Chile, ex fiscal Manuel Guerra, un peón de la máquina represora de la elite.

Tras la publicación de los Pandora Papers, desde distintos sectores se volvió cuestionar la labor del ex fiscal Manuel Guerra al no investigar al Presidente Sebastián Piñera, por la querella de Exalmar y Dominga. Desde la Fiscalía Regional Oriente fue un hombre clave los últimos años y el  responsable de eximir del cargo de soborno a Délano y Lavín en el caso Penta, enviándolos solo a clases de ética. Menos conocido es su rol como persecutor en casos emblemáticos del estallido, donde mostró su lado más duro, exigiendo altas penas y presidio efectivo para los acusados del incendio en estación Pedrero, Universidad Pedro de Valdivia, Hotel Principado y las detenciones en Lo Hermida. Guerra lideró las investigaciones y aprobó la presencia de agentes encubiertos como medio de prueba. A dos años del estallido, recopilamos datos y testimonios que ponen evidencia las diferencias de trato que hubo en estas investigaciones. 

Eran las 05:40 de la madrugada del jueves 15 de octubre del 2020, cuando un estruendo metálico despertó a los habitantes de las poblaciones Cousiño y Lo Hermida de Peñalolén. Nadie entendía el porqué de los portazos, correteos y gritos desgarradores. Todo era parte de un violento procedimiento policial del OS7 de Carabineros que terminó con trece viviendas allanadas y la detención de diez personas, entre ellas tres adolescentes.

Ese mismo día por la tarde se realizó el control de detención en el 13 Juzgado de Garantía de Santiago, por los delitos de asociación ilícita e infracción a la Ley de Armas. Fueron acusados de atacar la Subcomisaría de Peñalolén, en coordinación previa a través de un grupo llamado “Los Antiyuta 21”, desde el 26 de agosto hasta el 12 de octubre.

“(El operativo) permitió la detención de 10 personas, a las cuales les vamos a imputar delitos de infracción a la Ley de Control de Armas, por lanzar bombas molotov al cuartel policial de la Subcomisaría de Carabineros (…) Estas personas venían operando desde el mes de agosto”, dijo a los medios de comunicación el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, quien agregó que funcionaban como una estructura organizada, con distribución de roles.

En los antecedentes de la investigación se reveló que el OS7 infiltró a dos agentes encubiertos.

Según uno de los detenidos -quien solicitó resguardar su identidad para este reportaje- en el grupo acusado por Guerra eran todos amigos y la casa que fue denominada como el “centro de operaciones” la utilizaban para “echar la talla”, compartir y hospedar a los adolescentes de la población que provenían de familias disfuncionales. Además revela que un carabinero infiltrado habría aportado con dinero para las manifestaciones y que participó activamente del grupo de WhatsApp.

Lorenzo Morales, abogado defensor de la causa, confirmó a este medio que la labor de la fiscalía desde el inicio fue inducir al tribunal desde la prensa.

“En octubre del año pasado, indujo al tribunal por los medios explicando cómo habían atrapado a diez personas y se ufanaba de la manera ilegal que lo había hecho: con dos agentes encubiertos”, explica.

El caso de Lo Hermida no es la única investigación del estallido social que lideró el ahora ex fiscal Regional Oriente, Manuel Guerra. Otra causa fue el incendio en estación Pedrero, ocurrido el 18 de octubre del 2019. Allí Daniel Morales y su sobrino Benjamín Salazar (en ese entonces de 15 años), fueron acusados del siniestro. Incluso, en junio del 2020 presentó una acusación en contra de ambos donde solicitó 20 años de cárcel y diez de internación en el ex Servicio Nacional de Menores (Sename).

A pesar de su insistencia, luego de estar privados de libertad durante un año en Santiago Uno y en el Centro de Internación Provisoria de San Joaquín, en noviembre del 2020 ambos fueron absueltos en un primer juicio. Sin embargo todo fue anulado por la Corte de Apelaciones de Santiago dos meses después, en una decisión que valoró el fiscal Guerra insistiendo en que Morales y su sobrino eran culpables basado en una serie de pruebas que determinaban su participación en los hechos.

