Chile opaco: la inteligencia de la democracia.

Mayo de 2012. Gabriel Boric es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y el movimiento estudiantil que arrancó con fuerza un año antes, bajo el liderazgo de Camila Vallejo y Giorgio Jackson, sigue exigiendo educación pública, gratuita, de calidad y sin lucro. A más de 600 kilómetros de Santiago, en Temuco, otro dirigente de la misma corriente política de Boric, entrega información a Carabineros sobre sus compañeros. David (no es su nombre real), fue reclutado como informante cuando declaró en la Fiscalía en una causa por falsos avisos de bomba, así lo indican documentos que forman parte de 220 GB de información de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar), a los que CIPER tuvo acceso.

A través de varios “informes de contacto”, como se denominan en la jerga policial los reportes con datos aportados por “colaboradores”, se puede trazar la información que David entregó a Carabineros. Además de identificar a “encapuchados” de grupos radicales, también trazó “un mapa” con los colectivos que lideraban las movilizaciones y señaló a sus principales dirigentes. Entre los grupos identificados por David estaban la Unión Nacional Estudiantil (UNE) y el Frente de Estudiantes Libertarios (FEL), los que años después terminarían constituyendo el partido del presidente electo, Gabriel Boric: Convergencia Social.

Entre los documentos de inteligencia policial revisados por CIPER, figuran informes sobre actividades del propio Boric y de Camila Vallejo, y una ficha con datos básicos de Giorgio Jackson.

En 2011 uno de los oficiales que estaba a cargo de dirigir el monitoreo de los líderes estudiantiles era el ahora general director de Inteligencia, Luigi Lopresti. El propio Lopresti lo confirmó a CIPER: “Efectivamente por esa fecha fui jefe de sección y en otros momentos jefe de departamento”. El oficial ingresó en 2007 a Inteligencia y se mantuvo allí hasta 2018, cuando el entonces general director de la institución, Hermes Soto, decidió desarmar la Dipolcar luego del escándalo del montaje en la Operación Huracán (vea especial de CIPER). En esa trama Luigi Lopresti apareció mencionado por ser el oficial que autorizó a Canal 13 a grabar un reportaje al interior de las dependencias de la Dipolcar, el que pretendía probar el funcionamiento del software Antorcha, el que luego se demostró que era un invento. En marzo de 2018, Lopresti fue destinado a labores administrativas. Un año después, y luego del estallido social, otro general director, Mario Rozas, decidió ascenderlo a general y entregarle la Dirección de Inteligencia.

CIPER consultó al comando de Boric cómo pretenden llevar la relación con Carabineros una vez que el nuevo gobierno se constituya, sabiendo que el director de Inteligencia de la institución fue uno de los responsables del monitoreo al presidente electo y a sus principales colaboradores cuando eran líderes estudiantiles. La misma pregunta fue formulada a Camila Vallejo y Giorgio Jackson. Todos declinaron responder mientras no conozcan detalles del tema.

El general Lopresti se excusó de responder las preguntas de CIPER relacionadas con las motivaciones de la institución para monitorear a Boric, Vallejo, Jackson y a sus organizaciones: “La labor de Inteligencia es super restrictiva en materia de difusión. La difusión de nuestra información de inteligencia tiene usuarios: la Contraloría General de la República; nuestros altos mandos; a nivel presidencial, el Ministerio del Interior, particularmente; los tribunales de justicia; el Ministerio Público; y la comisión de la Cámara de Diputados que revisa las actividades de Inteligencia. Entonces, yo no puedo referirme a diligencias que se hicieron en ese periodo, porque me complica en lo legal, estaría incumpliendo una norma”.

El general Lopresti sí se refirió a la respuesta que en su momento entregó Carabineros en tribunales cuando una veintena de movimientos sociales presentaron recursos judiciales por aparecer aludidos en actividades de la Dipolcar en una anterior filtración de antecedentes , ocurrida durante el estallido social: “Esos recursos fueron contestados en las cortes correspondientes. Y la respuesta de la institución fue que se hizo uso de la labor propia de Inteligencia en materia de prevención”, señaló Lopresti.

