Chile finanzas: Notas sobre la coyuntura económica.

SOBRE LA ECONOMÍA DE CHILE. 

por prof. Héctor Vega.

Vivimos una situación insoslayable de fondo: en Chile, los salarios reales no han aumentado, por el contrario, junto a las pensiones, han quedado a la zaga, pues el aumento inflacionario de los precios los ha recortado, en subsidio, los retiros de l0s fondos previsionales, han agregado circulante así como la política de bonos, ayudas y el IFE universal del gobierno que en conjunto suman 80 mil millones de dólares, es decir alrededor de un terci0 del PIB. Fenómeno estrictamente monetario que se hace aún más evidente cuando faltan aún 718 mil empleos para recuperar los niveles pre pandemia. Ese contrasentido vive y prolifera en la espiral de precios que no logra resolver un gobierno ausente de ideas que en su inmovilismo pasa a ser parte del problema.

La pandemia y su período crítico de la cuarentena paralizaron la economía. La falta de reacción del gobierno y la iniciativa de la ciudadanía determinaron los retiros de los fondos de pensiones. A esa situación crítica se agregó la larga y tradicional lista de Bienes Públicos básicos que siempre ha estado al debe en la sociedad chilena y que la revuelta del 18 de octubre desnudó en toda su crudeza. Cito: educación, salud, vivienda, aprovisionamiento de agua urbano y rural, pensiones, erradicación de campamentos, desigualdades irritantes, mal vivir de las ciudades, inseguridad, problemas de transporte urbano, regiones abandonadas, pueblos originarios en calidad de ciudadanos de segunda clase, compromisos adquiridos en la COP de París en relación al calentamiento climático global y no cumplidos, etcétera.

A problemas estructurales, soluciones estructurales. Recurrir en el corto plazo a la emisión monetaria es plausible pero de ninguna manera una solución de mediano plazo, máxime si en el empeño después de 2 años de ejercicio los fondos soberanos están casi agotados. De hecho el estado se endeudó con el Banco Central que echó mano a sus reservas para financiar al gobierno para enseguida rehacerlas comprando dólares en la economía: US $12 mil millones en un programa hasta marzo de 2022.

Otras apreturas se ciernen en el horizonte. No olvidemos la disponibilidad de alimentos frente al incremento de la demanda que en una economía es vital. Variable in crescendo que el déficit en la producción alimenticia, sequía entre otros factores, con inaceptables reglas de administración del agua que ponen en duda su calidad de Bien de Uso Público, golpea en la canasta de consumo de la población. Baste decir que 60% de artículos importados entran en la canasta de consumo de la población. La inelasticidad de la capacidad de importar es una constante que atenaza los cálculos de abastecimiento de la población y de aprovisionamiento de la industria y los servicios de la economía y de manera ineludible las disponibilidades de la Caja Fiscal.

¿Qué sucedió realmente en los momentos críticos de la pandemia y cuál fue la huella que dejó en la economía y la política chilena.

En una economía escasamente diversificada, dependiente del cobre y sus fluctuaciones, con acendrada mentalidad rentista que limita no solo los recursos para importar sino muy fundamentalmente la formación bruta de capital fijo que al tener en cuenta la baja productividad del capital (y del total de los factores), las necesarias amortizaciones y el crecimiento de la población, limita el crecimiento a paupérrimos 2 a 3%. En su peor momento de la pandemia en 2020, las importaciones cayeron 17,11% respecto a 2019.

La alta tasa de inflación del mes de septiembre, 1,2% y proyecciones futuras que situaban la inflación en 5,8% a fines de año determinaron un alza de la tasa de política monetaria (TPM) decretada por el Banco Central, de 1,25 puntos base con lo que la TPM quedó en 2,75%. Sin soluciones estructurales la cuestión monetaria resulta parcial e ineficaz. Centrada su argumentación en el cuarto retiro Mario Marcel, presidente del Banco Central, manifestó que dicho retiro no beneficiaría sino al 20% de los más altos ingresos, anunció que la tasa de inflación al final del año sería de 5,7%, con lo que justificó el alza de las tasas de interés de largo plazo de 2,5% a 6,6%. Esto tendría un efecto multiplicador sobre el crédito hipotecario, pues con un alza de 2% de las tasas de interés de largo plazo y de 5% de inflación (es decir 2 puntos sobre la meta de 3% del Banco Central) un crédito hipotecario de 2000 UF  llevaría a mayores intereses equivalentes a alrededor de 12 millones por el total del crédito, monto por sobre 4 millones 900 si se hubiesen mantenido los intereses de los créditos hipotecarios actuales. 

