Argentina memoria: Aramburu y la violencia golpista contra la clase trabajadora.

I. Introducción

El año pasado, se cumplieron cincuenta años del secuestro y asesinato del ex-presidente de facto y símbolo del antiperonismo teniente general Pedro Eugenio Aramburu por parte de un comando de la organización Montoneros. El boom editorial alrededor de la publicación del libro Aramburu, de la periodista y politóloga María O’Donnell, ha ido acompañado de una cobertura mediática inédita y pormenorizada de aquellos sucesos por parte de los principales medios gráficos de nuestro país.

Sin embargo, tanto los distintos abordajes periodísticos como la publicación de O’Donnell se han limitado a brindar un análisis casi exclusivamente en clave de relato policial. En cambio, poco se ha dicho sobre el contexto histórico, social y político en el que ese hecho tuvo lugar. Tampoco se ha insistido lo suficiente en la huella que había dejado en el imaginario colectivo la política de represión y proscripción del peronismo instaurada por la dictadura cívico-militar autoproclamada Revolución Libertadora.

Pero ¿cómo podrían vincularse estos hechos? Además de haber proscrito el peronismo, intervenido la CGT y encarcelado a cientos de activistas sindicales, Aramburu fue el responsable político del fusilamiento clandestino y sin juicio previo de los militares y civiles sublevados contra la dictadura el 9 de junio de 1956, como así también del secuestro y profanación del cadáver de Eva Perón, cuyo paradero permaneció oculto por dieciséis años.

En las líneas que siguen -a propósito de un nuevo aniversario-, haremos foco en los fusilamientos clandestinos que se cobraron la vida de 27 personas, entre militares y civiles, y que simbolizaron la derrota del único intento organizado para revertir el escenario abierto por el golpe de Estado de 1955. Se cumplen 65 años de estos hechos que vieron la luz gracias a la investigación periodística volcada en la novela de no ficción Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, que en 1957 puso al descubierto las maniobras clandestinas que llevaron a la masacre de José León Suárez y que le valdrían al nuevo régimen la calificación de Revolución Fusiladora.

II. Del “ni vencedores ni vencidos” a la proscripción del peronismo

El ala conciliadora de las Fuerzas Armadas, comandada por el General Lonardi, se hizo con el poder luego del derrocamiento de Perón en septiembre de 1955 y procuró instalar la idea de que no había «vencedores ni vencidos». Sin embargo, la hegemonía de este sector nacionalista y católico dentro del bloque castrense se reveló tan frágil como efímera. En apenas dos meses, la línea más liberal e intransigente con el peronismo dentro de las FF.AA., encarnada en las figuras del teniente general Aramburu y el contralmirante Isaac Rojas, desplazó del poder a los sectores conciliadores que en vano intentaban tender puentes con las dirigencias sindicales en medio de acciones represivas perpetradas por los Comandos Civiles Revolucionarios y sectores militares con amplios márgenes de acción contra el activismo gremial que ofrecía resistencia en las fábricas.

En este escenario, el encumbramiento de los sectores más antiperonistas significó no sólo la proscripción del líder depuesto sino, sobre todo, el intento de eliminar lo que el nuevo régimen consideraba como una «aberración» que debía ser desterrada: la identidad peronista. La “desperonización” se materializó en el decreto 4.161 dictado por Aramburu en marzo de 1956 y que prohibía los símbolos peronistas -imágenes, bustos y hasta “la marchita”- así como la apelación a los nombres de Juan y Eva Perón.

Frente al avance represivo del gobierno de facto, el Movimiento de Recuperación Nacional protagonizado por los generales nacionalistas Juan José Valle y Raúl Tanco fue concebido como una sublevación cívico-militar peronista cuyo objetivo era derrocar a la dictadura de Aramburu y Rojas y posibilitar el retorno de Perón, en ese momento exiliado en Panamá. Este movimiento estaba compuesto por un puñado de oficiales retirados, oficiales nacionalistas de la facción desplazada de Lonardi y buena parte de la suboficialidad. Se sumaban también grupos civiles de los comandos clandestinos peronistas del conurbano bonaerense.

Desde el principio, el levantamiento estuvo destinado a fracasar. La inteligencia de la Marina se infiltró en el movimiento insurreccional y accedió a los planes de la conspiración y los dejó actuar sólo para tener el pretexto de llevar adelante a posteriori una purga ejemplar. Dos hechos claves lo confirman. Por un lado, el 8 de junio fueron detenidos cientos de dirigentes y activistas sindicales que podrían haber servido de bases de apoyo a la sublevación. Por otro, la partida de Aramburu de Buenos Aires no le impidió firmar los decretos de ley marcial (10.362), de pena de muerte (10.363) y de fusilamiento (10.363) que Isaac Rojas, provisoriamente a cargo de la presidencia, pondría en vigencia a las 00:30 hs. del 10 de junio, cuando la sublevación ya había sido derrotada y sus participantes detenidos.

III. El escarmiento de la Revolución Fusiladora

La noche del sábado 9 de junio de 1956, un grupo de civiles y militares exonerados peronistas se reunió en una vivienda de la localidad bonaerense de Florida para seguir la transmisión de la velada boxística que se disputaba en el estadio Luna Park, mientras esperaban la proclama radial del levantamiento comandado por Valle. Pero el mensaje de los rebeldes nunca llegaría a enviarse.

Antes de la medianoche, la casa fue allanada por el jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, que se llevó detenidos a una decena de militantes a la Unidad Regional de San Martín. En la madrugada del 10 de junio, los detenidos fueron trasladados en un camión y obligados a descender a punta de pistola en los basurales de José León Suárez. La policía abrió fuego contra los civiles. Asesinó a cinco de ellos, pero otros siete lograron sobrevivir. Algunos huyeron, otros simularon estar muertos.

Los militares que intentaron sublevarse en Campo de Mayo y otros regimientos bonaerenses y pampeanos corrieron la misma suerte. La ejecución de oficiales y suboficiales no tenía precedentes en la historia militar argentina. Las víctimas de los fusilamientos se convertirían en los primeros mártires de la Resistencia Peronista.

¿Por qué los fusilamientos se llevaron adelante de forma clandestina aún cuando los conspiradores habían sido fácilmente detenidos y habían entregado sus armas casi sin ofrecer combate? ¿Cómo se puede explicar la aplicación de la ley marcial y la pena de muerte si la sublevación había ocurrido antes de que se dictaran estos decretos? El general Juan José Valle, que logró ponerse a resguardo, incluso negoció su entrega con la condición de que Aramburu le diera garantía de que las ejecuciones cesarían. Aun así, Valle corrió la misma suerte que la mayoría de los rebeldes y, pese al pedido de clemencia del Papa, fue fusilado por orden de Aramburu el 12 de junio de 1956.

La masacre de José León Suárez permaneció oculta hasta el año siguiente, cuando Rodolfo Walsh completó la investigación periodística a partir de los testimonios de los sobrevivientes y puso al descubierto los detalles de los asesinatos en su obra cumbre: Operación masacre. El saldo de los fusilamientos de junio de 1956 fueron 18 militares y 13 civiles asesinados.