Chile bajo estado de excepción, salidas por arriba e incertidumbre por abajo. Opinan dos periodistas.

Juan Pablo Cárdenas y Manuel Cabieses, periodistas y militantes de fuste, escriben sobre el Chile por venir y no pueden sino titubear. Farfullan porque en medio de la algarabía constituyente saben a ciencia cierta que las clases dominantes, la burocracia parlamentaria y la dirigencia gremial amarilla son partícipes-por acción u omisión- del «gran golpe», de la «gran trampa» contra el desarrollo de un pueblo en alza. Si; ambos tienen clarísimo que lo que viene es una farsa constituyente, y por ello mismo, avizoran años de inestabilidad, e incluso, como argumenta Cárdenas, posibilidades de guerra civil. Y si esto es así ¿Qué nos queda? ¿Participar por el apruebo y la Convención constituyente como trata de argumentar sin ninguna convicción Cabieses? ¿Quedarnos perplejos ante un escenario desolador como nos lo describe Cárdenas? ¡No, por supuesto que no! Tras la prosa de estos dos luchadores intransigentes se trasluce la desazón por décadas de luchas infructuosas. En efecto, mirado el presente desde el pasado una vez más, como en el plebiscito del 1988, las fuerzas populares entran a una cancha rayada por la elite, luchan en desventaja táctica frente a unas clases dominantes que reúnen toda la fuerza para conjurar su desarrollo independiente. Y esto es cierto ¿Qué duda cabe? Pero también, si constatamos que el modelo chileno está agotado y que las clases dominantes no tienen proyecto alternativo, salvo luchar encarnizadamente por sus intereses, entonces el presente mirado desde el porvenir ofrece posibilidades. No habrá cierre de periodo como en 1973 con la instalación del modelo refundacional neoliberal o en 1988 con el proyecto de transición pactada por 30 años. El futuro próximo, signado por años de inestabilidad política y social, será un momento preciso para sintetizar experiencias de tantas y diversas luchas, para hacer madurar una fuerza político-social de los de abajo y para enunciar las bases de un proyecto por la solidaridad y emancipación de los pueblos. En lo inmediato ese afán hay que ponerlo ya en marcha denunciando el ilusionismo de la constituyente reglada, levantando como criterio de orientación política la construcción de poder popular y esforzándonos por avanzar en la convergencia de las franjas populares autónomas a nivel nacional. [Nota de Editor CT].

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¿Qué va a pasar en Chile?

por Juan Pablo Cárdenas S./ Polítika.

Titulamos esta columna con una de las consultas que más se nos hacen a los periodistas. Hay quienes confían en que podemos entregar una respuesta algo más informada y con menos sesgo ideológico que la de otros observadores de la realidad. Sin embargo, predecir el futuro conlleva siempre un riesgo enorme, aunque está dentro de nuestra misión informativa alertar sobre lo que pueda suceder en cualquier ámbito de la vida.

Pero es en política donde se nos ponen las mayores exigencias, sobre todo en tiempos de tantas incertidumbres y problemas. Cuándo, además, enfrentamos una pandemia que en Chile está determinando mucho lo que acontezca sobre el Plebiscito Constitucional convocado para octubre, así como con el conjunto de comicios que le seguirán para conformar una asamblea constituyente, elegir a los gobernadores regionales, renovar el Parlamento y tener un nuevo Presidente de la República.

Los que tienen más remilgos hacia las decisiones ciudadanas confían en los rebrotes del Covid 19, en la agudización de las protestas sociales y la conmoción que vive la Araucanía para plantear la idea de que todos estos procesos electorales debieran suspenderse. Pasado un nuevo aniversario del cruento golpe militar de 1973, la verdad es que el país ha vuelto a encenderse en demandas y protestas sociales y las llamadas fuerzas del orden se preparan para impedir los acontecimientos del 18 de octubre pasado. Casi todos aceptan que Chile definitivamente cambió desde ese día y hoy el pueblo asume que solo con su movilización podrá exigir un trabajo y salario justo, una pensión digna y la posibilidad de que el país supere la profunda inequidad que nos identifica. Además de obtener ese conjunto de reformas educacionales y culturales también demandadas por la población.

