Filtraciones castrenses dan cuenta de un quiebre entre el Ejército y la Armada en su disputa por la inteligencia nacional.
La exposición pública de un miembro de la Armada detenido en la quema de la iglesia institucional de Carabineros y la aparición de un informe que deja mal a la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), son los antecedentes de un conflicto hasta ahora solapado entre ambas ramas de las Fuerzas Armadas por el control de la inteligencia nacional.
“Esto es como repetir la historia de Balmaceda y Montt en 1891”. Así define una alta fuente de la Armada la fracturada relación que existe hoy entre militares y marinos.
La referencia alude a la Guerra Civil de 1891 en la que el presidente José Manuel Balmaceda y el Ejército fueron derrotados por el Parlamento y la Armada, comandada por el capitán de navío, Jorge Montt Álvarez. La referencia también busca ilustrar el estado de ánimo entre ambas ramas de las Fuerzas Armadas, luego de que emergieran a la luz pública dos antecedentes ligados a la inteligencia nacional, los que en tiempos normales habrían sido manejados con total discreción.
La sangre llegó al río ayer 21 de octubre, cuando El Mostrador reveló un informe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) de octubre del año pasado, dirigido al presidente Sebastián Piñera en el cual se hablaba de “600 agentes clandestinos de guerrilla urbana” que habrían ingresado al país como refugiados venezolanos. Según el artículo, dicho informe motivó la frase con la que el presidente seguramente será recordado: “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”.
Esto se dio a horas de que se revelara a la prensa que entre los detenidos por la quema de la Iglesia de Carabineros durante la protesta por el aniversario del 18 de octubre, estaba Ernesto Osorio Loyola, cabo segundo de la Armada.
Si bien no se ha establecido que ambos hechos estén concatenados, sí están en el trasfondo de una pugna solapada entre marinos y militares por copar posiciones de poder e influencia en la estructura de la inteligencia nacional. Además, ambas instituciones han competido por los favores del gobierno en la defensa de casos de derechos humanos en los que están involucradas.
La disputa por la ANI
“La Armada ha cumplido un rol bien mediocre en todo el asunto de la estrategia e inteligencia del país. La dirección de la ANI ha sido mediocre y han hecho el ridículo, señalando el famoso informe de Big Data y también en sus acciones posteriores”, señala a INTERFERENCIA un general de Ejército.
Cabe mencionar que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), no es una entidad de la Armada, sino que depende del Ministerio del Interior, pero desde que es dirigida por el vicealmirante en retiro Gustavo Jordán, la comunidad de inteligencia la considera casi un apéndice de la institución armada. Esto, según sus críticos, dado que Jordán llenó casi todos los cargos de relevancia con ex marinos, en concursos públicos flash de días, que casi nadie conoció, y en los que hubo poca o nula competencia.
“Tenemos serias dudas de las filtraciones ocurridas con el informe de la Dine del 19 de octubre del año pasado. Nunca antes se habló de él hasta ahora que la Armada se siente atacada al quedar en evidencia una maniobra extraña, en la que podríamos creer hubo mano de su inteligencia, cuando se detiene a un miembro de sus filas protestando en el aniversario del 18-O en las inmediaciones de la iglesia de Carabineros”, concluye este general de Ejército, quien hoy está en retiro.
Según fuentes del Ejército, cuando Piñera decidió entregarle el mando de la ANI a Gustavo Jordán el 15 noviembre de 2019 -a casi un mes del estallido social que dejó impávido al anterior director, Luis Masferrer, y el día en que se realizó el acuerdo político que llevó al actual plebiscito- la principal motivación del mandatario para nombrar a Jordán, no fue la confianza. Entendiendo que el nuevo director debía pertenecer a las Fuerzas Armadas, dada la efervecencia de esos días, hubo una especie de castigo al Ejército por el escándalo en el cual en ese entonces estaban afectados altos mandos debido al tema judicial investigado por la jueza Rumy Rutheford por viajes mal habidos en la institución y que tenían a su comandante en jefe, Ricardo Martinez, cuestionado por falta de liderazgo.