CIPER también hizo consultas a Carabineros, pero su unidad de Comunicaciones también argumentó razones legales para no responder: “No es posible referirnos al tema porque los antecedentes consultados se encuentran bajo la protección de la Ley de Inteligencia”.

Varios especialistas en el área de Inteligencia que han trabajado en gobiernos distintos, dijeron a CIPER que el monitoreo de actividades de organizaciones y personas no es necesariamente ilegal, pues se enmarca dentro de labores que se consideran “preventivas”. Solo si se comprobara que hubo “seguimientos” que involucren la vida privada o interceptación de comunicaciones, medidas intrusivas reservadas para investigaciones penales, podrían acusarse irregularidades (vea el recuadro con el detalle).

INFORMES, MEMOS, FICHAS Y PERFILES

El informante David recibió compensaciones. En su primera cita con agentes de Carabineros le entregaron $5.000 para recargar su teléfono. Vendrían otros pagos: “Se acordó para la próxima semana agendar una reunión clandestina para unificar criterio en cuanto a la ayuda económica y alimenticia que eventualmente podría recibir”, se lee en uno de los informes (vea aquí).

Además de la actividad con informantes, la Dipolcar desplegó a sus agentes desde 2011 para monitorear al movimiento estudiantil. Son centenares los informes, memos, fichas y perfiles, que se realizaron sobre líderes universitarios y secundarios, y también sobre sus organizaciones políticas. Dos de los departamentos de la Dipolcar estaban a cargo de recolectar la información: el Departamento I (de “Análisis”) y el Departamento III (de “Búsqueda de información y seguridad pública”). Aunque esos nombres han variado en el tiempo, especialistas que han trabajado en esta área señalaron a CIPER que la labor de estas reparticiones siempre ha sido la misma.

Cada vez que la asamblea de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) se juntaba, la Dipolcar activaba un protocolo al que debían responder cada una de las secciones de inteligencia regionales (conocidas como Sipolcar). Por ejemplo, el 5 de julio de 2013 la Sipolcar de Arica envió un requerimiento a las otras secciones por una reunión de la Confech en la Universidad de Tarapacá. Los datos que debían recolectar era la cantidad de dirigentes que asistirían, sus medios de transporte y “cualquier otro antecedente de importancia” (vea aquí ese requerimiento).

Ese mecanismo de búsqueda de información se ha mantenido en el tiempo. En noviembre de 2017, se solicitaron los mismos datos por una reunión de la Confech en la sede San Felipe de la Universidad de Valparaíso: “Nombre de los representantes o dirigentes de las distintas federaciones (…) y en lo posible enviar sus fotografías” (vea ese documento aquí). El mismo requerimiento figura en otro documento de junio de 2016 por una asamblea de la Confech en la Universidad de Atacama (vea aquí).

El rastreo de información no se limitaba a datos generales de las asambleas. El memorándum 407, fechado el 29 de agosto de 2011, muestra el monitoreo de Carabineros a las actividades de los líderes del movimiento estudiantil. En ese informe se detalla una reunión que tuvo en Temuco la entonces vocera de la Confech, Camila Vallejo, con dirigentes del Partido Comunista y de la Asamblea de Izquierda Mapuche.

“En este contexto el segmento mapuche en su totalidad le pidió el apoyo en compartir la urgente necesidad de la desmilitarización del territorio mapuche, en la libertad de los presos políticos mapuche, la defensa de los recursos naturales y la necesidad de establecer un Estado plurinacional basado en un nuevo proyecto constitucional en Chile”, señala el informe policial (vea ese documento).

Un año después, el 11 de agosto de 2012, otro memorándum da cuenta de la llegada de Camila Vallejo y Gabriel Boric al aeropuerto de Temuco para participar en una reunión de la Confech en la comuna de Ercilla: “Una vez llegada la comitiva al referido aeropuerto, un grupo de ocho personas jóvenes, al parecer estudiantes universitarios y de enseñanza media, se manifestaron en contra de la gestión sostenida por los dirigentes el año recién pasado, gritando consignas y cánticos de rechazo” (vea aquí ese informe).

