Chile caco: Entrevista a ex funcionario de Impuestos Internos que destapó casos Penta y SQM.

Cristián Vargas: «esta clase política institucional actuó prácticamente en forma unánime para protegerse.»

por resumen.cl.

Cristián Vargas se desempeñaba como subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, SII, cuando le tocó denunciar los casos Penta y SQM, dos de los hechos de corrupción y fraude al fisco más grandes de los últimos años. En conversación con RESUMEN nos comenta las presiones que recibió, los intentos del gobierno de Bachelet por ocultarlo y cómo la clase política completa se unió como un bloque único para defenderse.

A inicios de octubre, pocos días antes de conmemorarse un año del inicio de Estallido Social, la Corte Suprema rebaja la multa por Caso Cascadas a Julio Ponce Lerou, exyerno del dictador Agusto Pinochet, de 62 millones de dólares a sólo 3,3 millones.  En esta misma línea, el pasado 28 de octubre, apenas tres días después del rotundo resultado del plebiscito, el Servicio de Impuestos Internos (SII) otorga un nuevo «Perdonazo» que rebajó en 1.400 millones de pesos los impuestos a Penta, atribuyendo el pago a abogados que defendieron a la empresa por delitos de fraude al fisco, como parte de los gastos a la renta. Entre tanto Rodrigo Peñailillo, denunciado por la presión de La Moneda al SII, retorna a Chile y la prensa informa que será candidato a diputado.

Este actuar insolente, tanto de la Corte Suprema, como del SII y Rodrigo Peñaillo, son sin duda una muy mala señal, porque de alguna forma nos viene a desnudar que la desigualdad y la impunidad del poder económico en nuestro país se mantiene intacta a pesar del despertar social. Por este motivo RESUMEN se dio la tarea de entrevistar Cristián Vargas Méndez, abogado coronelino titulado en la Universidad de Concepción, máster en derecho económico de la Universidad de Chile, académico en cursos de legislación tributaria y derecho económico, miembro del Instituto Chileno de Derecho Tributario, quien fuera subdirector jurídico del SII y a quien le tocó la responsabilidad, a pesar de todas las presiones políticas, denunciar y llevar a juicio al grupo Penta y a SQM.

¿Cuál es su evaluación del reciente fallo de la Suprema con respecto al Caso Cascada, que reduce considerablemente la multa a SQM?

Recordemos que en 2014 se acusó al dueño de esa empresa de una serie de infracciones a las leyes de valores y sociedades anónimas, acciones fraudulentas por las que obtuvo utilidades por 128 millones de dólares. Recientemente, en fallo dividido la Corte Suprema determinó reducir la sanción económica, la multa, de 62 millones de dólares, que se había impuesto inicialmente, a menos de 3 millones.

Si el fraude acarrea solamente una multa equivalente al 2,3% de las utilidades que se logró con el hecho ilícito, entonces la señal que se da es que cometer fraudes es «buen negocio». Es dar un cheque en blanco a los que cometen delitos económicos. Esto no es justicia, es impunidad. Para que haya justicia, los delitos económicos como estos, los denominados «delitos de cuello y corbata», deben ser castigados con penas acordes a su gravedad, algo que no existe en el país.

Esto se contrapone con la severidad de las penas que se imponen a la gente pobre o sin poder económico. Recordemos la muerte del joven Bastián Arriagada en el incendio de la cárcel de San Miguel el 2010, quien estaba preso por vender CDs falsificados, en contraste con quienes cometen graves delitos económicos que no reciben penas de prisión, sino sólo multas burlescas.

La multa en el Caso Cascadas es una expresión más de lo que Milton Juica, exPresidente de la Corte Suprema, declaraba hace dos años, cuando dijo que «Hay una sensación bien fundada de que hay dos justicias, justicia blanda para quienes tienen recursos y una dura para los que no». La sospecha bien fundada a que alude Juica, deja de ser sospecha para comprobarse como una realidad con la sanción impuesta en este caso.

¿Cómo evalúa la última decisión del SII, con respecto al Grupo Penta?

La última decisión de Impuestos Internos con respecto al Grupo Penta es una aberración ética y legal. Implicó rebajar de sus ingresos afectos a impuestos la cantidad de 1400 millones de pesos por gastos en asesoría legal en juicios por delitos tributarios. Es decir, cometieron delito y el SII les autoriza a disminuir impuestos por lo gastado en la defensa por el delito cometido. Se les permite aprovecharse de su propio dolo. Insólito.

