El silencio suicida de la izquierda ante la gestión de la pandemia Covid. Parte I.
por Ángeles Maestro/La Haine.
La condición esencial para pensar en términos políticos a escala global es ver la unidad del sufrimiento innecesario que existe hoy en el mundo. Este es el punto de partida (John Berger).
La ausencia de posiciones críticas por parte de las organizaciones de la izquierda ha dejado sin referencia alguna a los colectivos más conscientes de la clase obrera
La ausencia clamorosa de posiciones críticas por parte de la inmensa mayoría de las organizaciones de la izquierda, tanto institucional, como extraparlamentaria, ante las numerosas y graves irregularidades que caracterizan la gestión de la pandemia, no sólo ha dejado sin referencia alguna a los colectivos más conscientes de la clase obrera y del pueblo, sino que – de no reaccionar a tiempo – les inhabilita para representar eficazmente la resistencia de las clases populares ante las consecuencias de la gran reestructuración del capitalismo en curso.
Asombra que organizaciones que se supone que aplican la teoría marxista para analizar los procesos y los cambios en la realidad social no hayan sido capaces de someter a crítica y de desentrañar la base material de las medidas adoptadas. Es decir, que no hayan podido desvelar el vínculo entre las decisiones de los gobiernos, sin base científica solvente, con la obtención de enormes beneficios del gran capital, mediante la imposición a la población de medidas que atentan contra su salud y su vida y que, además, para ello están implantando normas autoritarias, destinadas a asegurar el control social y a neutralizar la resistencia de las clases populares.
Transcurridos casi dos años de la declaración de la pandemia mundial por la OMS, en marzo de 2020, existen la perspectiva y la documentación acreditativa necesarias, tanto para realizar un análisis riguroso del contexto social en el que aparece, como para valorar las medidas adoptadas por los gobiernos y las grandes instituciones europeas y estadounidenses de control del medicamento y que conciernen directamente a la izquierda.
I. En 2019, inmediatamente antes de la aparición de la pandemia, una enorme crisis económica estaba a punto de estallar, con el riesgo de un gran estallido social.
Tras la efímera y limitada salida, para el gran capital, de la crisis iniciada en 2008 y que se situaba ya en los núcleos centrales del imperialismo (UE y EE.UU), un nuevo estallido de mayor envergadura se anunciaba como inminente en 2019.
A mediados de ese año el FMI rebajaba por tercera vez las previsiones de crecimiento de la economía mundial, situándola en los niveles más bajos desde la crisis de 2009. De nuevo, como entonces, las desaceleraciones más importantes se producían en los países más industrializados y la rentabilidad del capital productivo se situaba muy por debajo de los niveles alcanzados en 1990[1].
Mientras la economía estadounidense amenazaba con desplomarse por la caída de las ventas, a pesar de las sanciones impuestas a los países competidores, Alemania – hasta hacía poco «locomotora europea» – veía hundirse las exportaciones de acero y las ventas de automóviles, a su vez lastradas por el enlentecimiento del crecimiento de China, uno de sus principales clientes.
En el Estado español la industria entró oficialmente en recesión tras dos trimestres consecutivos de caídas. La profunda caída de las economías europeas explicaba gran parte de esta gran destrucción de tejido productivo industrial y de empleo en el Estado español, ya que las exportaciones habían sido en los últimos tiempos el mayor motor de la economía y el 67% de las mismas iba a parar a países en profunda recesión como Alemania, Francia e Italia[2].
A principios de 2020, antes del estallido de la pandemia, la situación social en el Estado español era ya explosiva. El Informe del Relator de la ONU para la extrema pobreza decía: «he visitado barrios con condiciones de vida peores que un campamento de refugiados» y «muchas familias se encuentran ante el dilema de comprar comida o calentarse»[1].
El Informe de 2019 ‘El estado de la pobreza’, realizado por la Red Nacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) reflejaba que en España había más de 12 millones de personas pobres y 2,5 millones de personas no podían permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, ni mantener la vivienda con una temperatura adecuada, ni tenían capacidad para gastos imprevistos[2]. Cuatro millones de personas vivían en hogares en condiciones de pobreza severa, es decir, dos personas adultas y dos menores, con ingresos inferiores a los 355 euros mensuales.
