Carabinero queda en prisión preventiva por transportar ganado robado en un camión clonado.
Durante este jueves se llevó a cabo la audiencia de formalización contra Álvaro Flores, funcionario activo de Carabineros que fue detenido y acusado de transportar ganado robado, en un camión con patente clonada, desde un predio en la comuna de San José de la Mariquina.
El sujeto, junto a otro hombre, fue detenido este miércoles, luego de la acusación hecha por el dueño de la hacienda, desde donde se sustrajo un vacuno avaluado en casi medio millón de pesos, en Mehuín y en junio pasado.
La denuncia hizo comenzar una investigación de la Unidad del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Los Ríos, determinando que Flores compró el bovino de manera irregular.
Luego, lo transportó en un camión que incluso fue fiscalizado por otros funcionarios de Carabineros, sin encontrar irregularidades.
“Ambos imputados, se logró corroborar a lo largo de la investigación, que mantuvieron y poseyeron en ese periodo un animal, específicamente un bovino que había sido previamente sustraído días antes desde una parcela del sector”, declaró el fiscal Álex Montesinos, según consignó Biobío.
El otro hombre quedó con medida cautelar de arresto domiciliario, mientras que el funcionario policial con prisión preventiva, debido a que habría abusado de su puesto como carabinero de una de las unidades policiales de la comuna de San José de la Mariquina, para cometer este delito denominado como abigeato.
General director de Carabineros pide que funcionarios con medidas cautelares conserven su sueldo.
«Pareciera que cada vez que los carabineros han tenido que intervenir en el ejercicio de sus funciones, estos terminan siendo imputados», dijo el general Ricardo Yáñez este miércoles en la Comisión de Seguridad del Senado, donde se tramita un proyecto del Ejecutivo para aumentar sanciones contra quienes agredan a personal de la policía, Gendarmería o Fuerzas Armadas.
Este miércoles la Comisión de Seguridad del Senado invitó al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para que expusiera respecto al proyecto de ley del gobierno que pretende «resguardar» las actuaciones de la policía, Gendarmería y las Fuerzas Armadas (FF.AA.), y que se tramita con «discusión inmediata» en la Cámara Alta del Congreso.
En este contexto, y según rescata La Tercera, el timonel asumido hace menos de un mes – en reemplazo de Mario Rozas – estableció su perspectiva de la necesidad de que se apruebe esta iniciativa, lo que significaría un aumento de las sanciones para quienes agredan a funcionarios de las instituciones antes mencionadas.
Sin embargo, Yáñez también se refirió a los funcionarios que se encuentran imputados judicialmente debido a su actuar en las manifestaciones, por delitos de diversa gravedad, argumentando que las familias de estas personas dejan de percibir una parte de sus ingresos cuando los uniformados cumplen con medidas cautelares, como la prisión preventiva o arresto domiciliario.
«Lo que necesitamos hoy día son normas legales que apoyen claramente la labor del personal de Carabineros o de la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, de tal forma que cuando sean atacados, lesionados gravemente o agredidos y deban usar los medios que el estado les ha proporcionado para poder cumplir con su función, tanto para la defensa propia, de un tercero o del restablecimiento del orden público, no terminen siendo imputados como autores de delitos o como un peligro para la sociedad que juraron defender con sus vidas», dijo el general director.
«La verdad es que en el último tiempo, y por eso es tan pertinente que se legisle al respecto, pareciera que cada vez que los carabineros han tenido que intervenir en el ejercicio de sus funciones, estos terminan siendo imputados, formalizados, y muchos de ellos terminan con cautelares», dijo Yáñez.
«Solamente señalar que cuando les imponen la medida de arresto domiciliario a un carabinero, el carabinero pierde su sueldo, queda sin percibir sus remuneraciones y su grupo familiar queda absolutamente desprovisto del sustento que tiene que entregar. Es tan necesario que se legisle al respecto, que esto va a permitir que los carabineros puedan ejercer de mejor forma su trabajo”, concluyó el timonel de la policía.
Por último, y sobre los carabineros que sufren lesiones cuando están en labores de orden público, el general manifestó que «cuando un funcionario resulta lesionado con alguna invalidez para volver a trabajar, efectivamente se abre una pensión de invalidez, pero muchas veces resulta insuficiente para los costos que están asociados a enfermedad o secuelas».