En ese entonces, comenta una fuente del gobierno, a Piñera la venía mejor dejar la inteligencia nacional en manos de la Armada para con ellos entregar una seña de transparencia y de gobernabilidad. “Habíamos sido muy duros y críticos por los escándalos de la última administración de Michelle Bachelet y debíamos dar señales de transparencia”, comenta esta fuente. Algo que para el Ejército “fue una patada en el estómago, dado el rol histórico que ha cumplido en procesos importantes del país en los cuales siempre ha tenido el liderazgo dentro de las ramas de las Fuerzas Armadas”, señala un entrevistado de esa institución castrense.
Desde ese mismo día, los roces entre ambas ramas comenzaron a crecer. Carabineros tomó partido por el Ejército, dada la relación “fluida y cercana” que existe entre el general director de la policía, Mario Rozas, y Martínez, según señalan algunos entrevistados para este reportaje. Ambos, además, tuvieron siempre muy buena relación con los gobiernos de la Concertación, siendo Martínez designado por la presidenta Bachelet, nombramiento por el cual algunos altos mandos de la Armada incluso lo han calificado de “socialista”, como señala una fuente entrevistada.
Las joyas de la Corona
Más allá de las simpatías y las rivalidades, muchos sostienen que las diferencias entre la Armada y el Ejército tienen un foco principal : La dirección de la ANI.
Y es que según señala una fuente de la Armada: “La inteligencia es vital en términos estratégicos, genera autoridad, manejo de altos presupuestos, de información privilegiada que permite a quien la lleve a cabo tener perspectiva de manejo de crisis y poder. Porque al final este es un tema de poder”.
Según varias fuentes entrevistadas, al Ejército se le abrió el hambre tras el ridículo que hizo la dirección actual de la ANI con el Informe de Big Data del gobierno, en el cual se culpaba incluso al movimiento K-Pop de las revueltas del estallido social y de los días posteriores.
Un informe que fue duramente criticado por su falta de rigurosidad así como también por su origen (Quiñenco, de los Luksic) y que llevó a las cúpulas de poder a preguntarse acerca de la importancia de tener una buena inteligencia capaz de prever hechos como los ocurridos desde el estallido social.
¿Trato desigual en materia de derechos humanos?
La Fuerza Aérea (FACh), en tanto, mantuvo distancia y no tomó partido por ninguna de las otras ramas. Esto al menos hasta junio de este año, cuando la institución se inclinó por los marinos. Fue entonces cuando la FACh llamó a sus filas a acuartelarse debido al aumento de protestas en el país, habiéndose filtrado un documento con ese contenido. “Nosotros estábamos con el Presidente a todo evento. Sin embargo, la mala administración, el cambio de ministro de Defensa [Mario Desbordes por Alberto Espina] y los reiterados dobles discursos frente a las persecuciones por derechos humanos, donde la Armada se llevo la peor parte, nos hizo evaluar la situación y comenzaron las dudas», dice una fuente de la FACh.
Cabe mencionar que -según distintas fuentes- en la Armada hay resentimiento con el gobierno porque considera que, mientras ellos han sido transparentes en los procesos judiciales que pesan sobre miembros de sus filas, el Ejército y Carabineros no lo han sido, por ejemplo, entregando nombres, situación que habría sido avalada por el mando civil.
Hasta junio de 2020, existían 466 agentes del estado acusados de abusos y violaciones de ferechos humanos luego del estallido social. De ellos, 419 son Carabineros, 30 integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI), 11 miembros del Ejército, cuatro de la Armada y ninguno de la FACh. Esto, sobre un total de 8.510 denuncias acuñadas por el INDH. Lo que dicen los partidarios de la Armada es que los cuatro marinos han comparecido ante la justicia, sin ningún tipo de miramientos. “El gobierno no los ha protegido con el mismo celo que a los militares”.
