Vínculos entre carabineros, narcos y delincuentes. Son una mafia: ¡Disolución ahora! [+audios].

Al menos 40 carabineros fueron investigados en dos años (entre 2014 y 2016) por la propia policía uniformada por sus nexos con narcotraficantes y bandas de asaltantes. CIPER tuvo acceso a documentos de esas indagatorias internas, en los que consta evidencia de esos vínculos, las que incluyen audios de llamadas telefónicas interceptadas. El número de funcionarios involucrados puede ser mayor, pues los documentos revisados por CIPER corresponden solo a ocho casos investigados en la Región Metropolitana (y no necesariamente son todos los indagados en la zona durante esos dos años). La cifra es preocupante, pues en toda la década (2010-2020) la información que circuló públicamente y que fue registrada por la prensa contabilizó 66 carabineros a nivel nacional (agrupados en 21 casos) investigados por esta causa.

CIPER pidió a Carabineros, Fiscalía y Ministerio del Interior, las cifras actualizadas de los casos que constan en los registros de estas instituciones, a objeto de analizar la evolución de la penetración del narco en la policía uniformada en los últimos años y la eficacia de las medidas de prevención, investigación y sanción. Carabineros y Fiscalía indicaron que la información debía ser pedida vía Ley de Transparencia. Dichas solicitudes fueron hechas y aún están dentro de los plazos legales para ser respondidas.

En todo caso, hay antecedentes que indican que Carabineros ya respondió una solicitud hecha por Transparencia en la que confirmó que no posee esa información. A fines de 2020, el Monitor de Seguridad, un proyecto de la Fundación Chile 21, solicitó a Carabineros “el número de causas, procesos o sumarios abiertos por motivo de funcionarios activos vinculados a redes de narcotráfico, clasificados por región, género, edad grado, unidad de origen y motivo del sumario”, entre 2005 y 2020. Carabineros contestó que no tenía esos datos: “El Sistema de Registro y Control de Sumarios (…) no cuenta con ese nivel de detalle para realizar una búsqueda” (vea aquí esa respuesta).

En el caso del Ministerio del Interior, desde su área de atención a la prensa no contestaron la solicitud sobre estadísticas oficiales realizada por CIPER y remitieron a Carabineros. CIPER pidió una entrevista con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para consultar por estos datos, la progresión del fenómeno y la eficacia de las políticas de prevención, investigación y sanción, pero su departamento de comunicaciones dijo que no sería posible por falta de tiempo en su agenda.

Si Carabineros –tal como quedó expuesto en su respuesta al Monitor de Seguridad– y el Ministerio del Interior no tienen sistematizadas las estadísticas sobre las investigaciones de nexos entre policías y narcotraficantes, constituiría un vacío grave en los insumos para elaborar políticas preventivas y eficaces.

Policías investigados que siguen activos

La revisión hecha por CIPER a partir de los documentos internos de Carabineros, permitió establecer que al menos cuatro carabineros investigados entre 2014 y 2016 por sus nexos con narcos (y en un caso por vínculos con una banda de asaltantes) continúan en la institución, pese a los antecedentes que los relacionaron, en distintos grados de compromiso, con tráfico de drogas y robos. A ellos se suma un quinto policía que permaneció en servicio hasta que se retiró, sobre quien también se acumuló evidencia que lo ubicó en el corazón de una red de protección que benefició a una de las agrupaciones delictivas más conocidas del norte de Santiago.

CIPER detectó estos hechos tras acceder a documentos reservados de Carabineros, fechados entre 2014 y 2016, en los que se identifican con nombre y apellido a uniformados indagados por el Departamento de Asuntos Internos (DAI) de la institución, debido a presuntos vínculos con bandas narco o asaltantes.

Entre los cinco funcionarios que continuaron activos, tres estuvieron bajo la lupa del DAI por su eventual nexo con “Los Chubis”, una banda de la población Parinacota (Quilicura). En 2014, una mujer que habría pertenecido al grupo identificó a carabineros a los que acusó de prestar protección y vender municiones a “Los Chubis”, todos de la misma comisaría. La denuncia gatilló una investigación interna sobre seis funcionarios. Actualmente, dos de ellos trabajan en otra unidad de Santiago, mientras un tercero, que también fue derivado a otra repartición, se acogió a retiro.