«Nosotros creemos que de alguna forma el Estado debiera hacerse cargo de estos casos que son excepcionales, donde esta persona debiera quedar cubierta para su tratamiento de por vida», terminó Ricardo Yáñez.
Y la guinda de la torta:
«Las cifras no cuadran»: Parlamentarios cuestionan Gratificaciones de Riesgo y ofician a Carabineros para que dé explicaciones.
Este miércoles Diario y Radio Universidad de Chile pudo constatar que sólo por concepto de “Gratificación Especial de Riesgo”, Carabineros de Chile ha desembolsado más de $12.500 millones entre enero y noviembre de este año; pero además, que este beneficio se entregó a casi 9 mil funcionarios más funcionarios que los autorizados por el Ministerio del Interior.
La noticia generó reacciones en el mundo político y sobre todo en la oposición. La diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, calificó la situación como “impresentable”. “Estamos en un momento en que los trabajadores de la salud han pedido, usando todas las formas, el poder tener un bono de gratificación por todo lo que ha significado la pandemia para ellos; y es impresentable que tengamos casi un premio para los carabineros cuando están cuestionados por las violaciones a los derechos humanos“, señaló la parlamentaria.
Cabe recordar que el Decreto N°264 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprobó el gasto por parte de la Dirección General de Carabineros para el pago de esta Gratificación Especial de Riesgo, autorizó este beneficio solo “para un total de 16.295 carabineros”. Sin embargo, según los antecedentes entregados por la propia institución, sólo en el mes de enero fueron casi 25 mil los funcionarios de Carabineros que recibieron el beneficio, es decir, 9 mil efectivos más de lo autorizado.
Ante esto, el diputado PS Leonardo Soto, planteó que podríamos estar frente a un nuevo caso de abusos e irregularidades en el manejo de los recursos públicos por parte de la institución de Orden y Seguridad. “El Alto Mando de Carabineros tiene que dar una gran explicación de por qué el número total de funcionarios beneficiados que informó a través de la Ley de Transparencia es superior al que autorizan los decretos que los otorgan. Las cifras no cuadran, por tanto puede tratarse de un caso más de abusos con recursos públicos”, indicó el parlamentario socialista.
El diputado Soto ya había iniciado las primeras acciones de fiscalización en torno a este tema con un oficio al Ministerio del Interior para conocer los alcances de la medida. No obstante, hasta hoy aquel oficio no ha tenido respuesta. Pese a ser consultados por nuestro medio, hasta el cierre de esta edición el Ministerio del Interior no se había referido al tema, y tampoco lo ha hecho la Dirección General de Carabineros.
Sin embargo, el tema no quedará aquí, ya que algunos parlamentarios ya han emitido oficios luego de conocer las cifras que publicó Radio Universidad de Chile, como es el caso del diputado RD Jorge Brito. El parlamentario frenteamplista anunció que enviará un oficio a Carabineros para que además entregue información respecto de si se entregaron Gratificaciones Especiales de Riesgo a funcionarios de la institución que hayan estado procesados por violaciones a los derechos humanos.
“Queremos que nos informen cuántos de esos $13.300 millones que van en Gratificaciones de Riesgo para funcionarios policiales pueden haber terminado en personas como Claudio Crespo, hoy día imputado por los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica, o en alguno de los otros procesados por violaciones a los derechos humanos”, explicó Brito.
“Tenemos que tener la certeza de que no existirán Gratificaciones de Riesgo en medio de la pandemia para el personal policial que ha participado en abusos y violaciones a los derechos humanos”, concluyó el diputado RD.
Por su parte, el diputado de Unir, Marcelo Díaz, aseguró que estos antecedentes son de tal gravedad que deben ser profundamente investigados, cosa de dejar en claro que no hayan existido irregularidades dentro del proceso de pago de gratificaciones. En ese sentido, hizo un llamado a que el tema se trate con total transparencia por parte de la institución uniformada. “Evidentemente va a tener que haber una intervención de la Contraloría, porque ya Carabineros nos tiene acostumbrados y en materia de manejo de los recursos financieros dejan mucho que desear. Espero que haya la mayor investigación posible y la máxima transparencia, para esclarecer completamente estas eventuales irregularidades”, sostuvo.
Fuente: https://radio.uchile.cl/2020/12/10/las-cifras-no-cuadran-parlamentarios-cuestionan-gratificaciones-de-riesgo-y-ofician-a-carabineros-para-que-de-explicaciones/
Descubre más desde Correo de los Trabajadores
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Be the first to comment