A medida que pasan los meses y se debate sobre la posibilidad de una nueva Constitución, vamos entendiendo que al país se lo ha puesto ante una riesgosa trampa. Que, de no obtener los partidarios del “apruebo” una representación de más de un 70 o 75 por ciento de los miembros de la convención constituyente, la derecha y los sectores más retardatarios podrán ponerle muchos obstáculos a cada precepto de la nueva Carta Magna, por lo que no podemos descartar un severo conflicto social cuando el pinochetismo y sus herederos decidan ejercer su veto a las reformas acordadas mayoritariamente. Por lo mismo es que los sectores progresistas debieran ya estar organizados para defender su triunfo en el Plebiscito y velar porque los cambios realmente se impongan.

Serán aproximadamente dos años en que las relaciones entre reformistas y retardatarios se harán muy ríspidas, además de que no podemos dar por hecho que el Gobierno y el Parlamento vayan a conformarse con su papel de observadores y cumplan como mandatarios y garantes de lo que el pueblo y su convención constituyente decidan. No existe esta cualidad en la conformación autoritaria de las autoridades del país, en quienes se nutren de la Constitución de 1980 que cada año juran respetar. Lo que también explica la perpetuación de los mismos en la conducción del Estado chileno, como la cómplice connivencia de la clase política en el Congreso Nacional.

No es descartable, tampoco, que el Plebiscito y las siguientes consultas electorales sean invadidos por el cohecho, la millonaria propaganda electoral y otras prácticas ya institucionalizadas en nuestras prácticas electorales. Así como perfectamente podemos prever que el gran empresariado moverá ingentes recursos para influir indebidamente en estos procesos, cuando los escándalos por todos los sobornos a legisladores, partidos, jueces y otros funcionarios públicos siguen sumándose a la larga lista de impunidades.

Parece increíble que uno de los ex senadores derechistas imputado por recibir recursos desde las empresas haya reaparecido en la escena política y otros de sus colegas, que prácticamente habían desaparecido de los medios de comunicación, hoy renueven cobertura en la televisión y la prensa, en un país que carece de la democrática diversidad mediática. Llegando no pocos a la desfachatez (tanto de derecha o izquierda) de proclamarse candidatos presidenciales a más de dos años de esta elección. Anteponiendo, como lo hacen habitualmente, sus apetitos personales al curso político y social de los acontecimientos.

En efecto, cuando la crisis económica es tan severa, a juzgar los altos niveles de desigualdad, desempleo, criminalidad y otras lacras, ya tenemos al menos siete u ocho figurines políticos que intentan convertirse en presidenciales. Sin importarle un bledo sus graves desaciertos, su avanzada edad, su probada corruptibilidad, incluso un muy precario respaldo en las encuestas. Todo esto sin contar, todavía, las decenas de alcaldes que consideran que por su desempeño durante la pandemia se merecen emigrar hacia el Parlamento o, incluso, ceñirse la Banda Presidencial. Para todos estos autodenominados “servidores públicos” nada importa más que ellos mismos; una actitud bochornosa, por supuesto, pero también temeraria, si consideramos la ira popular que diariamente se alimenta con el pésimo desempeño económico social. Lo que nos ha llevado, de nuevo, a ser un país pobre y todavía más desigual que en el pasado. Al extremo que, según varios expertos, el país ha retrocedido por lo menos 10 años en relación al objetivo de un crecimiento con más equidad.