El cuarto carabinero que siguió en ejercicio pese a haber sido investigado internamente, fue acusado de organizar un atraco a una sede de la Caja de Compensación Los Héroes perpetrado en julio de 2015. La alarma se levantó luego de que un uniformado advirtiera ante Asuntos Internos que este oficial le preguntó si quería participar en el ilícito, que cometería con otros funcionarios. Según el denunciante, los carabineros involucrados coordinaron estos hechos con una banda de delincuentes, con quienes tenían permanente comunicación. De hecho, según aportó el delator, ambos grupos ya habían asaltado una empresa de venta de neumáticos.

El quinto y último caso de este tipo detectado por CIPER fue investigado internamente en 2014, cuando Carabineros se percató que una indagación desarrollada por el OS7 y la Fiscalía se centraba en la madre de un policía. Según el documento del DAI, los antecedentes recabados indicaban que el uniformado tenía “conocimiento de las actividades que realiza su madre”, relacionadas con tráfico y almacenamiento de droga. Tal como se recomendó en ese informe, el funcionario fue trasladado al sur del país para que no fuera sorprendido en el hogar de su madre, en caso que el Ministerio Público decidiera allanarlo. El uniformado continúa trabajando en esa destinación.

Consultado por estos hechos, el departamento de Comunicaciones de Carabineros afirmó que no puede referirse a ningún caso específico, ya que corresponden a investigaciones internas desarrolladas bajo la Ley de Inteligencia. Pero si los uniformados continuaron trabajando, dijo la institución, es porque no lograron probar los vínculos por los que fueron indagados. En caso de haber comprobado los nexos, agregó la policía, se habría iniciado una investigación administrativa y judicial.

CIPER consultó a Carabineros por el número de investigaciones internas que han desarrollado desde el 2010 hasta la fecha por este tipo de situaciones y el resultado de ellas. Sin embargo, la institución indicó que dicha información debía ser pedida por Transparencia. CIPER también solicitó una entrevista con Carabineros para conocer la política interna frente a estos casos y los métodos de prevención y fiscalización que aplica para evitarlos. La policía solo entregó una respuesta genérica al requerimiento de CIPER, en la que afirmó que son los delincuentes quienes tratan de asociarse con los miembros de la policía para buscar colaboración:

«En el ejercicio de la función policial, en algunas ocasiones delincuentes intentan vincularse con el personal de Carabineros con el propósito de que estos se aparten de la doctrina institucional, los mandos constantemente refuerzan la ética profesional de los funcionarios y los controles internos que permitan detectar irregularidades, independiente del grado y jerarquía de los uniformados«.

Conseguir la cifra de investigaciones llevadas a cabo por la policía sobre sus propios miembros por posibles vínculos con narcotraficantes, de hecho, fue la principal piedra de tope para esta investigación periodística. Ante la falta de datos, CIPER revisó los antecedentes que se han dado a conocer a través de la prensa, desde el 2010 hasta 2020, por vínculos entre funcionarios policiales y narcotráfico. Ese búsqueda arrojó más de 22 episodios y 66 investigados, y el desglose por año evidencia que cada vez son más recurrentes (vea recuadro). 

Dentro del material revisado para este artículo, hay conversaciones telefónicas entre oficiales de Carabineros con narcotraficantes y también con otros miembros de la institución. CIPER publica estos audios manteniendo bajo reserva nombres de  involucrados y el caso investigado para no perjudicar a personal que también fue indagado, pero que no fue condenado por la justicia. Sin perjuicio de esto, el valor de los diálogos radica en que evidencian el grado de compromiso que puede existir entre funcionarios de Carabineros y narcos para encubrir sus delitos a cambio de “coimas”, evitar sus detenciones y favorecerlos al actuar contra bandas rivales. También queda expuesto cómo los policías se apropian de dinero o droga incautada.

«Los Chubis»: Protección y venta de municiones

En 2014, una ex integrante de “Los Chubis” repartió panfletos en la población Parinacota (Quilicura) denunciando que carabineros de la comuna estaban coludidos con esa banda. “Los Chubis”, son el mismo grupo que apareció en un capítulo del programa de Canal 13 En Su Propia Trampa en 2015. En aquella ocasión fueron retratados como una familia víctima de su banda rival, “Los Barzas”.

