Reunión secreta en Buenos Aires. Chile le pidió a la Argentina combatir juntos la violencia de los grupos mapuche.
Por Natasha Niebieskikwiat/clarin.com.
El subsecretario del Interior chileno Juan Francisco Galli estuvo reunido con su par en Buenos Aires, el ministro Aníbal Fernández. Fue un viaje “de emergencia” en el que los vecinos pidieron “coordinar acciones”.
La discreta delegación llegó a Buenos Aires el miércoles a las 15 horas y el jueves a las 9 de la mañana ya se estaba marchando a Santiago. No estuvo anunciada ni antes ni después en las agendas oficiales locales y vecinas. Pero en su fugacidad, tuvo carácter de emergencia, supo Clarín de muy altas fuentes.
El ministro de Seguridad Aníbal Fernández recibió a los visitantes ese mismo miércoles en las oficinas del Ministerio, ubicadas en el corazón de la Recoleta. La delegación visitante estaba encabezada por su par chileno, que es el subsecretario del Interior vecino, Juan Francisco Galli; por su jefe de asesores, José Miguel Poblete, por el embajador Nicolás Monckeberg, y el vocero del ministerio Oliver Carrasco.
En esa extensa reunión, pedida por las autoridades de Santiago -y calificada por las partes como «positiva»-, Galli le pidió a Fernández abordar en conjunto con Chile la radicalización y violencia de ciertos grupos mapuches. La misma se ve reflejada en el ascenso de los ataques en la patagonia argentino-chilena.
Sin ir más lejos, seguido de nuevos ataques, esta semana causó profunda conmoción el video de la organización mapuche Weichan Auka Mapu exhibiendo armas, hasta ametralladoras, y pidiéndole al gobierno de Sebastián Piñera que cese la militarización en el sur del país trasandino.
En Santiago fuentes del gobierno chileno confirmaron la reunión -de la que circulan fotos como la que publica Clarín- y utilizaron una terminología que en el kirchnerismo causa tirria porque, entre otras cuestiones, minimiza la violencia y la toma de tierra de estos grupos. «El subsecretario viajó a Buenos Aires para buscar coordinar acciones conjuntas sobre situaciones similares» señalaron y destacaron además que habló de los «atentados terroristas cometidos por terroristas que se se esconden detrás de la causa mapuche».
Supo este diario que en la reunión de Galli y Fernández, los chilenos compartieron su información de inteligencia que probaría que en la zona una íntima relación, es decir inter fronteriza, entre los grupos violentos chilenos y argentinos. Y que entre unos y otros trafican armas, drogas y madera.
Se informó que los grupos cruzan a un lado y otro de la frontera por los pasos no habilitados pero también por otros que sí lo están pero tienen mucho trecho deshabitado como el del Paso Cardenal Samoré. Villa La Angostura y Bariloche son las localidades más cercanas del lado argentino.
El pedido de reunión de Galli a Fernández se produce luego de la fuerte molestia que causó en el gobierno de Chile la presencia del embajador Rafael Bielsa en una audiencia en la que el líder del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, pedía su libertad condicional. Jones Huala nació en Argentina y tiene una condena a nueve años de prisión de Temuco por quemar un fundo y portar armas de fuego.
Bielsa apareció junto a su defensa, argumentando que hacia tarea consular. Ello causó fuerte molesta en la oposición argentina. Pero sobre todo movilizó dos cartas de protesta a Buenos Aires. Una del canciller Andrés Allamand y otra de veinte legisladores del oficialismo chileno. Las relaciones con Chile han empeorado por otros conflictos territoriales. Y en Argentina esperan un cambio de Gobierno en las elecciones presidenciales de fin de mes. Pero en el país vecino hay cuestiones que son política de Estado, como el propio conflicto mapuche.
Sin embargo, en la reunión no se mencionó el enojo con Bielsa, sino que hablaron de «coordinar acciones» de cara una «agenda futura con acciones espejadas en Chile de lo que hace Argentina frente al tema y viceversa».
Clarín sabe que hubo desde las gobernaciones de la patagonia argentina conversaciones propias con la embajada de Chile en la Argentina, ante la creciente preocupación de esas zonas, que comparten el problema con Chile.
La propia gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras se enfrentó al presidente Alberto Fernández cuando le dijo que le exigía -y no le pedía- ayuda del gobierno nacional en materia de seguridad ante la escalada de la violencia mapuche en su territorio. Alberto F. le contestó que la seguridad era no era un problema nacional sino provincial aunque después buscaron recomponer.
Consultadas las fuentes por este diario sobre los diferentes enfoques en Argentina y Chile al conflicto chileno señalaron que siempre se puede hacer. Y destacaron la «buena voluntad» del ministro Fernández.