Para la defensa de Daniel y Benjamín, los videos y testimonios presentados durante el segundo juicio tenían diversas inconsistencias, especialmente en las pruebas entregadas por Fiscalía Oriente, liderada por Manuel Guerra, el Metro de Santiago y la Policía de Investigaciones.

Un inspector de la PDI reveló la existencia errores en los horarios de tres videos, mientras que Cristián Lezaeta, subgerente de Operaciones de Metro, reconoció que la noche del 18 de octubre del 2019, específicamente en estaciones que sufrieron incendios, solo funcionó “Venus”, un sistema de grabación y seguridad con protección anti-vandalismo usado también como prueba en otras causas del estallido social.

“(Fiscalía y Metro) jamás mencionaron este sistema ni en la investigación, ni en el primer juicio, es decir, prepararon este discurso para el segundo juicio lo que ya es ilegal, porque no se pueden hacer labores investigativas después de terminar la investigación. Ellos recién después de un año y medio, entendieron y vinieron a explicar lo que era el Sistema Venus”, señala Lorenzo Morales.

El ex fiscal Guerra no solía asistir a los juicios de sus investigaciones, pero si estuvo presente por Zoom en las instancias finales del segundo juicio del caso Pedrero, esto debido a los cuestionamientos hacia Fiscalía Regional Oriente con respecto a la obtención y calidad de los vídeos de las cámaras de vigilancia de la estación. Observó en silencio el desempeño de uno de sus fiscales de confianza, Omar Mérida, y en ningún momento tomó la palabra o participó para defender su investigación. Solo presenció la escena para luego marcharse.

Finalmente, en mayo de este año, Daniel nuevamente fue absuelto y Benjamín fue condenado a cinco años de pena mixta, es decir, dos a régimen cerrado y tres de régimen semicerrado.

Guerra también tuvo bajo su jurisdicción las investigaciones de otros dos casos emblemáticos de la revuelta social: El incendio de la Universidad Pedro de Valdivia y Hotel Principado.

Su rol antes del 18-O: Casos Penta y Exalmar

Manuel Guerra Fuenzalida es abogado desde 1999. Comenzó su carrera como Fiscal Adjunto en el Ministerio Público entre los años 2002 y 2007 en Iquique, y como Fiscal Jefe en San Antonio y Maipú. Ese mismo año asumió como Director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de la Fiscalía Nacional hasta diciembre del 2010, para luego ser trasladado como Fiscal Regional de Tarapacá, cargo en el que estuvo durante cinco años. En diciembre de 2015 asumió como Fiscal Regional Metropolitano Oriente. En julio pasado presentó su renuncia ante el Fiscal Nacional Jorge Abbott, la que se hizo efectiva el 1 de agosto.

Un profesional que conoce de cerca su trabajo -y prefiere mantener su identidad en reserva- lo describe como una persona hábil, con estrategias politizadas para realizar sus investigaciones, y una vasta agenda de contactos. Además, con un constante interés de aparecer en la prensa para obtener reconocimiento por su desempeño en Fiscalía. Durante el estallido social solía dar entrevistas a medios de comunicación para criminalizar las manifestaciones y sus cuñas en contra de los detenidos terminaban frecuentemente como titulares del diario La Tercera.

“Están en contra de todo aquello que simbolice el poder estatal” y se trata de “grupos radicalizados antisistémicos”, dijo en un discurso tras la discusión de la Ley de indulto. Respecto a los presos políticos, en un análisis realizado en una radio en julio de este año, dijo “Como institución hemos sido claros, primero en despejar el tema, en orden que presos por razones de la conciencia o por expresar cierto tipo de pensamiento, en Chile, simplemente no existen. No tenemos delitos de conciencia, no tenemos, por ende, presos que podríamos llamar políticos”.

Antes del estallido, mientras Guerra lideraba la Fiscalía Regional Oriente, estuvo a cargo de las indagaciones finales del caso Penta, reconocida causa de delitos económicos en los que fueron investigados en su mayoría políticos de la Unión Demócrata Independiente (UDI). En enero de 2018, el fiscal jefe llegó a un acuerdo con la defensa de Iván Moreira, quien fue sobreseído un año después; y cuya decisión no fue aceptada por los fiscales del caso, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes renunciaron al Ministerio Público.