Esa reunión de la Confech se realizó en la comunidad Wente Winkul Mapu y la Dipolcar tuvo el detalle de los asistentes y de lo que conversaron. “Participaron Gabriel Boric y Camila Vallejo (FECh), y Noam Titelman (FEUC), entre una treintena de representantes de diferentes planteles educacionales del país”, señala un informe del 11 de agosto de 2012 (vea aquí).

Un memorándum de dos días después, 13 de agosto, señala que a través de “fuentes cerradas de inteligencia” lograron identificar a los dirigentes y activistas mapuche que participaron de la cita, además de conocer el procedimiento que se utilizó para acreditar a la prensa. También reseñaron los discursos de los voceros de la Confech: “Camila Vallejos manifestó a las comunidades terminar con los atentados incendiarios, por lo cual ellos como Confech los apoyarán con marchas, manifestaciones, asesoramientos comunicacionales, pero con la condición anteriormente expuesta”.

Otro memorándum, del 9 de marzo de 2014, da cuenta de la reunión de la Confech realizada en el hogar mapuche Pelontuwe, en Temuco. Allí se relata que participaron cerca de 80 dirigentes y se entrega una minuta de lo que planteó cada uno (vea aquí).

Un memo del 8 de junio de 2016 da cuenta de la votación realizada en el campus Villarrica de la Universidad Católica para definir si los estudiantes se adherían o no a una movilización de la Confech. Luego de aprobar la participación, los dirigentes definieron viajar hasta Temuco para participar en la marcha: “A raíz de los antecedentes señalados se mantendrá un monitoreo constante al CAVI (centro de alumnos) informando a la brevedad novedades prodúzcanse y medios de transporte a utilizar” (SIC) (vea aquí).

FICHAS DE DIRIGENTES ESTUDIANTILES

En cada una de las universidades que se plegaron a las movilizaciones, la Dipolcar elaboró fichas de estudiantes. Por ejemplo, CIPER tuvo acceso a 24 fichas de alumnos de la Universidad Austral, elaboradas antes del movimiento estudiantil de 2011, en las que la Sipolcar de Valdivia registró datos de jóvenes que ocuparon cargos en la federación de estudiantes (Feuach) o que postularon a ellos.  Entre los datos que se consignaron en esas fichas se cuentan eventuales antecedentes policiales o penales, filiación política y cargo en la organización estudiantil.

Dentro de los registros hay fichas sobre dos presidentes de la Feuach (el primero ocupó el cargo en 2004 y 2005, y el segundo durante 2007); un vicepresidente (2004); y una secretaria general (2011 y 2012). Los tres primeros pertenecían a las Juventudes Comunistas (JJ.CC.), de acuerdo con lo anotado por la Sipolcar.

La mayoría de estos archivos fueron creados en 2009, según el registro automático que genera el programa Word. Sin embargo, la ficha que contiene información más antigua entrega datos sobre un estudiante que se desempeñó como secretario de extensión de la Feuach entre 2000 y 2001. Sobre él se anotó que perteneció a las JJ.CC. y a una organización llamada Franja Autónoma, que estudió veterinaria y se consignaron los nombres de su hijo y de su madre.

Entre los fichados se encuentra un dirigente que fue apoderado de una lista a la Feuach en 2006, pero que ha desarrollado su carrera política en la derecha: Cristhian Cancino Gunckel. En los gobiernos de Sebastián Piñera, Cancino ha sido Gobernador Provincial de Valdivia, seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de los Ríos y seremi de Bienes Nacionales. También fue consejero regional y candidato a la Convención Constitucional por Renovación Nacional. Cristhian Cancino dijo a CIPER que efectivamente en sus años de estudiante fue apoderado de lista, pero prefirió no hacer declaraciones mientras no conozca el tema en detalle.

Un Informe de Diligencias destinado a la Sipolcar de Valdivia, evidencia que los estudiantes de la Universidad Austral continuaron siendo objeto de monitoreo, al menos, hasta 2015. En este documento, se advierte que un colectivo denominado Federación Anarquista Local de Valdivia (FALV), detectado ese año, está compuesto por nueve estudiantes de esta institución, dos de ellos identificados con fotografías gracias a un informante.

