Gobierno decreta Estado de Excepción en el norte y abre nuevo flanco a la próxima administración Boric.
por Ex-ante
Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa son las provincias fronterizas que entrarán entre el lunes y martes en estado de excepción constitucional debido a la crisis migratoria y de seguridad que se vive en el norte del país
Por qué importa. Luego de una reunión que se extendió por más de cinco horas entre el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y 17 líderes de diversos gremios, donde se abordó la situación migratoria y el paro que mantenían los camioneros por la crisis de seguridad, la autoridad decidió decretar estado de excepción constitucional en las zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Tarapacá.
- Este anuncio abre un flanco para el futuro presidente Gabriel Boric, que se opone a usar las FF.AA. para este fin y ha dicho que priorizará el diálogo en el caso de la macrozona sur, donde el estado de emergencia rige desde el 13 de octubre en 4 provincias del Biobío y La Araucanía.
- El estado de emergencia tiene una vigencia de 15 días, prorrogable por otros 15 sin requerir autorización del Congreso, por lo que la decisión de mantenerlo quedará en manos del gobierno entrante.
- Las presiones al actual gobierno para tomar medidas extraordinarias en el asunto llegaron a su límite con el paro que realizaron los camioneros en el norte, al que se sumaron los gremios de Valparaíso. Fueron bloqueadas importantes rutas como las de Iquique- Alto Hospicio, B-400 y parte de la Ruta 68. Esto, tras el asesinato del transportista- Byron Castillo– por, presuntamente, ciudadanos extranjeros. A la solicitud se sumaron las autoridades regionales. El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz- ex Revolución Democrática- pidió que estos anuncios no fueran solo eso, sino que se destinaran recursos para cumplirlos.
- “Se requieren recursos para hacer la reconducción, se requiere personal en la frontera y eso no se ha asegurado y no ha estado”, advirtió.
Los acuerdos de la reunión. La cita entre Interior y los transportistas terminó con diversas medidas que acompañarán el Estado de Excepción. Los temas se dividieron en dos ejes: migración y seguridad.
- Carlos Bretti, representante de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC), dijo que “el 100% está de acuerdo en la propuesta que ha hecho la autoridad de gobierno”.
Migración. El ministro Delgado informó que, luego de los problemas de legalidad advertidos por Contraloría en el Reglamento de la Ley de Migraciones, lograron arreglarlo y finalmente se publicó durante esta jornada en el Diario Oficial.
- Sobre el encuentro señaló que “hablamos de la reconducción, hablamos también de los distintos alcances de la ley y ahí fue una primera etapa del debate que creo que fue importante porque hay mucho mito y fake news que era importante aclarar”, para luego asegurar tajantemente que “continúan las expulsiones. Nosotros tenemos al menos un vuelo más de aquí al 11 de marzo y esa expulsión se va a hacer específicamente en la Macrozona Norte”.
- “La nueva ley también abre un catálogo nuevo de visados, para que la gente que quiera entrar a Chile lo haga por la puerta, no por la ventana y lo haga también sincerando a qué viene y no mintiendo”.
Seguridad. Con respecto al segundo eje, el secretario de Estado anunció que “viene un refuerzo importante (…) en medios aéreos y medios terrestres, sobre todo para supervisar y vigilar las rutas que a los gremios más les interesa. Estamos hablando de la ruta que une Antofagasta con Iquique, fundamentalmente la Ruta 1, que es donde lamentablemente falleció Byron, donde fue asesinado”.
- Debido al Estado de Excepción, las Fuerzas Armadas tendrán la facultad de colaborar con las policías en las fronteras para hacer operativos.
Fuente: https://www.ex-ante.cl/gobierno-decreta-estado-de-excepcion-en-el-norte-y-abre-nuevo-flanco-a-la-proxima-administracion-boric/
Prensa internacional por situación en el norte: “La tensión y xenofobia dominan Iquique”.
Según datos de la Fiscalía de Tarapacá, los homicidios han experimentado un incremento del 183 % en la zona en los últimos meses.
Situada a escasas tres horas de viaje de la frontera con Bolivia, la ciudad chilena de Iquique amaneció este sábado bloqueada de nuevo por decenas de camioneros que, junto a una buena parte de los residentes, culpan del incremento de la inseguridad y de la violencia a los cientos de migrantes irregulares que bajan a diario desde el altiplano.
