Chile migrante: ingresos de personas por pasos no habilitados llega a máximo histórico.

La situación migratoria en Chile es una verdadera olla a presión para el Gobierno, y la situación que se vive en localidades del norte del país así lo refrenda. Esto, porque las personas que han ingresado a Chile por paso no habilitado sólo desde enero a julio del 2021 ascienden a 23.673, anotando así su máximo histórico, según los datos entregados por la Policía de Investigaciones (PDI) al Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) a través de solicitud de Transparencia.

Este aumento se presenta en el contexto de medidas administrativas que restringen el acceso regular, intensificadas por el cierre de fronteras producto de la pandemia por covid-19 y la crisis humanitaria y política en Venezuela y en otros países de la región como Haití.

Estas cifras también revelan el aumento sostenido del ingreso de personas por pasos no habilitados, una realidad que viene dándose desde el 2010. Ese año ingresaron 415 personas, luego el 2015 lo hicieron 1.779, el 2019  lo hicieron 8.048, el 2020 ingresaron 16.848, para llegar con la cifra récord de 23.673  sólo entre enero y julio de 2021 y que se proyecta hasta fin de año con un número histórico.

En cuanto a las personas provenientes de Venezuela, en el 2018 se registraron 101 ingresos por pasos no habilitados (IPNH) y en 2021 sólo hasta julio van 17.914, mientras que desde Haití se registraron 19 en 2018, llegando a 800 hasta el mes de julio. También llama la atención el número de ingresos en ciudadanos bolivianos en el primer semestre de 2021.

Las cifras ponen en jaque el Plan Frontera Norte implementado por el Gobierno, que incluye a las Fuerzas Armadas en apoyo al trabajo de  Carabineros y la PDI para reforzar la presencia militar los controles fronterizos y se dan pese al Plan Colchane, implementado por la autoridad para superar la crisis migratoria ocurrida en esta localidad altiplánica de la  Región de Tarapacá, que se ha transformado en la principal puerta de entrada irregular de extranjeros al país.

El incremento de extranjeros por pasos irregulares también ponen a prueba  la aprobación de la nueva ley de migraciones, empujada por el Gobierno bajo el eslogan de “ordenar la casa” y las expulsiones masivas de migrantes irregulares, que ha enfrentado al Gobierno con el Poder Judicial.

Los números difundidos por el SJM solo consideran el registro de personas que se autodenuncian y las que son fiscalizadas (y denunciadas) por la PDI, pero no dan cuenta del creciente número de personas que ingresan sin pasar por alguno de estos mecanismos y permanecen “invisibles” para la institucionalidad y políticas del país, sin documentación. Esa cifra, que no ha podido ser sujeta a medición, aumenta de la mano del incremento en las medidas restrictivas con  expulsiones «masivas e ilegales».

Migración segura, regular y ordenada

La directora nacional del SJM, Waleska Ureta sostuvo que «desde la experiencia del SJM y organizaciones sociales que abordan la situación de personas migrantes en situación de altísima vulnerabilidad, podemos decir con seguridad que ellas y ellos no caminan cientos de kilómetros desde sus países de origen “por gusto”; muchos, hoy abandonados con sus familia en terminales, calles o plazas en varias de nuestras ciudades, arriesgaron sus vidas para obtener seguridad y/o sobrevivir aquí y hoy buscan reunirse con familiares o encontrar trabajos. Si no enfrentamos esta situación, de manera directa, articulando respuestas regionales y coordinadas que den cauce a esta demanda humanitaria y ocupando los instrumentos que poseemos para el ingreso regular, sólo empeorarán las condiciones de vulnerabilidad y contaremos más personas migrantes fallecidas en el camino».

Desde el SJM señalan que para alcanzar un migración segura, regular y ordenada, es necesario enfrentarla con medidas distintas a las expulsiones. «Creemos que parte de las medidas inmediatas que es posible adoptar son aquellas que la actual legalidad entrega al Estado de Chile y que hoy no están subutilizadas: el otorgamiento de las Visas de Reunificación Familiar, las Visas de Responsabilidad Democrática  y el reconocimiento del Refugio. Todas ellas permiten una migración segura, ordenada y regular».

«A corto plazo, corresponde enfrentar la migración como un fenómeno que es permanente y de interés regional, utilizando las herramientas diplomáticas, para generar instancias de coordinación con las autoridades regionales y para compartir acciones conjuntas, de manera que se respeten los derechos humanos de todas las partes y se aborden las causas que están provocando la migración», destacan.

Finalmente, Ureta considera que «es imperante que Chile adscriba al Pacto Mundial por una migración segura, ordenada y regular. Urge que nos hagamos cargo, como ya lo ha hecho Colombia, de una situación humanitaria que afecta a otros países y que provoca una migración forzada que debe ser entendida como tal. Por último, y frente a la escasa información pública para dar una solución a las consecuencias de la migración irregular, instamos a que el Gobierno convoque a los actores locales a establecer soluciones de corto, mediano y largo plazo para abordar las situaciones humanitarias que conlleva esta migración irregular».