Chile billete: «En todas partes se cuecen habas», y en el FA a calderadas*.

Más de $2.700 millones gastaron, en conjunto, los ocho candidatos que compitieron por la gobernación de la Región Metropolitana en las elecciones de mayo de este año. CIPER revisó las rendiciones que presentaron al Servicio Electoral y detectó que la postulante del Frente Amplio, Karina Oliva (Partido Comunes), contó con uno de los equipos de campaña mejor pagados desde que existe el registro del Servel sobre gasto electoral. De acuerdo con ese archivo histórico, varios colaboradores de Oliva recibieron un pago superior al de los asistentes mejor pagados de anteriores campañas presidenciales.

El equipo de la abanderada frenteamplista -que ahora disputa un cupo en el Senado- estaba compuesto por siete personas que se repartieron un total de $137 millones. Todos han integrado el núcleo que ha trabajado cercanamente con Karina Oliva en el Partido Comunes, Además, el centro de estudios Fundación Chile Movilizado, vinculado al Partido Comunes, emitió una factura por $60 millones por asesorías para la campaña de Oliva. El mismo centro facturó otros $60 millones, pero en la rendición del Partido Comunes, aunque también fueron cargados a la cuenta de la campaña de Gobernador Regional.

Los datos del Servel permiten establecer que en la campaña de Karina Oliva hubo un miembro de su equipo que cobró alrededor de $8 millones mensuales (considerando cinco meses de campaña legal, incluida la segunda vuelta). Otro cobró $10 millones solo por trabajar en la segunda vuelta (un mes). Le siguen dos colaboradores que cobraron cerca de $5 millones por mes y un asistente al que se pagaron $4,1 millones mensuales.

CIPER comparó estos gastos con otras campañas anteriores de gran magnitud y las únicas que tienen montos similares son las de la presidencial de 2017. En la primera vuelta de esa campaña, la vocera del candidato Sebastián Piñera, Cecilia Pérez, aparece con cuatro boletas por un total de $18 millones ($4,5 millones mensuales); y su administrador electoral, Juan Francisco Galli, recibió $17 millones ($4,25 millones mensuales). El colaborador mejor pagado de esa candidatura fue Jorge Espinoza Navarro, asesor publicitario con boletas por $20 millones ($5 millones mensuales).

Entre las campañas históricas de la izquierda, el único punto de comparación es la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez en 2017, también por el Frente Amplio. En esa oportunidad se pagaron $15 millones a dos colaboradores: el jefe de campaña Sebastán Depolo (ahora candidato a senador por la Región Metropolitana) y el director estratégico, Sebastián Kraljevich. Ex integrantes de ese equipo de campaña de Beatriz Sánchez, explicaron que estos montos se pagaron por trabajos realizados entre marzo y diciembre de 2017. Pero, para efectos de la rendición ante el Servel solo operan los plazos que la ley establece para hacer campañas, que en el caso de la elección de 2017 abarcó desde agosto a noviembre de ese año, por lo que el promedio de pago mensual fue de $3,7 millones.

En el caso de la candidatura presidencial del senador Alejandro Guillier, en 2017, su colaboradora mejor pagada fue Maritza Canobra. Ella cobró $5,5 millones por asesoría comunicacional en el periodo de campaña de segunda vuelta (un mes de trabajo). Su boleta fue presentada en la rendición de la segunda ronda.

Entre las candidaturas a la gobernación metropolitana que compitieron con la de Karina Oliva, los archivos del Servel indican que solo hay una en las que se registró un colaborador con pagos de alrededor de $4 millones mensuales: la de Rojo Edwards (Partido Republicano) (vea un recuadro al final de este texto con el detalle).