Con respecto a Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería del primer gobierno de Sebastián Piñera, fue absuelto del delito de cohecho (pagos provenientes de sus ex jefes de Banmédica, Delano y Lavín). Fue condenado por incremento de su patrimonio injustificado, luego del acuerdo entre Manuel Guerra y su defensa.

Guerra también eximió de soborno a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Ambos solamente fueron condenados por delitos tributarios y enviados a clases de ética. Actualmente asisten a un programa de reinserción social.

Otra causa polémica se desató en el año 2016 cuando el diputado Hugo Gutiérrez (PC) presentó una querella en contra del Presidente Sebastián Piñera por la compra de acciones por parte de Bancard -propiedad del mandatario- a la pesquera peruana Exalmar durante el litigio marítimo en La Haya. Nuevamente el caso cayó en manos de Manuel Guerra. Dicha causa fue ampliada a la minera Dominga, en la que participó como abogado querellante Fernando Monsalve.

“Sin duda en esta causa el Fiscal Guerra no quiso investigar la arista de Dominga, se solicitó tanto el 20 de marzo y el 27 de junio diligencias específicas y reiteradas en cuanto a dicha arista que no se investigó. Los fines y la justificación de no realizar su pega la tendrá que dar el fiscal (…) Guerra es el que pidió el sobreseimiento y la defensa también y justifica las no diligencias de Dominga cuando se argumenta justamente que serían inconducentes o fines dilatorias, lo que confirma que él jamás investigó”, relata Monsalve.

Como es conocido, Sebastián Piñera fue sobreseído del caso. Según Guerra no pudo establecer la existencia de delitos.

El abogado Carlos Gajardo, ex fiscal de Alta Complejidad quien trabajó en casos emblemáticos de corrupción, entre ellos el ya mencionado SQM, se refirió a las dudas que recaen sobre Guerra.

“Me parece que como fiscal no tenía experiencia en casos complejos, ni menos de corrupción. En la causa Exalmar-Dominga trabajó solo, sin ningún otro fiscal, lo que debe ser el único caso en Chile en que se haya actuado así en una causa compleja”, explica Gajardo.

El 31 de diciembre del año pasado Guerra decidió mandar a todos sus contactos de WhatsApp un mensaje donde se despedía y además aprovechaba de pedir alguna oportunidad laboral. “Estimadas y Estimados en esta fecha junto con desearles un feliz 2021 les informo que he tomado la decisión de comenzar a explorar nuevos horizontes laborales. Debido a lo anterior es que quien sepa de alguna posibilidad laboral no dude en comunicármela ya que no descarto opciones, sean estas en el ámbito público o privado. Llevo más de 18 años en una institución a la cual quiero y le debo mucho, pero ha llegado el momento de buscar un cambio. Un abrazo fraterno a todas y todos y feliz 2021”

“Esto habla un poco cómo es él, en un cargo así no puedes pedir trabajo, menos anunciar tu salida que luego concretaste seis meses después”, dice otro profesional que conoce la trayectoria de Guerra.

Desde agosto Manuel Guerra trabaja en la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO), integrada por Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes; con el propósito de coordinar acciones legales en el organismo. Días antes de la salida de Guerra, la Fiscalía Oriente abrió una investigación en contra de la municipalidad de Vitacura por malversación; mismo municipio que financia la asociación.

Implacable en otros casos del estallido

El 8 de noviembre del 2019, un incendio afectó a la casona Schneider de la Universidad Pedro de Valdivia y el acusado fue Alejandro Carvajal. En un primer juicio fue condenado a tres años y un día de libertad vigilada por el Tercer Tribunal en Lo Penal de Santiago, sin embargo la Fiscalía Oriente no quedó conforme con la resolución.

“Como Fiscalía discrepamos de la sentencia, porque creemos que corresponde que un delito de la gravedad como lo es un incendio, aunque sea frustrado, tenga una pena acorde y en ese sentido creemos que acá no hay cabida para una pena sustitutiva, sino que el acusado debe cumplir íntegramente los tres años privado de libertad, ya que se acreditó su participación en los hechos y es una importante señal el que se le castigue con una pena efectiva. En la propia sentencia una de las magistradas se opuso a este beneficio y esperamos que la Corte nos dé la razón”, dijo el ex fiscal a un medio de comunicación.

