COVID-19: el negocio de las transnacionales farmacéuticas.

Desde hace muchos meses se predice una nueva y peligrosa variante del COVID-19. Los expertos nos dijeron repetidamente que dejar grandes zonas del mundo sin vacunar y sin protección hace que las nuevas variantes sean casi inevitables. Pero las grandes empresas se encargaron de decidir quién recibía las vacunas y quién no, por lo que los ricos recibieron más de lo necesario, mientras que los pobres no recibieron nada.

El despliegue mundial de vacunas no ha sido tan diferente del modo en que uno de los gobiernos imperiales de Gran Bretaña habría manejado una crisis semejante hace 200 años: una fuerte dosis de racismo combinada con la idea de que el mercado debe decidir quién vive y quién muere en el mundo.

Boris Johnson encaja perfectamente en el papel. Mientras los que están en el extremo de la desigualdad de las vacunas llevan más de un año exigiendo una forma diferente de hacer las cosas, un incompetente Primer Ministro británico, educado en la escuela más exclusiva del país, les dice que realmente no entienden lo que les conviene. Entonces, como ahora, la gente puede morir por millones, pero nada puede sacudir la arrogancia de nuestros gobernantes de que su camino es el mejor.

Incluso ante una variante que amenaza con socavar las propias vacunas, Boris Johnson dijo a la nación el sábado por la noche que deberíamos estar orgullosos de nuestra contribución al programa mundial de inoculación. El problema, dijo con la típica arrogancia imperial, no tiene nada que ver con la cantidad de vacunas disponibles, sino que es un producto de la indecisión de las vacunas. La prueba, bien podría haber dicho, es que no tiene sentido dar a los africanos algo tan importante como la medicina moderna, ya que no tienen ni idea de qué hacer con ella. Mejor dejarlo a nosotros.

Como tantas veces, los comentarios de Johnson tienen poca base en la realidad. Sudáfrica, el país que —afortunadamente— reconoció y advirtió al mundo sobre esta variante, solo ha sido capaz de vacunar completamente al 24% de su población. Es una cifra elevada para los estándares del sur de África. Mientras que Botsuana y Zimbabue han conseguido vacunar a cerca del 20% cada uno, Malawi y Zambia han vacunado completamente a apenas un 3% de su población.

En el conjunto del continente, el panorama es aún más sombrío. Menos de uno de cada diez trabajadores sanitarios ha sido vacunado, mientras que en el Reino Unido hay más personas que han recibido un refuerzo por habitante que las que se han vacunado por primera vez en África. La idea de que hay muchas vacunas en todas partes es claramente ridícula.

Es cierto que Sudáfrica ha recibido, en la última semana más o menos, un gran lote de dosis y ha dicho que tiene suficientes en este momento. En lugar de acumular grandes cantidades de dosis que no pueden utilizar inmediatamente, como están haciendo el Reino Unido y la mayoría de los demás países ricos, Sudáfrica dijo que serían más útiles en otros lugares. Eso no significa que lleven meses nadando en ellas, ni que lo vayan a hacer en tres meses más. De hecho, en el momento álgido de la última oleada mortal de Sudáfrica, las vacunas que se producían en el país se enviaban a la Europa y la Norteamérica mejor vacunadas por orden de Johnson & Johnson.

Y aquí llegamos al núcleo del problema. «Dejar al mercado», en la economía global, significa entregar las decisiones sobre quién vive y quién muere a enormes corporaciones. En lugar de etiquetar la nueva y peligrosa cepa COVID-19 como Ómicron, se ha sugerido que la llamemos «la variante Pfizer». Eso, al menos, contendría algo de honestidad en cuanto a la culpa de nuestra situación actual.

Aquí el problema no es, por lo general, la incompetencia. El problema es que se puede ganar dinero, y mucho. Los principales productores de vacunas, Moderna, Pfizer y BioNTech, están ganando 1000 dólares por segundo. Al menos nueve personas se han convertido en nuevos multimillonarios desde el comienzo de la pandemia gracias a los excesivos beneficios que estas empresas han obtenido con sus monopolios relacionados con el COVID-19. El director general de Moderna se hizo mucho más rico estas últimas semanas, cuando las noticias sobre la variante de Ómicron hicieron que sus acciones volvieran a subir.

Estos beneficios deben poco a la utilidad social de quienes los obtienen. Las vacunas no fueron inventadas por las corporaciones que las producen actualmente. La vacuna de Moderna fue inventada en su totalidad gracias al gobierno estadounidense, la de AstraZeneca gracias a instituciones públicas y benéficas británicas, y la de Pfizer fue creada por una empresa de biotecnología respaldada por el Estado alemán. Pero en un mundo en el que los medicamentos son fabricados por un pequeño puñado de empresas en unos pocos países, ese conocimiento se privatizó, dejando que las grandes farmacéuticas decidieran a quién vender y a qué precio.