La elaboración de perfiles se repite en universidades de Temuco, como la Universidad de la Frontera (UFRO) o la Universidad Católica de esa ciudad (UCT). O en la Universidad de Concepción, donde hay fichas de los estudiantes que integraban el colectivo Fuerza Universitaria Rebelde (FUR).

Una presentación de Powerpoint de marzo de 2010, enumera los datos y las fotografías de 49 estudiantes de la UCT que supuestamente pertenecían a la Federación de Estudiantes Revolucionarios, FER. En realidad, esa sigla identifica al Frente Estudiantil Revolucionario. No es extraño que existan errores de ese tipo en los documentos de inteligencia de Carabineros. En otra ficha de 2011 se consigna que un dirigente estudiantil es militante de las JJ.CC. y, al mismo tiempo, de la Izquierda Autónoma, dos colectivos que entonces se disputaban la conducción del movimiento estudiantil. O en otra se establece que un estudiante es anarquista y también miembro de las JJ.CC., desconociendo las diferencias ideológicas entre ambos sectores.

Un documento fechado en 2010, y titulado «radiografía estudiantil», hace un recorrido de norte a sur por las regiones del país enlistando a los distintos colectivos políticos de estudiantes. En cada uno de los apartados entrega una breve reseña del grupo en cuestión, señala el año de que comenzó a funcionar, establece en qué campus o liceo opera, incluye un link web, señala a sus principales dirigentes y estima su capacidad de convocatoria. Así, por ejemplo, apunta que el Frente de Estudiantes Libertarios (FEL, que luego desembocará en el partido Convergencia Social, el mismo donde milita Boric), tenía presencia en seis regiones, solo comparable al despliegue territorial que entonces tenían las JJ.CC. El listado elaborado por Carabineros solo incluye a colectivos estudiantiles de izquierda.

SEGUIMIENTOS A UNIVERSITARIOS Y ESCOLARES.

En las fichas de los estudiantes de la UFRO la información es más completa, ya que los agentes de Carabineros tuvieron acceso a los archivos internos de la universidad, gracias a que reclutaron como colaboradores a funcionarios que tenían acceso a los registros de ayudas estudiantiles. Así, pudieron enterarse de datos como la previsión de cada estudiante, domicilio, correo electrónico, estatus académico, número de matrícula y becas a las que postularon.

Los colectivos universitarios FER y FUR fueron objeto de una investigación más aguda. Ambos fueron analizados en el documento “Plan de operaciones”, de la disuelta Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de La Araucanía, fechado el 11 de abril de 2014. En ese archivo, se determina que uno de los objetivos de la UIOE sería conocer los vínculos de ambas organizaciones “con el segmento mapuche, ubicaciones, lugares de reuniones, modus operandi”. Para ello, Carabineros estimó necesario vigilar a los principales líderes del FER y del FUR, a sus familiares y contactos, para “lograr elementos de prueba para su posterior neutralización y/o detención según los alcances de la operación”.

Aunque la unidad de inteligencia sospechaba que ambos grupos podrían estar detrás de la colocación de bombas, el documento estableció que solo se obtuvieron imágenes de sus integrantes en las que “entregan y pegan panfletos con literatura en apoyo a los imputados mapuche que se encuentran participando en Juicios Orales”. Ese material -que se obtuvo vigilando a estudiantes dentro de la universidad- es el fruto de al menos cuatro años de investigación. El antecedente más antiguo revisado por CIPER que revela el interés policial por desbaratar el FER data de octubre de 2010, cuando un Informe de Vigilancia detalló los principales puntos de encuentro de la organización en Temuco. En aquella ocasión se fotografió a quienes habrían liderado una de las citas.

Otras fichas, como las de algunos estudiantes de la UTEM (Santiago), incluyen información sobre las familias de los estudiantes monitoreados, sus direcciones, su lugar de trabajo, su situación militar, vehículos, antecedentes penales y policiales, y observaciones de inteligencia (producto de los mismos seguimientos).