“Cuando Carabineros es acusado por cegar a alguien o cometer torturas o vejaciones no existen identidades y la institución ha llegado incluso en algunos casos a manipular o esconder evidencias, como en el caso Catrillanca o el del joven arrojado al río. Eso no pasa en la Armada y tampoco en la FACh. Sí pasa también en el Ejército, donde incluso se han defendido a militares acusados de abuso sexual, hecho conocido por la opinión pública en el reciente tiempo. Nosotros tenemos códigos y sentimos que esos códigos hoy día nos han perjudicado pues no tenemos el apoyo del gobierno pese a que son muy pocos los casos en los que se nos ha cuestionado desde el 18 de octubre pasado”, dice otra fuente naval.
“La FACh hace años que no ve bien la forma en la que se conduce el Ejército y los escándalos de sus filas. Somos una institución incorruptible que incluso quiso devolver el poder a los civiles años antes del 89. Siempre hemos velado por la ciudadanía y nuestra soberanía sin importar la política. En la FACh existe la meritocracia y también la tradición, conducta que sólo compartimos con la Armada, pues el Ejército ha estado marcado en los últimos años por una politización creciente, que muchos en la FACh no ven con buenos ojos”, dice un aviador.
El factor Desbordes
Si bien la salida de Espina pudo ser un bálsamo para estos conflictos, la llegada de Desbordes quitó todo efecto suavizador.
«A Desbordes no lo quería nadie, imagínese usted que las ramas de elite dentro de las Fuerzas Armadas, como son la FACh y la Armada, estén dándole explicaciones y siguiendo órdenes de un carabinero de una tenencia de carreteras poco preparado, sin mística y que hoy además es ministro”, dice el aviador entrevistado.
De tal modo, la decisión de Piñera de poner a Desbordes en Defensa, para sacarlo de la primera línea política y acallar sus críticas disidentes dentro de RN, generó un conflicto aún mayor en las Fuerzas Armadas.
Ya el 13 de agosto, como señala una fuente de la Armada, la visita que Desbordes hizo a Valparaíso, donde conoció en terreno las labores de la institución y visitó dos buques y sus instalaciones, en compañía del comandante en jefe Julio Leiva, “fue incómoda». Según esta fuente «muchos lo miraban con desdén por su poca cuna, su falta de jefatura en alguna institución, su poca experiencia y su pasado como carabinero. Es duro para un almirante rendirle cuentas a un carabinero”.
Intentando superar las críticas en su contra, Desbordes prestó un apoyo irrestricto a los marinos enfrentados en un conflicto con el parlamentario comunista Hugo Gutiérrez cuando éste se negó a entregar sus documentos en un control de identidad. En la oportunidad Desbordes salió en defensa de los marinos en lo que consideró “un legítimo control”.
Pero no fue suficiente.
Menos aún después de lo ocurrido este pasado fin de semana cuando un funcionario de la institución fue detenido en Plaza Dignidad y llevado a una comisaría donde, al realizarle control de identidad, se advirtió que pertenecía a la Armada. Todo eso pudo pasar, pero lo que es imperdonable para los marinos es que esto haya salido a la luz pública, hecho por el cual culpan a Desbordes, sea por acción u omisión.
El caso contrasta con lo acontecido el 5 de octubre de este año, cuando en una situación similar, en protestas por el arrojamiento de un joven por un puente del Mapocho por parte de un carabinero, dos funcionarios de la FACh fueron detenidos por arrojarle piedras a los policías en el centro de Temuco. En la ocasión, nunca fueron reveladas las identidades de los aviadores, a quienes se les llamó por sus iniciales: L.D.M.P. y M.I.S.S., y quienes hoy enfrentan un sumario. A diferencia de Osorio Loyola, el cabo de la Armada, quien finalmente debió ser expulsado de la institución.
“Nos sentimos perjudicados pues a alguien le interesa desacreditar a nuestra institución, ya que la información de la detención del marino en la protesta del 18 de octubre podría haberse manejado de mejor forma antes de filtrarse a los medios con tanta rapidez”, dice un marino.
“Todos somos soldados y nos debemos al país. Esta rencilla no será permanente pero sí exige que se delimite y se entregue la función de inteligencia a quien sepa manejarla de mejor forma, y que haya un ministro acorde con las necesidades, un presidente que de el ancho de su cargo”, dice un aviador.