La situación es aún peor. Gracias a un acuerdo comercial mundial conocido como ADPIC impulsado en la década de 1990 por un antiguo director general de Pfizer, estas empresas también deciden quién puede producir, dónde y cuánto. Por eso, tras más de un año de pandemia, seguimos produciendo una fracción de las dosis que podríamos fabricar.

Hace doce meses, India y Sudáfrica, con el apoyo de la mayoría de los países del Sur Global, pidieron al mundo que, mientras durara la pandemia, renunciara a las patentes sobre productos como las vacunas. Impulsado por la izquierda del Partido Demócrata, incluso el presidente Biden respaldó el llamamiento en mayo. El argumento era que esto permitiría al mundo movilizar toda la capacidad de fabricación sobrante para producir medicamentos y equipos relacionados con el COVID. Ya podríamos haber producido miles de millones de vacunas adicionales si no fuera porque los gobiernos europeos, incluido el Reino Unido, bloquearon la propuesta.

Además, la OMS creó un organismo especial en el que animó a los gobiernos y a las empresas a presentar cualquier propiedad intelectual y conocimiento relacionado con la pandemia. Desde allí podrían compartir esa información con el mundo, convirtiendo el conocimiento médico en un verdadero bien público. Hasta la fecha, solo cuenta con una presentación, una herramienta de diagnóstico que fue presentada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hace pocos días. Las grandes farmacéuticas se mofaron de la idea, y Pfizer la calificó de «disparate».

Tal vez la mayor ironía de la variante Ómicron es que su llegada forzó el aplazamiento de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio de esta semana, el mismo organismo que supervisa las normas comerciales que impiden el aumento de la producción de vacunas. En esa reunión, los países del Sur Global iban a volver a presionar para conseguir una exención, mientras que Gran Bretaña, Suiza y la UE se preparaban para defender a las grandes farmacéuticas y negarse a aceptar la necesidad de un cambio.

Tan obsesionada está Gran Bretaña con la mano del libre mercado en forma de Pfizer que el gobierno estaba impulsando una propuesta alternativa para acabar con la pandemia. Incluía —usted adivinó— más liberalización del comercio y aún más aranceles para reducir el mercado, promoviendo la desregulación de los servicios y cerrando el espacio que tienen los países para responder a esta o a futuras pandemias y dificultando que los países del Sur Global nutran sus propias industrias farmacéuticas.

Pero hay algo de esperanza. Hartos de los juegos de países como Gran Bretaña y Alemania, los países del Sur Global están contraatacando. Con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, Sudáfrica ha creado un «centro de ARNm» cuyo objetivo es investigar la tecnología de punta que hay detrás de las vacunas de Pfizer y Moderna y producir medicamentos directamente, además de compartir esta tecnología con el resto del mundo. Aunque Pfizer y Moderna se han negado vergonzosamente a compartir su receta, el centro va a intentar imitar la vacuna de Moderna de todos modos y producirla sin permiso.

Dado el revolucionario potencial del ARNm para inocular no solo contra el COVID-19, sino para producir vacunas o tratamientos para el VIH, el cáncer, la malaria y otras enfermedades, esto encierra la promesa de arrancar una tecnología vital de las manos de las grandes empresas obsesionadas con los beneficios para crear un sistema de investigación médica muy diferente.

Así que la batalla en curso va mucho más allá de esta pandemia. El COVID-19 ha obligado al mundo a cuestionar si nuestra asistencia sanitaria es un derecho que debe ser disfrutado por todos, independientemente de la riqueza, o una mercancía que se comercializa en los mercados financieros para obtener beneficios. De hecho, las reglas de la economía global —un sistema de capitalismo monopolista— no nos permitirán tratar de forma justa muchas de las graves cuestiones a las que nos enfrentamos, desde el cambio climático hasta la amenaza a nuestros derechos humanos que supone el siempre poderoso lobby de las grandes tecnologías. En este sentido, el incipiente experimento de construcción de un sistema farmacéutico del Sur Global aporta lecciones para el tipo de economía y sociedad futuras que necesitamos construir. Y el amplio movimiento a favor de una «vacuna popular» muestra cómo se puede impulsar a la gente a luchar por ese cambio.

Sin duda, Boris Johnson seguirá pontificando sobre las virtudes del capitalismo de libre mercado en la escena mundial. Pero no puede ocultar la realidad del despliegue de la vacuna contra el COVID-19 en todo el mundo, que muchos califican de «apartheid de las vacunas». Si Gran Bretaña sigue obstaculizando un sistema más humano y racional, los países no seguirán dialogando eternamente. Simplemente empezarán a hacer las cosas de forma diferente. Y merecen nuestra solidaridad.

Fuente: https://jacobinlat.com/2021/12/06/el-lucro-de-las-grandes-farmaceuticas-condujo-a-la-variante-omicron/