Chile octubre: raíces y sentidos de la violencia popular.

Ad portas del plebiscito y a un año de comenzado el estallido social, la violencia en las protestas vuelve a ser tema de debate en el espacio público. Existe consenso entre las fuerzas políticas en condenar las manifestaciones no pacíficas.

Para profundizar sobre el fenómeno de la violencia y sus implicancias, Radio y Diario Universidad de Chile dialogó con el historiador y académico de la Universidad de Santiago, Igor Goicovic, quien se ha especializado en la protesta popular y en la violencia política.

¿Cómo podríamos identificar lo que es la violencia en manifestaciones y cómo esta se ha comportado desde el estallido social a la fecha?

Esta es una constante histórica que refiere a ciertas prácticas de uso habitual en la protesta popular y, particularmente, en la protesta popular urbana, que no escala hacia niveles más agudos, sino que mantiene ciertos rasgos que son característicos: el uso de proyectiles contundentes, recogidos, básicamente, de lo que provee el entorno, sin una mayor planificación, sino que con un alto grado de espontaneidad y que, en general, tiende a ser rápidamente intervenida y desarticulada por la fuerza pública.

En ese sentido, este tipo de manifestaciones no difiere sustantivamente de otras en la historia. Pero no obstante a ello, sí habría que reconocer que, a partir del 18 de octubre y, en especial, dese la segunda o tercera semana de movilizaciones, se observa un mayor grado de articulación, de organización, de desarrollo de experiencias vinculadas, en este caso, a lo que se conoció como la Primera Línea, donde no solo hay sujetos que combaten a la fuerza pública, pues también están quienes acompañan desde el respaldo sanitario, desde la protección a los detenidos, están los picapiedrereos, que son aquellos que proveen de los recursos para que la línea de choque pueda enfrentar a la policía, etcétera. Es decir, a partir de la experiencia acumulada en las jornadas de protesta, es evidenciable un mayor grado de organización, articulación y, por lo tanto, capacidad de despliegue en el espacio público.

La violencia es un fenómeno condenado condenado por la totalidad del espectro político del país y tiene un reproche generalizado en la sociedad, sin embargo, ocurre igual. Aparece en concentraciones o marchas ¿Cómo podría explicarse este fenómeno?

Esto tiene que ver con los problemas estructurales que afectan al país y que, evidentemente, tienen su correlato en otros escenarios y contextos históricos. Tiene que ver con la explotación laboral, con la exclusión social, con la discriminación étnico-racial, con la represión policial, con los estigmas que, de alguna u otra manera, la clase dirigente y los sectores sociales acomodados han construido históricamente respecto de los sectores populares, y estos problemas estructurales, que no han tenido vías de canalización a partir de la institucionalidad o de lo que es el funcionamiento del sistema político en Chile, encuentran en las coyunturas de crisis como la actual -crisis económica y política- el espacio para canalizarse y explotar en la manera que lo hacen.

En ese sentido ha habido una absoluta indiferencia de la élite política con respecto de estos problemas estructurales, por eso se manifiestan sorprendidos cuando este fenómeno estalla. En segundo lugar, se recurre a la represión como mecanismo inicial de contención, y después de un mes, estoy hablando del 15 de noviembre del 2019, se define un itinerario institucional para tratar de enfrentar y resolver la crisis. Esto pone de manifiesto, a mi juicio, la absoluta indiferencia con la cual las élites de poder han enfrentado el descontento, las reivindicaciones o los problemas de los sectores populares.

Me parece que condenar los fenómenos de violencia sin tratar de dar una explicación en relación con los problemas estructurales que afectan a la sociedad chilena, evidentemente, es de una miopía política absoluta.

 ¿Ha sido la violencia un motor impulsor de los cambios en la historia de Chile?

Sin lugar a dudas. Si solamente nos referimos a los tres hitos constitucionales más importantes del país, entendiendo que esos hitos constitucionales le han dado forma al Estado y a las relaciones de poder, la violencia ha sido constituyente en los tres.