Conforme a lo expuesto por la denunciante, los carabineros involucrados acudían al domicilio de la líder y madre de algunos integrantes de la banda. También indicó, según un informe del DAI, que “entregarían información privilegiada con respecto a procedimientos policiales tales como, detenciones, allanamientos, registros y otros”, para que “Los Chubis” no fueran descubiertos. Además, indicó que algunos carabineros le vendían “munición de diferentes calibres” al grupo. Su testimonio incluyó apellidos, sobrenombres y características físicas de los funcionarios. Tras consultar la base de datos interna, la institución identificó a seis de los denunciados.

La investigación del DAI concluyó que existió una relación de “amistad y compromiso” entre seis carabineros de Quilicura y “Los Chubis”:

“Con los datos proporcionados por la ciudadana (…) se podría determinar un tono de amistad en grado y compromiso no determinado de parte de los Funcionarios de Carabineros con algunos de los integrantes de dicho grupo, esto sería con el propósito de obtener algún incentivo económico, hechos que en un tiempo inmediato, tienen que ser comprobados, con la finalidad de evitar algún tipo de amenaza para la Institución”. 

En el documento interno se especifica que tres de los seis reconocidos fueron trasladados a distintas comisarías de Santiago (uno de ellos había sido destinado a otra unidad antes de la denuncia). De este grupo, dos siguen activos.

Robo en Cerrillos

El 27 de julio de 2015 se abrió otro caso investigado por el DAI. Ese día un carabinero destinado en Cerrillos se reunió con personal de Asuntos Internos para denunciar que un colega le había ofrecido participar en un asalto a una sede de la Caja de Compensación Los Héroes y a una sucursal del Banco Itaú, ambas de la misma comuna.

El delator admitió ante el DAI que asistió a una reunión en la calle Salvador Allende (Cerrillos), a la que llegaron otros tres policías: uno con uniforme y en vehículo institucional, y dos en auto particular y de civil. También participaron “delincuentes de los cuales (el denunciante) desconoce todo tipo de antecedentes”, según el documento interno. El “modus operandi”, dijo el denunciante, se iniciaba cuando dos de los policías coincidían en el turno de guardia y el tercero salía de franco. Este último entregaba una radio institucional a los miembros de la banda, para que pudieran escuchar las comunicaciones internas y evitar los patrullajes de Carabineros cuando cometían un delito. Y si la situación se complicaba, los dos que estaban de guardia podían “distraer a personal de servicio en la población, enviándolos a procedimientos fuera del perímetro”.

El denunciante dijo que la banda y los carabineros involucrados ya habían operado en un asalto a una empresa de venta de neumáticos, también de Cerrillos.

El asalto a la caja de compensación se ejecutó el 24 de julio de 2015. Pero el documento del DAI expone que el plan falló porque un grupo de carabineros -no conjurado con los delincuentes- logró frustrar el atraco y detuvo a los ocupantes de uno de los tres vehículos que participaron del delito.

Sin embargo, el denunciante advirtió a Asuntos Internos que “al llegar personal a la Unidad a entregar a los detenidos, se percató que los otros dos vehículos que habían participado en el ilícito, se encontraban estacionados fuera de la Unidad (…) y sus ocupantes se encontraban conversando” con uno de los carabineros coludido. Ese mismo uniformado anotó los nombres de los detenidos en el Sistema de Automatización de Unidades Policiales (AUPOL), pero le encargó la confección del parte policial a quien estaba de guardia en ese momento, también presunto colaborador de la banda. ¿El resultado? Horas más tarde los detenidos fueron liberados por el Juzgado de Garantía, ya que sus nombres no coincidían con los anotados en el parte policial.

La conclusión a la que llegó el DAI a partir de estos antecedentes no es clara. En ella se indica que “de acuerdo a las diligencias realizadas, se tomó conocimiento que el mando de la Unidad, en una formación con el personal, le manifestó que personal de la Dipolcar se encontraba investigando determinado (sic) hechos en el sector jurisdiccional de la Subcomisaría en cuestión, hecho que de alguna manera, pudiera justificar el acercamiento del citado PNI con la intención de entregar información de los hechos ya descritos”.

El uniformado que fue investigado por coordinar estos asaltos con la banda, y que fue identificado por el denunciante como la persona que le ofreció sumarse al atraco a la caja de compensación, continúa en la institución, aunque en otra comisaría. De hecho, fue el único que accedió a conversar con CIPER para este artículo, ocasión en la que negó las acusaciones y manifestó que nunca se enteró de la investigación interna que se desarrolló en su contra.

