Iquique castigado: revierten fallo de 1ra. instancia: ahora suman cuatro los jóvenes con prisión preventiva.

La Corte de Apelaciones de Iquique acogió parcialmente la apelación presentada por el Ministerio Público y decretó -este sábado 20 de marzo– la medida cautelar de prisión preventiva de A.S.V.P., C.N.R.D. y B.S.R.C., imputados que habrían formado parte de una asociación ilícita para la comisión de delitos como desórdenes públicos, y porte y lanzamiento de bombas molotov, entre otros. Hechos que habrían perpetrados en diversas fechas, entre el octubre de 2019 y octubre de 2020, en la ciudad. Con esta resolución, suman 4 los jóvenes que deberán esperar el curso de la investigación, en prisión preventiva, ya que el joven acusado de liderar la organización, quedó con prisión preventiva, durante la audiencia de formalización. 

PODER JUDICIAL

En fallo dividido (causa rol 101-2021), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Pedro Güiza Gutiérrez, Marilyn Fredes Araya y Moisés Pino Pino– confirmó además la resolución apelada, dictada ayer, viernes 19 de marzo, por el Juzgado de Garantía de Iquique, en la parte que denegó la prisión preventiva de J.L.O.L. y C.A.A.C., imputados por el ente persecutor como autor y cómplice de los delitos de asociación ilícita, desórdenes públicos e infracción a la ley de control de armas (lanzamiento y fabricación de bombas incendiarias , respectivamente).

En el Juzgado de Garantía se formalizó investigación en contra de otros 12 imputados, de los cuales uno quedó en prisión preventiva y los demás, sujetos a medidas cautelares de menor intensidad, tales como: arresto domiciliario parcial, arraigo nacional y prohibición de asistir a marchas y manifestaciones.

El tribunal de alzada, al resolver las cautelares a imponer a los imputados, consideró que del mérito de los antecedentes expuestos por los intervinientes, se desprende que en el caso de A.S.V.P., C.N.R.D. y B.S.R.C., “(…) se encuentran establecidos tanto los hechos por los cuales han sido formalizados como la participación que les correspondió en ellos, estimándose que la medida cautelar de prisión preventiva resulta la más adecuada para asegurar los fines del procedimiento, en consideración a la entidad, gravedad y número de delitos, de lo que se infiere que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que se accederá a la solicitud del Ministerio Público, decretándose la medida cautelar ya señalada”.

Asimismo, agrega que: “SE CONFIRMA, por otra parte, la resolución dictada en audiencia de diecinueve de marzo pasado, en cuanto no dio lugar a decretar la medida cautelar de prisión preventiva de los imputados J.L.O.L. y C.A.A.C., en atención a que, por ahora, el régimen cautelar impuesto resulta proporcional a los hechos por los cuales fueron formalizados”.

Decisión acordada con el voto en contra de la ministra Fredes Araya, en la parte que denegó la prisión preventiva de J.L.O.L. y C.A.A.C., quien estuvo por revocarla y disponer la prisión preventiva de los imputados.

FISCALÍA

La fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), Paola Apablaza señaló:

“Nos parece bien que la Ilustrísima Corte haya acogido favorablemente la solicitud de prisión preventiva de tres de los imputados respecto de quienes el juzgado de garantía había considerado que concurrían los delitos de asociación ilícita y lanzamiento y tenencia de bombas molotov, pero que debido a su irreprochable conducta anterior, sólo les había impuesto el arresto domiciliario total. La Corte de Apelaciones revocó esta resolución, considerando que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad según los antecedentes que se le expusieron”, afirmó la fiscal jefe.

La persecutora agregó que respecto de los otros dos imputados, la Corte por mayoría “no acogió nuestra petición de prisión preventiva y mantuvo el arresto domiciliario total impuesto por el juzgado de garantía”.

Con esta resolución son cuatro los imputados que deberán permanecer en prisión preventiva durante la investigación, primero; el imputado acusado de ser el líder y otros tres, a quienes se les adjudica por parte de la Fiscalía, la de cumplir  funciones de fabricar y arrojar bombas molotov contra instalaciones privadas y funcionarios de Carabineros.

DEFENSORÍA PENAL

En tanto, el defensor penal, Eduardo Cabrera, se refirió al dictamen de la Corte de Apelaciones, que revocó el arresto domiciliarios de uno de sus representados, decretando la prisión preventiva; mientras que en un segundo caso, mantuvo el arresto domiciliario.

Indicó Cabrera que seguirán trabajando para intentar que se modifique la medida  cautelar de prisión preventiva de su representado, un estudiante de tercer año de la carrera de técnico en Geología.

Una carta a la Comisión Americana de Derechos Humanos, y por su intermedio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que oficie y requiera al estado chileno y sus diversas autoridades, que informe sobre los allanamientos ocurridos en Iquique, en la jornada de este 18 de marzo, con allanamientos desproporcionados, detenciones, incautaciones. En suma, pide que se informe sobre todo el proceso de detención de 17 personas acusadas de delitos diversos, asociados al estallido y lucha social, que terminó finalmente, con un solo acusado con la cautelar de presión política.

El principal cuestionamiento es a la forma violenta en que se desarrolló el operativo, donde resultaron detenidos 5 detenciones contra adolescentes menores de edad.

En parte de la carta se lee que: “Testigos que presenciaron y sufrieron los procedimientos expusieron de diversas formas que estas fueron realizadas de forma agresiva por parte de las policías encargadas incluso en contra de los familiares que cohabitan las viviendas afectadas”.

Los firmantes del documento son los abogados de derechos humanos y, además candidatos, Enzo Morales Norambuena a Gobernador; Matías Ramírez Pascal, a alcalde y Hugo Gutiérrez Gálvez, ex diputado y actual postulante a la Convención Constituyente.