Por otro lado, en la reunión Galli-Fernández se planteó un hecho novedoso ante la opinión pública. Los chilenos contaron que existe relación de la zona de Iquique con la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) como un canal integrado al tráfico de drogas.
5 de noviembre, 2021.
Fuente: https://www.clarin.com/politica/chile-pidio-argentina-combatir-juntos-violencia-grupos-mapuche_0_crUnu2_oi.html
Argentina detiene a tres chilenos con municiones, uno activista mapuche.
Por EFE.
La Gendarmería de Argentina detuvo a tres ciudadanos chilenos, uno de ellos activista mapuche, cuando transportaban en un auto municiones y ropa camuflada cerca de la frontera con Chile, informaron este domingo fuentes oficiales.
El ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández, informó de que las detenciones se concretaron este sábado en el Cerro Mahuida, en la provincia argentina de Neuquén (suroeste), fronteriza con Chile.
Los tres ciudadanos chilenos transitaban por un paso no habilitado en un vehículo dentro del cual una patrulla de Gendarmería argentina (policía de frontera) encontró 62 municiones calibre 357, 101 municiones calibre 22, varios cartuchos y ropas camufladas tipo militar, precisó el ministro a través de su cuenta en Twitter.
El ministro indicó que, «alertada la Justicia», ésta decidió que «Migraciones y la Aduana se incautaran las municiones y cartuchos y dejaran en libertad a los sospechosos, supeditados a la causa».
Fernández precisó que la Aduana de Argentina procedió entonces a la incautación de la totalidad del material encontrado en el auto, mientras que la Dirección de Migraciones de Argentina dispuso la expulsión de los ciudadanos chilenos a su país.
El ministro de Seguridad argentino indicó que las autoridades argentinas solicitaron refuerzos a los carabineros (policía) de Chile «por seguridad en el paso fronterizo del lado chileno, siendo uno de los detenidos activista mapuche».
Dos de los detenidos fueron expulsados a través del paso fronterizo de Pino Hachado, mientras que al tercero se le concedió su permanencia en Argentina por tener doble nacionalidad.
Coordinación bilateral
Estas detenciones se concretaron luego de que la semana pasada Fernández se reuniera en Buenos Aires con el subsecretario del Interior de Chile, Juan Francisco Galli, para conversar, entre otros puntos, de la violencia que se vive en el sur de ambos países en torno a las protestas de grupos mapuches.
Galli confirmó este sábado que se reunió con Fernández «para coordinar acciones colaborativas».
«Coordinamos avanzar en medidas para enfrentar la violencia y el crimen organizado en la Macrozona sur de Chile y Argentina», indico Galli a través de su cuenta en Twitter.
Violencia a ambos lados de los Andes
El sur de Chile ha experimentado en el último tiempo una ola de violencia con frecuentes ataques a maquinaria agrícola y predios, cortes de carreteras, huelgas de hambre de presos indígenas y tiroteos con víctimas mortales.
Muchos de estos episodios se enmarcan en el conflicto mapuche, que enfrenta al Estado chileno y al principal grupo indígena del país, que reclama las tierras que habitaron durante siglos y que ahora pertenecen en su mayoría a grandes empresas agrícolas y forestales.
El presidente chileno, Sebastián Piñera, decretó el estado de excepción a mediados de octubre en la zona, lo que en la práctica implica su militarización hasta el 11 de noviembre.
En tanto, en Argentina, en octubre último se han registrado varios ataques incendiarios en diversos puntos de la sureña provincia de Río Negro (fronteriza con Chile), presuntamente perpetrados por grupos que se definen como mapuches.
El presidente argentino, Alberto Fernández, ordenó enviar efectivos de la Gendarmería nacional a Río Negro para patrullar la zona afectada por estos incidentes.
7 de noviembre, 2021.
Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/argentina-chile_argentina-detiene-a-tres-chilenos-con-municiones–uno-activista-mapuche/47091456
Radiografía del conflicto mapuche en la Patagonia argentina: ¿cuál es su verdadera dimensión?.
Por Soledad Maradona/ france24.com
Un conflicto mapuche que recrudeció el último mes puso a la Patagonia en la mira del poder central de Argentina, en medio de la campaña electoral de cara a los comicios legislativos del 14 de noviembre y con el espejo del dilema que se mantiene en la región de la Araucanía en Chile, a 450 kilómetros de distancia.
La cordillera de la provincia de Río Negro, situada a 1.500 kilómetros de Buenos Aires, fue epicentro en el último mes de tres ataques incendiarios intencionales y una nueva reivindicación mapuche en tierras privadas donde se realizaba una explotación forestal.
