Ex fiscal Ricardo Traipe: “El Estado está financiando el negocio de las forestales a través de Carabineros”.
por Tomás González F./DiarioUchile.
El ex fiscal adjunto de Collipulli enfatizó en la responsabilidad que le cabe a estas empresas en la agudización del conflicto en La Araucanía. «Las forestales financian a más de alguna autoridad política y después estas autoridades incluso llaman a los fiscales directamente para pedirles medidas de protección», relató.
En los últimos días, y al mismo tiempo que la situación en La Araucanía recrudece, se ha hecho pública una serie de denuncias que apunta a que funcionarios de Carabineros de Chile estarían involucrados en hechos de corrupción, que van desde la venta de seguridad privada hasta chantajes, auto-atentados y robo de madera.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el ex fiscal adjunto del Ministerio Público en la ciudad de Collipulli, Ricardo Traipe, quien abandonó la institución tras denunciar “presiones indebidas para intensificar injustificadamente la persecución penal a sujetos de la etnia mapuche“, abordó la situación en la región, pero también las denuncias que se han realizado en los últimos días y que apuntarían a una serie de irregularidades cometidas por parte de Carabineros en La Araucanía.
“Esto no requiere una solución jurídica, es una solución política. La ineficacia política es la que ha llevado a que esto ocurra y se mantenga, porque viene desde hace muchos años. Tiene también que ver con la deficiencia en el trabajo de las policías y en la inteligencia, que creo que es uno de los elementos más relevantes para los efectos de las víctimas. Obviamente que mientras no haya una decisión política, quienes están sufriendo las consecuencias son las víctimas que han sido afectadas por hechos de distinta naturaleza. Creo que por ahí va el tema”, sostuvo el abogado y exfiscal.
Se le ha criticado mucho al sistema de justicia penal que, a pesar de las muertes de un carabinero, de un PDI y de civiles -mapuche y no mapuche- no hay responsables. ¿A qué cree que responde esa situación?
“Claramente es muy bajo el esclarecimiento de hechos de este tipo. Esto ha sido siempre así. Son muy pocas aquellas en las que se logra detener y aquellas que se logran esclarecer, han ocurrido a través de formas poco legales, como pasó en el Caso Huracán. Entonces hay una deficiencia en el trabajo de las policías, no cabe duda, especialmente en la prevención.
Creo que en términos de inteligencia las policías no han trabajado bien y ese también es un tema, porque obviamente que la solución de fondo tiene que ver con una decisión política, pero si estamos enfrentando los atentados y queremos sancionarlos, que es lo que esperan las víctimas, tiene que hacerse a través de una policía que sea eficiente y que además sea profesional”.
¿Hoy las policías no son lo suficientemente eficientes y profesionales?
“Un gran problema que yo vislumbraba era que se buscaba la solución a través de pruebas no muy legales. Muchas veces las policías se apresuran en tomar decisiones o en incorporar pruebas que a veces no son muy correctas, y ahí es donde creo que tienen que ver mucho los fiscales, en el sentido de poder dirigir a las policías, porque todo esto que ocurrió en el Caso Huracán es porque en realidad se venía haciendo desde antes.
Yo en algún momento salí de la Fiscalía y fue porque en Carabineros pensaban que yo atornillaba para el revés. Ellos pensaban que los fiscales tienen que andar en la misma de ellos y en algún momento se produce este divorcio a raíz del Caso Huracán, en donde se supo todo lo que se había hecho, y obviamente que la Fiscalía se distanció de todas las formas que emplearon los carabineros. Pero a mi juicio esto viene de antes, donde la ineficiencia tratan de taparla a través de diligencias poco profesionales de parte de las policías”.
Ya que menciona el Caso Huracán, hace algunos días conocimos las denuncias del excapitán de Carabineros, Miguel Toledo, quien acusaba una red de corrupción para el robo de madera en la que estaba involucrada la institución. El diputado Saffirio dijo este miércoles que contaba con información que daba cuenta de venta de seguridad para faenas forestales. ¿Usted ha visto este tipo de situaciones? ¿Hay antecedentes?
“Yo no puedo dar cuenta de los últimos 6 años en que no he estado en la Fiscalía. Pero yo tuve las investigaciones más importantes de incautaciones de madera en la zona. En esa oportunidad yo no podría decir que estuvieran vinculados, nunca me apareció un carabinero vinculado en estas investigaciones. Pero sí había redes bastante amplias que intervenían en el robo de madera y que muchos lo atribuían a una forma de financiamiento de este tipo de actividades.
Ahora, sí en algún momento, e incluso se hicieron investigaciones, que los vinculaban también a otra forma de financiamiento a través de delitos, que eran los robos de animales. Así como en la madera, los robos de animales también fueron atribuidos a ciertas comunidades con el fin de financiar este tipo de atentados o cosas así. Ahí sí me consta que existieron investigaciones en contra de funcionarios de Carabineros, en Ercilla en particular, que participaban con gente de las comunidades para reducir la causa. Ahí se robaba mucho a los parceleros y se hicieron investigaciones donde aparecían inculpadas personas de Carabineros”.
¿Cuál es su análisis respecto de la respuesta que llega de parte del Gobierno?
“Creo que para una solución de fondo tienen que estar todos los actores presentes. Yo tuve la oportunidad, como fiscal, de sentarme con parceleros, con gente de las forestales y con mapuche, y la verdad es que todos tienen algo que decir sobre esto.