El alza de la tasa de interés es un factor exógeno que desde la TPM, decidida por el Banco Central, coloca en su realidad a los salarios que reducen su poder de compra. No menos importante es lo que sucederá con la inversión pues en el origen de esta se encuentra la tasa del interés y su alza la desalienta. Paralelamente entra en el cálculo la rentabilidad del capital que cuenta en la decisión final del inversor. Esta ecualización entre rentabilidad e interés nos permite inferir en el corto y mediano plazo qué ingreso permitirá sostener la tasa de ahorro necesaria para que la inversión sea posible. En el largo plazo, el alea de cambios que enfrentará la inversión ponen a prueba las expectativas de ganancias. Nadie puede asegurar tales cálculos, de manera que la incertidumbre planea sobre la suerte final de la inversión.

Un caso peculiar es el de la explotación minera pues en ese caso la prospectiva del largo plazo significará una ley de corte de mayor utilización de reservas en relación a los recursos geológicamente evaluados. Es decir preferir en una proyección hacia el futuro, una tasa de reservas, digamos de 25% más que una de 35% puede significar una decisión prudente en un clima de precios inciertos y a la espera que el horizonte de precios mejore. 

De cualquier manera, se trate de bienes de capital de corta o larga maduración siempre estamos sujetos a aleas que el Banco Central tendrá que asumir bajando la tasa del interés para así aumentar la inversión y al mismo tiempo llevar al alza en la rentabilidad del capital según esa tasa de interés y sobrepasar el estado de liquidez. La acción conjunta de la tasa del interés a la baja y el alza en la inversión permitirán rehacer los niveles de ingreso y de ahorros anteriores de la crisis. 

Para el Central la TPM debe ser coherente con un PIB de equilibrio, es decir a un nivel fijado por la meta de inflación del 3%, sin una sobreoferta monetaria, ni desajustes provenientes de un bajo nivel de productividad. Esto sin olvidar el rezago con que opera la fijación de la TPM lo que podría provocar una importante desaceleración el próximo año.

Es evidente que las planificaciones del Central, a las que se acopla el gobierno, no tienen las mismas razones que las de los hogares. Las razones de los retiros de los fondos de pensiones se explican en ausencia de medidas eficaces del gobierno por la decisión de la ciudadanía de echar mano de sus ahorros forzosos cuando la cuarentena cerró las fuentes de trabajo.

Un gobierno sin ideas ni planes es un gobierno sin rumbo. Hace poco un economista de la Escuela de economía y negocios de la Universidad de Chile comentaba en la prensa local que cada mes de IFE universal correspondía a 2 mil millones de dólares equivalente a la construcción de 50 mil viviendas o el fin de todos los campamentos en Chile en el lapso de dos meses. Sin embargo, comentaba, si existiera oficialmente la voluntad de utilizar ese dinero su realización sería imposible pues el modelo neoliberal desactivó completamente el aparato público en las últimas 4 décadas.

Restablecer la economía a sus niveles pre pandemia implica restablecer la situación del empleo y de ingresos es decir, plantear salarios propios a una economía que se restablece, concebir una matriz de producción y de energía compatible con las nuevas exigencias de la economía y su relación con el exterior, acelerar las reformas tributarias, derogar las exenciones tributarias, establecer un nuevo royalty minero…Como lo señalábamos más arriba se trata de calcular cuánto nos costará incurrir en más inversión, considerando su rentabilidad y dado una tasa de interés y su efecto sobre los ingresos de los trabajadores. De no resolver esta ecuación estamos ad portas de la estagnación en un clima de inflación. 