El eje del conflicto se ubica en Bariloche y El Bolsón, dos ciudades con privilegiados paisajes, grandes reservorios de agua dulce y de bosques nativos, y donde el turismo es la principal actividad económica.
Aunque solo uno de los ataques incendiarios perpetrados en octubre en esta región fue reivindicado, a través de un comunicado, por la organización clandestina Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), vinculada a la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco de Chile (CAM), el Gobierno de Río Negro apuntó a un recrudecimiento de la violencia por parte de los pueblos originarios y denunció ante la justicia federal la actuación de una «organización terrorista», un delito contemplado en el Código Penal Argentino.
La identificación de estos episodios con actos de terrorismo fue rechazada por el Gobierno del presidente Alberto Fernández que, a través de su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, descartó esta premisa.
“Decididamente no es terrorismo, lo quieren enmarcar en una situación de estas características para sacar una ventaja politiquera”, dijo el funcionario en declaraciones a radio La Red y abogó a que sea el Poder Judicial el que determine la tipificación del delito y los autores, que hasta el momento son desconocidos. Esa causa hoy está en manos del Juzgado Federal de Bariloche.
Un conflicto de varios años, con un líder preso en Chile
Pero el conflicto mapuche lleva varios años en esta región de la Patagonia. La RAM, que actúa en el anonimato y solo el líder mapuche hoy preso en Chile, Facundo Jones Huala, se asumió como integrante de este grupo en su juicio de extradición a Chile en febrero de 2018, reivindica ataques incendiarios y sabotajes en vías férreas, tendido eléctrico y rutas nacionales en la cordillera desde 2009.
Su campo de acción -según el reconocimiento de la organización- han sido las provincias de Chubut y Río Negro, principalmente, con incendios a dos refugios de montaña (en 2014 y 2017), el campamento de una empresa vial en la ruta nacional 40, el tendido eléctrico y maquinaria en la estancia del magnate inglés Joe Lewis en El Bolsón, sabotajes en la vía férrea del tren turístico La Trochita, y el ataque y ocupación de un predio dentro de la propiedad del italiano Luciano Benetton. También reivindicaron sabotajes en pozos petroleros de la provincia de Neuquén.
La identificación de Facundo Jones Huala con la RAM, por ser el único integrante que se asumió públicamente como tal, asocia de manera directa el conflicto de la Patagonia argentina con la Araucanía de Chile, donde el presidente Sebastián Piñera decretó el “estado de emergencia” y envió tropas.
El lonco (como se define a los líderes o jefes de grupo de comunidades mapuches) argentino, nacido en Bariloche, que hoy cumple una condena de 9 años de prisión en una cárcel de Temuco (Chile) por el incendio de una estancia y tenencia ilegal de armas de fuego en ese país, admitió en 2018 haber “combatido” para la organización chilena CAM y desde su lugar de detención, días atrás difundió una carta donde reafirma que desconoce los estados nacionales de Argentina y Chile, y rechaza una vinculación política con el Gobierno actual del presidente Fernández, como sectores de la oposición le atribuyeron ante la falta de intervención de la Nación en el conflicto.
La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, del partido provincial Juntos Somos Río Negro, que en el conflicto mapuche marcó posturas opuestas al Gobierno nacional, también deslizó una vinculación con Chile: “Estos no son hechos nuevos. Hemos tenido algunos acontecimientos similares en Río Negro en años anteriores y también hubo situaciones de extrema violencia en Chile. Esto es lamentable, tenemos que apelar a todas las herramientas de la democracia para persuadir a las personas que eligen este método”, afirmó tras los primeros ataques incendiarios ocurridos el 3 de octubre en una oficina de turismo en El Bolsón y un destacamento de Vialidad Rionegrina en Bariloche, ambos perpetrados la misma noche.
«No es un conflicto de tierras porque, de ser así, nos sentamos todos en una mesa a discutir”
La dimensión real del grupo que opera desde el anonimato es incierta y también su vinculación con los reclamos territoriales mapuches vigentes, como la reivindicación del área rural de Cuesta del Ternero, a 15 kilómetros de la localidad de El Bolsón, donde existe una explotación forestal, y permanecen desde fines de septiembre mapuches a pesar de una orden de desalojo de la justicia de Río Negro y de la custodia de las fuerzas de seguridad que impiden el ingreso de víveres y personas.
En este reclamo públicamente se diferenciaron de la RAM, a pesar de que integra esta reivindicación territorial una familiar directa de Jones Huala. A través de un comunicado de prensa señalaron: “No formamos parte de la RAM, ni Codeci (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro), ni Parlamento Mapuche” y remarcaron su autonomía.