Mamá narco

A comienzos de 2014, Asuntos Internos se enteró de que una mujer investigada por el OS7 por almacenamiento y venta de drogas en La Pintana, era la madre de un carabinero de una unidad de Pudahuel.

El documento del DAI que CIPER tuvo a la vista, señala que el carabinero “tendría conocimiento de las actividades que realiza su madre”. Las sospechas aumentaron cuando el DAI se percató que, en la unidad en que trabajaba, había registrado dos direcciones: la de su mamá, en La Pintana, donde se efectuaban las transacciones de droga, y otra en Puente Alto. Esta última era la que anotaba cuando requería autorización para pernoctar fuera de la unidad, aunque no especificaba la letra del block ni el número del departamento al que supuestamente asistía.

Adicionalmente, la investigación interna apuntó a que en la casa de su mamá también vivirían los hermanos de ella, quienes tenían antecedentes policiales y judiciales por porte ilegal de arma de fuego, receptación de vehículos, homicidio simple y tráfico en pequeñas cantidades.

Sin embargo, Asuntos Internos no pudo confirmar si el funcionario estaba involucrado en los ilícitos o al menos estaba en conocimiento de ellos. En su informe los funcionarios del DAI indicaron que no pudieron vigilar la casa de la madre del carabinero, ya que el sector era “de alta densidad poblacional con una geografía compuesta por calles y pasajes angostos, con alto índice delictual y de drogadicción, evidenciado al apreciarse una permanente custodia y observación por parte de jóvenes aparentemente ligados a grupos delictuales”, según se consignó en el informe.

Las gestiones realizadas por el DAI para aclarar estos hechos -solicitadas por el OS7- se hicieron bajo extrema reserva. Eso impidió que los mandos de la unidad del carabinero fueran puestos al tanto de la situación para, entre otras cosas, adoptar medidas “proactivas” como restringir sus salidas del cuartel o pedirle que revelara su verdadero domicilio.

En virtud de todo esto, concluyó Asuntos Internos, “se sugiere el traslado del mencionado integrante de la Institución a otra región, preferentemente al sur del país, con la intención de dificultar que visite en forma frecuente a su familia, a fin de evitar que producto de las diligencias investigativas que realiza el Ministerio Público, se efectúe un allanamiento del inmueble, en donde podría encontrarse al propio PNI, o en su defecto uniforme u otro tipo de especies fiscales”.

Y así ocurrió: el uniformado fue derivado a una unidad del sur, donde sigue destinado hasta la fecha.

Audios

Entre los archivos de Asuntos Internos que CIPER revisó para este artículo, hay conversaciones telefónicas entre miembros de Carabineros con narcotraficantes –obtenidas por la institución bajo Ley de Inteligencia– que revelan cómo algunos miembros de la institución colaboraron con una banda y se quedaron con parte del dinero y drogas incautados en allanamientos.

En los diálogos se mencionan apellidos, calles y comisarías que revelan la comuna y la identidad de los involucrados. Sin embargo, como se trató de una investigación interna que no derivó en sumarios ni condenas para todos los involucrados, CIPER publica estos audios sin revelar nombres. A pesar de ello, es posible identificar la misma voz en cuatro de los cinco audios presentados en la lista de reproducción a continuación.

La primera conversación se produce entre un uniformado y un narcotraficante, después de un decomiso de drogas que terminó con ocho detenidos de una banda que compite con la del interlocutor. El delincuente, entre otras cosas, coordina una reunión con el policía para aclarar rumores acerca de que los carabineros se habían quedado con 30 kilos de la marihuana incautada, lo que rebajaría las eventuales penas de los involucrados. “No perrito, estai equivocado (…) si te hago hueón, vo’ después no trabajai más conmigo y yo pierdo pan y pedazo. Yo no puedo ser tan hueón y echarte a vo’ encima”, le dice el policía.

La segunda pista es un diálogo entre un carabinero y un narco que había chocado su auto durante la noche. En la conversación, le pide al policía que intervenga para que el vehículo no sea trasladado al corral municipal. También le informa que le pagó $200 mil a otros uniformados para que hicieran pasar el auto como un vehículo abandonado en la calle.