Entonces, para que pueda haber un acuerdo nacional, tienen que estar todos. El hecho de traer policías creo que no ayuda, porque en el fondo puede quizás, en teoría, solucionar el problema inmediato, pero no el problema de fondo. Y creo que si no se toma una decisión pronta por parte de la autoridad política, eso puede devenir en actos más violentos y en que las personas que han sido afectadas puedan tomar las armas, crear autodefensas.
Esto yo lo he escuchado mucho de los parceleros, de personas afectadas, y dicen ‘yo me tengo que armar’. Entonces la gente está buscando armarse y podríamos llegar, como en otros países, a que se creen autodefensas, lo cual llevaría esto a un lugar del que difícilmente podremos retornar. Así que yo creo que estas decisiones tienen que tomarse prontamente”.
Para usted, ¿qué responsabilidad le cabe en este conflicto a los agricultores, las empresas forestales o los grupos de ultraderecha de la zona?
“A ver, yo pienso que acá no se le ha dado toda la importancia a la responsabilidad que tienen las forestales. Las forestales tienen tomadas hectáreas y hectáreas de terrenos que ancestralmente son indígenas. Explotan árboles como el eucalipto y no solamente están ubicadas en terrenos que son ancestrales, sino que además causan un enorme daño a las comunidades que circundan estos predios. Entonces, la verdad es que las forestales le ocasionan mucho daño al entorno y creo que podría partirse por eso.
Como fiscal tuve que investigar delitos que afectaban a forestales y tuve que conocer desde adentro lo que es que tengan plantaciones tan grandes ¿Usted sabe cuánto consume un árbol de 13 o 15 años? Son litros, litros y litros de agua que hacen mucho daño al entorno. Son hectáreas que un guardabosques apenas puede recorrer en un día, son muchos terrenos y sin informes de impacto ambiental.
Y por eso que las comunidades dicen, claro, ‘nos roban madera y están en nuestros terrenos ancestrales, nos hacen daño y tenemos que recibir alguna compensación’. Las forestales tienen terrenos enormes que explotan y dicen que es un negocio, pero es un negocio que ocasiona mucho daño”.
¿A qué cree que responde la impunidad en la que operan las grandes empresas forestales?
“Obviamente que hay un tema económico ahí. Hay autoridades políticas que se hacen amigos y se financian a través de las forestales, y llevan a que obviamente sean protegidas. Nadie les pone exigencias para poder explotar este negocio o que de alguna forma compensen el daño que provocan a las comunidades. Entonces ahí hay un punto, los parceleros creo que tienen mayor voluntad, pero también tienen que ser compensados, porque si van a recuperar esa tierra ellos también tienen que ser compensados. A ellos en algún momento los dejaron en ese lugar y tampoco pueden regalar sus terrenos”.
Sobre la relación entre Carabineros y las empresas forestales, se ha denunciado que existe venta de seguridad para ciertas faenas forestales y predios…
“Tradicionalmente siempre se ha hecho, y ahí también hay un tema que no se ha analizado mucho. En la práctica, el Estado está financiando a las forestales, porque las forestales dicen ‘nosotros tenemos predios en zonas complicadas’ y piden medidas de protección en donde tienen a Carabineros las 24 horas del día, en ciertos períodos del año, cuidando las plantaciones de árboles. Eso es un costo del Estado para que ellos exploten su negocio. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Ellos saben que es parte del costo que a veces se les vaya algo de madera, pero como están financiados por el Estado a través de Carabineros, que les ayuda a sacar su madera.
A mi me han llamado parlamentarios, autoridades en algún momento para pedirme medidas de protección, en conductos que son poco regulares. Entonces todo esto es un círculo vicioso, las empresas forestales financian a más de alguna autoridad política y después estas autoridades incluso llaman a los fiscales directamente para pedirles medidas de protección. Ahora, si bien son restringidas en el último tiempo este tipo de medidas de protección, en la práctica esto sigue ocurriendo”.
¿De qué manera el Estado estaría financiando el negocio de las forestales?
“El Estado, a través de Carabineros, le da protección a la explotación de su negocio. Es decir, ellos tienen un área a explotar y piden a Carabineros que les tengan carabineros 24 horas para que les cuiden la producción. Entonces ahí el Estado está aportando recursos para que ellos puedan explotar su negocio. Esa es la realidad. O sea, lo hacen indirectamente, obvio, pero hay un costo del Estado para que ellos exploten su negocio. Y eso no se considera.
Yo creo que las forestales generan harto problema. Por eso es que el tema del robo de madera se ve como algo súper malo, pero resulta que no se ve cuán mala es la explotación forestal, qué daño causa, cuánto perjuicio, cuántas utilidades, y ahí hay un tema económico obviamente”.
¿Cree usted que la demanda por la devolución de las tierras pasa en gran parte por las forestales?
“Claro. Es que si tú vas a las forestales que están en Ercilla, son predios enormes, gigantes, los que explotan. Por eso le digo, usted supiera cuántos litros de agua consume en 12 años un árbol, y tienen miles y miles de árboles. De hecho, la gente en algunos lugares no tiene agua. Y todas estas forestales están rodeadas de comunidades. Hay que mirar más atrás y yo creo que si se hace una investigación profunda de cómo llegaron esos predios a las forestales, se puede ver también eso”.
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