En paralelo, en la justicia federal de Bariloche avanza la causa por el delito de usurpación de tierras de Parques Nacionales (un área boscosa protegida) contra integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu, (una comunidad mapuche conformada en territorio considerado ancestral) que se radicó en la zona de Villa Mascardi, a unos 40 kilómetros de Bariloche, en 2017.
Aquí, un hermano de Jones Huala estuvo detenido por participar de la ocupación cuando se produjo un desalojo en noviembre de 2017, que terminó con el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel alcanzado por un disparo de un arma del escuadrón de Prefectura Naval Argentina que realizó el operativo.
Esta reivindicación mapuche de Villa Mascardi –que tiene un grupo incierto de integrantes y el rechazo de comunidades que trabajan con el Estado- protagonizó en los últimos años decenas de episodios de violencia contra pobladores de la zona y transeúntes de la ruta nacional 40, daños en propiedades privadas y avances territoriales hacia la costa del lago homónimo al paraje y otras propiedades como un complejo de cabañas que pertenece al Obispado de San Isidro. En todos los casos –que se investigan en la Justicia de Río Negro- el accionar es con caras cubiertas, por lo que la identificación de los autores es casi nula.
Ernesto Saavedra, abogado de pobladores que fueron víctimas de episodios de violencia por parte de mapuches encapuchados, consideró ante este medio que la situación actual responde a «una cuestión política, no es un conflicto de tierras porque de ser así nos sentamos todos en una mesa a discutir”.
«Que se releven las tierras donde quedaron arrinconadas las comunidades”
De manera puntual, tras un cruce político con la gobernadora respecto de la responsabilidad de la seguridad en la región, el Gobierno nacional envió fuerzas federales a El Bolsón y Bariloche para realizar tareas de control y prevención en la vía pública y rutas nacionales. Desde entonces, no se registraron nuevos episodios violentos en la zona.
En medio de esta situación conflictiva, desde Río Negro la gobernadora ratificó la “voluntad de diálogo” y de trabajo en conjunto que existe con los pueblos originarios a través de organismos estatales como el Consejo de Desarrollo Indígena, que integra el Estado y las comunidades mapuches. Hoy hay 164 comunidades mapuches constituidas en el territorio provincial y el 99% tienen vínculo con el Estado, según indicó la mandataria.
Desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche, Orlando Carriqueo, denunció que el trasfondo del conflicto actual es la falta de avance del relevamiento indígena que ordena la Ley Nacional 26.160, cuya prórroga está actualmente en debate en el Congreso Argentino. El referente mapuche precisó que 54 comunidades cuentan con el relevamiento indígena concluido, pero resta censar a más de 100 comunidades.
La tarea del relevamiento de pueblos originarios, que se realiza desde 2006 con severas demoras en todo el país, es coordinada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), junto a las provincias y comunidades indígenas.
La gobernadora de Río Negro acusó a los funcionarios actuales de este organismo, sus coterráneos Magdalena Odarda y Luis Pilquimán, de “alentar” la violencia y no avanzar en políticas estatales para solucionar el conflicto. Desde INAI -a través de un comunicado de prensa- descartaron la acusación y señalaron que “la provincia de Río Negro no lleva a cabo relevamientos territoriales desde hace años, y no ha entregado títulos comunitarios como el resto de las provincias argentinas”.
El organismo nacional acusado reclamó que “se desplieguen programas de gobierno que lleven adelante las entregas de títulos comunitarios y demarcaciones territoriales establecidas en la Ley 26.160 que la provincia de Río Negro se rehúsa a llevar adelante”.
Carriqueo, del Parlamento Mapuche, también responsabilizó a la provincia de la falta de avance del relevamiento. “Una de las cosas que pasa en Río Negro tiene que ver con la presión empresarial y de sectores opositores que cuestionan el relevamiento de tierras. Es parte de la historia de los Estados y las provincias, que avanzaron sobre las comunidades que estaban en la zona y esta ley nace para darle un marco legal, que se releven las tierras donde quedaron arrinconadas las comunidades”, afirmó y recordó que la Constitución argentina contempla la preexistencia de los pueblos originarios.
Las comunidades mapuches que trabajan junto a organismos estatales como INAI y Codeci aguardan que el Congreso de la Nación prorrogue por 4 años más la ley que ordena el relevamiento indígena y poder seguir adelante con este censo de los territorios donde hay asentamientos mapuches en la provincia.
En tanto, el Gobierno de Río Negro espera que avance la investigación judicial por los ataques incendiarios del último mes para identificar a los responsables y que la justicia determine si se consideran delitos que pueden considerarse como de una organización terrorista.
5 de noviembre, 2021.
Fuente: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20211105-conflicto-mapuche-argentina-patagonia-bariloche
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