El tercer registro, a diferencia de los anteriores, corresponde a una conversación entre dos funcionarios policiales. Uno de ellos le informa al otro el resultado de un procedimiento que realizó a un vehículo con una mujer y un número indeterminado de hombres a bordo. “Tenís que cargar a la huena po’, pa’ que la hueona quede en cana”, le indica el supuesto jefe, quien cuidaría los intereses de una banda rival. En la conversación también se revela que los carabineros se quedaron con parte del dinero decomisado.

El cuarto audio revela una conversación entre dos carabineros. Uno de ellos participó en un procedimiento en el que se descubrió droga avaluada en $28 millones y recibió dinero de los narcos para dejar que la operación ilícita siguiera su curso. El otro carabinero pide una parte del dinero, argumentando que ese procedimiento policial originalmente le correspondía a él.

El último audio evidencia que el grupo de uniformados que se habrían coordinado para favorecer a una banda de narcotraficantes tuvo un final abrupto. En esta conversación, la persona que también habla en tres de las cuatro pistas anteriores, se comunica con un superior para contarle que los nombres de los funcionarios involucrados aparecieron en un volante que fue repartido en una feria. “La respuesta más sana es disolver a los cabros, es disolver a la patrulla (…) no es una hueá que se pueda tomar a la ligera”, le sugiere al superior.

Las cifras públicas

Toda la información expuesta en este reportaje se basó en documentos del Departamento de Asuntos Internos (DAI) de Carabineros confeccionados entre 2014 y 2016. Hasta la fecha, Carabineros no ha contestado una solicitud de información vía Transparencia que busca conocer las cifras globales de las investigaciones internas, realizadas entre 2010 y 2020, por hechos similares. El Ministerio Público tampoco ha respondido una solicitud que busca determinar cuántos funcionarios de la policía han sido indagados judicialmente por sus vínculos con el narcotráfico (ambas solicitudes se encuentran dentro del plazo legal para ser respondidas).

Por su parte, el Ministerio del Interior, no contestó si maneja una estadística global respecto a este tipo de situaciones en Carabineros.

Frente a la falta de antecedentes oficiales, CIPER levantó una base de datos propia, con información de dominio público, respecto de investigaciones que afectaron a Carabineros por vínculos con narcos y otros delitos. Para ello, revisó archivos de prensa desde el 2010 hasta 2020. Esa recolección arrojó 21 casos a nivel nacional, con 66 policías investigados. La progresión en el tiempo evidencia que los últimos tres años son los que registran más casos: en 2018 hubo ocho episodios, en 2019 hubo nueve y en 2020, ocho.

La información publicada por la prensa arrojó que en la Región Metropolitana han ocurrido ocho casos en los últimos diez años, los que involucran a un total de 29 carabineros. Las comunas que registran más policías comprometidos son Ñuñoa (ocho), La Pintana (cinco), Renca (cinco) y San Joaquín (cuatro). Entre los delitos que cometieron carabineros de estas jurisdicciones, se encuentra la venta de drogas, sustracción de dinero y sustancias ilícitas, asaltos, omisión de denuncia para favorecer a bandas, simulación de control policial para quitar droga a traficantes y luego venderla a otras organizaciones criminales, y proporcionar información privilegiada a narcos.

En el caso de otras regiones, destaca el episodio que involucró a personal de Copiapó en julio de 2020, cuando nueve funcionarios fueron investigados por proteger a contrabandistas de marihuana; el de la 2ª comisaría de Temuco, ocurrido en junio de 2018, cuando dos carabineros fueron dados de baja por traficar pasta base y cocaína; y el caso que se detectó en Iquique en septiembre de 2020, cuando siete efectivos en ejercicio (y otros seis en retiro) fueron formalizados y expulsados de la institución por apropiarse de cigarrillos incautados a una organización criminal que también vendía droga.

Sumando los antecedentes públicos y los documentos internos revisados por CIPER, es posible determinar que las comisarías con mayor cantidad de funcionarios involucrados en hechos delictivos de esta índole son la 41ª de La Pintana, 50ª de San Joaquín, 58ª de Estación Central y la 49ª de Quilicura. Estas dos últimas fueron mencionadas en un reportaje de CIPER de 2015 que identificó las comisarías “castigo” a las que son derivados funcionarios que cometieron ilícitos o fueron investigados bajo la sospecha de haberlos cometido (vea reportaje).