La nómina de los siete miembros del equipo de Karina Oliva y el detalle de sus honorarios es la siguiente:

• Martín Miranda Sepúlveda: cobró $40 millones en los cinco meses de campaña legal ($8 millones mensuales en promedio). Fue jefe de campaña en ambas vueltas electorales ($10 millones por cada una), realizó una asesoría de diseño y estrategia comunicacional en la primera vuelta ($15 millones) y fue encargado de despliegue territorial en segunda vuelta ($5 millones).
• Camila Ríos Puebla: cobró $25,5 millones en los cinco meses de campaña legal ($5,1 millones por mes en promedio). Es parte de la directiva nacional del Partido Comunes, en la primera vuelta emitió boletas por análisis e interpretación de datos ($15 millones) y diseño y planificación del despliegue territorial en el distrito 12 ($4,8 millones). En la segunda vuelta fue jefa del equipo electoral ($5 millones).
• José Robredo: cobró un total de $20,9 millones ($4,1 millones mensuales en promedio). Sus boletas se dividen en $15 millones en la primera vuelta y $5,9 millones en la segunda. De acuerdo con la rendición, operó como jefe, coordinador y asesor comunicacional de Karina Oliva. En su informe rendido ante el Servel figura como el encargado de realizar los análisis de contingencia, elaborar la agenda de prensa, gestionar entrevistas y posicionar líneas discursivas y a la candidata en los medios. Además del entrenamiento y preparación comunicacional de Karina Oliva.
• Jorge Ramírez: cobró un total de $16,2 millones. Su boleta correspondiente a la primera vuelta es por $15 millones y la de la segunda ronda es por el restante $1,2 millón. En el comando de Oliva explicaron que el rol de Ramírez, presidente del Partido Comunes, consistió en la preparación comunicacional de la candidata, generación de minutas de contenido temático y preparación de debates. Además, se enfocó en la elaboración de una línea discursiva para los territorios y mantener las relaciones con organizaciones sociales y vecinales.
• Jean Flores Quintana: figura con una boleta por $15 millones, como encargado del diseño y planificación del despliegue territorial en el distrito 8 en la primera vuelta ($3,7 millones mensuales en promedio). “Jean era responsable de planificar y revisar las tareas y recibir el feedback de los equipos desplegados territorialmente en el distrito 8, que era una prioridad, junto al 12”, dijo a CIPER el jefe de campaña de Karina Oliva, Martín Miranda.
• Luis Romero: cobró $10 millones por su rol como encargado territorial del distrito 14 en la segunda vuelta (un mes de trabajo). Martín Miranda explicó a CIPER que Romero “estaba a cargo del trabajo de articular a los brigadistas, a los voluntarios y de instalar y cuidar las palomas que se desplegaron, era un distrito en donde no teníamos mucha articulación y particularmente en los sectores rurales había poca capacidad de lograr tener despliegue. No era posible arrendar inmueble, por lo que debía trasladarse diariamente al lugar”.
• Diego Corvalán: el jefe del equipo electoral del Partido Comunes cobró $10 millones (estimados en $2,5 millones mensuales) por su rol, durante la primera vuelta, “a cargo de las relaciones políticas entre los partidos que apoyaron a Karina, mantuvo el flujo de comunicación entre el comando y las distintas orgánicas; la relación de candidatos y candidatas a constituyentes, alcaldes, concejales, además de parlamentarios y representantes políticos”, según explicó Miranda. “Fue parte del equipo que revisaba las salidas comunicacionales y entrevistas, autorizaba las salidas en redes sociales. También coordinó las actividades en terreno con candidatos a alcaldes, concejales”, agregó el jefe de campaña.

Cabe destacar que, en el caso de Corvalán, su remuneración sí coincide con el monto que se pagó a asesores con similares funciones en otras campañas.

$120 MILLONES PARA EL THINK TANK

En la declaración de gastos de la primera vuelta de Oliva -aprobada el 8 de octubre por el Servel-, el monto total desembolsado ascendió a $590 millones. La aprobación de su rendición de segunda vuelta aún está pendiente, pero en la versión subida a la web del Servel se indica que ese gasto asciende a $674 millones.