El Foro de Davos en su reunión de 2020 proclama la necesidad de «un gran Reseteo» del capitalismo a escala mundial, propuesta que reafirma en 2021. La necesidad de cambios en profundidad se justificaban con datos como los siguientes: la deuda pública mundial ha alcanzado su cota más alta en tiempos de paz, el desempleo se dispara y el FMI espera una caída del 3 % en la economía mundial este año, un recorte de 6,3 puntos porcentuales en tan solo cuatro meses[3].
II. Aparece la pandemia Covid con dos imágenes destinadas a producir un shock masivo en la población.
Sin que se sepa exactamente su procedencia – aunque muchos datos datos apuntan a un más que probable origen artificial, es decir creado en un laboratorio[4] – lo que sí es evidente es a qué clase social pertenecen la inmensa mayoría de las personas muertas, y cómo y para qué intereses fue utilizada la pandemia.
La llegada de la pandemia produjo dos imágenes aterradoras, difundidas hasta la saciedad por los medios de comunicación: la de miles de personas ancianas muertas en soledad en las residencias de ancianos y la del personal sanitario trabajando sin protección alguna, literalmente con bolsas de basura y gafas de bucear, con abundantes contagios y un número significativo de muertes.
Las muertes en residencias de mayores, oficialmente atribuidas a la Covid, superaron las 30.000 personas. Las imágenes reiteradas en todos los grandes medios de comunicación de cadáveres acumulados, a quienes se les negó todo tipo de asistencia sanitaria y mucho menos el ingreso en hospitales, fallecidos en soledad, con prohibición absoluta de visitas de las familias, produjeron un efecto depánico general. Así mismo, los medios mostraban los hospitales públicos abarrotados, con personas enfermas por los pasillos y el personal sanitario exhausto. No se informó de que, con anterioridad a la pandemia, la sanidad pública estaba ya colapsada – como se podía ver en cada episodio de gripe estacional – como resultado de los enormes recortes de instalaciones y de personal, que desde hacía décadas se venían produciendo[5].
Además, se cerraron – en contra de cualquier justificación médica o experiencia histórica previa – los centros de Atención Primaria. Estos Centros, como aconsejan los criterios epidemiológicos más elementales – y como sucedió, por ejemplo en Cuba – debieron ser los responsables de la detección precoz de casos y de posibles contagios y de organizar el aislamiento de las personas enfermas. Se hizo todo lo contrario.
Por primera vez en la historia, contradiciendo incomprensiblemente, en pleno siglo XXI, todo el conocimiento científico acumulado sobre la gestión de las epidemias en la historia de la Salud Pública, se confinó a la población sana. Se encerró juntas a personas sanas y enfermas favoreciendo que en las casas de familias obreras, pequeñas y con menos ventilación, acabaran contagiados todos los convivientes. Contra toda lógica, se cerraron los parques, mientras la clase obrera «esencial» viajaba en transportes abarrotados. A las personas con síntomas de Covid no graves se les dejaba en casa, con toda la familia (mientras los hoteles permanecían vacíos) y sin tratamiento, hasta que tuvieran dificultades respiratorias graves. Nadie ha respondido por esta sarta de incongruencias que ha sufrido sobre todo la población más pobre, ni se adoptó medida social alguna para mejorar la calidad de las viviendas más precarias o el transporte público, que por el contrario, se redujo.
Un reciente estudio publicado por el British Medical Journal sobre las muertes en residencias de mayores arroja datos demoledores. La negligencia, el abandono, el hambre y la sed fueron las principales causas de las muertes, que, a su vez, se produjeron sobre todo en las residencias con mayor número de camas (a las que van las personas pobres) y en situación de hacinamiento, en comparación con las instalaciones más reducidas (de lujo) y que contaban con más horas de atención sanitaria [6].
La mayor parte de los fallecimientos se produjeron durante la vigencia del Real Decreto de Estado de Alarma, declarado posteriormente inconstitucional, en condiciones de confinamiento absoluto, excepto para quienes trabajaban en los servicios esenciales.