Por su parte, Mario Desbordes aseguró a INTERFERENCIA que su relación con las tres instituciones de las Fuerzas Armadas «es muy buena» y que «eso es verificable fácilmente».
22/10/2020.
Fuente: https://interferencia.cl/articulos/filtraciones-castrenses-dan-cuenta-de-un-quiebre-entre-el-ejercito-y-la-armada-en-su
El «Plan Zeta» de Piñera: el informe de la DINE sobre la amenaza extranjera que hizo que el Presidente hablara de guerra.
por Héctor Cossio López/El Mostrador.
Este martes [20 de octubre] se cumplió exactamente un año desde que el Presidente Sebastián Piñera pronunciara la penosa frase: «Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable…». La notoria falta de control político y de información del Mandatario en aquellos intensos días, llevó a que exigiera a los diferentes organismos de inteligencia que se le entregara información. Fue así como, horas antes de la ya histórica y lamentable conferencia de prensa, el ahora exministro de Defensa, Alberto Espina, entregó a Piñera un informe elaborado por la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE), a cargo entonces del general Guillermo Paiva. En este informe se aseguraba que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que sería una célula del G2 (Servicio de Inteligencia cubano), había logrado introducir en Chile «un batallón de 600 agentes clandestinos, expertos en guerrilla urbana», para llevar a cabo operaciones de insurrección en el país. Como comandante de este «batallón» se identificó a Pedro Carvajalino, jefe de la organización chavista gubernamental Zurda Konducta. Lo que no se informó es que Zurda Konducta es un programa de TV, y Carvajalino un youtuber y tuitero fanático del Gobierno de Nicolás Maduro.
«Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, el Metro, los supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible”.
Esta frase pronunciada por el Presidente Sebastián Piñera el 20 de octubre de 2019, difícilmente será borrada de la historia. Nunca antes un Jefe de Estado en democracia había hablado de guerra, y en sus palabras parecía haber convicciones que no se tenían en los días previos, como cuando, en pleno estallido social y mientras se quemaba la fachada del edificio de Enel, Piñera había sido fotografiado comiendo pizza en el cumpleaños de su nieto.
Antes de la intervención del Jefe de Estado, el exministro del Interior de la época, Andrés Chadwick, en un mensaje en el Palacio de La Moneda, había sostenido una idea similar y bajo el mismo tono: “No nos engañemos. Estamos enfrentando una verdadera escalada que sin duda es organizada para causar un grave daño a nuestro país y a la vida de cada uno de los ciudadanos”.
¿Qué hizo que al segundo día de la revuelta de octubre, que ya había derivado en estallido social, el Presidente se dejara fotografiar rodeado de militares y pronunciara aquella lamentable oración bélica?
Horas antes, de manos del entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, el Mandatario había recibido un informe secreto, bajo el sello de agua de Inteligencia, elaborado por la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE). Era el Plan Zeta de Piñera*.
Los informes desechados
Doce días antes de estas intervenciones, exactamente el 8 de octubre, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) –dirigida en aquel tiempo por Luis Masferrer– evacuó el informe «Llamado a una semana de Sabotaje y evasión del Transporte Público DII/DI». El informe fue despachado al Ministerio del Interior, Carabineros, Metro, Ministerio de Transportes, Ejército y la Armada, entre otros organismos de la red de inteligencia.
Dicho documento no contenía información residual, más bien hacía referencia a una anticipación de escenarios, con un grado certidumbre que, a un año de dichos eventos, resulta paradójico que la autoridad no los haya tomado en cuenta con la seriedad debida.
«En relación a la convocatoria realizada desde el Instituto Nacional, se prevé que alrededor de 50-100 alumnos ingresen a la estación de metro Universidad de Chile a las 14:00 horas y salten el torniquete con la finalidad de evadir el pago del servicio del Metro. A esto, se podrían unir los encapuchados, los que provocarían daños con lanzamientos de artefactos incendiarios tipo Molotov y daños estructurales al servicio de transporte público, ya sea estación de metro o paraderos de la RED, estas acciones de mayor violencia se desarrollarían, principalmente en los sectores externos de la estación, no descartándose el ataque a buses», se describe en el informe.