A primera hora del sábado la Agencia EFE constató que todavía eran visibles los restos de las barricadas incendiarias y las barreras levantadas por los camioneros el viernes, horas después de que se difundiera un nuevo acto de violencia atribuido a tres personas, dos de ellas extranjeros, que permanecen detenidos.
Según el primer informe de Carabineros, un conductor de 22 años habría muerto al caer en un paso a nivel tras bajarse de su camión y discutir con los tres sospechosos, que supuestamente habrían apedreado su vehículo.
La noticia llevó a que cientos de colegas hayan cortado los accesos a la ciudad de Iquique, y las rutas que se prolongan tanto a la frontera con Bolivia, donde hoy se podía ver a cientos de migrantes bajando a pie por falta de vehículos, y a la ciudad de Antofagasta, situada a 400 kilómetros y en la que también se extiende el sentimiento xenófobo.
Según datos de la Fiscalía de Tarapacá, los homicidios han experimentado un incremento del 183 % en la zona en los últimos meses, coincidiendo con la llegada masiva de migrantes después de que el presidente saliente, Sebastián Piñera, declarara que Chile era un país seguro.
Una declaración que desde la oposición se tildó de irresponsable y que según analistas locales e internacionales sería el origen de la actual crisis migratoria y de seguridad, que amenaza con convertirse en el primer gran obstáculo de su sucesor, el presidente electo Gabriel Boric, a tres semanas de su investidura.
ESCASEZ DE SUMINISTRO
Las movilizaciones, que comenzaron hace dos semanas, han comenzado a impactar en la economía local, con escasez en el suministro de algunos productos, como la gasolina, y con decenas de personas atrapadas, incapaces de salir por carretera o por vía aérea de la ciudad, envuelta en el denso humo negro de los neumáticos quemados.
«Nosotros no estamos contra la inmigración. Hemos convivido siempre con peruanos y bolivianos, pero esto no lo habíamos visto nunca. Estamos contra la delincuencia y queremos vivir tranquilos», explicó hoy a el líder del gremio de taxistas, Joaquín Besares, de manos ennegrecidas tras mover las llantas que cortan el acceso y la salida a la ciudad.
«El gobierno de Piñera es el mayor circo que hemos tenido. Nosotros pedimos el estado de excepción ahora para controlar la situación», añadió Besares frente a una hilera kilométrica de vehículos varados en la carretera sin poder ingresar a Iquique.
El estado de excepción es una herramienta constitucional chilena donde, por iniciativa presidencial en primera instancia, fuerzas militares asumen el control de caminos y patrullaje en una zona determinada.
«Carabineros no da abasto. Acá tenemos sicariato, secuestros, balaceras. No queremos que nos maten a uno de nuestros hijos. Iquique está hecho un asco» señaló a Efe, por su parte, la dirigente vecinal de Alto Hospicio, Paula Scarafi, una de las impulsoras de la movilización que hasta ahora tiene carácter indefinido.
INACCIÓN DE LA POLICÍA
Pese a que los transportistas bloquearon todas las entradas a la ciudad con barricadas y camiones, en una acción coordinada que se replicó en todo el norte del país, Efe constató que Carabineros no disuadió a los responsables para reestablecer el tránsito, por no contar con la orden del Ejecutivo, según dijeron fuera de micrófono los uniformados presentes a esta agencia.
Desde febrero del año pasado, Chile vive una crisis de migración irregular sin precedentes en su frontera norte, particularmente en la localidad de Colchane, fronteriza con Bolivia, un pueblo de poco más de 1.300 habitantes ubicado en el altiplano andino, a más de 3.600 metros de altura.
La crudeza de su clima, con un sol abrasador durante el día y temperaturas que bajan de los cero grados por la noche, ha provocado la muerte de decenas de migrantes que se aventuran para llegar a Chile en los últimos meses.
Hoy, y según pudo constatar Efe en su ruta a Colchane, decenas habían decidido continuar su viaje a pie pese al bloqueo y a la situación en Iquique, donde la inseguridad y la xenofobia han disparado la tensión.
