Chile, centro de la injusticia: La criminalización jurídica de la pobreza.

Proyecto de ley criminaliza a quienes viven en tomas y campamentos.

por Eric Aron para Periódico El Pueblo nro. 95.

En enero de este año, el senador Felipe Kast (Evopoli) presentó una moción que busca “corregir” la normativa actual sobre usurpaciones y ocupaciones ilegales de terrenos. El proyecto señala que el tipo penal actual no permite la detención de los usurpadores y propone ampliar la penalización, incluyendo penas de cárcel que actualmente no están contempladas en la legislación.

El proyecto presentado por el senador por la Araucanía, Felipe Kast y las senadoras Marcela Sabat y Enna Von Baer, fue refundido con otro similar, impulsado por la también senadora por la Araucanía, Carmen Gloria Aravena, personaje que como parte de Evópoli fue electa con sólo 4.200 votos, equivalentes al 1,24% de los sufragios.

El resultante proyecto de ley de “Usurpación de terrenos” señala que actualmente existen pocas herramientas legales para perseguir a quienes ocupan terrenos, cuestión que se explicaría porque está sancionado de la misma manera que las faltas, impidiendo a las fiscalías requerir otra medida cautelar distinta de la citación. Según afirman en la presentación a la prensa, esta situación “dificulta la labor de Carabineros, quienes en los operativos sólo pueden mover de los deslindes a los ocupantes del terreno en cuestión, pero no llevarlos a control de detención. Lo que en la práctica ocurre, según el legislador, es que los operativos son estériles pues una vez abandonado el lugar por la policía, los ocupantes vuelven a tomar posesión de ellos”.

Los primeros días de marzo, los senadores por la Región de la Araucanía se entrevistaron con Sebastián Piñera en La Moneda para solicitarle poner suma urgencia a la discusión de este proyecto en el Senado. Según Kast, los cinco senadores coinciden en que “la agenda indígena debe retomar la fuerza que tenía bajo la conducción del entonces ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno y en segundo lugar que, el Estado de Chile ha fracasado en el conflicto en la macrozona sur”.

En la sesión del Senado del 13 de abril, se da cuenta que desde la presidencia, el proyecto de ley de “Usurpación” ha sido efectivamente sometido a “discusión inmediata”.

Contra las recuperaciones mapuche y contra los pobres del campo y la ciudad

Este proyecto de ley es parte del paquetazo represivo que el gobierno de Piñera ha impulsado para tratar de frenar la creciente protesta y la tendencia de las masas populares a desbordar la legalidad. 

La presentación de este proyecto de ley tiene como objetivo principalmente entregar mayores herramientas persecutorias a las policías y fiscalías para hacer frente al aumento de las recuperaciones de tierra en la Araucanía. Pero la forma en que ha sido presentada y sus alcances, entregan las mismas herramientas persecutorias para desalojar las tomas de terreno en las ciudades, los pueblos y campo, e incluso para ser aplicadas en las acciones de protestas como ocupaciones de liceos, escuelas, universidades y las oficinas públicas o privadas.

En su presentación, sin embargo, buscan confundir con los argumentos de base y, dejando de lado el problema de fondo que es la pobreza y la crisis habitacional, se centran con sesgo tanto en la violencia rural de la Araucanía como también en las supuestas mafias que la misma urgencia habitacional habría generado en algunas tomas de terreno de las grandes ciudades.

Lo central del contenido, sin embargo, es dotar al Estado de mayores herramientas, para facilitar los desalojos de las recuperaciones de tierra por parte de las comunidades mapuche y las tomas de terreno donde los pobres de campo y ciudad se esfuerzan para construir un lugar donde vivir con dignidad.

La jurisprudencia actual y los cambios proyectados

La presentación del proyecto de ley de “Usurpación” y su discusión en el Senado, parte del hecho que la ocupación de inmuebles rurales o urbanos, tipificada en los artículos 457 y 458 del Código Penal, ha crecido enormemente por causas económicas y sociales, pero también “debido a que la ley les asigna penas muy bajas, además de la falta de mecanismos jurídicos expeditos y eficaces para que las víctimas puedan ejercer adecuadamente su derecho a ser restituidos en el inmueble usurpado”.

En una Minuta de Comentarios al proyecto de ley refundido, el abogado Juan Domingo Acosta ha propuesto una serie de indicaciones a la redacción de sus artículos. Argumenta que “las acciones civiles (precario) para que la víctima pueda recuperar su propiedad no resultan eficaces y existen numerosas trabas y problemas para ejercerlas y para que prosperen”. Esto porque -a su juicio- existiría una errada interpretación de las normas sobre flagrancia que ha hecho que las policías sólo intervienen en la medida en que se les requiera dentro de las doce horas siguientes al inicio de la ocupación, tal como ha ocurrido en el caso del recurso de amparo que impidió en 2018 el desalojo de una toma de terreno en Collipulli. Las propuestas del abogado proponen darle a la ocupación el carácter de “delito permanente” a fin de extender este tiempo de flagrancia para la actuación de la policía.

Otro antecedente se encuentra en la concurrencia de dos tipos de juicios distintos, en los ámbitos civil y penal, como ocurrió en 2010, cuando se llevó a proceso a 99 vecinos del Campamento Coraceros de Arica, que fue instalado en un terreno de un empresario privado. En esa oportunidad, la tesis de los defensores penales públicos de Arica, en orden a que una toma no violenta de terrenos no es un conflicto penal sino que civil, fue acogida por el Tribunal de Garantía de esa ciudad. Víctor Providel, jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Arica y Parinacota, explicó que no corresponde que las instituciones del ámbito penal resuelvan un problema social, sino que “eso es responsabilidad de organismos gubernamentales o de los tribunales civiles”.