Precisemos que en el peor momento de la pandemia y la cuarentena el desempleo fue de poco más de 13% en 2020, lo que sumado a empleos precarios y de pocos días en el mes se trataba de más de 2 millones de trabajadores. En el mes de julio de este año el desempleo bajó a 8,4% pero aún resta conocer los efectos de la restricción monetaria anunciada por el Banco Central, donde podría darse el caso de desaceleración de la economía y los mercados.

No olvidemos las alzas en los costos del petróleo y el gas natural, elevando las presiones sobre los precios. Varias actividades, entre ellas, la agricultura y la construcción constatan problemas en la oferta de mano de obra, todo lo cual se une para crear presiones inflacionarias cuando se paralizan o bajan los suministros esenciales en la economía esto es, ‘estagflación’.

Lo aquí señalado sitúa en su contexto los diagnósticos de los economistas sujetos a los dogmas del libre mercado y de las reglas de la sostenibilidad fiscal. En tiempos de pandemia de ayudas a las familias, el IFE citado más arriba, bonos, etcétera, se calcula un déficit de caja fiscal de 11,5% del PIB muy por sobre el límite fijado por el gobierno de 4,7% en 2020 (ver decreto 1579 de septiembre de ese año), lo que augura según el Consejo Fiscal Autónomo, que se encarga de evaluar el ciclo de los ingresos fiscales, un severo ajuste para 2022 es decir para la próxima administración.

¿Existe alguna chance que este déficit pueda ser saldado si las fuentes de financiamiento del estado, los impuestos, no son modificadas sustancialmente? Tengamos en cuenta que la inflación socava la estabilidad y se distingue por sus causas estructurales, como parte de un sistema económico que la reproduce y propaga. Señalo dos factores estructurales que serán tratados en la Segunda Parte de este trabajo a saber: la tributación y la minería. Ambos permiten entender el cauce de los recursos provenientes de la actividad económica. La minería es el sector de mayor recaudación en Chile. Su actividad conlleva una orientación de clara raigambre política, pues no solo financia la economía y a los políticos,  sino que además influye sólidamente en la política contingente.

Santiago, octubre 31, 2021

—

Segunda Parte

Factores estructurales que convergen en el déficit de la Caja Fiscal

I° Tributación

El déficit en la Caja Fiscal no puede ser saldado si no se produce una radical modificación del financiamiento del estado siendo los impuestos el factor fundamental. Por la magnitud de las cifras involucradas en cuanto se refiere a la recaudación de divisas sobre el exterior el sector de la minería debe considerarse de manera central. 

1 La estructura tributaria limita los ingresos fiscales. Baste decir que en Chile quienes pagan impuestos son las personas, las empresas no pagan impuestos. Esto debido a que el impuesto corporativo, cuando se retiran las utilidades, se deduce del impuesto que pagan las personas, llamado Impuesto Global Complementario (IGC). Ese es el impuesto-crédito. La justicia tributaria determina la eliminación del sistema de impuesto-crédito, restableciendo en el debate la posibilidad de llegar como base de tributación de las empresas las utilidades devengadas. Pues bien, cuando las reformas de 2014 (gobierno de Bachelet) se concibieron dos sistemas impositivos, uno relativo a la renta atribuida con una tasa de 25% e integrado en 100% con el impuesto a las personas (Global Complementario), Art. 14 A de la Ley de la Renta y, el semi-integrado Art. B de la Ley de la Renta, con una tasa del 27% y un crédito de 65%, lo que se traduce en un pago final de los empresarios de 9,45%. Este último puede postergarse indefinidamente en la declaración del Impuesto Global Complementario (IGC) por lo cual, legal y prácticamente, se consagra un fondo de utilidades tributarias (FUT) –hoy se le denomina Registro de Rentas Empresariales. Con el sistema descrito la tasa marginal consolidada (impuesto de primera categoría más IGC) deviene 44,55%. 

