres más: Hugo Arispe (2001), José Huenante (2005), Ramón Pacheco (2008) y José Vergara (2015).

En ninguno de estos casos de detenidos desaparecidos en democracia, así como en la mayoría de los casos de detenidos desaparecidos en dictadura, ha habido justicia. La diferencia es que Hugo, José H., Ramón, y José V. no fueron víctimas de la desaparición forzada por sus ideas políticas; entre ellos, en cambio, sí existe otro factor en común: la pobreza.

HUGO ARISPE

Hugo Arispe Carvajal era cuidador de autos en Arica. El 10 de enero del año 2001, se encontraba en estado de ebriedad en la vía pública, según afirma Carabineros, por lo que lo detuvieron.

Al no tener los recursos para pagar la multa, fue trasladado hasta la Cárcel de Acha, de esa localidad. Cuatro días después, el 14 de enero, y según testigos, cuatro gendarmes del centro penitenciario lo aislaron y golpearon brutalmente.

Es lo último que se sabe de él. En marzo de ese año, sus familiares lograron entrevistarse con el alcaide del recinto y acceder al lugar donde se guardaban las pertenencias de los reos.

Allí, lo único que encontraron de Hugo fue su cédula, pese a que en los registros oficiales no figuraba en la lista de presos.

En noviembre de 2016, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por el secuestro calificado de Hugo Arispe.

Pese a esto, los gendarmes involucrados no fueron sometidos a interrogatorios y la causa se cerró.

En junio de 2018, el INDH apeló en contra de la resolución y el caso nuevamente fue abierto. Pablo Arispe, hermano de la víctima acusa discriminación por parte de Carabineros y Gendarmería en la detención y desaparición de Hugo, «pensaron que mi hermano era un ebrio y que nadie iba a reclamar», afirma.

Hoy, pese a que la causa se mantiene, aún no existen avances.

JOSÉ HUENANTE

José Gerardo Huenante Huenante vivía con su tía María, hermana de su madre, en la población Mirasol de Puerto Montt. Había logrado estudiar sólo hasta 5to básico y a sus 16 años trabajaba en una fábrica de alimentos del mar.

La madrugada del 3 de septiembre de 2005, compartía con sus amigos en una de las esquinas de su barrio cuando fueron interceptados por dos vehículos de Carabineros durante un operativo policial. Los jóvenes corrieron en distintas direcciones y uno de los autos, la radiopatrulla 1375 de la 5ª Comisaría de Puerto Montt, persiguió a José por entre los pasajes. «Vi cuando el joven corría desesperadamente y al rato vi una patrulla de Carabineros que venía con las luces apagadas» declaró, en 2005, María Angélica Morales, testigo de los hechos y vecina del adolescente.

La mujer denunció, además, que luego de su testimonio, tanto ella como su familia sufrieron hostigamientos e insultos por parte de Carabineros. Un proceder similar que la institución ejerció con los familiares de José, durante los primeros meses después de los hechos.

En la redada del 3 de septiembre de 2005, el único detenido que existe en los libros policiales es Pablo Gallardo, de entonces 17 años, también vecino de la población. El registro de los detenidos de esa madrugada fue adulterado, cambiándose el número «2» por un «1». Asimismo, el kilometraje de la radiopatrulla 1375.

Los tres funcionarios señalados de participar en la detención y desaparición de José, y que se trasladaban esa noche en el vehículo policial mencionado, fueron el cabo 1ro, Patricio Mena; el cabo 2do César Vidal; y el sargento Juan Altamirano.

El caso pasó de la justicia ordinaria a la militar y los involucrados no recibieron ninguna pena, sólo fueron dados de baja en abril de 2009, pero nuevamente reincorporados a la institución en 2010. En 2011, el abogado de la familia Huenante, Luis Correa, solicitó a la Fiscalía Militar de Puerto Montt procesar a los tres carabineros involucrados. Por el caso de José Huenante existe un recurso presentado en 2009 por Camilo Escalona, entonces senador de la región de Los Lagos; una querella en 2015 presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); y otra, ese mismo año, presentada por Cecilia Huenante, madre del adolescente. La causa, actualmente, permanece en sumario y no presenta avances. Es Cecilia, la madre de José, quien se ha mantenido desde el primer día a la cabeza de su búsqueda Todos los meses, acude a la comisaría a la que fue llevado su hijo para ejercer presión e, incluso, ha intentado comunicarse con las esposas de los carabineros involucrados para persuadirlas de convencer a los funcionarios a declarar, «por lo menos que ellas les digan a sus maridos que ellos hablen, que digan la verdad de una vez por todas». No ha tenido suerte, ni menos justicia.