En 1833 el régimen oligárquico se instala sobre la base de lo que fue la derrota de los liberales en la Batalla de Lircay y en la Constitución se instala la élite pelucona o conservadora como grupo dirigente dentro de la sociedad chilena, fenómeno que se mantiene en buena parte del siglo XIX. Cuando se producen episodios de guerra civil, como en 1851 o en 1859, nuevamente la violencia aparece como un elemento que ajusta o readecua las relaciones de poder existentes en ese momento.

La Constitución de 1925 que, en teoría, es el resultado de una Asamblea Constituyente, es el resultado, a su vez, de lo que se conoce como la movilización de lo militares en el Ruido de Sables de 1924 y, por lo tanto, la presión de los militares para apurar el Código del Trabajo e, inmediatamente después, la Constitución Política del Estado de 1925. Es decir, es la presión de los militares, en definitiva, la que permite la dictación de una nueva Constitución Política.

La Constitución de 1980 ni siquiera es necesario explicarla demasiado, pues es el resultado del Golpe de Estado de 1973, de la represión política que afectó a un segmento significativo de la población durante todo ese periodo, y de la imposición, en definitiva, de un modelo de organización política tributaria de lo intereses de la burguesía financiera e industrial existente en el país en ese momento.

Los tres instrumentos institucionales más importantes de Chile han sido el resultado de la violencia política.

Habría que corregir o complejizar, entonces, la idea de que los cambios en Chile solo son alcanzables pacíficamente o a través de las instituciones.

Sin duda. Acá ha habido una gran mistificación o varias mistificaciones que se superponen. Una de ellas es la que, de alguna u otra manera, aparece recurrentemente en los discursos de la Cuenta Nacional que emiten los presidentes de la República, donde se hace referencia a la larga y dilatada estabilidad de las instituciones políticas en Chile. La verdad es que todas y cada una de ellas son herederas de estos entramados institucionales que, en su origen, están fundados en la violencia, en la violencia política, y en el aplastamiento, en definitiva, de aquellos sectores sociales que, cada cierta época, van planteando ciertas reivindicaciones en particular.

Por otro lado, tiene que ver -en términos de la historia inmediata- con el discurso político acuñado por la Concertación, y en particular por el ex presidente Ricardo Lagos, que señala que la transición a la democracia a partir del plebiscito de octubre de 1988, es heredera de una movilización electoral que se construyó con un lápiz y un papel, desconociendo de manera total y absoluta que ese proceso transicional es el resultado de las movilizaciones populares que se inauguraron en 1983, en las cuales la violencia política fue un componente sustantivo, tanto por la represión que llevó a cabo el Estado, como por el desarrollo de la lucha miliciana que, en este caso particular, de desplegó en el espacio público.

¿Cómo vincularía el juicio valórico sobre la violencia con la constatación de que es parte de la historia política de Chile?

Como todas las personas que nos desenvolvemos como actores sociales y políticos en una sociedad determinada, aspiraría y esperaría que mecanismos de carácter más consensuados se hicieran cargo de las demandas y reivindicaciones populares, que fueran, en definitiva, el instrumento más recurrente y, por lo tanto, el instrumento más validado, para corregir las injusticias, las asimetrías y los problemas estructurales. Pero evidentemente que las clases dirigentes, las élites dominantes, nunca van a renunciar a sus privilegios y, por lo tanto, de alguna u otra manera, la protesta y la protesta popular violenta van a ser un instrumento indispensable y necesario para corregir los problemas estructurales.

Suele decirse que los ataques contra semáforos y otros objetos en el espacio público, además de instituciones financieras y comerciales, son actos propios del lumpen, sin objetivos políticos ¿Qué se podría decir al respecto?

Muchas de las manifestaciones populares desde fines del siglo XIX y hasta la actualidad, mantienen estos rasgos que son distintivos, es decir, apuntan contra las representaciones institucionales, contra las representaciones del capital, y contra las representaciones simbólicas y estéticas de la sociedad burguesa. Se ataca no solamente a la policía o a los cuarteles policiales, también se ataca a los medios de comunicación y a sus edificios -por ejemplo El Mercurio y el diario El Ferrocarril eran amagados por la protesta popular a fines del siglo XIX y comienzos del XX-, se atacaba en su momento al Club de La Unión, que era una expresión en la cual se manifestaba y se reunía la élite oligárquica, se atacaba a los palacetes de la calles República, Dieciocho, se atacaba el Palacio de La Moneda, es decir, todas aquellas expresiones que, de alguna u otra manera, recrean la dominación social, política, económica, cultural, suelen estar bajo el ataque de la movilización popular. En muchas de estas expresiones y manifestaciones, hay, evidentemente, mucho espontaneísmo, que arranca de la ira, de la frustración, de la rabia que generan las condiciones estructurales sobre las cuales se ha construido, históricamente, la dominación.