2 El gobierno y la oposición de la época mantuvieron parcialmente el impuesto crédito en la fórmula semi-integrada. Esta fórmula transaccional así como el impuesto-crédito antiguo no solo no produce ingresos tributarios, sino que, al tener este impuesto créditos (por contribuciones de bienes raíces, capacitación, donaciones, compra de bienes durables, entre otros), la recaudación resulta negativa, es decir, el Fisco recibe menos dinero que los créditos que debe otorgar. Además, por las utilidades retenidas (no distribuidas) el impuesto es temporal por el período desde que se declaran dichas utilidades, y por las cuales se paga el impuesto, hasta el momento en que se distribuyen dichas utilidades y el impuesto correspondiente (que es, precisemos, de propiedad de los dueños de las empresas, no del Fisco). En definitiva el sistema de semi integración consagra un menor pago de impuestos. En el sistema de renta atribuida el tributo corporativo es 25 % sobre las utilidades devengadas, el que en un 100% es descontable de los impuestos personales con lo cual al ejercer el crédito se termina pagando 10% (= 35%–25%).

3 Con relación al FUT ya mencionado, este ha sido utilizado como un mecanismo de gastos ficticios de la empresa equivalentes al retiro de utilidades pero exentos del pago de impuestos: en síntesis, dicho Fondo generaba evasión de impuestos. Fenómeno que se observó en las sociedades de inversión que eran sociedades creadas con el ánimo de evadir impuestos y postergar de esa manera el Impuesto Global Complementario. Dichas sociedades no fueron creadas ni con un fin comercial ni industrial. De hecho esas empresas no habrían existido de no mediar la posibilidad de evadir impuestos. Agreguemos que nunca se tuvo claridad acerca del monto del FUT, misterio celosamente guardado por el Servicio de Impuestos Internos (SII). En la prensa se barajaba que el monto del FUT revenía a una suma que fluctúa entre 300 y 350 mil millones de dólares es decir 1,2 o 1,4 el PIB. Sólo presiones políticas explican la falta de transparencia en estas cifras. La opinión pública merece una explicación pues las empresas deben declarar todos los años dicho saldo y el monto de los créditos que corresponden. 

4 Con los manejos ya descritos, se desvirtúa la función de financiamiento de proyectos de largo plazo y explica en definitiva que la inversión y formación de capital en Chile proviene de ahorro extranjero y del Estado de Chile. Por décadas las estadísticas de Cuentas Nacionales dan cuenta de una formación bruta de capital fijo que oscila entre un 20% y 25% del PIB proporción absolutamente insuficiente bajo todos los estándares de países que han llegado al desarrollo y financiado sistemas de seguridad social, donde las cifras de inversión se sitúan por sobre el 30% del PIB y en algunos países del sudeste asiático llega a 40%.

Las estadísticas muestran un rendimiento de los impuestos en que mientras el  impuesto a la renta (corporativos) suma 38,8%, los impuestos indirectos, que golpean fuertemente a los sectores medios y más vulnerables de la población,  suman casi 60% del total (IVA, 49,3% más 8,8% impuestos específicos). El monto total de los impuestos representa 20% del PIB. Se comentaba del estafador estadounidense Bernard (Bernie) Madoff que la plata que éste le sacaba a los ricos norteamericanos era más fácil que matar bebé focas a palos. En este caso se trata de defraudar a la población de ingresos medios y pobre con impuestos indirectos de 58%, imposibles de eludir, pues si el pobre en situación de calle va a comprar un pan, involucrando en ello 40% de sus ingresos diarios, deberá pagar 19% de impuesto. El rico o super rico gasta una proporción mínima de sus ingresos en consumo. En el caso de los empresarios siempre recurrieron a los fondos de pensiones administrados por las AFP en un negocio redondo pues los intereses son moderados y frente a las tasas de la eventual competencia, los bancos, la ganga es evidente. La reinversión de fondos propios nunca ha sido su opción privilegiada.

En definitiva, como lo hemos demostrado, el debate se centra sobre la tasa corporativa de 27%, pero ese no es el problema sino la base tributaria a la que se aplica dicha tasa.