También hay fichas y perfiles de estudiantes secundarios. Por ejemplo, de dirigentes del Liceo Pablo Neruda (Temuco) y de voceros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) en distintas ciudades. Los registros sobre los escolares incluyen datos de sus familias y hay informes con fotos tomadas en asambleas. En algunos archivos policiales se habla de “reuniones clandestinas” entre voceros estudiantiles de distintos liceos y universidades, y en ellos queda claro que los dirigentes eran seguidos y fotografiados por Carabineros.

En otros documentos aparece la utilización de cuentas de Facebook falsas para recolectar información. En un informe se señala que el objetivo de esas acciones era “lograr entrar en la red de los estudiantes”. Uno de estos perfiles falsos, para propiciar contactos y detectar redes, se creó bajo el nombre “Charline Castro”.

Según se desprende de las conversaciones internas que sostuvo “Charline Castro”, se intentó proyectar una historia basada en la vida de una estudiante de 24 años, sensibilizada por temas afines a la cultura mapuche. Esas interacciones indican que el perfil permaneció activo durante dos años y que desde 2012 está inactivo, aunque continúa vigente en la red social.

 

También hubo un despliegue masivo de recursos para monitorear a dirigentes y organizaciones estudiantiles en 2018, cuando se produjeron las tomas y marchas feministas. Las comunicaciones que quedaron registradas en los documentos de inteligencia revisados por CIPER muestran al menos 130 correos electrónicos -despachados por distintas unidades entre el 4 y el 15 de junio de ese año- que van informando la toma de establecimientos y el desarrollo de movilizaciones de estudiantes feministas en las principales ciudades.

EXPERTOS DIFERENCIAN ENTRE ELABORAR PERFILES Y HACER SEGUIMIENTOS

¿Son legales estas actividades? ¿Estaba informado de ellas el gobierno? CIPER conversó con ex autoridades y ex miembros de instituciones de inteligencia para aclarar estas dudas.

Respecto al flujo de información que emanaba desde la Dipolcar hacia el Ejecutivo, las fuentes consultadas coinciden en que, en general, los órganos de inteligencia son muy celosos con sus datos y no suelen compartirlos ni con La Moneda ni con otras instituciones del área. Esto, teniendo en cuenta que, al menos hasta hace unos años, existía una instancia semanal que reunía a los jefes de inteligencia de Carabineros y la PDI, con la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y el ministro o subsecretario de Interior. Esas citas, que se realizaban todos los lunes cerca del mediodía, eran “un mero saludo a la bandera”, según una fuente que pidió reserva de su identidad, producto de la “tirantez” entre los asistentes.

El ex ministro del Interior, Jorge Burgos (DC), dijo a CIPER que nunca se enteró de que la inteligencia de Carabineros investigara a estudiantes:

-Nunca se emanó una orden, al menos bajo mi período (2015-2016), para vigilar al grupo de estudiantes que lideraron movilizaciones (…) y tampoco tuve conocimiento de ello. Es más, de haberlo conocido lo habría denunciado, porque me parece que estas acciones podrían ser ilegales.

Sobre este punto, el ex director de la ANI, Gonzalo Yuseff, precisa que elaborar fichas o perfiles no es necesariamente ilegal. Lo que sí estaría reñido con la ley, dice, sería emplear “medidas intrusivas, como intervenir correos electrónicos, teléfonos o hacer seguimientos en ámbitos privados”. En definitiva, aquellas que la Ley de Inteligencia señala que requieren autorización judicial previa.

El ex jefe de la división jurídica de la ANI y académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Los Andes, Pedro Anguita, también señala que la elaboración de perfiles es una actividad usual y necesaria. Sin embargo, marca una diferencia cuando se obtiene información a partir de informantes:

-Esa figura legalmente debe responder a ciertos lineamientos. El uso de agentes encubiertos o informantes tiene que cumplir objetivos expuestos en la Ley de Inteligencia. No es cualquier tipo de información que se puede obtener a partir de ellos, ni tampoco se puede acudir a ellos por cualquier cosa. Si se utilizan para determinar la identidad, orientación política, amistades o familia de estas personas, sí cae en ilegalidad”.

Fuente: https://www.ciperchile.cl/2022/01/04/actual-general-director-de-inteligencia-estuvo-a-cargo-del-monitoreo-a-los-lideres-estudiantiles-que-ahora-llegan-a-la-moneda/