Ya se reconoce universalmente que Chile está entre las naciones del mundo que peor ha encarado el Covid 19, si se considera el número de muertos en relación al tamaño de nuestra población. Seguramente lo que calculan estos potenciales candidatos es que el descrédito solo afectará a La Moneda y a quien ha llegado a ser el gobernante de menos apoyo popular en el Continente. Un multimillonario megalómano, acosado por las denuncias de enriquecimiento ilícito y que debiera agradecerle solo a la crisis sanitaria mantenerse en La Moneda. Forzado, en su orfandad política, a sumar como colaboradores a un ministro del Interior y a un Canciller de vínculos tortuosos con los grandes violadores de los Derechos Humanos durante la Dictadura.

De prolongarse tal insolvencia política y frustración popular, llegaremos a un escenario de serias confrontaciones y, por qué descartarlo, sumirnos en una nueva y trágica guerra civil. Es cuestión de percibir lo que sucede en la Araucanía y revisar el recuento cotidiano de la radicalidad que ha adquirido el conflicto mapuche, una nación abusada más de cinco siglos por el colonialismo español y chileno y, ahora, verdaderamente acosado por la negligencia y el terrorismo de estado. Sin exageración, se puede asegurar que estamos a un tris de que este conflicto y otros se extiendan por todo el territorio.

Sin duda, el país está otra vez encima de un polvorín a causa de los abusos de las autoridades, la codicia empresarial y la cada vez más extensa discriminación y marginalidad social. La chispa que encienda una nueva confrontación fratricida perfectamente puede ser el intento que algunos ya expresan de desoír u obstaculizar la voluntad soberana. Tal como ha ocurrido en tantos y luctuosos acontecimientos de un Chile siempre más autoritario que democrático. Si contamos, entre tantos bochornosos ejemplos, la revolución de 1891, las reiteradas masacres a trabajadores y estudiantes, la llamada Pacificación de la Araucanía, el bombardeo a La Moneda y la forma en estos últimos años en que la clase política se ha corrompido y dado la espalda a la sociedad civil.

Qué duda cabe que la apatía electoral representa el desencanto del pueblo sobre el sistema que nos rige. Lo que ya no asegura que las autoridades puedan mantenerse en sus cargos sin contratiempos. Desde la Explosión Social el país entendió el valor y la fuerza del derecho a la rebelión. Así como comprobó las flaquezas de las “fuerzas del orden” cuando son las multitudes las que se levantan con resolución.

Quisiéramos que el país pueda salvarse de un nuevo vendaval político y social pero, cuando me lo consultan, creo honesto responder que éste se está haciendo inminente. Sobre todo por la profundización de las inequidades, como la descomposición ética de los gobernantes.

Lunes 14 de septiembre 2020

Fuente: 2020 Politika | diarioelect.plitika@gmail.com

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Chile, o una loca política.

por Manuel Cabieses Donoso/Blog Punto Final.

Si resulta difícil entendernos entre nosotros, aún más complicado es explicar la política chilena al lector extranjero. Hagamos un intento y veamos.

El 25 de octubre se hará un plebiscito en que más de 14 millones de ciudadanos tendrán derecho a decidir si se redacta una nueva Constitución Política, o continuamos con las piltrafas autoritarias de la de 1980. Será la primera vez que la Constitución será elaborada por representantes del pueblo. Nuestras diez Constituciones fueron escritas por escuderos de los gobiernos de turno.

La aspiración de una Constitución democrática -para orientar leyes destinadas a construir una sociedad más justa- no surgió del cielo en octubre pasado. Es una demanda del pueblo que viene de muy lejos y arrastra sangre y barro de la Resistencia a la dictadura. Tiene su origen en el Grupo de los 24 que a partir de 1978 comenzó a discutir una nueva Constitución. El proyecto de los 24 (abogados militantes de la DC, PR, PS, socialdemócratas, independientes y derechistas críticos a la dictadura), planteó que la Asamblea Constituyente era el mecanismo fundamental del proceso constitucional.