5 Las exenciones tributarias se calcularon a comienzos de los 2000 en US $10 mil millones, las actuales recalculadas en 2020 por una misión de la OCDE y el FMI situaron el monto en US $5 mil millones. En todo caso representan 2% del PIB y aún se prosigue el debate por su eliminación.

Minería

6 La minería es un tema vedado por el entramado político que protege los regímenes y prácticas tributarias especiales de que disfrutan las compañías internacionales de la Gran Minería del Cobre. Dicho lobby se traduce en definitiva en el financiamiento de la clase política sin la cual dichos regímenes especiales no podrían mantenerse.

Es sabido que la principal vía que han utilizado las compañías de la Gran Minería del Cobre es la de organizarse como sociedades de personas. Para revertir esta situación debe dictarse una ley modificatoria o interpretativa del artículo 200 del Código de Minería que autoriza constituir sociedades contractuales mineras en el sentido que sólo pueden adoptar tal forma societaria aquellas empresas que tengan una producción anual inferior a determinada cantidad de toneladas de cobre, de suerte que no quede otra alternativa a las grandes mineras que constituirse como sociedades anónimas.

7  En la actualidad la tributación minera señala una media de impuestos con una desviación típica elevada en 14 años (2006-2019) que no es representativa: 4324 millones de dólares y el royalty para el mismo período, 540 millones de dólares. En el mismo período, el 100% de los tributos representaron, 48,637 millones de dólares, divididos entre el impuesto a la renta 43.239,7 millones de dólares y el Impuesto específico 5398 millones de dólares, esto es 88,9% y 11,09% respectivamente en 14 años. Esta constatación revela un excedente de magnitud pero que no ha implicado inversiones en bienes industriales de mayor entidad la que con una visión macroeconómica pudiera generar rentas de una entidad tecnológica más compleja. Eso implica entrar en la cadena de valor del cobre en puestos del mercado de mayor complejidad pues desde allí se maneja la demanda del mercado de cobre refinado lo que permite resguardarse de las continuas oscilaciones de precio del mineral en el mercado mundial y aún invertir en ramas no-cobre.

8  Las pérdidas en los mercados de futuro del cobre tienen repercusiones en la tributación. Este ‘mecanismo’ ha sido utilizado en los años en que las utilidades han sido importantes debido al alto precio del cobre, por lo que el método más efectivo para reducir y hacer desaparecer las utilidades y no tener que pagar impuestos a la renta, consiste en obtener cuantiosas pérdidas en los mercados de futuro del cobre. Para realizar estas pérdidas, se vende una cierta cantidad de opciones de cobre a un precio determinado, comprando posteriormente esas mismas opciones a precios superiores de veinte o más por ciento. Esto genera una pérdida contable para la filial minera chilena, pero que se transforma en una utilidad para la empresa extranjera que efectuó la compraventa de opciones de futuro, la que necesariamente debe ser otra filial de la casa matriz de la empresa de un país o isla con paraíso fiscal.

9 Royalty. El royalty nunca ha sido una materia bienvenida por nuestros políticos pues los coloca en entredicho con sus donantes de campaña. Situación que hoy es de dominio público y que se ventila en tribunales. El verdadero significado del Royalty, el cual en la acepción universal reconocida por las legislaciones del mundo es un derecho sobre el mineral extraído independiente aún de su venta. Esto ha sido controvertido existiendo propuestas que se refieren al cobro ad-valorem del mineral que se exporta, otros se refieren a un cobro asociado a la ley de corte (relación entre reservas y recursos) y por tanto a la ley de fino del mineral. Cualquiera que fuere la opción esta deberá desmarcarse del actual ‘royalty’ negociado en un régimen de invariabilidad con las compañías y el estado donde se definieron períodos de 12, 15 y hasta 20 años con tasas alternativas dependiendo del artículo transitorio que las compañías acordaron, de 0% o 4%. Según comentarios de la época el grueso de las empresas mineras se acogió al artículo 3 transitorio, el cual fijaba la tasa de impuesto en 4% según lo establecido en el artículo 11 ter de la Ley de Royalty, y 12 años de invariabilidad, contados desde la modificación del contrato o desde la puesta en marcha del proyecto. Este esquema ofrece como beneficio, la rebaja del 50% del impuesto específico los años 2006 y 2007.