ver: El caso de José Huenante – Intervención urbana de Londres 38
ver: Huenante – mediometraje documental de Londres 38

RAMÓN PACHECO

La familia de Ramón Elías Pacheco Giacomozzi, de 23 años, perdió su rastro el 22 de junio de 2008 en Hualqui, Talcahuano, cuando salió de su casa. Nueve días después, la noche del 1 de julio, un grupo de personas lo vio durmiendo en la calle y llamó a Carabineros para evitar que muriera de frío. Al lugar acudió una patrulla con tres funcionarios, quienes se llevaron al joven. Monchito, como lo llamaban sus seres queridos, era mudo y tenía capacidades diferentes.

Pese a que las personas que llamaron a la institución reconocieron al cabo 2do Mauricio Delgado como uno de los funcionarios que subió a Ramón al carro policial, tanto este como sus compañeros negaron consecutivamente su participación en los hechos, como consta en los documentos en Fiscalía. Es más, en 2010, y luego de la denuncia hecha por el padre de Ramón, Exequiel Pacheco, Carabineros realizó un sumario interno, entregando un informe en el que los mismos testigos que declararon en una primera oportunidad, cambiaron su versión, indicando que se habían equivocado de año y que el suceso habría ocurrido en 2007 y no en 2008, como señalaron en su primera declaración. «En conversaciones que hemos tenido con mis amigos que presenciaron lo antes narrado, hemos ido precisando la fecha, por eso puedo señalar que esto ocurrió aproximadamente en el mes de septiembre de 2007», apunta uno de ellos en el documento. Sin embargo, en los registros de la tenencia de Hualqui entre junio y septiembre de ese año, el nombre de Raúl Pacheco no aparece.

Ante lo irregular de la situación y la repentina modificación del testimonio de los testigos, la Policía de Investigaciones (PDI) evaluó el informe de Carabineros encontrando inconsistencias, por lo que se llevó a cabo una tercera ronda de entrevistas. En esta última, los testigos declararon no acordarse de lo sucedido, argumento con el que el juez de garantía de la Fiscalía Local de Talcahuano, Andrés Cruz, justificó no iniciar investigación, aludiendo que «no existe registro de los antecedentes solicitados», por tanto «tales hechos no son constitutivos de delito». La investigación se cerró de manera definitiva en marzo de 2014.

Todos esos años, la familia del joven no dejó de buscarlo, iniciando incluso una campaña en terreno y en redes sociales para dar con su paradero. En 2018, el padre de Ramón recibió una llamada del Servicio Médico Legal (SML) para volver a realizarse exámenes ante la sospecha de una osamenta humana encontrada en la Bahía de San Vicente en 2009. Un fémur, que inicialmente había sido catalogado como restos óseos femeninos, tras una nueva muestra de ADN, fue identificado como parte del cuerpo desaparecido de Ramón Pacheco Giacomozzi. A Exequiel Pacheco se lo notificaron el 31 de julio de 2020. Durante once años, el fémur de Ramón permaneció en el SML, mientras su padre continuaba buscando a su hijo incansablemente. Actualmente, Exequiel solicitará una audiencia con la fiscal regional Marcela Cartagena para proceder en la causa de Ramón. «No le han dicho absolutamente nada, del SML tampoco le han entregado ninguna respuesta» asegura la periodista Marianela González, quien publicó una serie de tweets denunciando el caso y abriéndolo a la opinión pública.

JOSÉ VERGARA

La mañana del 13 de septiembre de 2015, Jacqueline Soto, madrastra de José Antonio Vergara Espinoza, se comunicó con Carabineros ante una nueva crisis del joven, que padecía de esquizofrenia y tenía capacidades diferentes. Con 23 años, José tenía edad mental de un niño de 12. Una patrulla, con cuatro funcionarios (el cabo 1ro, Carlos Valencia; el cabo 2do, Ángelo Muñoz, y los suboficiales Abraham Caro y Manuel Carvajal), se presentó en la casa de la familia, ubicada en la población La Tortuga de Alto Hospicio. Jacqueline les pidió a los efectivos que trasladaran a José a un centro de salud para recibir atención médica. Pese a que varios testigos, incluidos ella, vieron cómo los carabineros esposaron al joven y se lo llevaron en el carro policial, los funcionarios, en un audio registrado por la institución, indicaron que «(Jacqueline) mantuvo una discusión de palabra con su hijo (…) el cual se había retirado del inmueble. No hay agresión, no hay daños, no hay nada».

