El silencio cínico de los medios: ahora miran para otro lado.
por Pascual Serrano/El Diario.es
Todos esos medios que tanto se presentaron como desveladores de secretos de guerra ocultados por Estados Unidos ahora asisten e informan con frialdad e indiferencia al atropello de la persona que hizo posible conocer toda aquella verdad
El pasado 7 de septiembre se reanudó el juicio de extradición de Julian Assange en Londres. Estados Unidos lo reclama por 18 presuntos delitos de espionaje e intrusión informática, por difundir mediante Wikileaks en 2010 más de 700.000 documentos clasificados sobre las actividades militares y diplomáticas estadounidenses, sobre todo en Iraq y Afganistán, que revelaron actos de tortura, muertes de civiles y otros abusos.
Tras ser pospuesto en febrero por la pandemia de COVID, se prevé que las vistas duren tres o cuatro semanas
Recluido en una prisión londinense de alta seguridad desde su detención en abril de 2019 en la embajada de Ecuador, donde vivió siete años, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel si la justicia estadounidense lo declara culpable.
Es verdad que estamos solo ante el juicio donde se decidirá si se le extradita, no si es culpable de los delitos, sin embargo, la repercusión de esta noticia está siendo mínima en los grandes medios a pesar de situarse en una ciudad, Londres, donde todos tienen acceso. No estamos viendo ni crónicas de corresponsales o enviados ni reportajes ni artículos de opinión. Algo que contrasta con la tremenda repercusión que tuvo la difusión de las informaciones de Wikileaks y lo rentable que supuso para el pool de periódicos que tuvieron el privilegio de disponer de sus informaciones en primicia. Sin embargo, ahora se están limitando a difundir escuetos y fríos cables de agencia.
Los medios no están recordando elementos de contexto fundamentales. Repasemos:
Assange está encarcelado en Londres por una condena de 50 semanas de prisión por haber violado la libertad condicional que le concedieron mientras se decidía una reclamación de la justicia sueca por violación. Pero en 2015 el fiscal sueco retiró los cargos y en 2017 la justicia sueca archivó la causa, por tanto no tiene sentido mantener en prisión en Londres a una persona acusándole de violar una libertad condicionada a una acusación que no existe.
Assange fue abandonado por el gobierno de Ecuador cuando llegó al poder Lenin Moreno. Su país recibió el visto bueno de Estados Unidos para un préstamo con el FMI por cuatro mil millones de dólares a cambio de que la policía inglesa entrara a la embajada y lo arrestara por no haberse entregado a la corte cuando estaba libre bajo fianza en 2012. No parece que ese sea un sistema muy lícito para impartir justicia.
Sesenta médicos suscribieron una carta alertando su preocupación de que Assange pudiera morir en la cárcel dado su deteriorado estado de salud. Incluso el relator de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer, dijo que la vida de Assange estaba «ahora en peligro». Posteriormente, el pasado junio, más de 200 médicos eminentes de todo el mundo suscribieron un comunicado en la revista médica The Lancet pidiendo poner fin a la tortura psicológica del editor de WikiLeaks y su liberación inmediata de la prisión Belmarsh de máxima seguridad en Gran Bretaña.
No se hace referencia a las irregularidades denunciadas en la comparecencia del pasado octubre ante el tribunal de primera instancia de Westminster. El exdiplomático británico Craig Murray, que logró estar presente en la sesión, reveló el estado débil y errático en el que se encontraba Assange, el desprecio de la jueza hacia la defensa, que vio denegadas todas sus alegaciones, desde la petición de más tiempo para preparar el caso dadas las limitaciones que se pusieron a los abogados de Assange para ver a su cliente en prisión, a la incautación de los documentos (por agentes de Estados Unidos) que éste tenía en la embajada de Ecuador. Extraña la irregularidad de que el fiscal del caso consultara en la propia sala sus dudas con tres funcionarios de la embajada de Estados Unidos que, según sus propias palabras, le daban «instrucciones». La jueza aprobó todas sus peticiones. Incluso llegaron a entrar en la sala dos agentes estadounidenses armados.
La vista que ahora ha comenzado se realiza en Woolwich Crown Court, en lugar destinado a los juicios por terrorismo, no se permite público ni observadores de ONG’s y se ha impuesto una limitación de tan solo 10 periodistas que podrán acceder a las sesiones. Esta restricción es una manera de invisibilizar el estado de salud de Assange: la última vez que se lo vio fue en su arresto en la embajada ecuatoriana. La información de las pocas personas que han tenido acceso a Assange en todos estos meses – su actual pareja, sus abogados- es que su estado de salud es precario.