Esta decisión del SII es una afrenta publica a los chilenos, una abierta violación de las leyes, la consagración de un privilegio ilegítimo, una discriminación arbitraria en favor de esa empresa y sus propietarios.

Estas actuaciones muestran que en Chile no hay verdaderamente igualdad ante la ley, que no se cumplen lo que dicen las leyes cuando se trata de personas y grupos de poder.

El actual ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ha tratado de normalizar lo ocurrido estos días con Penta y SQM ¿cuál es su visión referente a estas declaraciones?

La normalización que se trata de hacer es una estrategia para encubrir situaciones aberrantes, vergonzosas, que dejan al descubierto la realidad de un país y de instituciones manipuladas por intereses de grupos privilegiados. Se interpreta y aplica la ley con miras a favorecer a ciertas personas y grupos. Pero no se puede tapar el sol con un dedo.

Estos casos demuestran claramente cómo ciertas autoridades tienen una praxis que niega, en los hechos, los principios de igualdad ante la ley y de que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados. Esos principios no pasan de ser declaraciones que pueden hacerse solemnemente y establecerse en la Constitución y las leyes, pero que en la realidad del ejercicio del poder no se respetan.

Qué piensa con respecto a la decisión de la Cámara de Diputadas y Diputados de investigar la última actuación del SII respecto a Penta, pero en condición de reservado, para que no sea conocido por la opinión pública.

La opacidad en estos casos exacerba la sospecha de que se trata de ocultar situaciones irregulares, como ya ocurrió en el pasado cercano respecto del financiamiento ilegal de la política. En esa situación, los partidos políticos institucionales, beneficiados con dineros obtenidos de esos procedimientos, optaron por autoprotegerse y actuar como un grupo que trata de defender sus intereses descaradamente. Ahora, la Comisión de Hacienda de la cámara tiene la posibilidad de reivindicarse e investigar a fondo estos graves hechos y de cara a los ciudadanos.

Hay personajes relevantes en aquellos años en el ocultamiento de las investigaciones y detener los juicios de la llamada financiación irregular de la política que hoy vuelven a aparecer en escena pública como Rodrigo Peñailillo y Samuel Donoso, nos podría refrescar el papel que ellos jugaron

Pongamos en contexto la situación. El financiamiento ilícito de la política que quedó al descubierto en los años 2014 y 2015, es el caso de corrupción político-empresarial más importante de las últimas décadas. La comisión de eventuales delitos llegaba hasta La Moneda, pasando por el Congreso y los partidos políticos. Por eso es que, desde el Ministerio del Interior del gobierno de turno, mediante maniobras ilegítimas se trató de detener las investigaciones que realizaba la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos, sobre todo cuando éstas amenazaban con «destapar la olla» de la empresa SQM, al parecer una verdadera «caja de Pandora» para políticos y autoridades. No escatimaron esfuerzo en intentar mantener el velo que cubría esa oscura realidad: presiones y amenazas a quienes estábamos porque se investigaran a todos por igual, órdenes de terminar las investigaciones en el SII, estrategias ilegales de entorpecer las investigaciones del Ministerio Público por los delitos cometidos. En esto, Peñailillo, exministro del Interior, tuvo un papel central. El otro nombre que señalas fue un asesor de esa exautoridad pública. La distinción entre el interés público y el privado era totalmente confuso en ellos. El interés de SQM y del ministro parecía ser uno solo, lo que quedó demostrado en forma grotesca cuándo el asesor de Peñailillo luego se reveló como abogado de SQM.

Podría resumir en forma pedagógica a nuestros lectores en qué consistió el mecanismo del FUT y los delitos tributarios y de financiación ilegal de la política

Políticos inescrupulosos iban a pedir dinero a grandes empresarios, quienes les daban el dinero encubriendo esas donaciones como supuestas asesorías. Para disfrazar las donaciones recibidas, los políticos se conseguían boletas de honorarios que entregaban a sus financistas para que éstos las usaran como gastos de la empresa y de esa forma disminuyeran los impuestos a la renta que debían pagar. En eso consistían los delitos tributarios que cometían.