Buena parte de las Consejerías de Sanidad establecieron protocolos con instrucciones para no derivar, es decir para denegar asistencia sanitaria, a las personas mayores en los hospitales públicos. Sólo se derivó a quienes contaban con seguros privados [7]. Todo ello a pesar de que el R.D. de Estado de Alarma [8] facultaba a los gobiernos a intervenir instalaciones sanitarias y empresas privadas para ponerlas a disposición de las necesidades de asistencia. Ni un sólo hospital privado fue intervenido pese a que, en un ejercicio premeditado de marketing, exhibían sus instalaciones medio vacías [9].
Este evidente sesgo de clase en la mortalidad en las residencias de mayores y de quienes morían en sus casas después de la denegación de cualquier tipo de asistencia, fue sufrido con desesperación por las familias, en su inmensa mayoría de la clase trabajadora. El terror, el obligado confinamiento y el discurso encubridor propagado por los medios de comunicación que justificaba totalmente las acciones o inacciones de los gobiernos, impidieron que hubiera reacción popular alguna en ese momento contra los responsables del desastre. Las movilizaciones espontáneas, en su mayoría protagonizadas por la juventud de barrios obreros, fue reprimida salvajemente por el Gobierno «progresista» [10].
La segunda imagen que condujo a potenciar el terror, sobre todo entre el personal sanitario, fue la de sus condiciones de trabajo. Las enormes carencias de recursos humanos en la sanidad pública, mucho antes de la pandemia, junto a las bajas producidas por los numerosos contagios llevaron al personal de los hospitales a trabajar en condiciones de agotamiento y extenuación, sin equipos de protección individual y con carencias graves de algunos medicamentos imprescindibles en cuidados intensivos. Las administraciones sanitarias no tomaron medida alguna, a pesar de que el citado R.D. de Estado de Alarma les facultaba para ello, para contratar personal, para intervenir hospitales privados o a poner su personal a trabajar en hospitales públicos, ni para hacer otro tanto con las industrias fabricantes de equipos de protección o con la industria farmacéutica. La propiedad privada, aún en condiciones de necesidad extrema y con cobertura legal extraordinaria, continuó siguiendo sagrada.
Frente a ello, ningún colectivo profesional ni sindical denunció o se enfrentó a las autoridades sanitarias por negligencia criminal contra el personal sanitario o sus pacientes. La impotencia y las depresiones se extendieron, apenas consoladas por los aplausos de la población confinada desde sus balcones.
III. La marca de clase en la pandemia Covid.
Como todas las epidemias ocurridas en la historia, la de la Covid tiene una indeleble marca de clase. La caída de la Esperanza de Vida al Nacimiento (EVN) en España fue la mayor de la UE: 1,6 años menos en promedio. En la Comunidad de Madrid la caída fue de 2,67 años, la más alta del Estado y, mucho mayor en la ciudad de Madrid: 3,67 años. En los distritos de esta ciudad con mayor presencia de clase obrera, sobre todo inmigrante, la pérdida de EVN se sitúa por encima de cuatros años: [11]. Otro estudio realizado en Barcelona refleja lo mismo, en este caso valorando la incidencia de la Covid. En el distrito obrero de Nou Barris, la incidencia fue 2,5 veces mayor que en el de Sarriá-Sant Gervasi, el más rico de la ciudad [12].
Las enormes desigualdades sociales que se reflejan en todas las caras de la pobreza (hacinamiento en viviendas, mala ventilación, dificultades de acceso a la electricidad y al agua, aglomeraciones en los transportes públicos, mala alimentación, largas jornadas de trabajo, etc.) que se concentran en la clase trabajadora, se muestran con más dureza aún en situaciones de epidemia y de crisis económica general.
Ante todo este desastre, sanitario y económico, sufrido sobre todo por la clase trabajadora, la izquierda, no sólo no denunció la ausencia de medidas sociales elementales, sino que, en una mezcla de estupidez e ignorancia, defendió los confinamientos de personas sanas, aceptando el argumento, masiva e interesadamente difundido por los medios «progres», de que la crítica era «insolidaria» y «de derechas».
Todo ello a pesar de que el Gobierno se dirgió al equipo de epidemiólogos de Fernando Simón, como se ha publicado recientemente, para decir que: «Desde mayo de 2020, esta pandemia se ha dejado de gestionar con criterios técnicos epidemiológicos y se gestiona con criterios políticos» [13]. Y ello se refiere no sólo a los confinamientos y a otras medidas, sino a las decisiones en torno a la aplicación masiva de las inoculaciones con vacunas experimentales, incluyendo a los grupos de edad más jóvenes y a la infancia.