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«Pese a que los transportistas bloquearon todas las entradas a la ciudad con barricadas y camiones, en una acción coordinada que se replicó en todo el norte del país, Efe constató que Carabineros no disuadió a los responsables para reestablecer el tránsito, por no contar con la orden del Ejecutivo, según dijeron fuera de micrófono los uniformados presentes a esta agencia»
Ahí está la clave. El gobierno saliente crea hechos políticos para seguir imponiendo agenda a la nueva fracción patronal gobernante que entra en marzo. El problema inmigratorio es muy real, pero no tiene solución bajo la sociedad burguesa. Y el problema es mucho más agudo que hace 50 anhos no tanto por el nivel de flujo migratorio, sino porque ya no existen organizaciones de trabajadores de masas hacia las cuales impulsar reivindicaciones de transición (no tiene ningún sentido reclamarle algo a la CUT, por ejemplo, que es una repartición de recursos humanos de los empresarios). Las medidas transicionales más claras y clasistas son menos concretas e inmediatas (e.g. el voto en el país donde se reside, con lo cual, por caso, el nuevo gobierno de Boric tendría menos del 50% -ver nuestros cálculos de hace unos meses-). En otros tiempos caía de cajón la apertura masiva se obras públicas con amplio cupo para extranjeros, siempre bajo control obrero (para tener en cuenta que los nuevos trabajos alzaran salarios y mejoraran condiciones de trabajo, y no funcionaran como mano de obra barata semi-esclava como siempre pretenden los patrones cuano utilizan trabajadores migrantes). Pero hoy esta medida parece traída de tiempos muy lejanos y tendría un valor solo propagandístico, sobre todo por el carácter del Estado burgués actual, su vaciamiento de todo conteido social, etc (lo que no implica que no deba agitársela). Cuando el conflicto social se agudiza, lo más necesario es la teoría, el desarrollo de la teoría enraizada en la lucha de clases (esto es lo que constataron el Plekhanov previo a 1903, el Lenin de toda la vida, el Trotsky de toda la vida).
Unidad de los trabajadores para echar abajo los estados de excepción en el Norte Grande y la Araucanía
13/02/2022
por Gustavo Burgos
La declaración de un nuevo estado de excepción constitucional, Estado de Emergencia, en las tres regiones del norte del país, marcan un rasgo tendencial del régimen de hacer uso de las FFAA para el control del orden público. En efecto, el asesinato del camionero de 25 años Byron Castillo —cuya muerte se atribuye a un grupo de venezolanos— sirvió de pretexto para que la patronal Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) que agrupa a los dueños de camiones, impulsara acciones de protesta que hasta el momento de la reacción de esta nota seguían en curso no solo en el norte sino que en diversos puntos del país. Se trata de amplios cortes de carretera, suministro de combustible y paralización de aeropuertos. La demanda de este movimiento es la mano dura con la delincuencia y la inmediata deportación de los inmigrantes ilegales. Lo que se vive en el norte es el paradigma de la política fascista desde el pasado paro de camioneros en agosto del 2020 el cual logró instalar la idea de que el principal problema social en Chile es la delincuencia. Con esa misma excusa desde hace cuatro meses la Araucanía está sometida a un idéntico régimen de excepción constitucional. Lo que formalmente demanda este movimiento bajo la mascarada de la seguridad y el Estado de Derecho, es la instauración de una Dictadura.
En efecto, el Gobierno y los Camioneros llegaron, en concreto, al siguiente acuerdo:
1.- Se decreta estado de excepción en sectores fronterizos de la Provincia del Tamarugal, Arica, Parinacota y El Loa. Se suspenden en el norte derechos democráticos elementales y se pone a la zona bajo control militar. Publicándose el mismo día, el Reglamento de la Ley de Migraciones (21.325), que entre otras cosas facilita las expulsiones y reconducciones de extranjeros irregulares.
2.- De acuerdo al decreto 265 se aumentará en un 30% la presencia militar en la frontera y se brindará apoyo de la Armada. Reforzando la represión policial en la macrozona (Arica, Iquique, Antofagasta) mediante una millonaria inyección de recursos y de dotación de uniformados, y un plan de intervención con operativos de control, allanamiento y detención en las poblaciones “conflictivas”. Se continuarán los decretos de expulsión de extranjeros que, por vía judicial o administrativa, se declaren que incumplen la ley. La próxima expulsión sería en marzo.
3.- Una sanción administrativa a la Concesionaria Autopistas de Antofagasta por faltas de cumplimiento en el contrato respecto a la seguridad de la carretera, y la constitución de una mesa de trabajo entre esta, los gremios de dueños de camiones y el MOP.
Las medidas adoptadas, en lo sustancial, se encuadran con la política represiva que ya ha anticipado Boric respecto de este problema: recuperar el control de las fronteras y terminar con la inmigración ilegal. De hecho Ni el Frente Amplio, ni el partido Comunista, ni el PS, ni ninguna de las fuerzas políticas con representación parlamentaria han cuestionado la declaración del estado de excepción que importa formalmente un flagrante atentado a las libertades democráticas, que como ya hemos indicado, se suma al prolongado estado de excepción en la Araucanía.