Nada sofisticado en realidad. Ni siquiera incurrían en complejas fórmulas de evasión, sino que lo hacían a través de descontar gastos con boletas por falsos servicios de secretarias, juniors y políticos. Sabían que contaban con un manto de protección.

¿Cómo operó el sistema político y judicial en Chile para bloquear estas investigaciones?

En el año 2015 Impuestos Internos fue descabezado por el gobierno de turno, en represalia por haber presentado querellas en los casos Penta y SQM en contra de quienes resultaran responsables. Una flagrante intervención política del SII orquestada por Peñailillo y Enrique Correa.

A continuación, lo que vino fue la implementación de una estrategia de impunidad para los casos de delitos tributarios relacionados con el financiamiento ilícito de la política. Se echó a andar una máquina para tapar las situaciones irregulares, nombrándose en el SII a un director funcional a esa estrategia.

La intervención alcanzó también a la Fiscalía, poniendo a un Fiscal Nacional afín a la estrategia de impunidad, y quitándoles los casos que alcanzaron a iniciarse a los fiscales que tenían voluntad de investigar.

Se impuso un «perdonazo» general para los que cometieron esos hechos tan graves. Una autoamnistía de hecho.

Luego de su salida del SII, se terminaron las querellas de dicho organismo en contra de las grandes empresas ¿qué cosas no pudimos conocer los chilenos y chilenas, tras ese gran manto de impunidad?

El propio Patricio Contesse, el exgerente general de SQM, declaró en la Fiscalía que no sólo esta empresa efectuó aportes a la política de esa forma, sino que muchas otras, a lo menos, 45 otras empresas estaban en la misma situación. Eso da una pista de lo que ocurría.

Lo que se impidió conocer abiertamente a los ciudadanos es una situación de profunda corrupción de la actividad política institucional, de una red intereses económicos y grupos de poder que capturaron el Estado para su provecho.

Una alta autoridad del gobierno de la época me dijo que el 80% del Congreso había obtenido financiamiento ilícito como el que se investigaba. Ésa es la razón por la que esta clase política institucional actuó prácticamente en forma unánime para protegerse.

Pero lo importante de toda esta situación, lo que permite una proyección más allá de los hechos ocurridos, es que se develó la realidad, se levantó el velo de lo que verdaderamente pasaba, dejando al descubierto la corrupción imperante, la desigualdad ante la ley, la captura del Estado por grupos de interés, todo lo que contradice la existencia de una república democrática. Se comprobó ante los ojos de vastos sectores de la población algo que podía intuirse o elucubrarse. Para la gente, para muchos ciudadanos, quedó claro que el Estado que tenemos no garantiza que a todos se les mida por igual, que hay dos medidas y dos justicias; Una para las personas con poder y otra para los demás, para quienes no tienen poder, la enorme mayoría de la población. La conciencia de esta realidad posibilita cambiarla. Y es la posibilidad que hoy tiene el pueblo de Chile.

¿De qué forma el sistema tributario chileno, en términos estructurales, contribuye a la desigualdad social en este país?

El sistema tributario nacional es altamente regresivo y falto de equidad, por varias razones. Primero porque la recaudación de impuestos que hace el Estado recae importantemente en el IVA, impuesto que afecta a las ventas y servicios. El problema es que los trabajadores y las personas más pobres de nuestro país, gastan una alta proporción de sus ingresos en comida y otros bienes básicos de subsistencia, todos los cuales tienen ese impuesto incorporado en el precio. Cuando una persona compra un kilo de pan, paga IVA. Pero lo que representa ese pago de impuesto en los ingresos de un trabajador o de una persona pobre es muy diferente de lo que representa en las personas de más altos ingresos. Para la mayoría de la población el pago de IVA por la compra de alimentos y bienes de primera necesidad, representa una alta proporción de sus ingresos.

Por otra parte, hay una serie de exenciones, de liberaciones de impuestos que favorecen a los sectores con más recursos económicos de la población, incluso de quienes concentran la riqueza en el país. Es el caso de la franquicia que tiene la venta de acciones de sociedades anónimas en la bolsa, cuya ganancia puede quedar legalmente sin impuestos.

La situación actual del país impone la necesidad de construir un sistema tributario que efectivamente permita reducir la enorme desigualdad social existente, posibilitando el financiamiento de bienes públicos como educación y salud de calidad para todos.