La pregunta decisiva sobre quién establece los criterios políticos, a qué objetivos responden – si no son sanitarios – y quién da las ordenes, está todavía sin responder.
IV. El control de los medios de comunicación.
La población confinada y en estado de shock pasaba horas y horas delante del televisor intentando obtener información de lo que estaba sucediendo. Aunque la relación de los grandes medios de comunicación con el gran capital era bien conocida desde hace tiempo, nunca como ahora la gran oligarquía ha demostrado su capacidad para controlarlos todos de forma absoluta. Como si hubieran sabido lo que iba a suceder, en junio de 2019 la BBC puso en marcha la Trusted News Summit, que reunió a las plataformas tecnológicas y a los principales editores del mundo con el objetivo de construir una Iniciativa de Noticias de Confianza (TNI) para bloquear o eliminar informaciones «nocivas». Dos semanas después de que la OMS declarase iniciada la pandemia, la TNI asume el objetivo de «combatir la desinformación nociva sobre vacunas» [14] Los grandes centros de emisión y propagación de noticias se alinearon.
Sus integrantes se alertan inmediatamente de la presencia de contenido inadecuado, el cual «se revisará con prontitud para garantizar que no se vuelva a publicar la desinformación» [15]. Es decir, se elimina.
Estas empresas buscaron en cada país los socios más adecuados. En el Estado español, la Agencia EFE, Newtral y Maldita forman parte de la International Fact-Checking Network (IFCN), asociación que constituye el núcleo principal del equipo encargado de detectar noticias «perniciosas» en estrecha colaboración con Facebook/Whatsapp y Google/Youtube [16]. Efe,Newtral y Maldita califican como falsa, fake, toda información emitida por científicos de cualquier parte del mundo que cuestione la versión imperante. El ascenso espectacular de sus ingresos puede consultarse aquí [17].
Precisamente en el Estado español, la financiación por parte de las grandes empresas de los medios de comunicación se mantiene oculta con la connivencia del poder político, en este caso, con la complicidad del Gobierno progresista: “el único punto en el que no hubo consenso para firmar el código ético de las empresas del Ibex-35 fue el de hacer pública su inversión en los medios de comunicación”[18].
En este momento, las empresas más cotizadas en bolsa en el mundo son las cinco tecnológicas Alphabet (Google), Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, conjunto conocido como GAFAM. No es necesario insistir en el enorme poder que concentran, pero, por dar un dato, Facebook declaraba tener en 2019 más de mil quinientos millones de usuarios diarios.
Es importante destacar que los mayores Fondos de Inversión del mundo – Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation, Fidelity Management and Research (FMR), Geode Capital Management, y Northern Trust Corporation – a su vez interpenetrados, controlan gran parte del accionariado de las GAFAM, es decir, de Alphabet (Google), Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Además, Blackrock, Vanguard y State Street coinciden tanto en el accionariado de las nuevas empresas con mayor valor en bolsa como en los tradicionales conglomerados mediáticos: Time Warnar, Comcast, Disney y News Corporation.
En el Estado español, estos fondos de inversión no sólo controlan la producción de información y la creación de opinión a través de estos gigantes de la comunicación, sino que, desde noviembre de 2020, Blackrock y otro gran fondo de inversión, CVC, se convirtieron en los mayores propietarios del Grupo Prisa, incluido El País y la Cadena SER, al comprar su deuda por un valor de más de 1.000 millones de euros. Además, Blakrock es propietaria de parte importante del accionariado de los principales conglomerados mediáticos del Estado español. Controla directamente parte del accionariado del grupo Atresmedia, propietario de Antena 3 y la Sexta, y del grupo Mediaset, propietario de Cuatro y Telecinco [19].
Los gobiernos autonómicos, como el vasco, se encargan a su vez de financiar el discurso único en relación con la pandemia de todos los medios sin excepción, incluidos los de la izquierda abertzale, como puede verse aquí:
Fuente: https://www.euskadi.eus/gobiernovasco/-/eli/espv/res/2021/11/23/65/dof/spa/html/
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El círculo se cierra con el control por parte de los grandes Fondos de Inversión de las multinacionales farmacéuticas involucradas en el negocio de las vacunas Covid. La estadounidense Pfizer, clara ganadora de la carrera de las vacunas, es propiedad de los mismos grandes Fondos de Inversión [20]. Vanguard es el principal accionista de Pfizer y el segundo es Blackrock [21]. Vanguard, Blackrock y State Street están entre los principales accionistas de Moderna.