Ya cerrado el proceso de revisión de cuentas de la primera vuelta por parte del Servel, de los $590 millones gastados por la candidatura de Oliva, el 69% ($409 millones) serán financiados con recursos públicos provenientes de reembolsos entregados por el Servicio Electoral: $125 millones para pagar el crédito que la postulante tomó en el BancoEstado y $284 millones para cubrir boletas o facturas pendientes de pago (vea la aprobación de las cuentas de la primera vuelta por parte del Servel).

En las rendiciones de la primera y segunda vuelta de la candidatura de Karina Oliva se puede observar que, además de los trabajos realizados por su equipo más cercano, hubo otras dos fuentes principales de insumos: encuestas y estudios realizados por Criteria Research y análisis electorales hechos por la Fundación Chile Movilizado.

Criteria facturó un total de $128 millones por su trabajo en las dos rondas electorales. En tanto, el centro de estudios Chile Movilizado facturó $120 millones, la mitad de ese monto figura en la rendición de la campaña de Oliva por asesorías de despliegue territorial y comunicacional. Los restantes $60 millones fueron facturados en la rendición general del Partido Comunes, aunque también fueron cargados a la cuenta de la campaña de Gobernador Regional.

El jefe de campaña de Oliva, Martín Miranda, entregó a CIPER el estudio electoral para el despliegue territorial hecho por Chile Movilizado y rendido al Servel. El documento presenta un análisis a partir de las elecciones a concejales 2016, de CORES y presidenciales 2017, además de incluir la participación electoral del plebiscito de 2020 y el padrón electoral metropolitano. El resultado llevó al modelamiento de mapas de calor de participación electoral en 33 comunas y a la generación de un diseño de despliegue territorial semanal también por comunas.

 

En cuanto a la asesoría comunicacional de Chile Movilizado, Miranda dijo que consistió diseñar una campaña especial para distintos territorios, a partir de las encuestas y focus realizados por Criteria, además de insumos preparados por Chile Movilizado. Estas asesorías comunicacionales, señaló, “nos ayudaron a definir el concepto que utilizamos las últimas dos semanas: ‘Da la cara’. Y el de la identidad ‘puentealtina’».

El cobro de Chile Movilizado, también por $60 millones, que figura en la rendición del Partido Comunes, es por el servicio “Asesoría de despliegue de campaña territorial y comunicacional comunes periodo completo por pagar”. Pero, este estudio está basado en los mismos datos y análisis electorales cobrados por Chile Movilizado en la campaña de Oliva. La única diferencia, es que en este caso la información se usó para coordinar el despliegue de la campaña con el resto de las candidaturas metropolitanas a concejales, alcaldes y convencionales de Comunes.

Martín Miranda dijo que fijaron el monto a pagar por el trabajo de Chile Movilizado a partir de valores de mercado. CIPER conversó con especialistas que se dedican a los estudios y modelamientos electorales para conocer el valor promedio de estos servicios. Ellos explicaron que el primer paso puede tener un costo de hasta $2 millones y que incluye comprar y limpiar el padrón electoral. Luego se realiza el estudio, cuyo valor puede variar entre $3 millones para una comuna pequeña y $20 millones para un estudio nacional.

En cuanto a los estudios rendidos por otras candidaturas a la gobernación de la RM, la Democracia Cristiana pagó $20 millones por un estudio de opinión para la campaña de Claudio Orrego, realizado por la empresa Natural Phone en 20 comunas. Además, desembolsó $4 millones por una encuesta de Inversiones Conguillio y $3 millones por otra de Cadem.

En las elecciones de 2017, la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, registró un estudio electoral cualitativo a nivel nacional por $25 millones. Alejandro Guillier aparece en primera vuelta con un estudio territorial por $30 millones y en segunda vuelta figura con un pago de $48 millones a la empresa Fases, Investigación y Asesorías por una serie de estudios y encuestas.