Venezuela: Giro a la derecha y represión a la izquierda.

Todo aparato penal es selectivo. Es tolerante frente a algunos delitos y ofensores, y es puntilloso frente a otros. Ejerce la violencia en el marco de la ley y de manera proporcionada, frente a algunas personas, y se desborda frente a otras, victimizándolas. Esa selectividad es correlato de las desigualdades de poder, riqueza y estatus que existen en cada sociedad. Mientras más desigual es una sociedad, más clara es la selectividad de su aparato penal contra los sectores en situaciones estratégicas menos favorables, lo que a su vez reproduce las desigualdades que los inferiorizan. Dado que América Latina es la región más desigual del mundo^[2], no extraña el frecuente uso desproporcionado e ilegal de la fuerza policial en contra de los sectores populares, por una parte, y en contra de otros sectores que ponen en riesgo el orden político y económico, por otra (sectores en luchas específicas o globales, disidencias, oposiciones, etc.).

Para hacer visible esa selectividad es necesario identificar patrones y tendencias en el comportamiento del aparato de justicia penal. Observar su funcionamiento, más que analizar sus discursos legales; descubrir las características comunes de sus víctimas e identificar los delitos que prioriza la persecución penal. En una investigación previa, Surgentes identificó una tendencia al aumento de la violencia policial clasista en Venezuela entre 2013 y 2019^[3], momento de cambios relevantes en el modelo político venezolano. Las víctimas de esa violencia son jóvenes de los sectores populares, cuya situación de exclusión invisibiliza sus muertes y disminuye la capacidad de reclamo de sus familiares. La presente investigación es una continuidad de aquella, pero pone el foco en otro sujeto victimizado: el objetivo es identificar patrones de violación de derechos humanos contra sectores que impulsan luchas por sus derechos, desde el campo popular y la izquierda.

Las principales víctimas de la represión de carácter claramente político en Venezuela, desde 2013 en adelante, venían siendo sectores liberales y de derecha que hacen parte de la oposición política. Sus casos han sido ampliamente documentados por las organizaciones no gubernamentales (ONG) de oposición y por instancias internacionales de derechos humanos. No obstante, de manera clara, desde 2015 comenzaron a ser cada vez más frecuentes las denuncias de violación a los derechos humanos cuyas víctimas eran sectores de izquierda o protagonistas de luchas populares que, en el pasado cercano, habían recibido apoyo del chavismo y del Estado o se asumían a sí mismos como parte de la Revolución Bolivariana. Estos casos son, por supuesto, invisibilizados desde las instituciones estatales, y no cuentan tampoco con la visibilidad que otorga el entramado de medios, ONG, instancias internacionales y Gobiernos liberales o de derecha, aliados de la oposición política venezolana. Esa doble invisibilidad es una de las razones que justifican la presente investigación. Dicho con un ejemplo: el mundo sabe muy bien quién es Leopoldo López, pero desconoce quién es Rodney Álvarez, un obrero de
Ferrominera del Orinoco (empresa pública) que lleva diez años en prisión, sin juicio ni sentencia, víctima de un atentado dentro de prisión, acusado de un crimen que no cometió (y que al parecer fue perpetrado por un dirigente sindical del partido de Gobierno, en el contexto de una asamblea de trabajadores). La invisibilidad, la disminución de capacidad de reclamo y la injusticia van de la mano. Transformar esa injusticia pasa por hacerla visible y construir poder con las personas y colectivos victimizados.

La presente investigación se llevó a cabo a partir del monitoreo de fuentes abiertas, entrevistas semiestructuradas a víctimas o líderes de luchas populares, información recopilada en los procesos de acompañamiento de casos que realiza Surgentes, y análisis documental. Con la información disponible sobre los casos, se construyó una base de datos identificando: tipo de hecho, fecha, lugar, organización, movimiento o sector al que pertenecen las personas afectadas, datos de identificación de las presuntas víctimas, datos de identificación de los presuntos victimarios, contexto, descripción del hecho y fuente. El procesamiento de los datos permitió la identificación de patrones por distintas dimensiones.

La investigación se concentra en hechos vinculados a luchas de trabajadores urbanos por sus derechos laborales y a luchas por el derecho a la tierra de la población campesina, dado que son los dos ámbitos en donde existen más casos y, por tanto, permiten la identificación de patrones. Sin embargo, aunque no se trabajan en esta investigación, es importante mencionar que en el período analizado ocurrieron otros casos que victimizaron también a militantes del campo popular. Entre ellos: la censura al portal web aporrea.org que sufre distintos tipos de bloqueo por parte de la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela, Cantv (desde 2019); el cierre de la Radio Comunitaria Jirahara (estado Yaracuy, 2020) por instrucciones del gobernador; el desalojo de las Residencias Estudiantiles Livia Gouverneur y la detención de varios de sus fundadores, que se oponían a este desalojo (2020); y la detención e intimidación de varios militantes de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), articulación de partidos de izquierda chavista que rompieron con el oficialismo en el contexto de las elecciones parlamentarias de 2020.

El aumento de la represión a sectores del campo popular es también un indicador de los cambios ocurridos en el país y en la alianza de Gobierno, tras la muerte del presidente Chávez y el inicio de un nuevo ciclo político. Sobre esos cambios gira el primer apartado de este informe, donde se contextualizan y analizan los principales hitos de una mutación programática de la elite dirigente que, en parte, es su modo de responder a la arremetida de EE.UU. y la derecha nacional e internacional. En el segundo apartado se agrupan los casos identificados de violación a los derechos humanos de trabajadores, en distintos contextos, entre los cuales se encuentran luchas por reclamos a sus derechos laborales o denuncias de corrupción. El tercer apartado agrupa casos de campesinos victimizados en el contexto de luchas por el derecho a la tierra y la soberanía agroalimentaria. El informe finaliza con unas conclusiones y recomendaciones, tanto al Estado como al movimiento popular.

Mayo de 2021.

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Giro a la derecha y represión a la izquierda. Violaciones a los derechos humanos en el campo popular venezolano (2015-2020)

[1] . Colectivo de DD.HH. Esta investigación fue realizada por Ana Barrios Benatuil, Martha Lía Grajales Pineda y Antonio González Plessmann, y contó con la asistencia de investigación de Maureen Riveros y Amaylín Riveros.

^[2]      Los datos de la Cepal u Oxfam (Aumentan los milmillonarios de América Latina a medida que la región más desigual del mundo se hunde bajo el impacto del coronavirus | Oxfam International) miden la desigualdad socioeconómica por ingreso. Esta se interseca con otras desigualdades derivadas de la pervivencia de la colonialidad y del patriarcado, que también suponen su correlato de selectividad del sistema penal.

^[3]      Violencia Policial – Surgentes.