La situación carcelaria a la que está sometido es inhumana. Se trata de una prisión de alta seguridad en condiciones de aislamiento, con 23 horas diarias de soledad y 45 minutos para hacer ejercicio en un patio de cemento. Cuando Assange sale de la celda, «todos los pasillos por los que pasa son evacuados y todas las puertas de las celdas se cierran para garantizar que no tenga contacto con otros reclusos».
Todos esos medios de comunicación que tanto se presentaron como desveladores de secretos de guerra ocultados por Estados Unidos, medios que denunciaban torturas y múltiples violaciones de derechos humanos, defensores de la libertad de expresión y de la transparencia informativa, ahora asisten e informan con frialdad e indiferencia al atropello de la persona que hizo posible conocer toda aquella verdad sobre la guerra y las invasiones de Estados Unidos.
Nos lo recordaban Noam Chomsky y Alice Walker como copresidentes de AssangeDefense.org en The Independent (por supuesto nuestros grandes medios españoles no han recogido ese manifiesto): «Assange enfrenta la extradición a Estados Unidos porque publicó pruebas incontrovertibles de crímenes de guerra y abusos en Irak y Afganistán, avergonzando a la nación más poderosa de la Tierra. Assange publicó pruebas contundentes de «las formas en que el primer mundo explota al tercero», según la denunciante Chelsea Manning, la fuente de esa evidencia. Assange está siendo juzgado por su periodismo, por sus principios».
«Las publicaciones de Assange de 2010 expusieron 15.000 víctimas civiles previamente no contadas en Iraq, bajas que el Ejército de Estados Unidos habría enterrado. Destaca el hecho de que Estados Unidos está intentando lograr lo que los regímenes represivos solo pueden soñar: decidir qué pueden y qué no pueden escribir los periodistas de todo el mundo. Destaca el hecho de que todos los denunciantes y el periodismo en sí, no solo Assange, están siendo juzgados aquí», añaden Chomsky y Walker.
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El gobierno de Trump aprovechó demora por la pandemia para agregar cargos contra el fundador de WikiLeaks.
Por Marcelo Justo/Página12.
Según la defensa del periodista, una larga lista de irregularidades y violaciones de derechos fundamentales deberían impedir su extradición.
En medio de una ofensiva política y legal del gobierno de Donald Trump, el lunes 7 de septiembre comenzó en Londres el juicio de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks Julian Assange. Estados Unidos lo acusa de violar su ley de Espionaje por la publicación de documentos secretos en 2010 sobre la guerra de Irak y Afganistán. La defensa pide la liberación y nulidad del proceso a Assange debido a la violación de derechos humanos y civiles consagrados por la ONU, la Convención Europea de los Derechos Humanos y la ley consuetudinaria inglesa.
El tortuoso caso Assange comenzó en 2010 con la publicación de cientos de miles de documentos clasificados que revelaban crímenes de guerra, corrupción y prevaricato en la política bélica estadounidense en Irak y Afganistán. La primera y sorprendente vuelta de tuerca, digna de un thriller, fue la denuncia contra el carismático fundador de WikiLeaks en Suecia unos dos meses más tarde por presunta violación y abuso sexual de dos mujeres. Suecia pidió la extradición de Assange que fue arrestado por la policía británica y puesto en libertad bajo fianza mientras duraba el juicio por extradición en el Reino Unido. Cuando en 2012 la Corte Suprema británica falló a favor de que se lo extraditara a Suecia, Assange solicitó asilo político en la embajada de Ecuador en Londres.
Desde entonces estuvo a merced de los vientos políticos y diplomáticos: los vaivenes judiciales en Suecia, los cambiantes aires de Ecuador, la presión de Estados Unidos y el Reino Unido. La decisión de Suecia de retirar los cargos contra Assange se vio más que compensada por la salida de Rafael Correa, el acelerado giro a la derecha de su sucesor, Lenín Moreno, y el deterioro de la situación económico-social ecuatoriana. A cambio del visto bueno de Estados Unidos para un préstamo con el FMI por 4 mil millones de dólares, el gobierno de Lenín Moreno abandonó a Assange a su suerte. En abril del año pasado la policía inglesa ingresó en la embajada ecuatoriana y lo arrestó por no haberse entregado a la corte cuando estaba libre bajo fianza en 2012. Desde entonces permanece en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en el sudeste de Londres.
La larga extradición de Assange
Este segundo proceso de extradición debía comenzar en abril: se demoró con la pandemia. Estados Unidos aprovechó esta demora para añadir nuevos cargos a los 18 delitos que se le imputan. Estos cargos se extienden más allá de la figura misma de Assange. Dos de sus socios en WikiLeaks y un empleado de la organización son acusados de cómplices en la conspiración contra la seguridad estadounidense. El mensaje del departamento de estado es una advertencia a cualquier “whistleblower” tentado de revelar los trapos sucios del gobierno: Estados Unidos los seguirá hasta el fin del planeta.