Uno esperaría, en este sentido, que la movilización popular, incluso aquella que recurre a la violencia, tuviera objetivos más definidos, más claros, más explícitos, que amagaran, efectivamente, las estructuras de poder, pero no se puede dejar de comprender que en muchas de estas acciones que se rotulan como de lumpen, está este odio visceral y casi atávico que los sectores populares han venido desarrollando respecto de las estructuras de dominación. Y mientras subsistan y la canalización de la protesta popular no tenga objetivos políticos definidos, evidentemente vamos a seguir asistiendo a episodios y situaciones de las mismas características y naturaleza.

Hay sectores políticos que han afirmado que la violencia va en directo beneficio de la opción rechazo. De hecho, se ha invitado a realizar manifestaciones desde las casas, sin salir a los espacios públicos ¿Cuál es su opinión sobre ese razonamiento?

Yo parto de la base que el itinerario constitucional, que tiene un hito relevante el próximo 25 de octubre, no es el resultado ni parte de la demanda de la movilización popular que se inauguró el 18 de octubre. De hecho, tiene que ver con los acuerdos políticos que se suscribieron el 15 de noviembre y que son los que, en definitiva, trazaron un itinerario de carácter político-institucional para tratar de abordar o resolver esta crisis que estamos enfrentando. Por lo tanto, una parte importante del movimiento popular no se siente necesariamente identificado ni con el plebiscito ni con las alternativas que se construyeron en torno, entonces no obedecen, no responden ni se sienten conducidos por quienes han colocado toda su atención y han tensionado, en definitiva, la resolución de la crisis política en torno al evento plebiscitario y al proceso de carácter constituyente. Por ende, esos sectores se van a seguir manifestando de la forma en que lo están haciendo porque no necesariamente están identificados ni interpelados por este tipo de itinerario.

Ahora, quienes construyen el juicio de que la protesta perjudica el plebiscito, apuestan exclusivamente por el ámbito político-institucional, es decir, por tratar de definir, en torno al proceso constituyente, las transformaciones que, eventualmente, va a requerir la normativa que regula las relaciones de poder en Chile, a efecto de poder enfrentar esta crisis de arrastre, pero la verdad es que esto va a requerir una ingeniería mucho mayor que tiene que ver con el modelo económico, con las relaciones sociales, que tiene que ver con el vínculo del Estado Nación chileno y el pueblo Nación Mapuche, por ejemplo y a propósito de las comunidades indígenas. Es decir, que tiene que ver con una multiplicidad de fenómenos que no se agotan con una nueva constitución, y eso, a su vez, refiere a que una parte importante de la sociedad chilena tenga una gran duda, o un gran escepticismo respecto de que estos mismos actores políticos que han venido trazando el itinerario constitucional, sean los que en última instancia vayan a resolver eficiente y efectivamente estos problemas. Pues son los mismos que se sorprendieron, son los mismos a los cuales el movimiento social popular les llamó la atención, los dejó sin respuestas, y que en más de 30 años no habían hecho absolutamente nada, por lo tanto, hay una suerte de contradicción, fuertemente arraigada en la sociedad chilena, de que difícilmente va a poder ser resuelta en el marco del plebiscito del 25 de octubre y del proceso inmediatamente posterior. Yo ahí soy tremendamente escéptico.

No me cabe la menor duda de que más allá de lo que vaya a ser el resultado del plebiscito, cualquier escenario que se constituya a partir de su realización va a ser con el pueblo movilizado y con el pueblo en las calles.

Fuente: https://radio.uchile.cl/2020/10/17/igor-goicovic-condenar-la-violencia-sin-tratar-de-explicarla-en-relacion-a-problemas-estructurales-es-de-una-miopia-politica-absoluta/