Sólo Blackrock y Vanguard administran 16 billones de dólares [22]. Si fueran un Estado serían la tercera potencia mundial por detrás de EE.UU. y China. Sus ganancias con las vacunas son gigantescas. Por ejemplo, la aparición de la variante Omicron y la extensión infundada acerca de la gravedad de la misma hizo que, en una semana, los directores generales y principales accionistas de Pfizer y Moderna ganarán más de 10.000 millones de dólares [23].
Como si no fuera suficiente que la oligarquía controle todos los grandes medios de comunicación, con los mecanismos censores anteriormente descritos, el Gobierno se constituye en el Gran Censor de todo aquello que él mismo considere, en el ámbito de la información, atentatorio contra la Seguridad Nacional. No bastan la Ley Mordaza, ni la legislación antiterrorista, ni las múltiples leyes represivas vigentes. El Gobierno ha dado un paso decisivo contra la libertad de expresión, extendiendo, al más puro estilo del imperialismo estadounidense, el concepto de Seguridad Nacional al ámbito de la libertad de información, una de las principales libertades democráticas burguesas. Libertades y derechos que, como bien sabemos, se volatilizan en todas las grandes crisis.
El 28 de diciembre de 2021, el gobierno PSOE-UP aprobó el Real Decreto 1150/202126 por el que modifica, antes de lo previsto, la Estrategia de Seguridad Nacional. El motivo, poner coto a la «desinformación» y a la «manipulación» en relación con la pandemia Covid y, en general a todo lo que considere «campañas de desinformación», que, «no contienen necesariamente noticias falsas, sino que pretenden distorsionar la realidad mediante contenido manipulado». Además, en la Disposición adicional segunda el Gobierno se autoatribuye la capacidad de «dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este Real Decreto».
Notas:
[1] https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25524&LangID=S
[3] https://es.weforum.org/agenda/2020/06/ahora-es-el-momento-de-un-gran-reinicio/
[5] Un análisis reciente acerca de cómo el desmantelamiento de la sanidad pública, planificado y ejecutado por las diferentes Consejerías de Sanidad, responde a los intereses de la sanidad privada puede consultarse aquí: https://blogs.publico.es/dominiopublico/32644/parasitos-la-contradiccion-entre-lo-publico-y-lo-privado-en-la-sanidad/
[6] https://www.bmj.com/content/375/bmj.n3132
[7]Marea de Residencias llevará las muertes de ancianos en Madrid ante el Constitucional (elplural.com)
[8] Ver el artículo 13 del Real Decreto, que establecía las medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692.
[9] En 2020 las aseguradoras privadas ganaron más dinero que nunca: 9.000 millones de facturación y 11 millones de clientes. https://www.casestatal.org/es/2021/05/que-esta-pasando-con-la-sanidad-publica-quienes-son-los-responsables/
[11] https://www.gacetasanitaria.org/es-caida-esperanza-vida-distritos-madrid-avance-S0213911121001424
[12] https://www.jano.es/noticia-la-covid-19-afecta-mas-zonas-30612
[13]https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2021/12/28/punto-vista-epidemiologico-sentido-vacunar-ninos/00031640689816660666155.htm
[14] https://www.bbc.com/mediacentre/2020/trusted-news-initiative-vaccine-disinformation
[15] https://cbc.radio-canada.ca/en/media-centre/trusted-news-initiative-plan-disinformation-coronavirus
[18] Recomendamos la lectura de este importante trabajo titulado: «Comunicación y estructura invisible de poder: fondos de inversión en el accionariado de las empresas mediáticas» (2019) http://profesionaldelainformacion.com/contenidos/2019/nov/mancinas-ruiz-martin.pdf
[20] https://childrenshealthdefense.org/defender/blackrock-vanguard-own-big-pharma-media/
Fuente: https://www.lahaine.org/est_espanol.php/el-silencio-suicida-de-la
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