Recientemente, el pasado 3 de abril un recurso de protección presentado por la Red de Abogadas y Abogados de la Araucanía consiguió paralizar el proceso de desalojo del campamento Escuela Porvenir de Temuco, en atención al estado de emergencia sanitaria. Este desalojo había sido impulsado por la Municipalidad de Temuco a través de la gestión de Miguel Becker y respaldada por la Gobernación Provincial de Cautín a través de la gestión de Richard Caifal.

Para evitar estas posibles interpretaciones judiciales en el futuro, es que el proyecto de ley en discusión busca cambiar la tipificación de los delitos e incluir penas mucho más altas, llegando incluso a presidio menor en su grado medio, es decir, 541 días a 3 años de cárcel.

La querella contra la Toma 17 de Mayo y su relación con el proyecto de ley de “Usurpación”

Entre mayo y septiembre de 2019, dos tomas de terreno florecieron en la comuna de Cerro Navia. La Toma 17 de Mayo, ubicada en Costanera Sur y la Toma Violeta Parra de Barrancas, al final de la calle Mapocho. Ambas tomas se establecieron en sitios baldíos del ex Fundo Santa Elvira, de la familia Guzmán Nieto.

“Que no hay terrenos para construir”, se dice. Pero los pobladores saben que esto no es así, que en cada barrio encontramos un sitio baldío, grandes basurales donde se trafican drogas y ocurren asaltos. Pasan años abandonados sin que se construya nada en ellos. ¿Qué esperan sus dueños para vender estos terrenos? ¿Acaso, que suba el valor del metro cuadrado para enriquecerse con la especulación sobre el terreno? ¿Esperan que cambien los planos reguladores para duplicar su ganancia?.

Los Guzmán Nieto son parte de una extensa familia de larga tradición entre los latifundistas y grandes burgueses del país, cuya genealogía incluye a los Riesco y los Varas Montt. Actualmente son controladores del parque industrial ENEA, que proyecta extenderse hacia los lotes del antiguo Fundo Santa Elvira para convertirse en Ciudad Aeropuerto. 

Estos mismos lotes han sido utilizados como vertedero ilegal y posteriormente han ido ya entregando algunos recursos frescos a sus dueños a costa del Estado, por medio de “expropiaciones” para descarga de aguas lluvias y la construcción del proyecto Costanera Sur.

En la búsqueda del desalojo de las familias de la Toma 17 de Mayo, el abogado querellante en representación de la familia Guzmán Nieto es Juan Domingo Acosta, personaje con estrechas vinculaciones de alto nivel con los sucesivos gobiernos. Anteriormente ha defendido al ex Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y a Sebastián Piñera ante sus acusaciones constitucionales. También es el abogado del ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle en su disputa económica intrafamiliar . Por su estudio de abogados han pasado causas de gran impacto público y político. De su mano ha estado participar en la elaboración de numerosos proyectos de ley anti-pueblo, entre otros, las modificaciones a la ley antiterrorista.

La Toma 17 de Mayo tiene importancia para el futuro de proyecto de Ley de Felipe Kast. La relación más directa se evidencia en que es el mismo abogado Juan Domingo Acosta quien, en paralelo con asesorar la redacción del proyecto de ley, lleva la querella criminal por los cargos de usurpación de inmueble contra los pobladores de la Toma, además de los delitos de hurto y usurpación de aguas, hurto de energía eléctrica y de loteo irregular. 

En la última audiencia efectuada el 25 de marzo, los querellantes solicitaron en paralelo al período de investigación, la medida cautelar de restitución del bien, lo cual será abordado en una próxima audiencia fijada para el 6 de mayo. 

Si consigue que sea acogida la restitución, será a costa de tensar al máximo la legislación actual y usar a su favor el criterio interpretativo del tribunal, sobrepasando el criterio de la jurisprudencia actual. Si no lo consigue, sin duda será presentado como una demostración de que la legislación actual es insuficiente y podrá ser presentado como un antecedente más para empujar la aprobación de su proyecto de ley.

Las tomas no acabarán sin resolver la crisis habitacional

El aumento de las tomas de terreno es resultado del aumento de la pobreza y de las políticas públicas ineficaces y no acabarán sin que se resuelva la crisis habitacional y las causas que la provocan (ver artículo relacionado).

Quienes viven en las tomas de terreno lo hacen porque es realmente el único recurso que tienen. Son personas obligadas a vivir en condiciones que no se condicen con el desarrollo de la humanidad, sin agua potable, con viviendas precarias y sin servicios. Son las condiciones de vida de los pobres del campo y la ciudad lo que empuja a estos muchos y muchas a rebelarse y sobrepasar la legalidad que les impide resolver sus mínimas necesidades. 

Sin atender a este problema de base, este proyecto de ley de “Usurpación” abre la puerta a una ofensiva represiva a gran escala contra los más pobres. ¡No puede ser permitida! El trabajo y esfuerzo que cada persona en las tomas de terreno ha puesto para levantar su hogar y resolver colectivamente sus problemas en medio de todas las adversidades no puede ser criminalizado por el interés egoísta de grandes propietarios, cuyo único interés es conseguir el lucro máximo.

Sin resolver la crisis habitacional no se acabarán las tomas de terreno, y si este proyecto se transforma en ley, lo único que se habrá aprobado es la criminalización anticipada de quienes, mediante la ocupación, están obligados a combatir y resistir por defender su derecho a un lugar donde vivir, cuando éste les ha sido negado por esta vieja y podrida sociedad.

Fuente: http://elpueblo.cl/2021/05/02/proyecto-de-ley-criminaliza-a-quienes-viven-en-tomas-y-campamentos/