En todo caso, que el Congreso y la Convención Constitucional guarden ominoso silencio sobre este grave asunto no debe llamarnos la atención. El elemento novedoso en realidad es que esta ofensiva patronal ha logrado provocar desconcierto y confusión inclusive en sectores de la vanguardia, espacio que ha sido aprovechado por la burocracia sindical la que se ha inclinado a apoyar este movimiento del régimen de claro signo fascista. A guisa de ejemplo, corresponde destacar la vergonzosa declaración de la Unión Portuaria del Norte, suscrita por su vocero Alejandro Lills y destacada en la página de la Unión Portuaria, en la que se pide al Gobierno asesino de Piñera «tomar carta en el asunto de la emigración ilegal (sic), la falta de regulación que ha traído a nuestras ciudades del norte del país gran delincuencia por parte de ciudadanos extranjeros, que han visto la oportunidad de hacer lo que quieran en estas ciudades abandonadas por el gobierno, que se ha mostrado centralista y egoísta».
Dicho con claridad, para la Unión Portuaria la delincuencia es ocasionada por la inmigración ilegal y la solución de este problema pasa porque Piñera tome cartas en el asunto, un torpe eufemismo para ocultar que lo que se está pidiendo es represión, militares a la calle y expulsiones administrativas. Llama la atención que la Unión Portuaria —la misma que durante el levantamiento popular de Octubre del 19, fuese incapaz de realizar acciones serias de movilización en contra de Piñera— salga ahora pidiendo que éste aplique medidas represivas que es el único contenido que se puede desprender de la cobarde expresión «cartas en el asunto».
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Nos parece necesario puntualizar que la idea de que la inmigración ilegal es foco delincuencia, es una falacia de los medios de comunicación patronales orientada a dar legitimidad a su ofensiva en contra de los trabajadores. Por lo mismo, frente a esta situación es imperioso retomar la vieja tradición clasista y de lucha del movimiento obrero.
Es necesario dejar en claro —como rubrica el Manifiesto Comunista— que los trabajadores no tenemos patria. Quienes ingresan al país —legal o ilegalmente— son trabajadores que huyen de la miseria capitalista de otras latitudes y buscan en en Chile nuevos horizontes. El uso de la categoría inmigrante, nunca ha formado parte de la tradición revolucionaria de la clase trabajadora. El uso de la expresión inmigrante tiene como única finalidad escindir, dividir a los trabajadores y tiene el mismo sentido patronal que diferenciar entre jóvenes y viejos, hombres y mujeres, chilenos o mapuche. Cuando los medios patronales esgrimen la cuestión de la inmigración descontrolada, ilegal y califican tal hecho como crisis, lo hacen con la finalidad de desentenderse de que la única fuente de miseria, hambre, violencia y delincuencia es la gran propiedad privada capitalista. Los crímenes que se cometen en el norte del país y en toda la extensión del territorio nacional, son la viva manifestación de la descomposición del orden social capitalista y si hay que expulsar a alguien es precisamente a la burguesía y del poder.
Frente a esta ofensiva patronal —de inconfundibles rasgos fascistas— resulta imperioso organizar y unificar a los trabajadores. La grave situación social que atraviesa el norte chileno jamás será resuelta por la burguesía y mucho menos por Carabineros y las FFAA. Corresponde a las organizaciones de trabajadores, a las organizaciones de base de los sectores que viven esta crisis día a día, tomar la solución de estas cuestiones en sus propias manos mediante la movilización. No se trata de una simple cuestión humanitaria o de derechos individuales. La crisis de miseria y cesantía azota al conjunto de los trabajadores y es como clase que podrá abordarse, construyendo una sólida referencia clasista que enfrente los estados de excepción constitucional, al actual Gobierno asesino y al próximo Gobierno de Boric que ya ha anunciado que seguirá con el mismo predicamento. En este contexto la creación de albergues de acogida, disposición de medidas de apoyo sanitario, capacitación e inserción laboral, son cuestiones básicas que han de unirse al conjunto de los reclamos de los explotados.
Actuar en un sentido distinto, esto es, hacerse eco de la campaña de terror de los medios patronales es abrir objetivamente las puertas al fascismo. Ni con los camioneros, ni con los milicos ni con ningún gobierno patronal. La solución a la crisis es la unidad y movilización obrera.