El argumento estadounidense es que la publicación de estos documentos clasificados pone en peligro la vida de personas o la seguridad del estado. El secretario general de la Association of American Lawyers, Luis Carlos Moro refutó este argumento, un clásico de los estados sean democráticos o dictatoriales. “Una extradición de Assange sentará un peligroso precedente para todo el mundo democrático porque lejos de representar la vigencia del estado de derecho significará una victoria de la persecución política”, dijo Moro.
Según la defensa, una larga lista de irregularidades y violaciones de derechos fundamentales deberían impedir la extradición. Los argumentos legales son sólidos y fueron adelantados en una carta abierta al primer ministro Boris Johnson en agosto firmada por más de 150 prominentes abogados y organizaciones legales de Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y Australia. Entre los puntos citados se encuentran algunos de casi irrebatible contundencia:
– el artículo 4 del tratado de extradición bilateral entre Estados Unidos y el Reino Unido prohíbe la extradición por motivos políticos.
– También la prohíbe en caso de que haya “un riesgo de ser sometido a un juicio injusto”, es decir, sin las garantías mínimas de imparcialidad de un estado de derecho.
·-El riesgo de tortura citado por el Rapporteur sobre tortura de la ONU en el caso de extradición de Assange.
– y la violación a la libertad de prensa y expresión: la extradición consagraría como delito la divulgación de información gubernamental.
Trump, Brexit y George Orwell
Al sesgado entorno judicial se le agregan incomprensibles restricciones a la prensa para la cobertura de un juicio seguido en todo el mundo: solo 10 periodistas podrán ingresar a las sesiones. Además de comprometer la transparencia del proceso, esta restricción es una manera de invisibilizar el estado de salud de Assange: la última vez que se lo vio fue en su arresto en la embajada ecuatoriana. La información de las pocas personas que han tenido acceso a Assange en todos estos meses – su actual pareja, sus abogados – es que su estado de salud es precario.
El proceso de extradición comienza en un momento sobrecargado políticamente: el 3 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos, el 1 de enero la definitiva salida del Reino Unido de la Unión Europea. Al calor de la gigantesca polarización del Brexit, los conservadores con Boris Johnson a la cabeza y la poderosa prensa afín a la carga, han lanzado en los dos últimos años una ofensiva contra el poder judicial con titulares de tapa que calificaban a los jueces de “enemigos del pueblo”, con nombre y foto de los magistrados que fallaran en contra de la ruta legal que buscaba imprimirle el gobierno a la salida británica de la Unión Europea. El Rasputinesco cerebro de Johnson, Dominic Cummings, quiere reformar el sistema judicial de cuajo, en especial sus rasgos más progresistas, “herramientas de campaña de izquierda”, según el ultra conservador matutino Daily Mail.
Esta ofensiva, que puede hacer pensar en una suerte de “lawfare” a la británica, tiene límites institucionales y colectivos que van a pesar en el caso Assange. En un célebre ensayo en medio de la segunda guerra mundial, el autor de 1984, George Orwell, rescataba el respeto a la justicia como un rasgo inglés que trascendía clases e ideologías. “Todos creen que la ley es algo incorruptible que está por encima del estado y del individuo y que debe ser impartida de manera imparcial. Se dirá que es una ilusión, pero es una ilusión muy poderosa que tiñe la conducta social y la vida colectiva”, escribe Orwell.
Esta visión colectiva es un ideal cultivado desde la niñez (la queja favorita de los muy modosos niños ingleses es “it is not fair”: no es justo). Es también fuente de hipocresía como en el célebre “fair play”. En el mejor de los casos funciona como una salvaguarda contra la farsa judicial y los juicios amañados. En el otro gran caso de extradición de los últimos 30 años, el de Augusto Pinochet, la justicia británica estaba camino a conceder su extradición a España cuando intervino el poder político. El proceso estuvo cargado de ironías. Un supuesto refugio del privilegio como la Cámara de los Lores – corte suprema en aquellos años – falló dos veces a favor de la extradición. Un gobierno laborista, supuestamente de centro izquierda, terminó inventando una coartada de salud física y mental – senilidad – para que el ex dictador regresara a Chile.
Las audiencias del caso Assange se extenderán hasta el 25 de septiembre. El fallo de esta primera instancia podrá ser apelado. El caso seguirá con toda seguridad una trayectoria similar al caso Pinochet: la High Court de Londres y la Corte Suprema. Es un poco prematuro para los pronósticos, pero no habría que descartar un escenario similar al del caso Pinochet: la justicia moviéndose por un lado, el poder político por el otro. En buena medida dependerá de que las palabras de Orwell sigan describiendo a la sociedad británica del Brexit y las fake news unos 84 años más tarde.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/290268-empieza-el-juicio-a-julian-assange-y-ee-uu-suma-acusaciones
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