Además –agrega– «se proyecta que organizaciones de distintos sectores de la izquierda y anarquistas, convoquen a nuevas manifestaciones y llamados a evasiones masivas contra el alza del transporte público, como la del 14 de octubre. Puntos conflictivos son las estaciones de Metro, especialmente, las ubicadas en el sector céntrico, y el frontis del Ministerio de Transporte. Estas manifestaciones podrían terminar con incidentes de gravedad, con una alta probabilidad de ataques a buses de la RED. Este llamado a Sabotaje y Evasión, se suman los llamados de solidaridad realizados durante la semana anterior, desde los sectores anarquistas, y el llamado por un noviembre negro en conmemoración de Kevin Garrido, elevando la alerta por eventuales ataques incendiarios/explosivos de grupos anarco insurreccionales, especialmente a buses RED y paraderos».
El informe concluye con la siguiente advertencia: «De la misma manera, aunque menos probable, no se descarta instalación de artefactos explosivos (…) fuera en o en las cercanías del Metro, principalmente en horario punta. En este contexto se sugiere elevar las medidas de seguridad y control en los puntos de mayor riesgo, ya mencionados».
Seis días más tarde, un nuevo informe con fecha 14 de octubre –enviado a las mismas instituciones– detalla cerca de una decena de estaciones de Metro que podrían serían gravemente vandalizadas. La mayoría de ellas se quemaron.
El batallón de 600 venezolanos
Ya con el país prácticamente en llamas y el Presidente Piñera desde La Moneda exigiendo información que diera claridad «a la ceguera» en que se encontraba, el 20 de octubre se llevó a cabo una reunión en dependencias del Ejército, a la que asistieron el Primer Mandatario; el ahora exministro de Defensa Alberto Espina; Javier Iturriaga, el jefe militar a cargo de la seguridad de la RM tras la instauración del Estado de Emergencia; y el director de la DINE (Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército), general Guillermo Paiva, el mismo oficial que en 2018 se vio envuelto en la polémica Operación Topógrafo, donde se realizaron escuchas telefónicas a miembros de la institución y al periodista Mauricio Weibel.
En esa reunión, Espina y el general Paiva presentan a Piñera el informe de inteligencia de la DINE. El mensaje era impactante. El Ejército había tomado conocimiento de que las inteligencias venezolana y cubana habían estado gestando una «ofensiva insurreccional para Chile».
Sin dar detalles sobre cómo esta «intervención extranjera» había logrado permear la inteligencia nacional sin que las Fuerzas Armadas lograran advertirlo, el general Paiva puntualizó en el informe, acerca del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que sería una célula del G2 (Servicio de Inteligencia cubano), lo siguiente: «Contarían para sus operaciones al interior de Chile con un batallón de 600 agentes clandestinos, expertos en guerrilla urbana, quienes ingresaron a Chile como refugiados, muchos de ellos formados en escuelas subversivas cubanas como Punto Cero».
Según el Ejército, «Pedro Carvajalino, de la organización chavista gubernamental Zurda Konducta, sería uno de los comandantes del SEBIN/G2 a cargo de la ofensiva insurreccional para Chile.
Con esa información, de la cual Espina no ocultaba su orgullo, Piñera dio la conferencia de prensa –a estas alturas histórica– en que habló de guerra.
Lo que no se dijo en esa oportunidad es que la organización chavista Zurda Konducta, en realidad es un programa de televisión que conduce Pedro Carvajalino, un youtuber y tuitero fanático del Gobierno de Nicolás Maduro, que utiliza sus redes como un mecanismo de agitación política. Una de las pruebas de su participación en Chile, que consigna el informe, es una fotografía que el mismo Carvajalino subió a sus redes sociales, en un evidente Photoshop en que se ve al tuitero con La Moneda de fondo.
*El Plan Zeta fue un supuesto plan del Gobierno de Salvador Allende, para llevar a cabo un autogolpe con el fin de imponer a la fuerza un Gobierno marxista. La supuesta existencia de este plan fue divulgada por los militares que perpetraron el Golpe de Estado de 1973 para justificar la violencia.
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