A pesar de los reiterados intentos por denunciar la desaparición de su hijo, recién el 17 de septiembre, Carabineros del retén de Alto Hospicio atendió la petición de Juan Vergara, padre del joven. Sin embargo, y como constata el registro, la declaración fue alterada por el cabo Abarca, quien modificó el testimonio, excluyendo que José había sido llevado por funcionarios policiales y escribiendo, en su lugar, que este había salido de su casa con rumbo desconocido. Juan Vergara no pudo cerciorarse de que su testimonio había sido correctamente tomado porque no sabía leer ni escribir. Luego de un inicial pacto de silencio entre los cuatro uniformados que se llevaron a José, poco más de dos semanas después, el suboficial Manuel Carvajal contó que el joven había sido abandonado en un sitio eriazo a 9 kilómetros de la ciudad, conocido como «Caleta Buena». Los cuatro efectivos fueron dados de baja.

En una primera instancia, los ex uniformados recibieron condena por el delito de detención ilegal. Meses después, en la audiencia del 14 de enero de 2016, aparecieron nuevos antecedentes: el padre de uno de los cabos involucrados, declaró que su hijo le confesó que «luego de haberle propinado suficientes golpes (a José), hasta dejarlo casi inconsciente, uno de ellos decidió que debían enterrarlo en el desierto, por lo que ordenaron a uno de ellos cavar un hoyo en la tierra y en el que posteriormente lanzaron el cuerpo, el que también taparon con tierra». En un segundo juicio, fueron condenados sólo por secuestro simple. Ante los hechos, en mayo de 2019, la familia interpuso una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contra el Estado de Chile por el incumplimiento tanto de la Convención Interamericana de DD.HH., como de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada.

Además, en julio de ese mismo año, la familia hizo llegar a La Moneda una carta dirigida a Sebastián Piñera, solicitando retomar la búsqueda del joven. «No hay nadie preso, nadie culpable, nadie fue, no hicieron nada, los jueces están a favor de Carabineros, y más le creyeron a ellos», dice Juan Vergara. El próximo 13 de septiembre, y como cada año, la familia conmemorará un nuevo aniversario de la detención y desaparición de José, con una velatón en el memorial de las niñas y mujeres víctimas del denominado «psicópata de Alto Hospicio».

UNA HISTORIA DE IMPUNIDAD

Marianela González es periodista y se encuentra trabajando en un libro sobre los casos de detenidos desaparecidos en democracia. Marianela ha constatado que «todas las personas tienen en común que la última vez que las vieron se encontraban en compañía de Carabineros. Siempre es la misma respuesta de Carabineros, siempre se hace la misma investigación y, en el fondo, siempre se sigue el mismo mal proceso en todas las causas». Otro factor en común que identifica es «que son gente muy pobre, muy, muy pobre, que no tienen acceso a defensa legal, no tienen cómo contratar un abogado para poder seguir la causa, entonces hacen lo que quieren con las familias, hay un vacío grave con el tema de los desaparecidos en democracia».

Más allá de la responsabilidad de Carabineros, la periodista afirma que también está la responsabilidad de las fiscalías, que «actúan como verdaderas mafias, esconden los datos y les esconden los datos a las familias, las familias solicitan pericias que nunca se realizan».

 

Para Marianela la desaparición forzada por agentes del Estado es sistemática en Chile y no terminó con la dictadura civil militar. «Toda la gente dice ‘bueno, ya pasó la dictadura, no hay que seguir llorando, hay que perdonar’, ¡pero si las mismas prácticas se siguen repitiendo! a la gente la torturan, a la gente las hacen desaparecer».

Otro caso que la comunidad migrante y la Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile han calificado como desaparición forzada es el de Jean Fedor Louis, haitiano, 36 años, desaparecido en mayo de 2020, en Quilicura, durante horas del toque de queda, estando la ciudad bajo control de las fuerzas armadas y policiales.

En septiembre de este año, José Huenante cumplirá 15 años desaparecido y José Vergara, 5 años; Hugo cumplirá 20 años desde su detención y desaparición en enero próximo; y Ramón Pacheco estuvo 12 años como desaparecido hasta el reconocimiento de su fémur, en 2020. «Deben haber muchos casos más», especula Marianela González. Casos que, sin la presión de sus familias y amigos, de la ciudadanía, de organismos de derechos humanos y de periodistas y medios independientes, nunca habrían salido a la luz.

Fuente: https://www.londres38.cl/1937/w3-article-104663.html