10  Reembolso de préstamos ficticios. La práctica demostró que las matrices de las mineras depositaban cuantiosos recursos en un banco de un paraíso fiscal y éste aparecía como otorgando un crédito a la filial chilena de aquella matriz extranjera. De ahí se seguían dos consecuencias negativas para el país: primero, las utilidades se remesaban al extranjero, disfrazadas del pago de intereses que sólo pagan un 4%, y en segundo lugar se reducían así artificialmente las utilidades en Chile, pagando en definitiva menos impuestos. Se consagraba así la transformación del impuesto adicional de 35% en un impuesto del 4%.

Finanzas Públicas

Como hemos dicho la esencia de la justicia tributaria determina la eliminación del sistema de impuesto-crédito, restableciendo en el debate la posibilidad de llegar como base de tributación de las empresas las utilidades devengadas. Las discusiones del pasado en el Congreso (así como un fuerte y activo lobby) han dejado  en claro que para los dueños de las empresas los retiros y distribuciones no constituyen renta. Una mirada al exterior señala que las tasas de impuesto a la renta de las economías de la OCDE se aplican sin ambigüedades en sistemas desintegrados.

En definitiva la integración representa un beneficio destinado a las empresas pero no a las personas naturales que se consolida con los gobiernos de la izquierda oficial y la derecha. Como ya se ha dicho un impuesto único sin integración revertiría esta situación pues con ello se eliminan eventuales planes de evasión y elusión tributaria donde el FUT ha sido uno de los mecanismos preferidos en décadas anteriores. Esa propuesta no está en la agenda de la clase política.

Es innegable que los grupos económicos, cabezas visibles del capital transnacional que goza en el presente de importantes privilegios tributarios han jugado un rol fundamental en el statu quo que hemos vivido desde la llamada “transición a la democracia”. Vastas capas de la población hoy carecen de representación y de opción política. Las opciones se reducen a un cambio de equipo de la misma clase política bajo formas diversas.

En el presente, con los compromisos contraídos parcialmente con el programa de educación de los estudiantes, salud, erradicación de campamentos, pilar solidario de las pensiones, etcétera, no cabe otra posibilidad de financiarlos con un cambio de sistema donde la reforma tributaria, no la integración, juega un rol central. El programa por el financiamiento de los Bienes Públicos básicos (educación, salud, vivienda, pensiones) y los compromisos adquiridos en la COP de París en relación al calentamiento global así lo exige. Todo ello va de la mano de transferencias capitales para una población que ha vivido 47 años (17 en dictadura y 30 en la mal llamada democracia) y que hoy de pié lucha contra los abusos y reivindica su derecho a vivir en dignidad.

El extractivismo compensa el menor valor con mayor cantidad. Esta es una estrategia errada incapaz de transitar hacia un nuevo nivel de desarrollo industrial. Peor todavía genera relación de desigualdad permanente en los intercambios con el mundo desarrollado. 

Este tipo de relaciones debe ser enfrentado vencer las vallas estructurales que limitan el gasto en inversión y social. No basta esperar las alzas en el precio del cobre para financiar el crecimiento. Se requiere una hoja de ruta centrada en dinámicas productivas en el área de los Bienes Públicos capaces de generar un cambio social, enfrentar las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, según un objetivo de temperatura del planeta de 1,5 °C, guiando los esfuerzos a un crecimiento verde capaz de impulsar el cambio de la matriz energética. 

Estos avances potenciarán la continuidad en el crecimiento desde el área minera hacia sectores industriales de la cadena de valor del cobre y otros minerales de exportación. Esto llevará a procesos de mayor rentabilidad del capital y por tanto de mejores empleos e ingresos dignos para los trabajadores. Conjunto de factores que sobrepasan la espera de alzas en el precio mundial del metal y que permiten enfrentar el alza de las tasas reales de interés en el mediano plazo.

Santiago noviembre 2, 2021

 

Recibido por CT 4 de nov.2021.