Ese criterio fue adoptado por un amplio arco político, desde la DC hasta el MIR, que la plantearon durante años en abierto desafío a la tiranía y su Constitución de 1980. De modo que la consigna de Asamblea Constituyente se transformó en octubre del 2019 en grito de millones de voces indignadas con la corrupción y los abusos. No obstante, los politicastros se tomaron la revancha. En marzo de este año a pretexto de un golpe de estado inminente, jibarizaron la Asamblea Constituyente para convertirla en una Convención Constitucional atada de pies y manos.

Serán partidos que registran apenas 2% de apoyo, y el Congreso que llega jadeando al 3%, quienes manejarán el plebiscito. El cerrojo será el quórum de dos tercios para iniciativas que transgredan las fronteras de lo políticamente correcto.

El plebiscito -no hay discusión- es una trampa para atrapar y reducir a su mínima expresión la voluntad de cambios profundos que expresa el pueblo mediante movilizaciones masivas y escaramuzas dispersas a lo largo del país. La paradoja difícil de explicar es que, conscientes que se trata de una trampa, tenemos que aceptar el desafío. Llevamos casi medio siglo exigiendo una Asamblea Constituyente como matriz legítima de una Constitución democrática.

La imaginábamos convocada por el pueblo luego de derrocar la dictadura. Pero la historia se escribió de otro modo. Hoy carecemos de fuerza para imponerla. En cambio podemos levantar un amplio movimiento democrático por el Apruebo y la Convención Constituyente. Si logramos un triunfo arrasador, podremos volcar las fuerzas acumuladas a imponer la elección de convencionales dispuestos a romper el muro de los dos tercios.

No es un objetivo fácil. La corriente abstencionista es grande en sectores juveniles y populares que repudian todo lo que provenga de partidos políticos. Cerca del 70% rechaza las convocatorias electorales. Hay parlamentarios que representan al 1 o 2% del electorado de sus distritos. Pertenecen a los mismos partidos que convocan al plebiscito. Los convencionales se elegirán según las reglas de esos “representantes” del pueblo. Sin embargo, hay más de 700 mil “militantes zombis” -figuran en los registros partidarios pero no militan- a conquistar para que el plebiscito se convierta en una victoria democrática.

La fractura de la derecha -dividida entre el Rechazo y el Apruebo-, es un hecho que favorece el intento de romper la trampa montada por la casta política y desde allí escalar un proceso de recomposición del movimiento popular.

Otro aspecto de la esquizofrénica política chilena, lo constituye el proyecto de recomponer el bloque en el poder con sectores que están hoy tanto en el gobierno como en la oposición. Un sector de la derecha, consciente del extremo pauperismo de sus ideas, lleva adelante un ambicioso proyecto: forjar una alianza con la socialdemocracia y la democracia cristiana, lo cual hace necesaria la descomposición de la extrema derecha. Un proyecto que alientan tanto el presidente Piñera como el gran empresariado inquietos por el destino del evangelio capitalista en la nueva Constitución.

La fortaleza electoral de la derecha -que retiene por decenios un 40%- se está desmoronando a ojos vista. Requiere de urgencia oxigenar sus ideas. Si Piñera -que en la encuesta CEP de enero mostraba un 6% y en la CADEM de agosto un 20%- consigue terminar su gobierno a punta de bonos, subsidios, préstamos y cajas de alimentos, la elección del 2021 sería la coyuntura adecuada para ensayar la fórmula. Los maestros de la demagogia sacarían del sombrero la candidatura que articule los intereses de la derecha liberal y de la socialdemocracia.

Esta política, enmarañada y demencial, se produce debido a la ausencia de un actor fundamental: la Izquierda. Una alternativa de Izquierda -que puede surgir de la coyuntura constitucional- impediría que la perfidia de la elite robe una vez más los huevos al águila.

28 de agosto 2020.

Fuente: https://www.puntofinalblog.cl/post/chile-o-una-loca-pol%C3%ADtica

 

Nota del Editor CT: En los dos artículos las negritas han sido agregadas; no vienen en los originales.