El primer juicio fue anulado por la Corte de Apelaciones de Santiago, pero en ambos se estableció la presencia de agentes encubiertos, personal de Carabineros denominados “Intra Marchas” que siguieron y detuvieron a Carvajal. Además habrían incitado el siniestro según un vídeo entregado por la misma policía.

Según Lorenzo Morales, quién también es abogado de Carvajal, el artículo 226 bis del Código Procesal Penal establece que el uso de agentes encubiertos se puede dar solo si el Ministerio Público posee la autorización de un juez de garantía para proceder una investigación de este tipo. Lo que no habría ocurrido en este caso.

“Sobre los agentes encubiertos es la tesis jurídica que Guerra en todos los casos aprobó y sobre todo en el Tercer Tribunal Oral en Lo Penal, una tesis que por lo menos los jueces han aprobado. Nosotros esperamos que esa tesis sea revocada en la Corte Suprema porque es vulneratoria para los Derechos Humanos”, enfatiza Morales.

Alejandro fue condenado a cinco años y un día de presidio efectivo.

Otro caso polémico fue el incendio en las dependencias del Hotel Principado, ocurrido la tarde del 12 de noviembre del 2019, cuando una llamada alertó a la Compañía de Bomberos de Santiago. Hasta ese momento se desconocían las causas del siniestro, los responsables y que la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) junto al OS9, estaban realizando un operativo policial en el lugar.

Finalmente se esclareció que no solo en los casos de la Universidad Pedro de Valdivia y Lo Hermida hubo presencia de agentes encubiertos en la investigación, aprobados por Manuel Guerra como pruebas testimoniales y documentales. También en el incendio del Hotel Principado la Fiscalía Oriente utilizó como evidencias en el juicio de febrero pasado las declaraciones de personal Intra Marchas, y los vídeos grabados desde sus celulares; pese a no contar con la autorización de un juez de garantía para efectuar los seguimientos y detenciones de Matías Rojas, Jesús Zenteno y Benjamín Espinoza.

En una entrevista en febrero del 2020, Guerra relató que en el caso de Hotel Principado y el incendio en la faena de construcción de la Universidad de Chile, existían ‘varios niveles de organización’, puesto que se habría actuado con los mismos elementos en las quemas del acceso de estación Baquedano y en la destrucción del Hotel Principado. Incluso dijo que hubo personas ‘que se convocaron previamente para llevar acelerantes, fabricar bombas molotov’, lo que indicaría ‘un nivel de organización más que nada destinada a realizar acciones vandálicas’.

“No era normal los acentos que él ponía en los casos más importantes, acentos hablando de los testigos con identidad protegida y de los agentes encubiertos en sus investigaciones que están altamente cuestionados y deberán ser revisados por la Corte Suprema, esperamos en las próximas semanas (…) Él tuvo un trato desmesurado hacia los muchachos de la revuelta, lo que nos consta porque el trato no es así en otras Fiscalías”, comenta Lorenzo Morales, abogado defensor de Matías Rojas.

Finalmente, los tres jóvenes acusados del incendio del Hotel Principado fueron absueltos del siniestro, pero condenados a penas entre cinco y seis años por elaboración y lanzamiento de bombas molotov.

“Sobre las actuaciones del Fiscal Guerra y las investigaciones de Exalmar y minera Dominga, lo que queda claro a la luz pública es la diferencia de trato de la investigación y en la práctica una justicia de clase para algunos poderosos o ricos es de una determinada manera, y para el resto de los chilenos la justicia opera de otra forma”, agrega Fernando Monsalve antes de despedirse.

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(**) Consultado por La Otra diaria, el ex fiscal Guerra se remitió a responder la pregunta por su trabajo en los casos mencionado en el reportaje: “La Fiscalía Oriente respecto del estallido solo se limitó a aplicar la Ley de Control de Armas que es muy dura y eso lleva penas fuertes con cumplimiento efectivo. No es un tema de Fiscalía sino de la dureza de la ley”.